Los $239 millones que los gobiernos de Piñera le pagaron a Hermosilla y a su estudio jurídico a través de boletas y convenios

Los antecedentes que comienzan a conocerse de los contactos entre el exdirector de la PDI, Sergio Muñoz, y el abogado Luis Hermosilla, indican que este último compartió con el exministro Andrés Chadwick parte de la información que recibía del jefe policial. La estrecha relación entre Hermosilla y Chadwick, uno de los referentes del “piñerismo”, es de larga data. El abogado debutó como asesor del Ministerio del Interior el 5 de octubre de 2012, un mes antes de que Chadwick arribara como ministro. Entonces comenzó a emitir boletas de honorarios a ese ministerio a la par de que su estudio jurídico firmaba convenios con el primer gobierno de Sebastián Piñera. La fórmula se repitió en la segunda administración del fallecido mandatario, donde, además, abogados cercanos a Hermosilla se sumaron a la División Jurídica de Interior. La última orden de compra de ese gobierno para el estudio de Hermosilla se emitió a solo un día del cambio de mando.

Cuando en 2019 Andrés Chadwick Piñera enfrentó una acusación constitucional en el Congreso por su responsabilidad política en las violaciones de derechos humanos ocurridas durante el estallido social -periodo en que ejercía como Ministro del Interior-, quien asumió su defensa fue Luis Hermosilla Osorio. El 11 de diciembre de ese año el Senado aprobó la acusación y Chadwick tuvo palabras de agradecimiento para su abogado: “amigo y compañero de toda una vida”. 

Chadwick y Hermosilla se conocen desde que coincidieron en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica. Hermosilla era militante del PC y Chadwick ya era dirigente gremialista, aunque también partió en la izquierda militando durante un periodo en el MAPU. Desde entonces mantienen un férreo vínculo de confianza. Esa cercanía es la que hoy tiene a Chadwick enredado en la trama de las filtraciones entre el ahora exdirector de la PDI, Sergio Muñoz, y Hermosilla.

El amigo y compañero de toda la vida del exministro Chadwick es el protagonista de un caso judicial que comenzó en noviembre pasado, cuando CIPER reveló la existencia de un audio en el que Hermosilla -junto a la abogada Leonarda Villalobos y el empresario Daniel Sauer-, hablaba del pago de coimas a funcionarios públicos. Cuando se abrió esa causa penal, la fiscalía requisó el teléfono IPhone 14 Pro Max del abogado. Y en ese aparato estaban respaldadas cientos de conversaciones vía WhatsApp que han abierto nuevas aristas del proceso.

Una de ellas es la que protagoniza Sergio Muñoz -ex mandamás de la PDI-, quien fue formalizado por el Ministerio Público por haber filtrado información reservada de distintas causas a Hermosilla (vea reportaje “Las 12 filtraciones de Muñoz a Hermosilla: casos Dominga, Enjoy, Torrealba, Guevara y corrupción en la PDI”). Entre esa información reservada había antecedentes de la investigación que la fiscalía seguía contra el expresidente Sebastián Piñera por la compraventa de la Minera Dominga, la que según publicó La Segunda, Hermosilla reenvió a Chadwick. Cuando se produjo esa filtración, a fines de 2021, Hermosilla era asesor del Ministerio del Interior, contratado por el gobierno de Piñera. 

Este lunes 18 de marzo, el abogado de Sergio Muñoz, Juan Carlos Manríquez, explicó que el exjefe policial decidió filtrar los antecedentes de las causas judiciales, a pesar de que tenía el deber de reserva sobre ellas, porque Hermosilla le dijo que estaba a cargo de causas del gobierno y del propio presidente Piñera. En conversación con la periodista Mónica Rincón, de CNN Chile, el abogado Manríquez dijo: “El señor Hermosilla (quien) le dijo al señor (Sergio) Muñoz que él estaba a cargo de determinadas causas del Ministerio del Interior, del gobierno y del Presidente (Piñera)”. 

Aún no es clara la profundidad de las redes que Luis Hermosilla tenía al interior de la administración pública, lo que debería ser dilucidado por la investigación de la fiscalía. Lo cierto es que mientras recibía informaciones del director de la PDI relacionadas con causas que él mismo llevaba como abogado y con procesos que afectaban al gobierno anterior y al presidente Piñera, al mismo tiempo tenía vigentes contratos con el Estado y era remunerado con fondos públicos. 

Y aunque Hermosilla también tiene nexos con los sectores de la antigua Concertación e incluso del actual oficialismo (era defensor del jefe de asesores de La Moneda, Miguel Crispi, en el caso Convenios), hasta ahora no ha aparecido entre las filtraciones que recibió de Muñoz algún antecedente de causas relacionadas con figuras de la centroizquierda. 

