AZUL AZUL NI SIQUIERA RESPONDIÓ AL MINISTERIO PÚBLICO Y BLANCO Y NEGRO NO MOSTRÓ SUS CONTRATOS
Apuestas en línea: las personas y sociedades que comenzaban a aparecer cuando la fiscalía decidió dejar de investigar
30.11.2023
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AZUL AZUL NI SIQUIERA RESPONDIÓ AL MINISTERIO PÚBLICO Y BLANCO Y NEGRO NO MOSTRÓ SUS CONTRATOS
30.11.2023
Durante un año y medio el Ministerio Público reunió datos para identificar a personas detrás de las plataformas de apuestas deportivas, una industria que no está autorizada en Chile. Azul Azul y Blanco Negro, entre otras sociedades del fútbol, además de canales de TV, fueron requeridos para entregar información sobre sus contratos con estas empresas. Solo Coquimbo Unido, TVN y TNT, entregaron todo lo solicitado. Cuando comenzaba a configurarse el mapa de los intermediarios y representantes de las casas de apuestas, la fiscalía anunció que desistirá de investigar la denuncia por explotación ilegal de juegos de azar, pero seguirá abierta la arista por delitos tributarios. CIPER investigó la estructura societaria de algunas de estas marcas y encontró pistas que no figuran en la carpeta judicial.
El pasado jueves 26 de octubre las casas de apuestas online recibieron un tanque de oxígeno en uno de los frentes más importantes que disputan. Ese día, el Ministerio Público comunicó que no perseverará en su investigación a estas plataformas por la denuncia de “explotación ilegal de juegos de azar”, indagatoria que lleva la fiscal Rossana Folli desde hace un año y medio. Solo seguirá en pie la investigación por eventuales ilícitos tributarios. En la práctica, esto significa que la fiscalía archivará los antecedentes que reunió sobre las sociedades y abogados que intermediaron en favor de empresas que desarrollan un negocio que no está autorizado en el país, que son dirigidas desde territorios como Curazao o Guernsey y que no pagan impuestos.
Las normas establecen con precisión que solo pueden explotar juegos de azar las entidades que están autorizadas legalmente para ello: la Polla Chilena de Beneficencia, la Lotería de Concepción, los casinos físicos y Teletrak. De hecho, Polla es la única que cuenta con permiso para operar apuestas deportivas. Hasta ahora, existía la convicción de que estaba prohibido a otras entidades explotar esa actividad y los juegos de azar. Pero, en el Ministerio Público piensan que no es así.
Entre los antecedentes que revisó la fiscal Folli para archivar la causa, se encuentra un informe que emitió la Unidad de Delitos Económicos del Ministerio Público (Uldecco) de carácter reservado. Ese documento resolvió que existe un vacío legal que no permite la persecución penal por explotación ilegal de juegos de azar, ya que la ley que regula la industria es muy antigua y no considera dentro de su tipificación a las apuestas que se realizan virtualmente.
El argumento expuesto en el informe de la Uldecco es el mismo de los defensores de las apuestas en línea: al no estar mencionada en la ley, su actividad no puede catalogarse como ilegal. Los denunciantes, en tanto, apuntan a que la legislación es clara al autorizar solo a algunas entidades y que aquellas que no están en esa nómina operan ilegalmente.
A partir de este punto, la investigación de la fiscalía no avanzó para establecer el origen del dinero de estas empresas ni la ruta que siguen las transferencias que hacen a las cuentas bancarias de los apostadores.
¿Significa esto que cualquier sujeto con espíritu emprendedor puede comenzar a tomar apuestas por WhatsApp, correo electrónico, mensajería telefónica o cualquier otra forma no prevista en la ley, sin necesidad de justificar el origen del dinero que transfiere a las cuentas de sus clientes?
CIPER intentó hacer esta consulta a abogados dedicados a las áreas penal y tributaria. Pero, todos se excusaron o no respondieron. Algunos, bajo reserva de sus nombres, explicaron que anteriormente fueron contratados para realizar informes en derecho para casas de apuestas online, aduciendo que habría un conflicto de interés en sus opiniones.
De hecho, el jefe máximo del Ministerio Público, Ángel Valencia, trabajó entre 2013 y 2019 en el estudio de Gonzalo Cisternas, al que la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) le encargó un análisis sobre el tema (vea el reportaje de CIPER “Valencia, el favorito del Senado: las causas pendientes de la Fiscalía que se cruzan con sus vínculos políticos”).
