Aumento de homicidios sin autor conocido: otra señal del crecimiento e impunidad del crimen organizado en Chile

A fines del primer semestre de este año se conoció el 1er Informe Nacional de Homicidios Consumados, correspondiente al período 2018-2022. La estadística confirmó el fuerte aumento de los asesinatos en esos cinco años: de 845 casos anuales a 1.322. Pero hay otra cifra que causa preocupación entre los especialistas: el fuerte incremento de los homicidios sin autor conocido. En ese mismo lapso pasaron de 23% a 41%. Expertos consultados por CIPER lo interpretan como una señal del crecimiento e impunidad del crimen organizado, pues las bandas son cada vez más eficientes para ocultar sus huellas en los asesinatos.

En apenas 18 segundos un desconocido fue acribillado por otros dos desconocidos. Ocurrió en las calles de Coquimbo, a las 15:00 del pasado jueves 22 de junio, y así lo describieron los comentarios que esa tarde circularon en la ciudad (vea la nota del diario El Día). La víctima, un hombre de unos 60 años, caminaba por el sector de Aníbal Pinto con Balmaceda cuando vio, en la vereda contraria, a dos sujetos que se dirigían directo hacia él, uno de ellos con un arma de fuego. En un acto reflejo, giró y trató de refugiarse en un negocio. No lo logró. Le dispararon dos veces y cayó al suelo. Entonces, lo ejecutaron con otros cuatro tiros. Era el tercer homicidio en la ciudad en sólo 20 días.

El hombre que recibió las balas fue identificado con las iniciales P.N.C.C. ¿Información sobre sus victimarios? Nada. Una situación que comienza a hacerse cada vez más común y que inquieta a los especialistas en seguridad pública: el fuerte aumento de los asesinatos sin autor conocido. Entre 2018 y 2022, pasaron de 23,7% del total anual de casos a 41,6%. Para los expertos, lo preocupante es que esa cifra es una señal de la instalación y crecimiento del crimen organizado en Chile, pues muestra la profesionalización de las bandas para no dejar huellas de sus crímenes y tener impunidad.

Solo un mes después del episodio ocurrido en Coquimbo, se conoció el primer informe oficial que sistematizó, en una estadística unificada, todos los datos sobre homicidios ocurridos en Chile entre 2018 y 2022. La información indica que en 2022 hubo 477 asesinatos más que en 2018. En esos cinco años los homicidios pasaron de 845 a 1.322 casos anuales. Aunque ahora hay más asesinatos, hoy sabemos menos de los homicidas: solo en 58,4% de los asesinatos se conoce al responsable, lo que corresponde a una disminución de 17,9% entre 2018 y 2022 (revise aquí el informe).  

El 1er Informe Nacional de Homicidios Consumados (2018–2022) de la Subsecretaría de Prevención del Delito, un trabajo coordinado por el naciente Centro Nacional para la Prevención de Homicidios y Delitos Violentos, reunió los datos dispersos en al menos ocho organismos estatales. La unificación de las estadísticas determinó que en los últimos cincos años fue la vía pública el lugar donde más se asesinó, aumentando los casos con estas características desde 50,7% a 64,1%. La metodología para recopilar los datos, basada en el análisis de investigaciones realizadas por la Fiscalía, determinó que en el 28% de los casos la principal motivación de los homicidas fue “venganza o ajuste de cuentas”.

CIPER revisó las estadísticas del informe, publicado al cierre del primer semestre de este año, y conversó con dos académicos que han trabajado en temas de seguridad para contextualizar y analizar los datos. 

Ambos especialistas valoran el informe como un primer paso para precisar el alza de los homicidios y los contextos en los cuales se perpetraron. Los dos concluyen que las cifras se pueden interpretar como un síntoma del aumento del crimen organizado. No obstante, sostienen que son necesarios más estudios para complementar y esclarecer cuáles serían estos grupos, cómo operan y sus motivaciones para ejercer violencia. Además, consideran fundamental cortar las vías de financiamiento a las organizaciones criminales, mediante reformas que permitan revisar operaciones bancarias sospechosas. Y piensan que la solución no pasa solo por dictar más leyes que eleven las penas, sino por mejorar la capacidad operativa de las policías y de otras instituciones que participan en la persecución penal.