Más allá de su remoto pasado juvenil comunista, a estas alturas los vínculos de Hermosilla con la derecha son más fuertes. Al punto de que con personeros de ese mundo se une para los negocios: no solo fue socio de Chadwick en un estudio jurídico, sino que en marzo 2014 -cuando el primer gobierno de Piñera bajó la cortina- se supo que Hermosilla formaría una sociedad para hacer consultorías con dos exmiembros del gabinete ministerial e históricos de la UDI: Chadwick y Pablo Longueira. Así lo confirmó el mismo Chadwick a CIPER. El negocio nunca se puso en marcha -aunque alcanzaron a armar una página web bajo el nombre “Longueira, Chadwick y Hermosilla Asesorías”-, pero es revelador del nivel de confianza entre sus protagonistas.

HONORARIOS Y CONVENIOS

Durante los cuatro años del segundo gobierno del expresidente Sebastián Piñera, el abogado Luis Hermosilla facturó a la Subsecretaría del Interior más de $88 millones como asesor en materias judiciales. Hermosilla fue contratado a honorarios un día después del cambio de mando, el 12 de marzo de 2018, cuando la cartera de Interior era liderada por su histórico amigo, Andrés Chadwick. El abogado prestó esos servicios hasta el último día de la segunda administración de Piñera. 

Pero esa no fue la única vez que Hermosilla fue contratado por el Estado. Durante las dos administraciones del expresidente Piñera, el abogado recibió al menos $239 millones mediante asesorías contratadas por trato directo (sin licitación), tanto por honorarios profesionales individuales como por convenios que se suscribieron con su estudio jurídico. 

El 5 de octubre de 2012, según los registros de Transparencia, el Ministerio del Interior comenzó a contratar a Luis Hermosilla bajo la modalidad de honorarios. Sus funciones fueron descritas como “abogado asesor del gabinete del subsecretario”, cargo que en ese entonces ostentaba Rodrigo Ubilla. Hasta diciembre de aquel año su remuneración mensual fue de $555 mil.

En abril de 2013 fue nuevamente contratado para las mismas funciones, pero, esta vez sus honorarios fueron por $1,9 millón. Al mes siguiente ascendieron a $3 millones. Desde junio y hasta el 31 de diciembre de aquel año recibió $3,5 millones mensuales. En enero y febrero de 2014 el valor de sus asesorías se fijó en $3,6 millones.

A pesar de que el Ministerio del Interior cuenta con una División Jurídica, durante el primer gobierno de Piñera el abogado también recibió múltiples pagos de esa cartera bajo la modalidad de convenios. En esa oportunidad, Interior comprometió a Hermosilla casi $74 millones por asesorías externas en casos de alta connotación mediática, como el asesinato del matrimonio Luchsinger-Mackay.

En un artículo publicado en 2014, CIPER reveló que todos esos contratos fueron firmados durante el período en que ese ministerio era dirigido por Andrés Chadwick, con quien Hermosilla había compartido por años estudio jurídico, sin que se analizara un posible conflicto de interés. Tres de esos convenios fueron firmados por el entonces subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, y un cuarto decreto por el propio Chadwick. Ese documento, se trataría de un convenio a honorarios a suma alzada (vea ese reportaje: Convenios del Ministerio del Interior con abogados externos suman $132 millones). 

Sebastián Piñera justo al exministro del Interior y Seguridad Pública, Andrés Chadwick.

En ese último acto, el entonces ministro se encargó de aumentar el monto de los honorarios fijados por una asesoría de Hermosilla que había sido contratada tres meses antes por Ubilla. Si en primera instancia el abogado recibiría $25,9 millones, esa modificación aumentó el monto total a $28,9 millones. 

Pero los vínculos entre el abogado y el piñerismo no terminaron ahí. Para este artículo, CIPER revisó los registros de Mercado Público de las distintas órdenes de compra que Luis Hermosilla se adjudicó. Durante la segunda administración del fallecido expresidente, el abogado asumió la representación de distintos ministros que enfrentaron causas penales y prescindieron de la defensa del Consejo de Defensa del Estado (CDE) -representación que no habría implicado un desembolso adicional-, y optaron por acudir a quien por ese entonces era uno de los abogados penalistas más influyentes de la plaza. Bajo esa modalidad, Hermosilla recibió pagos por un total de $41,7 millones.