Valencia, además, ha sido un estrecho colaborador del mundo de los empresarios y sociedades del fútbol, cuyos equipos, a partir de 2022, fueron los principales promotores del aterrizaje masivo de las apuestas online: de 2016 a 2019 fue el secretario ejecutivo de la ANFP.
En los últimos dos meses, esta industria había recibido verdaderos mazazos de las autoridades locales. La Corte Suprema, la Subsecretaría de Telecomunicaciones y el Ministerio de Justicia se cuadraron con la tesis de que sus actividades eran ilegales y bloquearon el acceso a estas plataformas, además de presionar para que la ANFP terminara su relación comercial con Betsson, lo que ocurrió en octubre pasado. Esto, sumado al proyecto de ley que busca prohibir que los equipos de fútbol sean auspiciados por estas marcas, parecía sofocar a los casinos online.
Consultada por CIPER, la fiscalía especificó que no continuará investigando las querellas presentadas por los casinos físicos, la Polla de Beneficencia y la Agrupación de Jugadores en Terapia (Ajuter) porque “no tuvo los antecedentes necesarios para formular una acusación” por explotación ilegal de juegos de azar, pese a la abundante evidencia que existe en torno a la actividad que ejecutan plataformas como Betsson, Betano, Coolbet, Betway, Estelarbet y otras similares.
En todo caso, la querella que presentó el Club Hípico, el Hipódromo de Chile y el Sporting Club de Valparaíso en agosto de 2023, por posibles delitos asociados a apuestas en carreras de caballos, seguirá su curso. También la denuncia que ingresó el Servicio de Impuestos Internos (SII) por eventuales delitos tributarios, la que fue remitida a la Fiscalía de Alta Complejidad, donde se abrió una investigación de oficio luego de que el jugador de Cobreloa, David Escalante, denunciara que algunos de sus excompañeros “estaban perdidos en el mundo de las apuestas”.
En un año y medio de investigación, la fiscal Folli logró identificar a personas y sociedades vinculadas con casas de apuestas para representarlas en Chile y ponerlas en marcha en el mercado nacional. Pero, también dejó preguntas sin responder respecto de los beneficiarios finales de este negocio, el origen de sus capitales y el flujo del dinero que mueven.
CIPER revisó la estructura societaria de las empresas que estuvieron bajo la lupa del Ministerio Público y recopiló información que no figura en la carpeta de la fiscalía. Por ejemplo, que en 2021 Coolbet constituyó una sociedad chilena empleando a cuatro abogados de Deloitte. Se trata de la única sociedad que ha abierto en nuestro país una de las casas de apuestas online investigadas en la causa.
Una de las principales dificultades para indagar esta industria es que sus controladores o beneficiarios finales suelen esconderse detrás de una madeja de sociedades difícil de desenredar.
Entre las empresas chilenas vinculadas a las casas de apuestas, destacan las agencias TVO Sport (también conocida como 1190) y Vibra Marketing, esta última controlada por Fernando Felicevich, quienes jugaron un rol fundamental como intermediarias entre equipos de fútbol y compañías como Betano o Betway. Sin embargo, ninguno de sus ejecutivos declaró en la causa (lea aquí “El vínculo de Felicevich con las casas de apuestas en línea que copan los auspicios del fútbol chileno”).
La participación de los clubes en la investigación tampoco arrojó los resultados esperados. Mientras Coquimbo Unido exhibió su contrato completo con la agencia 1190, a través del cual firmó con Betway, las concesionarias de Ñublense, Audax Italiano, Colo-Colo y Deportes La Serena solamente aportaron datos como el nombre de quienes participaron en sus acuerdos de patrocinio. Unión La Calera, Everton, Cobresal y Azul Azul ni siquiera contestaron los oficios de la fiscal Folli.
Algo similar ocurrió con los cinco canales de televisión que fueron requeridos por la persecutora: solo TVN y TNT contestaron si firmaron contratos con Betano, Betway o Rojabet, o si conocen la identidad de sus dueños (vea aquí la respuesta de TVN y aquí la de TNT). Megavisión, Chilevisión y Canal 13 no han respondido a la Fiscalía.
