El método del crimen organizado para instalarse en el barrio Yungay y disputar su control territorial

Al menos cuatro casas que han sido allanadas y desalojadas en el barrio de Santiago poniente, comparten una característica: fueron tomadas y usadas por bandas del crimen organizado para orquestar sus negocios ilícitos, como narcotráfico, extorsión, explotación sexual, tráfico de armas y eventos clandestinos. Los dueños de las casas también coinciden en sus respuestas: tuvieron miedo y cedieron el uso. Una mujer que arrendaba una pieza en una de ellas fue asesinada de un disparo en la cabeza en 2023, a pocas cuadras de la residencia del Presidente Gabriel Boric. Las bandas, de origen peruano y colombiano, están siendo enfrentadas por la Mesa Jurídico Policial que ya consiguió desalojar varias viviendas. Es una batalla en desarrollo.

“Mejor sigamos conversando en otro lado. Aquí nos pueden sapear”, dice uno de los dos testigos claves de esta investigación y residente del barrio Yungay, en Santiago Centro. Parado en las afueras de la casa ubicada en Rosas 3147, que estuvo tomada por “Los Espartanos”, relata cómo esa banda colombiana se hizo del inmueble. Su compañero, quien mira con desconfianza a cualquiera que pase, señala que la pasta base le cambió la cara a esa zona típica de Santiago poniente. Las identidades de ambos se mantienen bajo reserva por su seguridad. A sólo una decena de cuadras, en Rafael Sotomayor 1280, el cartel peruano “Nueva Generación» tenía otro centro de operaciones para el tráfico de drogas.

Es cosa de pasear un rato por el barrio para ser testigo de delitos que se cometen a plena luz del día. Luego de conversar con vecinos, constatamos la presencia de bandas criminales que, sin discriminar horario, trafican en plena Plaza Yungay.

Los inmuebles fueron tomados por bandas de origen extranjero. En este reportaje se analizó cómo operaron en cuatro casas que ya fueron desalojadas y que eran ocupadas por dos agrupaciones criminales con raíces en Perú y otra en Colombia. Sus legítimos propietarios -identificados a través del Conservador de Bienes Raíces de Santiago (CBRS) y el Archivo Judicial- fueron enlistados por la Mesa Jurídico Policial de Santiago. Compuesta por Carabineros, Policía de Investigaciones (PDI), Fiscalía y Municipalidad de Santiago, la mesa elaboró una nómina de 85 propiedades que están en esta misma situación en la comuna. Al menos seis de los inmuebles que figuran en esa lista, hasta esta fecha, son del Barrio Yungay. El resto de la nómina se declaró información sensible, según dijo Kevin Díaz, director de Prevención y Seguridad Comunitaria de Santiago. 

Pese a las negativas de la autoridad para entregar el listado completo, parte de la información ya se ha filtrado a la prensa. Esos datos permitieron indagar con más profundidad, para este reportaje, en los inmuebles que están en la mira de las policías y el Ministerio Público. Y esa hebra permitió dar con cuatro casos emblemáticos del Barrio Yungay. 

Esta investigación expone a tres organizaciones: “Los Pulpos” y “La Nueva Generación”, ambas de Perú, además de “Los Espartanos”, de Colombia. Todas han protagonizado la “toma” de casas desde donde comandan sus crímenes.

“Los Espartanos” llegaron desde el puerto de Buenaventura. El grupo nació de la división de la banda “La Local”, tras la detención de su líder, Diego “Optra” Bustamante, en 2019. En Colombia tienen hasta un vocero que comunica sus opiniones y movimientos. Según Kevin Díaz, los barrios Franklin y Matta Sur son los sectores de Santiago en los que se ha detectado a esta banda, mientras que la investigación realizada para este reportaje también los situó en el barrio Yungay.

El cartel “La Nueva Generación” es oriundo de Trujillo, Perú. En Chile opera principalmente en la extorsión a comerciantes de ese mismo país, además del tráfico de drogas. Según Kevin Díaz, cuentan con integrantes peruanos y dominicanos.

La Fiscalía de Análisis Criminal y Focos Investigativos de la Fiscalía Centro Norte (SACFI) ha recolectado evidencia de la participación de «La Nueva Generación» en un alarmante patrón de extorsiones a negocios del centro de Santiago. Lo mismo ocurre con “Los Pulpos”, otra banda originaria de Trujillo, que extorsiona a empresarios peruanos que tienen locales como panaderías y restaurantes.