Solo semanas antes de la salida de Piñera del poder, el abogado fue beneficiado con múltiples contrataciones. Por ejemplo, en enero de 2022, fue fichado por la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas para representar al ministro de Defensa, ante una querella interpuesta por el exfuncionario del Ejército Rafael Harvey, por el delito de omisión de denuncia. El trato era por 325 UF, algo así como $10,1 millones de la época. 

Poco tiempo después, gracias a un contrato fechado el 2 de marzo de 2022, el abogado facturó al Ministerio de Transportes otros $10,3 millones. En esa ocasión fue contratado a través de “Asesorías e Inversiones Luis Hermosilla y Compañía”, para defender a Gloria Hutt, entonces titular de la cartera de Transporte, ante una querella por presuntas irregularidades en el funcionamiento del transporte público durante el plebiscito de 2021.

Apenas cinco días después, el abogado se adjudicó otro trato directo con la Subsecretaría de Salud Pública para asumir la defensa jurídica del exministro Enrique Paris en todos “los procesos de carácter penal que se hayan iniciado y se inicien en su contra con ocasión del ejercicio de su función pública durante la pandemia”. Esa contratación comprometía recursos por 325 UF ($11,3 millones de la época). 

La primera orden de compra que registra Hermosilla en Mercado Público, como persona natural, se la adjudicó en febrero de 2020, cuando la Defensoría Penal Pública le desembolsó $10 millones por la realización de auditorías externas a distintos tribunales de la capital. 

Durante ese período, Luis Hermosilla también asumió la defensa personal de su amigo, Andrés Chadwick, cuando esté enfrentó la acusación constitucional en el Congreso. 

EL REGRESO DE HERMOSILLA A INTERIOR

El 12 de marzo de 2018, un día después del retorno de Sebastián Piñera a La Moneda, Luis Hermosilla fue contratado como trabajador a honorarios por el Ministerio del Interior. Su remuneración mensual fue fijada en $1,6 millón, aunque el primer mes cobró un proporcional de $1.055.555. Sus funciones fueron descritas de la siguiente manera: “Abogado asesor en materias judiciales y representación de juicios”.

En enero del año siguiente se renovó su contratación y su sueldo fue reajustado llegando a $1.724.999. Lo mismo ocurrió los dos años siguientes, en los cuales fue contratado a honorarios por todo el año. En 2020 su pago mensual fue de $1.773.299, mientras que en 2021 ascendió a $1.821.178. 

Hermosilla trabajó para el Ministerio del Interior hasta el último día de mandato del expresidente Piñera. En enero de 2022 nuevamente fue contratado a honorarios, en esa ocasión por un sueldo mensual de $3.713.500. El 10 de marzo, un día antes del cambio de gobierno, fue su último día como asesor de la División Jurídica. 

La historia de Hermosilla con la División Jurídica del Ministerio del Interior es amplia. Hace 14 años se inició un proceso de fortalecimiento de aquella unidad y uno de los criterios fue integrar a ella a exfiscales con amplia trayectoria. En 2013 la contratación de Luis Hermosilla rompió esa lógica y en la cartera se comentó que había primado una decisión política.

La instalación de la segunda administración Piñera profundizó los vínculos con la División Jurídica de Interior no solo con Hermosilla, sino también con personas de entorno. El 12 de marzo de 2018, un día después del cambio de mando, una abogada senior del estudio jurídico de Hermosilla se convirtió en jefa de la división: Ximena Risco Fuentes. Tenía experiencia, entre 2005 y 2014 también se había desempeñado en el Ministerio del Interior, pero al terminar el primer gobierno de Piñera se integró al estudio jurídico de Hermosilla y Chadwick.

Otra de las nuevas funcionarias integradas fue Sofía Hamilton Montero, contratada el 1 de agosto del 2018 como asesora jurídica “de las investigaciones criminales en que el Ministerio del Interior y Seguridad Pública lo estime necesario”. En su perfil de Linkedin, Hamilton expone que también trabajó en el estudio de Hermosilla y Chadwick, aunque no precisa en qué período.

Otro de los conocidos de Hermosilla que en ese entonces retornó a la División Jurídica fue Ítalo León Véliz. En 2013 Hermosilla y León fueron los abogados querellantes, en representación del Estado, en el caso Luchsinger Mackay.  Al inicio de la segunda administración Piñera, León fue contratado a honorarios como “asesor de investigaciones criminales”. En 2020, Ítalo León fue parte del equipo jurídico de Leonarda Villalobos, la abogada que junto a Hermosilla y al empresario Daniel Sauer protagonizaron el audio en que se habla de pagar coimas a funcionarios públicos (lea ese reportaje de CIPER).