La directora ejecutiva de la Polla, Macarena Carvallo, sostiene que “resultaría absolutamente incomprensible que el Ministerio Público decidiera cerrar una investigación alegando que no podrá reunir antecedentes suficientes para fundar una acusación. La Corte Suprema ha señalado con claridad que las apuestas deportivas sólo pueden ser operadas por Polla y, en consecuencia, la actividad de las plataformas no autorizadas es ilegal”.
Carvallo agrega que la fiscalía tomaría esta decisión “justo cuando empezaban a aparecer los primeros nombres” vinculados al negocio, principalmente gracias a antecedentes que aportó el SII. En su denuncia, ese servicio reveló que algunos intermediarios o “asesores” de estas empresas emitieron facturas a nombre de sociedades extranjeras, abriendo otra hebra de investigación. Así lo resume Carvallo:
-El SII (…) proporcionó una cantidad muy impresionante de información precisa sobre ciudadanos que han actuado en territorio chileno, señalando sociedades y personas, además de medios de pago utilizados y una gran cantidad de antecedentes probatorios que permiten hacer imputaciones a personas.
Que los casinos online no estén autorizados legalmente para explotar juegos de azar ni para realizar apuestas deportivas no es el único problema. Tampoco pagan impuestos por sus operaciones en nuestro país.
Este fue uno de los motivos que llevó al SII a presentar una denuncia por delitos tributarios, la que no está sujeta a la decisión de no perseverar del Ministerio Público. El SII dijo a CIPER que su principal objetivo es “que se sancione el comercio clandestino, entendiéndose en este caso, como sociedades que desempeñan la actividad de casinos y apuestas online sin cumplir con los requisitos legales para ello, actuando al margen de la fiscalización de la autoridad tributaria”.
Hasta el momento, tanto los querellantes iniciales como las entidades ligadas a las carreras de caballos han solicitado que se esclarezca de dónde proviene el dinero que un usuario recibe en su cuenta bancaria cada vez que gana. Sobre este punto, el SII aclara que “los premios en dinero ganados en casinos internacionales están afectos a Impuesto de Primera Categoría y a los Impuestos Global Complementario o Adicional”, por lo que “existe la obligación de los contribuyentes de declarar estos ingresos”.
Entre noviembre de 2022 y marzo de 2023, el Ministerio Público envió distintos oficios a la Superintendencia de Bancos y a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) para que informaran si existen contratos entre las instituciones que deben fiscalizar y las casas de apuestas online.
El 7 de marzo de 2023, la fiscal Folli ofició a Transbank para que explicara de qué manera presta sus servicios “para la operación con las tarjetas de crédito y de débito en nuestro país, en especial respecto de las empresas ‘Betsson Chile’, ‘Betway’ y ‘Coolbet’”.
En su respuesta del 29 de marzo de 2023, Transbank dijo que “no ha suscrito contrato alguno” con las plataformas que están en la mira de Fiscalía, y que estas empresas “acceden a Webpay a través de la empresa Proveedora de Servicios de Pago (“PSP”) Kushki Chile SpA, con quien Transbank sí tiene un contrato vigente desde el 30 de noviembre de 2021”.
Kushki Chile SpA es una sociedad constituida en 2017 bajo el nombre QVO SpA. Su propiedad corresponde a Llapingacho LLC, una empresa estadounidense representada por Óscar Quevedo Ruiz.
Tras recibir la respuesta de Transbank, la fiscal Folli ofició a Kushki Chile SpA para que enviara los contratos de servicios que suscribió con “Coolbet, Royalbet, 1bet, Betsson y Betway”.
La empresa contestó el 5 de mayo. En tres líneas y media, volvió esta parte de la investigación a fojas cero: “podemos informar que Kushki Chile SpA, representada legalmente por don Rodrigo Quijada Menanteau (Country Manager en Chile), no mantiene ni ha mantenido contratos suscritos con las empresas COOLBET, ROYALBET, 1XBET, BETSSON y BETWAY”.
CIPER corroboró que los usuarios de al menos una de las casas de apuestas investigada por la fiscalía reciben transferencias en su cuenta bancaria a nombre de Kushki cada vez que aciertan. Sin embargo, no se consultaron más detalles a esta compañía. A la luz de los antecedentes reunidos hasta ese momento, habría sido importante saber, por ejemplo, si su relación con estas plataformas web estaba intermediada por agencias u otras compañías.
Pero, no hubo contrapreguntas.