«Los Espartanos», «La Nueva Generación» y “Los Pulpos”, han convertido el histórico barrio Yungay en su base de operaciones.

LA "CASA AZUL"

El crimen organizado se ha ido tomando las calles de Santiago Centro, siendo la comuna con mayor índice de homicidios a nivel nacional. Bandas usurpan casas y las usan como centro de operaciones. Los “Espartanos” es una de ellas. Desde 2021 en territorio nacional, se destaca por su alto nivel de peligrosidad, tanto que el fiscal nacional colombiano, Francisco Barbosa, está colaborando con las investigaciones para evitar su proliferación en América.

«Los Espartanos» es una narco-organización cuyas principales actividades son el narcotráfico, el tráfico de armas y la extorsión. Está asentada en el puerto de Buenaventura donde disputa el control de las vías fluviales.

Kevin Diaz, señala que la presencia de “Los Espartanos” se focaliza en el barrio Franklin. Pero, advierte, “no quiere decir que controlen ese territorio”. Sin embargo, la intención del grupo era, y sigue siendo, adueñarse de la “Casa Azul”, el inmueble ubicado en Rosas 3147, del barrio Yungay. Pese a que ya fue desalojada, residentes del sector indican que continúan los intentos para retomar una propiedad que parece ser estratégica para establecerse en la zona.

El barrio Yungay es considerado un polo cultural de Santiago. Su carga histórica se aprecia en sus calles empedradas, los murales coloridos y la arquitectura antigua, en la que destacan los cités de Lucrecia Valdés y Adriana Cousiño. En Rosas 3147 se erige la “Casa Azul”, como la llaman los vecinos, un cité donde estaban afincados “Los Espartanos”.

La “Casa Azul”, de Rosas 3147, estuvo tomada por “Los Espartanos”, banda originaria de Colombia.

El inmueble usurpado por “Los Espartanos” es una de las propiedades promocionadas en una web que ofrece espacios compartidos. La identidad del dueño de la empresa se mantiene bajo reserva.   En cada una de los inmuebles que ofrece la compañía hay administradores y trabajadores que organizan a los arrendatarios, cobran las mensualidades y solucionan los problemas cotidianos. Para esta investigación fueron contactados algunos exempleados de la firma que prestaban esos servicios.

El dueño de la “Casa Azul” cultiva un perfil bajo y prácticamente no aparece por las propiedades que maneja su empresa. Sólo se sabe que ha hablado con la Mesa Jurídica. Aunque los contratos de arriendo los firma este empresario, la casa se encuentra inscrita a nombre de su madre. El 29 de agosto de 2016, ella adquirió la propiedad por $140 millones. 

Con más de 40 subdivisiones acondicionadas para funcionar como piezas que se entregan en arriendo por $115 mil mensuales, tres cocinas y seis baños, la “Casa Azul” parecía perfecta para atraer a la zona a una de las bandas criminales que usurpan propiedades para alquilar de manera ilegal. 

“Al principio vivía gente de Colombia acá, bien. Traían varias visitas. Pero, un día llegamos a trabajar y nos corrieron a balazos. Se la habían tomado”, cuenta un exempleado de la empresa de los dueños legítimos.

La propietaria del inmueble comentó para este reportaje: “Esa casa la habíamos comprado hacía poco y no sabíamos que había entrado esa gente. Pasa que se la tomaron otras personas antes y a lo mejor se la arrendaron a ellos, pero no teníamos idea”. Además, señala que el temor los llevó a alejarse y comenzar el proceso de desalojo a través de una denuncia ante la PDI: “Teníamos miedo. Dejamos la casa tirada”

Grafiti que dejaron “Los Espartanos” en una de las paredes de la “Casa Azul”.

El 5 de junio de 2023 el domicilio fue desalojado. Kevin Díaz indica que los moradores ilegales fueron avisados previamente del procedimiento, por lo que no hubo detenidos. Dentro del inmueble es posible constatar el paso de los “Espartanos”, quienes robaron mobiliario y destruyeron parte de la vivienda. Además, marcaron su estadía con dibujos de armas y frases en las paredes como “plata o plomo”, la famosa forma de negociar del líder narco Pablo Escobar.

