Caso Coimas: el paso a paso del «perdonazo» por $3 mil millones al empresario Daniel Sauer

El foco de la investigación de la fiscalía está en el proceso de anulación de siete liquidaciones tributarias que benefició al empresario Daniel Sauer. El mismo que en el audio grabado en la reunión de junio, en la que participó con Luis Hermosilla y Leonarda Villalobos, se ufanó de haber pagado $140 millones entre sobornos y comisiones para lograr el beneficio. La indagatoria ya determinó las fechas clave. En diciembre de 2017 una resolución rechazó los argumentos de Sauer para anular el cobro, pero un mes después, el 19 de enero de 2018, le dieron luz verde. Las dos resoluciones fueron firmadas por la misma funcionaria.

Las alertas se encendieron en el Servicio de Impuestos Internos (SII) porque Daniel Sauer Adlerstein -empresario que participa en el control del factoring Factop y de la corredora de bolsa STF-, no tenía cómo justificar una serie de millonarias inversiones realizadas de 2009 en adelante, entre ellas, un forward (un compromiso de compra a futuro de un activo en el que se “apuesta” a adquirirlo por un precio menor al que va a tener en la fecha pactada para la venta).

Esa falta de justificaciones fue el motivo principal que tuvo el SII para imputarle a Sauer, en 2015, siete liquidaciones tributarias por $3.044 millones. Ese cobro, tres años después, sería anulado. Y hasta ahora no se sabe cuál fue el argumento de los funcionarios del SII que aceptaron borrarlo. La operación hoy está cuestionada, luego de que CIPER revelara un audio de una reunión desarrollada el 22 de junio de este año en la oficina del abogado penalista Luis Hermosilla, en Vitacura. En esa cita Sauer indicó que se pagaron $100 millones en coimas a funcionarios de Impuestos Internos para que “arreglaran” su problema con las liquidaciones y otros $40 millones a la abogada Leonarda Villalobos por hacer el contacto con los empleados públicos sobornados (vea reportaje: “«Aquí estamos haciendo una huevá que es delito»: el audio en el que Luis Hermosilla menciona pagos a funcionarios del SII y la CMF”).

En la reunión grabada participaron Sauer, Hermosilla y la abogada Leonarda Villalobos, asesora tributaria de los dueños de Factop y STF desde 2016. Quien recordó el episodio fue Daniel Sauer:

“Ni siquiera cuando yo con la Leo no éramos lo que somos hoy en día. Hoy día para mí la Leo es familia. Nos estábamos conociendo recién. Me cobró gamba 40. Me dijo, ‘le voy a tirar gamba al Servicio para arreglar tu huevá. Son 40 para mí’. Nos estábamos conociendo y ya encontré que me cobró súper barato. Mi huevá eran 3.500 palos, con mi casa embargada y giro del Servicio hecho. Y le pagué cero al Servicio. Y a la Leo le pagué 140 palos. O sea, y por lo demás creo que ya prescribió (risas). Fue todo un éxito”.

Daniel Sauer tiene, en parte, razón. El cobro de esas liquidaciones tributarias está prescrito, como ya lo saben en el Ministerio Público, que abrió una investigación penal apenas se difundió el audio de la reunión. Pero el delito de cohecho aún puede perseguirse.

La investigación interna que, en paralelo, activó el SII, ya sacó de su cargo a quien hasta hace cinco días era el Director de Grandes Contribuyentes del organismo, Christian Soto. A la fecha de la anulación de las liquidaciones, Soto ejercía como director en la Dirección Regional Oriente del SII, donde se ejecutó el perdonazo. El servicio decidió apartarlo de su cargo por pérdida de confianza.

También fueron suspendidos otros cuatro funcionarios de Impuestos Internos, entre ellos, Paula Veliz, que hasta la semana pasada figuraba con una jefatura en la Dirección Norte del SII. Ella fue la funcionaria que firmó la resolución que anuló las liquidaciones contra Sauer. Eso ocurrió el 19 de enero de 2018, cuando estaba a cargo del Departamento de Procedimiento Administrativo Tributario de la Dirección Regional Oriente. Un mes antes, había firmado una resolución en el sentido opuesto. Ahora, ella y otros funcionarios que hayan tenido participación en ese proceso, tendrán que explicar ante la fiscalía por qué cambiaron de criterio.

CRONOLOGÍA DE UN PERDONAZO

Las siete liquidaciones que en 2015 Impuestos Internos le imputó a Daniel Sauer sumaban $3.044 millones. La normativa establece que ante ese tipo de cobros, los contribuyentes pueden ejercer acciones de apelación al interior del SII. Si no son exitosas, pueden recurrir a los Tribunales Tributarios y Aduaneros, luego a la Corte de Apelaciones y, finalmente, a la Corte Suprema. Pero en este caso no fue necesario.

En 2015 Daniel Sauer presentó ante Impuestos Internos una Reposición Administrativa Voluntaria (RAV), que es uno de los mecanismos con los que cuentan los contribuyentes para solicitar al SII que revise sus decisiones. Esa RAV fue rechazada el mismo 2015. Ninguno de los funcionarios suspendidos la semana pasada participó de esa decisión.