El grupo Coolbet cuenta con una veintena de sociedades filiales repartidas en territorios como Malta, Alderney, Guernsey e Isla de Man. Y, desde 2021, también en Chile.
El 7 de julio de ese año, cuatro abogados chilenos constituyeron GAN Chile SpA. Su único accionista, GAN (UK) Limited, es parte de la estructura liderada por GAN Limited, una empresa fundada en Bermuda que explota las apuestas deportivas bajo el nombre de Coolbet desde hace dos años y medio.
Formalmente, el objeto de la subsidiaria chilena no se relaciona con esa actividad, ya que fue abierta para dedicarse a la “asesoría, consultoría, soporte y mantención, en materias computacionales, de software, hardware, aplicaciones y programas computacionales, y temas relacionados con la informática en general”. De todas formas, se trata de la única sociedad que ha abierto en Chile alguna de las casas de apuestas que figuran en la investigación encabezada por la fiscal Folli.
GAN Chile fue constituida por los abogados María José Schiappacasse, Carla Fortes Guzmán, José Ignacio Concha Vial y Oliver Ortiz Quiero, quienes a la fecha de la creación de la sociedad trabajaban en Deloitte, según lo señalado en sus perfiles de Linkedin. Todos ellos recibieron poderes de representación extendidos en Nevada (Estados Unidos) por Todd F. Mctavish, ejecutivo de la matriz.
Además, al momento de constituir la subsidiaria nacional, GAN (UK) Limited indicó que su dirección era la misma que la de Deloitte, ubicada en Rosario Norte (Las Condes). CIPER se contactó con esta consultora y asesora tributaria para saber si aquello contó con el consentimiento de la empresa y, en ese caso, para saber qué vínculo mantiene con GAN Chile SpA y Coolbet. Sin embargo, no quisieron responder nuestras consultas.
Por su parte, GAN Chile SpA aparece registrada en un listado oficial de la Municipalidad de Providencia como arrendataria de una oficina en Román Díaz, donde ofrece servicios informáticos “sin venta de productos, sin bodegaje, sin atención de público”.
Ninguno de estos antecedentes aparece en la carpeta del Ministerio Público. Allí, el abogado de Coolbet es Matías Balmaceda Mahns, quien cuenta con un mandato de Polar Limited (otra subsidiaria del grupo) en Malta, apostillado el 22 de agosto de 2022.
En su primera presentación ante el Octavo Juzgado de Garantía, Balmaceda identificó como representante de Polar Limited al ciudadano maltés Adrian Giordano Imbroll, quien aparece vinculado a 80 sociedades extranjeras en los registros del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ).
Además de Coolbet, otra casa de apuestas en línea con cara visible en Chile es EstelarBet, cuyo dueño, Sebastián Salazar Bastidas, prefirió autodenunciarse cuando se enteró que la Fiscalía indagaba las plataformas de apuestas online. Esto, según declaró, “con el objeto de aportar al esclarecimiento de los hechos que son objeto de dicha investigación, los que, bajo la legislación penal vigente, no son constitutivos de delito”.
Salazar detalló cómo decidió ingresar al mundo de las apuestas deportivas a través del sitio EstelarBet. Según su relato, el primer paso lo dio en agosto de 2020, cuando adquirió las acciones de la sociedad S3 Tech N.V, alojada en Curazao, transformándose en su dueño y representante legal. Posteriormente, en 2021, la compañía recibió dos licencias extendidas en Curazao para operar juegos de azar en línea.
Si bien Salazar figura como representante de S3 Tech N.V, el registro de sociedades de Curazao registra como director de esa sociedad a Xecutive Corporate Management B.V, otra compañía domiciliada en ese territorio.
Esta empresa pareciera ser la piedra de tope para conocer a los beneficiarios finales del negocio: pese a que se tiene dos directores plenamente identificados, el objetivo principal de Xecutive Corporate Management B.V es “representar, cuidar y promover los intereses de terceros”. Para ello, la firma “ofrece una amplia gama de servicios fiduciarios y de formación de estructuras que cumplen con las normas tributarias internacionales para clientes corporativos y privados”. En otras palabras, Xecutive Corporate Management B.V podría un eslabón más dentro de una larga cadena de intereses y subrepresentaciones legales.