Un extrabajador de la firma de los verdaderos propietarios comenta que las amenazas eran constantes y de diversa índole. Sujetos a bordo de motos y autos, dice, los amedrentaban para que abandonaran la administración de la casa. La peor cara de esta realidad la vivió Kharla Scarlett Gabriela Sánchez Rivas (29 años), chilena, asesinada el 7 de marzo de 2023. Ella arrendaba en la “Casa Azul” y a solo una cuadra y media de la vivienda fue interceptada y asesinada mientras escapaba del lugar con sus pertenencias y su gata. El certificado de defunción constató “herida de bala cráneo encefálica”. Kevin Díaz dice que fue “un ajuste de cuentas”. Pero, extrabajadores de la “Casa Azul” cuentan otra versión: “La mataron por preguntar mucho”.

NARCO DISCOTECA

Es el 31 de diciembre de 2023. Una animada fiesta de Año Nuevo se realizó en Martínez de Rozas 2823. El local parece una disco con todo dentro de las normas. Incluso, cuenta con cámaras de seguridad y detector de metales para dar confianza a los clientes. La fiesta cuenta con música en vivo, venta de alcohol y comida. Pero algo más se vende: drogas. Como era habitual de jueves a domingo, el local comenzó su espectáculo a las 22:00.

También llamada “Caleta After”, este centro de eventos clandestino congregaba a principalmente a ciudadanos peruanos, convocados mediante publicidad en Facebook y TikTok. En esas redes se ofrecían promociones de alcohol, además de espectáculos musicales presentados como “la mejor juerga en Santiago”. La entrada era liberada y aceptaban tanto efectivo como tarjetas.

Entre las calles Esperanza y Libertad, la narco discoteca se montó en un inmueble que estaba tomado desde 2017, según los registros de la Dirección de Prevención y Seguridad Comunitaria de la Municipalidad de Santiago. Sin embargo, la versión de Felipe –quien usa ese nombre supuesto para proteger su identidad-, representante legal del dueño legítimo, ese dato es erróneo, ya que ellos compraron la propiedad en 2019 y en esa época no estaba tomada.

Según información disponible en el CBRS, el actual dueño del inmueble lo compró en abril de 2019. Previo a la transacción, la propiedad ya era arrendada por piezas. Y Felipe reconoce que fue un error no haber exigido que la casa fuera entregada vacía: “(El nuevo dueño) cometió el error de no expulsar a todos los inquilinos arrendatarios de piezas que había ahí. Él compró la propiedad sabiendo que había gente que arrendaba la casa, pero, las buenas prácticas dicen que tiene que recibirla completamente vacía”. 

Felipe señala que tampoco conocían a los arrendatarios. Al poco andar, cuenta, se dieron cuenta de que una mujer, a la que conocieron como “La Gata”, era el vínculo entre “Los Pulpos” y la casa tomada.

Cuando la propiedad cambió de dueño, indica Felipe, “La Gata” vio su oportunidad para hacerse del control, luego de la poco prolija recepción por parte del nuevo propietario. Una vez tomado, en el inmueble se instaló la “Caleta After”, donde Felipe reconoció que se habían asentado “Los Pulpos”, narco organización especializada en extorsión y amenazas, de las cuales fueron víctimas tanto el dueño del inmueble como su representante legal.

“Los Pulpos” cargan con una larga historia delictiva, que se remonta a la década de los 90. Con actividades que incluyen extorsiones, sicariato, secuestros y robos violentos, la banda es liderada por Jhonsson Smith Cruz Torres (alias «Jhonsson Pulpo», “Pulpin” o “Shampu”). En Chile ha extendido su influencia especialmente en Santiago Centro, Recoleta e Independencia. 

Tanto autoridades chilenas como extranjeras han emitido órdenes de detención contra el líder de la banda. En Chile, el ministro instructor de la Corte Suprema, Mauricio Silva, dictó la orden de detención contra Cruz Torres, mientras que el Ministerio del Interior de Perú ofrece 75 mil soles (unos $18 millones chilenos) por información de relevancia sobre el jefe narco. 