El 16 de febrero de 2016 Sauer volvió a la carga. Esta vez presentó una Revisión de la Actuación Fiscalizadora (RAF), en la misma Dirección Oriente del SII. A través de ese recurso el contribuyente solicita al servicio que se corrijan eventuales errores o vicios que tendrían, a su juicio, las liquidaciones que le están cobrando.

Sin esperar la respuesta a esa primera RAF, Sauer presentó una segunda, el 13 de septiembre de 2016. Ese año Leonarda Villalobos se transformó en asesora tributaria de Factop y STF. No se sabe con precisión en qué mes. La información la entregó el mismo Daniel Sauer en entrevista con La Segunda: “Desde 2016 era la abogado tributaria externa de la empresa”.

Las resoluciones del SII respecto a esas dos RAF llegaron más de un año después. La decisión respecto a la primera RAF está firmada por Paula Veliz el 12 de diciembre de 2017: “No ha lugar”. Pero esa decisión cambió apenas un mes después. El 19 de enero de 2018, la segunda RAF presentada por Sauer fue acogida. Ese documento también está firmado por Paula Veliz.

Los argumentos de Sauer en esas RAF se refieren a un problema de forma: que en la citación que le hizo inicialmente el SII por las liquidaciones no aparecía en el lugar correcto la cifra de las pérdidas que registraba el empresario en el sistema interno del SII. En la práctica esa citación inicial es un llamado a conversar para que el contribuyente aclare la irregularidad tributaria detectada por Impuestos Internos. En este caso, la irregularidad era la procedencia del dinero para las inversiones de Sauer.

La rúbrica de Christian Soto, hasta hace poco el director de la Dirección de Grandes Contribuyentes, también aparece en el trámite de la anulación de las liquidaciones: fue él quién firmó el “descargo”, como es conocido el documento que firma el encargado de ese tipo de decisiones en el SII, el que se destina a la Tesorería General de la República para que cese el cobro de la deuda tributaria.

Los funcionarios del SII suspendidos ya declararon ante el Ministerio Público y desconocieron cualquier pago a cambio de la decisión de anular las siete liquidaciones de Sauer. Incluso, Christian Soto dijo no recordar ese procedimiento. Cuando los fiscales que le tomaron la declaración le exhibieron los documentos, defendió la procedencia de la determinación. Según indicó, por problemas de “forma” el servicio sí puede anular liquidaciones tributarias.

A pesar de la información que trascendió en distintos artículos de prensa, Christian Soto se mantiene en la investigación en calidad de testigo, al igual que los otros funcionarios del SII involucrados.

Lo que generó suspicacia en los investigadores es el brusco cambio en la decisión de los funcionarios del SII, entre la resolución que negó la apelación en diciembre de 2017 y la que la aceptó apenas un mes después. Entre abogados tributarios también causa extrañeza que el cambio de opinión de los encargados del procedimiento concediera, además, la anulación total de las liquidaciones. En estos casos, dijeron varios de ellos a CIPER, la decisión suele ser que se cobre, al menos, una parte de lo adeudado.

LA TRAMA QUE FALTA POR ACLARAR

Los persecutores a cargo de la indagatoria en el Ministerio Público son el fiscal jefe de Las Condes, Felipe Sepúlveda; el fiscal de Alta Complejidad, Miguel Ángel Orellana, y el fiscal jefe del Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos, Marcelo Vargas. Por estos días trabajan en determinar si hubo pagos a cambio de la anulación de las liquidaciones a Sauer.

Pero hay otra parte de la conversación entre Sauer, Hermosilla y Villalobos para la que aún no hay mayores explicaciones. En la reunión realizada el 22 de junio en el edificio del Grupo Patio, en Vitacura, donde tiene su oficina Luis Hermosilla, la abogada Villalobos entregó antecedentes confidenciales del SII sobre una indagatoria interna que afectaba a sociedades relacionadas a Factop y a STF (vea reportaje “El informe reservado que leyó Leonarda Villalobos en la reunión con Luis Hermosilla es verdadero: lo sacó del SII”).

Hasta ahora, el SII no ha entregado a la fiscalía ninguna información sobre los funcionarios que tuvieron acceso a esa indagatoria preliminar que en junio de 2022 llevaba adelante el servicio. Esta se había iniciado en el marco de un programa destinado a identificar comportamientos agresivos de contribuyentes. En general, es en ese programa donde se detecta la utilización de facturas falsas para distintas maniobras financieras.

La asesora tributaria de los Sauer, Leonarda Villalobos, tiene vínculos con distintos operadores y lobbistas de la exConcertación, como el exdiputado Exequiel Silva (DC), quien negó a CIPER cualquier vinculación con esta trama. En todo caso, hasta justo antes de la publicación del reportaje que detonó el escándalo, Silva indicaba en su perfil de LinkedIn que era socio y director de Steuern Asesorías, la empresa formada por Villalobos que se dedicaba a las consultorías tributarias y legales (vea reportaje “Las redes políticas de Leonarda: asesores del gobierno y de parlamentarios, vinculados con empresas”).