No es primera vez que Salazar Bastidas participa de un negocio antes de que se regularice su funcionamiento en Chile. A mediados de la década pasada, fungió como director de la agrupación gremial de los tragamonedas (Fiden), una industria que proliferó antes de que el Senado siquiera aprobara la idea de legislar la actividad (vea el reportaje de CIPER “ La explosión de los tragamonedas: la trama oculta de un negocio de US$630 millones”).
Esa trama dejó al descubierto los contactos políticos de Salazar, quien fue socio de Andrés Jouannet (ex DC e intendente de La Araucanía, actual diputado y presidente de Amarillos), y cercano a Pablo Zalaquett (exalcalde UDI de La Florida y Santiago), quien lideró el lobby en el Congreso para que se regulara la actividad, involucrándose directamente en el negocio junto con Salazar.
Al igual que los otros tres directores de Fiden de la época, Salazar fue investigado por presunto lavado de activos y financiamiento ilícito de la política, luego de que el Ministerio Público detectara pagos presuntamente irregulares a candidaturas que compitieron en las municipales de 2016 y en las parlamentarias de 2017 (vea el reportaje de CIPER “Tragamonedas: escuchas telefónicas revelan rol clave de Pablo Zalaquett como inversionista y lobista en ese negocio”).
En la causa abierta contra las casas de apuestas en línea, Salazar fue representado por el abogado Marcos Contreras Enos, quien recibió un poder de parte de S3 Tech N.V el 24 de mayo de 2023, otorgado por los holandeses Andy P. Senior y Christopher Van Rosberg. Este último, ejecutivo de Xecutive Corporate Management.
Además de representar al propietario de Estelarbet, Contreras coordinó la declaración escrita que entregó un empresario colombiano vinculado a Betway: Juan Pablo Barahona Niño, quien fue identificado como “un consultor independiente” contratado por BetwayLimited Guernsey Branch “para realizar funciones vinculadas con el marketing”.
En su declaración, Barahona adjuntó el organigrama “aguas arribas” de la sociedad: “Super Group (SGHC) Limited (Guernsey), SGHC Limited (Guernsey), Pindus Holdings Limited (Guernsey), Kavachi Holdgins Limited (Guernsey), BetwayGroupLimited (Guernsey), BetwayLimited (Malta) y, finalmente, BetwayLimited (Guernsey Branch)”.
CIPER revisó la estructura de Betway con los datos que la propia empresa entrega periódicamente a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) y verificó que las sociedades mencionadas por Barahona y Contreras forman parte de la red que tejió la matriz Super Group (SGHC) Limited, pero también que existe un centenar de otras firmas que no fueron incluidas en el escrito.
El documento entregado por Contreras tampoco menciona a los accionistas mayoritarios de Super Group (SGHC) Limited y, por ende, los beneficiarios finales de Betway: la sociedad Knutsson Limited, que posee el 47% de los valores y que está alojada en Isla de Man, y Chivers Limited, que tiene en su poder el 19% de las acciones (vea aquí el último informe anual de los dueños de Betway entregado a la SEC).
Otro actor chileno relevante dentro de la carpeta investigativa es Carlos Baeza Guiñez, sindicado como el “lobista” de Betano, Coolbet, Betsson y Latamwin. La denuncia que presentó el SII por presuntos delitos tributarios reveló que Baeza recibió pagos por más de $1.000 millones entre mediados de 2021 y comienzos de 2023, a través de 49 facturas que el abogado emitió a Inversiones FCW Limitada.
Inversiones FCW Limitada es una empresa que se originó en 2014 bajo el nombre Latamwin SpA y es dueña del dominio latamwin.cl (que se encuentra inactivo, pero con registro vigente hasta 2027). Sus representantes legales y propietarios son Wilfred Adelsdorfer Velasco, Cristhian Vargas Parada y Francisca Vidal Soto.
Un asunto que llamó la atención del SII es que, si bien la mayoría de las facturas contienen una glosa por asesoría legal, la que se emitió el 18 de enero de 2022, “señala como descripción Asesoría Legal y Variable Según Resultado Ejercicio 2021”. De la misma manera, el documento tributario del 30 de diciembre de 2022 especifica en su descripción “Asesoría Legal 2022 y Variable Según Contrato”, lo que sugiere una relación mucho más cercana que la de un simple lobista o abogado asesor. Ambas facturas suman más de $674 millones.