Interior de Martínez de Rozas 2823, donde funcionaba la disco ilegal “La Caleta”

En el barrio Yungay, la banda se tomó Martínez de Rozas 2823 para subarrendar habitaciones, un modus operandi que Kevin Díaz reconoce como característico de estas organizaciones criminales.  Desde allí,  “Los Pulpos” montaron un negocio multirubro: tráfico de drogas, centro de eventos clandestino y alquiler irregular. Esta expansión de sus actividades generó conflictos y homicidios en la zona, alimentando una guerra entre bandas que buscan el control territorial.

La SACFI ha documentado sus métodos de extorsión, que incluyen mensajes por WhatsApp, amenazas telefónicas y actos violentos, como disparar a fachadas o prender fuego a locales para intimidar a quienes no cooperan. Felipe cuenta que fue víctima de esta forma de operar: “Fui amedrentado, recibí llamados de un narcotraficante que controlaba el arrendamiento de la casa. Me llamó más de una vez, me intimidó, me dijo donde yo vivía”. También relata que, en una ocasión en que estaba cerca de la casa tomada, fue advertido por la mujer de uno de los narcos que usurparon el inmueble: “Usted no debería andar por aquí. No cuesta nada que le metan un balazo”, le habría dicho.

Felipe señala que las “anfitrionas” que se publicitaban en los afiches de los eventos clandestinos eran prostituidas por los traficantes: “Les sacaban plata. Los narcos que estaban a cargo de la casa les sacaban la cresta a estas mujeres”.

En la Dirección de Prevención y Seguridad Comunitaria de la Municipalidad de Santiago señalan que no pueden corroborar ni descartar que la disco ilegal era administrada por “Los Pulpos”. En todo caso, dijeron que “sí hay indicios, efectivamente, de que era un lugar utilizado por todas las bandas peruanas del sector. Un lugar de reunión donde podían ‘carretear’ tranquilamente”. 

El 2 de enero de 2024 se desalojó el inmueble. Kevin Díaz reconoce que el operativo se hizo “porque el dueño tenía un alzamiento judicial” y que desde la municipalidad sólo “le prestamos colaboración, porque le estaban dando una fecha muy lejana. Entonces, nos coordinamos y llevamos al equipo de policía lo antes posible”. 

Felipe indica que “no tengo nada que reprocharle” a la municipalidad, “ya que nos ayudaron mucho”. Pero concuerda con Kevin Díaz en que el desalojo fue fruto de las gestiones del dueño legítimo: “Nosotros hicimos la mayoría de los trámites solos, llevamos luchando por la casa desde que (Felipe) Alessandri era alcalde de Santiago”. A su juicio, los funcionarios municipales “se subieron al final al carro de la victoria”.

LA ICÓNICA CASA DE RAFAEL SOTOMAYOR

“La Nueva Generación”, organización criminal peruana, también está radicada en el barrio Yungay. La dinámica entre las bandas es el enfrentamiento, con el fin de dominar las calles en disputa. “La Nueva Generación” comparte el territorio de la zona norte del barrio Yungay con “Los Pulpos”, entre otras bandas extranjeras, según la SACFI. Su centro de operaciones estaba en Rafael Sotomayor 1280, hasta que la PDI allanó el lugar. 

Rafael Sotomayor 1280, donde estaban asentados los miembros de “La Nueva Generación”

Eric Garvin, turista norteamericano, fue víctima de estos enfrentamientos el 14 de enero del 2023. En plan turístico junto a un amigo, visitaba el barrio y tomaba fotos cuando fue asesinado en General Bulnes 839 por dos extranjeros. Kevin Diaz explicó que “él estaba sacándole fotos al lugar y pensaron que era de la banda rival, porque era afroamericano. Justo estaba afuera de una de las casas y le disparan”. Apenas 12 días después, los asesinos de Garvin mataron a otra persona de 19 balazos a solo media cuadra del primer homicidio. 

La investigación del asesinato quedó a cargo del fiscal Arturo Gómez Mieres, mientras que el juez Ponciano Salles Bastarrica decretó prisión preventiva para tres personas: Jeancarlo Huaman Malca, peruano, quien falleció el 17 de julio de 2023; Cesar Daniel García Martínez, venezolano, y Ernesto Jesús Castro Pantoja, venezolano, cuya verdadera identidad es Joniel Eduardo Muñoz Moreno.

Operativo durante desalojo en casa de Rafael Sotomayor 1280.