PROFESIONALIZACIÓN DEL HOMICIDIO

“En Chile el homicidio se ha profesionalizado. Hoy, los victimarios tienen más conocimiento y experiencia para ocultar sus crímenes”. Quien habla es Matías Garretón, académico de la UTEM e investigador del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social (Coes). Al ser consultado por CIPER, interpreta que en 2022 el país alcanzó “un peak de homicidios”, lo que indicaría que se trató de “un momento de entrada del crimen organizado”, cuando este tipo de organizaciones se instala en el territorio y desplaza a otros protagonistas de actividades ilegales. 

Una de las características del crimen organizado, según han comprobado varios estudios y reportajes publicados en otros países de la región (lea acá uno de ellos), es que la estructura trata de pasar inadvertida ante la ciudadanía y la justicia. Los jefes criminales valoran que sus subordinados no llamen la atención, que mantengan una apariencia de tranquilidad para que puedan desarrollarse sin contratiempos sus negocios ilegales. Por esa razón, la violencia, según se ha documentado, se genera principalmente en dos momentos: la entrada de un nuevo actor criminal al territorio, lo que produce disputas entre bandas (lea acá el caso de Rosario, Argentina), y cuando el Estado interviene para desbaratar las organizaciones ilícitas (lo que muchas veces genera un mayor poder de fuego de las bandas para resistir el desalojo). Es decir, el aumento de la violencia es un síntoma de cambios en la estructura criminal y la ausencia de conflicto no significa que no existan bandas organizadas.

Entre 2018 y 2021, según los datos publicados en el 1er Informe, el principal móvil de homicidio fue venganza o ajuste de cuentas, factor que ha aumentado sostenidamente: pasó de 132 casos (15,6%) a 254 (28%). El Informe no entregó información respecto a 2022.

“Preocupémonos cuando dejemos de ver lo que pasa, porque los homicidios son solo una alerta. El crimen organizado puede quedar más fortalecido, hacer mejores negocios”. Así el  investigador del Coes, Matías Garretón, advierte que futuros cambios en las tasas de violencia podrían no significar un retroceso de la criminalidad organizada.

Mauricio Duce, académico de la Universidad Diego Portales (UDP) especializado en justicia criminal y que entre 1994 a 1996 integró el equipo técnico que redactó la reforma procesal penal, complementa: “A veces la disminución de ciertas categorías de delitos en parte se debe al éxito de instalación que ha tenido una banda al lograr controlar una respectiva comunidad. (…) El homicidio es un primer indicador, no es el único para medir (el avance) del crimen organizado”.

DATOS QUE DESCONOCEMOS

En cinco años el porcentaje de victimarios conocidos se redujo de 76,3% a 58,4%. Y, ante estos indicios, Duce señala: “Estamos conociendo recién la punta del iceberg. Las políticas públicas (en materia de seguridad) bien focalizadas y con posibilidad de éxito todavía requieren de más información. (…) No tenemos claro si estos homicidios son porque las organizaciones criminales tienen más presencia y han puesto a circular más armas. O hay un mayor conflicto territorial entre pequeñas bandas”. 

El académico de la UDP también reflexionar sobre la importancia de la información que aún se desconoce: “Hay muchas más preguntas que uno quisiera hacerse: ¿Cuáles son las organizaciones criminales que podrían estar detrás de esto? ¿Por qué razones ejercen la violencia? ¿Son organizaciones qué están tomando venganza o control territorial?”. 

“Ahora, lo que nos tiene que preocupar es la cifra negra. Esa es la gran lección que la política pública aprendió en estos cinco años. Se debe fortalecer la capacidad de pesquisa de los delitos, porque la gran característica (de las organizaciones criminales) es que buscan ocultarse”, complementa Garretón.

El investigador del Coes y de la UTEM precisa que “los homicidios no esclarecidos no son en sí una cifra negra, pero sí calzan con el fenómeno de que cada vez sabemos menos lo que pasa”. Profundiza su análisis: “La baja en la tasa de esclarecimiento sugiere que hay una profesionalización del homicidio (…). La política pública, ante la profesionalización de la delincuencia, debe preocuparse por lo qué se deja de ver, más que por lo que estás viendo. Porque la principal característica del crimen organizado es que desarrolla capacidades muy fuertes para esconderse, para no ser detectado”.

La estadística unificada precisa que los asesinatos en “contextos asociados a delitos o grupos organizados” disminuyeron desde 47,3% a 37,4%. Datos complementarios a la reducción de victimarios con condenas por delitos previos. En 2018, 75,3% de los homicidas tenían antecedentes. En 2022, la cifra disminuyó a 65,4%.