Baeza fue citado a declarar ante la PDI y el Ministerio Público, pero alegó secreto profesional y no entregó antecedentes sobre su relación con Latamwin y otras marcas. Contactado por CIPER, el abogado señaló que los documentos tributarios mencionados por el SII, son «facturas emitidas por la sociedad Carlos Baeza y Cía. Ltda, en virtud de un contrato de honorarios por labores de asesoría profesional que se ha mantenido vigente por varios años». Esos honorarios, agregó, «establecen pagos por labores de asesoría en base al tiempo destinado y también en base a variables como resultados anuales».
Respecto a su relación con las casas de apuestas, señaló ser «abogado asesor de varias empresas internacionales que operan en plataformas de apuestas en línea y que ofrecen sus servicios en el país de cara al proceso regulatorio que actualmente desarrolla el Congreso chileno. Mis servicios están vinculados a la tramitación del proyecto de ley que Regula las Plataformas de Apuestas en Línea en Chile y cuyo objetivo es impulsar una regulación robusta, moderna, transparente y centrada en la seguridad del usuario».
Los estadios, camisetas y transmisiones televisivas del fútbol chileno son la principal vitrina de las casas de apuestas en línea. En un solo partido del Campeonato Nacional se puede apreciar una decena de auspicios relacionados con la actividad.
¿Cómo llegaron a copar esos espacios? ¿Quiénes estuvieron detrás de esas negociaciones y firmaron los contratos con empresas no están autorizadas para operar en Chile? Estas preguntas guiaron parte de la investigación de la fiscalía. Y hubo resultados. Las pesquisas demuestran que la mayoría de los casinos online tomaron contacto con dos agencias de marketing chilenas para que los representaran en los acuerdos contractuales: 1190 Sports y Vibra Marketing.
La primera, también conocida como TVO Sports, intermedió entre Betway y Coquimbo Unido, Ñublense, Everton, Audax Italiano y La Calera. Así lo corroboró en su declaración escrita Juan Pablo Barahona: “Para estos 5 clubes se firmó un solo acuerdo denominado ‘GlobalBettingPartner’ entre Merryvale Limited (del Auspiciador) y TVO Sport SpA (la Agencia) con fecha 29 de diciembre de 2021” (vea aquí la declaración de Barahona).
TVO Sport fue fundada en 2016 y está representada legalmente por Pablo Valle Rubio, Ignacio Spencer y Emilio Martinic García. Su propiedad corresponde a Global Sports Management LLC, domiciliada en Delaware (Estados Unidos).
La fiscal Folli solicitó que todos estos equipos indicaran cómo se gestó su contacto con Betway, en qué fecha y quiénes participaron en el acuerdo.
El que entregó la respuesta más completa fue el gerente general de Coquimbo Unido, Pablo Morales, quien en agosto de 2022 respondió que “la primera reunión sostenida con la agencia 1190 Sports como agente de Betway fue en presencia del Sr. Fernando Gualda en representación de 1190”.
Además, Morales adjuntó el contrato de publicidad que amarró a esta casa de apuestas como su auspiciador principal, firmado el 1 de enero de 2022 y válido hasta el 31 de diciembre de 2023. El acuerdo se selló por US$120 mil anuales, desembolsado en 12 cuotas mensuales, y estableció que el dinero sería pagado directamente por 1190 Sports a Coquimbo Unido.
Las partes acordaron que el contrato se podría renovar el 30 de septiembre de 2023 a través de 1190 Sports, y que al final de esta temporada Betway tendrá la oportunidad de igualar cualquier oferta de otro proponente. El acuerdo lo firmó Pablo Morales por Coquimbo Unido, y David Belmar Torres e Ignacio Spencer en representación de la agencia de marketing.
En la denuncia ingresada por el SII, se constata que TVO Sport emitió once documentos tributarios entre 2022 y 2023 a nombre de la sociedad Merryvale Limited, domiciliada en Guernsey y parte de la estructura de Super Group (SGHC) Limited, la matriz de Betway. Esos documentos fueron glosados como “Clubes Chilenos Season 2022”. La evidencia reunida por el SII coincide con lo que sostuvo Barahona ante el Ministerio Público.
El 24 de agosto de 2022, el gerente general de Audax Italiano, Fernando Martinuzzi, informó que fueron cuatro funcionarios del club los que participaron del proceso de contratación y tres de la agencia de marketing: Fernando Gualda, Mariano Elizondo y Javier Gasman (vea aquí la respuesta de Audax Italiano).