“Rafael Sotomayor fue un desalojo muy importante porque ahí había droga en las paredes. Tú le pegabas y salía la droga”, cuenta Kevín Díaz sobre la vivienda que estaba tomada desde 2017. Sobre los detenidos en esa oportunidad, dijo: “Eran parte de ‘La Nueva Generación’. Hay muchos dominicanos. Tengo la imagen de la PDI con todos ahí, dominicanos y peruanos arrestados”. 

En medio de la pelea territorial entre “La Nueva Generación” y sus rivales, controlar la casa de Sotomayor 1280 era clave. El lugar era subarrendado y administrado inicialmente por su propietario legal, un hombre de 63 años que falleció en 2018, mientras que su esposa murió en 2022. Según los registros del CBRS la habían comprado en 1993. El director regional del Servicio de Registro Civil e Identificación concedió a la sucesión del matrimonio fallecido, compuesta por dos hermanos, la posesión efectiva. 

Los herederos no han realizado la inscripción del inmueble a su nombre en el conservador de Santiago. La suegra de uno de ellos contó para este reportaje que no han querido relacionarse mucho con el tema por lo complicada de la situación. Ambos declinaron responder consultas.

La mujer del propietario legal y sus hijos se habían ido del inmueble a raíz de una ruptura familiar. Durante un tiempo la casa quedó al cuidado del dueño, quien arrendaba piezas del inmueble, lo que abrió una oportunidad  a “La Nueva Generación”. Una vez que el padre quedó solo en la propiedad, relata una persona que lo conoció, empezaron los problemas. Los arrendatarios lo vieron “vulnerable y de edad”, dice la misma fuente, y se adueñaron por la fuerza de las piezas rentadas. Cuando el propietario falleció en 2018, la situación se tornó insostenible. 

Respecto de este inmueble, Kevin Diaz indica que “probablemente ha sido la casa más compleja que hicimos (…). Recibía llamadas casi a diario de los vecinos”. 

Debido a las múltiples denuncias realizadas por la comunidad, la PDI inició una investigación que terminó en cuatro allanamientos, entre ellos a la casa de Sotomayor 1280, realizado el 12 de mayo del 2023. Dicho procedimiento contó con casi 200 efectivos policiales. “Hubo seis detenidos extranjeros y se encontraron 17.279 dosis de droga avaluadas en $30 millones de pesos” detalla Kevin Diaz. 

El procedimiento culminó con la instalación de una cámara de seguridad al interior del inmueble y el blindaje de todos los accesos, acción común en todas las casas desalojadas por la Mesa Jurídico Policial.

LA TOMA PRESIDENCIAL

Desde su asunción en marzo del 2022, el Presidente Gabriel Boric eligió el barrio Yungay para residir durante su mandato. Su casa está en Huérfanos 2847, entre Libertad y Esperanza, sector resguardado por Carabineros en dos turnos. Una cuadra hacia el norte, en Compañía, hay otro punto fijo policial. Pero, sólo a media cuadra del domicilio del Presidente, en la calle Esperanza, que conecta Compañía con Huérfanos, se encuentra la “Toma Presidencial”.

Entre el 367 y el 377 de Esperanza se emplazan cuatro viviendas cuya construcción data de las primeras décadas del siglo XX. En 2005, la Municipalidad de Santiago hizo un Catálogo de Inmuebles de Conservación Histórica y las clasificó como casas con elementos del Clasicismo Popular. A estas viviendas de Esperanza se les aplicó un decreto de inhabitabilidad.

En 2021, la cuadra se vio afectada por un incendio originado en el segundo piso de Esperanza 363, debido a un desperfecto eléctrico. A causa del siniestro, los domicilios perdieron gran parte del techo y de su estructura fundamental. Además, las conexiones de agua y luz quedaron inutilizables. Mediante decretos municipales se determinó que «la propiedad no cumple con las debidas garantías de habitabilidad y seguridad establecidas en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (…) con el consiguiente riesgo para la vida de las personas que la habitan”. Es decir, no son seguras para vivir. A menos que sea a la fuerza.

A pesar de que los decretos 1.563, 1.564 y 1.565, todos del 10 de marzo de 2022, indican que las casas no podían ser habitadas, los residentes del sector dicen que eso no fue impedimento para que fuesen ocupadas por extranjeros que vendían droga a plena luz del día, realizaban fiestas y consumían alcohol en la vía pública. 