Estas estadísticas son interpretadas por Mauricio Duce: “Los datos son más fuertes para sugerir que hay mayor presencia de organización criminal, pero todavía tenemos muchos puntos ciegos. Este informe nos avanza mucho en conocimiento, sin embargo, si queremos comprender bien la dinámica de los homicidios tenemos que hacer investigaciones complementarias”.

La estadística unificada también clarifica los cambios en el tipo de armas utilizadas en los homicidios. Hasta 2019 predominaron las armas blancas (objetos cortantes), las cuales fueron utilizadas en 42,7% de los asesinatos. Desde aquel año hasta 2022 el uso de armas de fuego se acrecentó sostenidamente, pasando de 38,2% a 53,9%.

Otra arista que evidencia la estadística es el aumento de la participación de extranjeros como perpetradores de homicidios. En 2018 el 3,5% de los victimarios no eran chilenos, en 2022 la cifra se amplió a 13,1%. Durante el mismo período se acrecentó el número de víctimas extranjeras, pasó de 5,7% a 17,2%.

¿UN DEBATE DE SEGURIDAD PÚBLICA DESFASADO DE LA REALIDAD?

La Subsecretaría de Prevención del Delito precisó, en el capítulo de presentación del 1er Informe Nacional de Homicidios Consumados, que las “cifras consolidadas” podrían orientar “la toma de decisiones y el desarrollo de políticas públicas integrales basadas en la evidencia”. A cuatro meses de la publicación de las estadísticas, han surgido críticas por el escaso uso de la información por parte de otros poderes del Estado.

Duce postula que los esfuerzos políticos primero deben centrarse en mejorar la capacidad operativa de las policías e instituciones públicas: “Los problemas principales que uno puede detectar a raíz del informe no se resuelven necesariamente con leyes. (…) El problema en materia de seguridad pública es que se privilegia la respuesta legal por sobre la operativa. Hay problemas de capacidad institucional que requieren capacitación, desarrollo de protocolos y profesionalización de instituciones. Cuestiones anteriores que no se resuelven con más leyes”.

Por su parte, Matías Garretón considera que la política primordial es debilitar los negocios ilícitos de los grupos criminales: “La estrategia eficiente para combatir el crimen organizado no es el fuego, sino que es rastrear el delito financiero.  Ahí en el fondo tú vas mermando la base económica, debilitas la capacidad de comprar armas y  de pagar soldados. Así debilitas por dentro la organización, dejas que se muera sola. La guerra contra el crimen es una fantasía, es absolutamente inviable porque hay un mercado ilícito en el cual estos grupos satisfacen demandas. Si no son ellos, serán otros”.

El 30 de junio de 2022 se aprobó la Ley 21.453, cuerpo legal que modificó el Código Tributario de 1974 y obliga a las entidades bancarias a proporcionar información al SII cuando existan transacciones cotidianas o semanales desde 1.500 UF ($56 millones al día de hoy) (revise aquí la ley). Mientras, el proyecto para ampliar el alzamiento del secreto bancario se encuentra hace cuatro meses en la Cámara de Diputados en la instancia de primer trámite constitucional. La iniciativa busca configurar “el delito de lavado de activos cuando el autor oculte o disimule el origen ilícito de determinados bienes” (lea acá el proyecto de ley).

El actual gobierno propuso una agenda legislativa de seguridad basada en 31 proyectos, 14 de ellos ya fueron despachados al Congreso (revíselos aquí) y tres aún no son presentados por el Ejecutivo. Ya el 23 de mayo fue aprobada la Ley 21.575(revísela aquí) que modificó la normativa y actualizó las definiciones de narcotráfico y crimen organizado.

El 14 de septiembre pasado el presidente del Senado, Juan Antonio Coloma, solicitó  “más tranco para poder terminar de buena manera el esfuerzo legislativo más importante que el Congreso ha realizado en materia de seguridad en su historia” (lea acá la declaración). Mauricio Duce insiste en que hacer cambios solo a nivel de ley no es una respuesta eficiente y vuelve a recalcar la importancia de contar con datos que permitan mejorar la capacidad operativa de los organismos investigadores y sancionadores: “Se genera la sensación de que el problema está en la falta de voluntad (para legislar y endurecer las penas), pero si presionas a los sistemas institucionales a tomar decisiones sin información, probablemente se gasten los limitados recursos de mala manera”.