El último de los cinco equipos auspiciados por Betway que contestó las dudas del Ministerio Público fue Ñublense. A través de un documento firmado el 21 de noviembre de 2022 por su gerente general, Hernán Rosemblum, el equipo de Chillán confirmó que la agencia 1190 intermedió el acuerdo (vea aquí la respuesta de Ñublense).
Las diligencias instruidas por la fiscal Folli también incluyeron requerimientos de información a Blanco y Negro, la concesionaria de Colo-Colo. Allí respondió el presidente del directorio, Alfredo Stöhwing, quien el 22 de noviembre de 2022 especificó por escrito que el contrato con Coolbet se pactó el 29 de junio del mismo año.
Ese acuerdo, válido entre el 1 de enero de 2023 y el 31 de diciembre de 2024, fue suscrito con la empresa DoubleSpin Limited (Guernsey), que forma parte de la estructura de GAN Limited, propietaria de la marca Coolbet. Lo firmaron Stöhwing y el gerente general de Blanco y Negro, Alejandro Paul; y Beverly Hope-Smith y Andrew Lawrence en representación de la plataforma en línea (vea aquí la respuesta del presidente de Blanco y Negro).
La información recolectada por el SII también incluyó datos sobre DoubleSpin. La institución puso su lupa sobre el country manager de Coolbet en Chile, Mathias Hofman Laursen, y descubrió que la sociedad FLG Consultores SpA, fundada en 2020 por Hofman, emitió 37 facturas y otros documentos tributarios a nombre de DoubleSpin entre enero de 2022 y febrero de 2023. Todos se firmaron bajo el concepto “Servicio de Consultoría”.
Hofman, además, fue mencionado como un contacto de Coolbet por la otra agencia chilena que funcionó como intermediaria con las casas de apuestas, Vibra Marketing, propiedad de Fernando Felicevich.
En un correo electrónico fechado el 5 de diciembre de 2022, una gerenta de la compañía de Felicevich informó que, en su calidad de agencia de marketing, “hemos tenido relación comercial solo con la empresa Coolbet, cuyo negocio fue comprar publicidad estática y/o espacios en redes sociales y sponsorización (…) la comunicación con la contraparte fue con Mathias Hofman”.
En julio de 2022, CIPER publicó un reportaje que reveló que Vibra Marketing también medió en los contratos publicitarios que Coolbet firmó con Huachipato, Curicó Unido y Palestino. Además, actuó como intermediario entre Azul Azul y Betano, según admitió para esa investigación el gerente de comercial de la concesionaria de Universidad de Chile, Cristián Tupper:
-El acercamiento (…) nació desde nuestro club. En medio de la negociación, Betano contrató a Vibra para llevar a cabo el cierre y posterior supervisión de esta. En la U nos relacionamos con muchas agencias como Vibra, que velan por la correcta implementación de los contratos, sobre todo cuando la contraparte es una empresa internacional que requiere de un operador local que supervise.
El 28 de marzo de 2023, la fiscal Folli solicitó a Azul Azul que informara sobre “todo dato que obre en su poder respecto al casino ilegal Betano, patrocinador del equipo de fútbol bajo su administración, a fin de que entregue la identidad de sus dueños, representantes y trabajadores, domicilio de aquella empresa, quién y cómo financia su participación publicitaria”.
La persecutora dio un plazo de 20 días. Más de siete meses después, Azul Azul sigue sin contestar (vea aquí la primera y segunda solicitud enviada el 29 de junio de 2023).
El equipo que lució a Betano como sponsor principal y que sí contestó los requerimientos del Ministerio Público, fue Deportes La Serena. El gerente general del club, Milko Leguas, informó que el contrato de patrocinio se firmó con “Digify International Ltd, de nombre de fantasía ‘Betano’, con fecha 22 de septiembre de 2021. La mencionada empresa tiene domicilio en Malta”.
El patrocinio finalizó en diciembre de 2022, cuando el equipo descendió de la Primera División. Hasta entonces, Deportes La Serena “emitió las facturas correspondientes según las cuotas acordadas según contrato y ‘Betano’ remesó los dineros en euros, directo a la cuenta corriente en moneda extranjera del club”, informó Leguas (vea aquí la respuesta de Deportes La Serena).