En los registros del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, en la propiedad de Esperanza 377 figuran como dueñas dos mujeres, ambas fallecidas. Por parte de una de ellas quedaron dos herederos. Mientras que por el lado de la segunda propietaria figura sólo un sucesor. Este último accedió a conversar para este reportaje. Él cuenta que, junto a una de las herederas de la otra propietaria, llevan adelante la posesión efectiva. Pero se han topado con el problema de que la casa está tomada desde 2021, sólo meses antes del incendio que la dejó inhabitable. Según consta en el parte 1.042, del 15 de febrero del 2021, ambos herederos denunciaron ante la Tercera Comisaría de Santiago la toma, un día después de iniciada la ocupación ilegal. 

“Me dijeron que lo único que podían hacer era ponernos de acuerdo con Seguridad Ciudadana y las concejalas e invitarlos a salir”, relata la fuente.

Una pieza de la casa es ofrecida en arriendo por una persona que se identifica como Mauricio Moraga, quien fue contactado al teléfono que figura en el aviso. Moraga comenta que prefiere no hablar de la situación, ya que “es un tema sensible por la relación con la droga”. Según dijo, él “sólo le estaba haciendo un favor a una amiga”, de quien no brinda información. Moraga pedía un pago mensual de $150 mil pesos por una habitación, pero sólo a “mujeres sin niños”. 

En las viviendas de la calle Esperanza los arrendadores ilegítimos “entraron de a poco”, dice Kevin Díaz. La ocupación ilegal se consumó cuando un administrador de los arriendos asumió ese rol sin el conocimiento o consentimiento de los propietarios legítimos. Al final, el allanamiento y desalojo dejó al descubierto la instalación de un laboratorio de droga, donde se encontró dinero y elementos para fabricar estupefacientes. “Estamos hablando de otro tipo de generación delictual”, indica Díaz. 

Luego de denuncias de vecinos y a causa del decreto de inhabitabilidad 1.563, el domicilio fue desalojado el 30 de noviembre del 2023. Pese a no contar con agua ni con electricidad, seis personas vivían ahí. Cinco de ellas fueron detenidas, todas de nacionalidad colombiana con situación migratoria irregular. Una tenía una orden de arresto pendiente, relacionada con microtráfico, mientras que otras dos estaban vinculadas al hallazgo de drogas en el lugar. 

Casa de Esperanza 377, donde fue encontrado un laboratorio de drogas.

Kevin Díaz señala que “se hallaron 8.881 dosis de sustancias correspondientes a $65 millones, incluyendo clorhidrato de cocaína, cocaína base, hidróxido de sodio, lidocaína en polvo, cafeína en polvo y dos litros de ácido muriático (precursor para elaborar drogas). Además, se recuperaron armas de fuego, munición de diverso calibre, dinero en efectivo, balanzas digitales, teléfonos y un sistema de cultivo indoor”.

Según relatos proporcionados por familias propietarias de los inmuebles usurpados, se evidencia un patrón de operación compartido por las bandas criminales: las tomas se originan con un proceso de arrendamiento corriente, donde los dueños son contactados de manera amistosa para el alquiler de habitaciones. Una vez que algunos de sus miembros se establecen en las residencias, las bandas introducen a otros individuos que recurren a tácticas coercitivas y amenazas para consumar la usurpación.

Tras desalojar 29 de las 85 viviendas tomadas, los resultados de la Mesa Jurídico Policial parecen alentadores. Sin embargo, la persistencia de propiedades tomadas donde se ejecutan delitos sigue representando un problema grave. Este reportaje pudo comprobar que en uno de las seis viviendas que ya fueron desalojados en el barrio Yungay, en Martínez de Rozas 2901, aún era posible comprar drogas a un hombre que habitaba el inmueble a pesar del decreto 1.153, del 29 de abril del 2010, que declaró su inhabilidad parcial. 

Exterior de la casa ubicada en Martínez de Rosas 2901.

(*) Los autores de este reportaje son estudiantes de Periodismo de la Universidad de Chile y realizaron este trabajo para la asignatura Periodismo de Investigación, impartida por el profesor Nicolás Sepúlveda.