Fiscalía abrió investigación por tráfico de influencias en el Ministerio de Energía: indaga nexos con empresas eléctricas

La investigación se inició por una denuncia anónima que apuntó a contactos irregulares entre funcionarios del gabinete del exministro de Energía, Claudio Huepe, y representantes de las generadoras de electricidad durante la tramitación del proyecto de ley que en 2022 estabilizó las cuentas de la luz. Una lobista de la empresa Engie es exfuncionaria de la Subsecretaría de Energía, donde fue compañera de trabajo con la principal asesora de Huepe en la tramitación del proyecto. El gremio que agrupa a esas empresas, Generadoras de Chile, reconoció a CIPER que pudieron existir conversaciones vía mensajería instantánea con funcionarios para “comentar correcciones puntuales de términos técnicos y financieros mal empleados o escritos erróneamente en el proyecto”, aunque descartaron irregularidades.

El 29 de septiembre del año pasado la Policía de Investigaciones (PDI) sorprendió a las autoridades del Ministerio de Energía. Ese día la Brigada Investigadora Anticorrupción les hizo llegar un oficio solicitando una serie de documentos y, de paso, dándoles las primeras luces sobre la investigación que abrió la Fiscalía Centro Norte por un eventual tráfico de influencias.

Lo que investiga el Ministerio Público son los contactos entre las autoridades de Energía con las empresas eléctricas durante la tramitación de la ley 21.472, que creó un fondo de estabilización de tarifas de las cuentas de la luz. Se trató de una iniciativa del gobierno del Presidente Gabriel Boric que fue tramitada con urgencia entre el otoño y el inicio del invierno del año pasado. De no haber sido por ese proyecto, las cuentas eléctricas de los hogares se podrían haber incrementado en más de un 40%. 

En el oficio entregado el 29 de septiembre, la PDI solicitó a Energía el registro de todas las reuniones de lobby en que estuvo presente el exministro Claudio Huepe Minoletti (militante de Convergencia Social) y también el listado de las citas en que participó Gabriela Manríquez Roa, la abogada de confianza del exministro que tuvo a su cargo la coordinación legislativa del proyecto. La PDI pidió la nómina de todas sus reuniones entre la fecha de su nombramiento y el 2 de agosto de 2022.

La abogada Gabriela Manríquez tenía un paso anterior por el Ministerio de Energía, entre agosto de 2018 y enero de 2020. En ese periodo coincidió en la cartera con María José Ariztía Larraín, quien durante la tramitación del proyecto de ley de 2022 aparece haciendo lobby ante Manríquez en representación de Engie, una empresa de capitales franceses que está en el negocio de la generación de electricidad. 

La Brigada Investigadora Anticorrupción de la PDI también solicitó los correos electrónicos enviados y recibidos por Gabriela Manríquez entre marzo y agosto del año pasado (vea aquí el oficio). 

Desde el Ministerio de Energía confirmaron a CIPER la información que les solicitó la fiscalía y aseguraron que no están enterados de si alguno de los funcionarios que siguen en la cartera están siendo investigados: “El ministerio no tiene información de que alguno de los funcionarios que actualmente trabajan en el ministerio estén siendo investigados. El oficio recibido a fines de septiembre solicita información del exministro y una funcionaria que en ese momento sí desempeñaba funciones en el ministerio, pero que presentó su renuncia el 23 de noviembre de 2022 y que se hizo efectiva el 01 de enero de 2023” (vea aquí la respuesta completa).

La investigación sigue activa en la Fiscalía Centro Norte de la Región Metropolitana, a cargo del fiscal Paulo Ramírez. Desde el Ministerio Público le dijeron a CIPER que “esa causa está vigente, pero con diligencias en curso. Aún no han llegado los resultados de la orden de investigar, por lo tanto no hay antecedentes que se puedan compartir por ahora”.

La investigación se inició a través de una denuncia anónima, la que apuntó a las comunicaciones entre el gabinete del exministro Huepe y las empresas eléctricas. Ya declararon todos los funcionarios que acompañaron al exsecretario de Estado en su paso por la cartera. Huepe concluyó su labor como ministro el 6 de septiembre de 2022, cuando fue reemplazado por Diego Pardow, también militante de Convergencia Social. Huepe declaró en calidad de testigo durante el verano pasado.

Tres semanas después de que se produjera el cambio de ministro, la cartera de Energía ordenó un sumario en contra de Gabriela Manríquez debido a las posibles irregularidades que indaga la fiscalía. En todo caso, ese sumario finalizó en noviembre sin acreditar faltas. En la declaración que prestó en esa investigación administrativa, Gabriela Manríquez indicó que la denuncia que originó la indagatoria podría deberse a que en la tramitación de la ley de estabilización de tarifas se incluyeron aspectos que podrían ser interpretados “como un beneficio a las empresas de generación”, lo que ella descartó.

En diciembre de 2022 Gabriela Manríquez salió del ministerio, según los registros de Transparencia, y pasó a trabajar en Evol Services, una empresa filial de Lipigas que se dedica a la asesoría en la compra de electricidad para clientes particulares y empresas. Contactada por CIPER, se excusó de entregar declaraciones: “No puedo referirme a materias de una causa reservada en la cual fui citada como testigo y de la que no tengo ningún otro antecedente”.

La mayoría de las reuniones de lobby que sostuvo en el período indagado por el Ministerio Público fueron con Generadoras de Chile, el gremio que agrupa a empresas como ENEL, AES Chile, Colbún, Engie y Pacific Hydro, entre otras. Desde esa agrupación dijeron a CIPER que estaban al tanto de la investigación de la fiscalía: “Asimismo, podemos comentar que, como organización tenemos la plena convicción que ninguno de nuestros ejecutivos ha incurrido en infracción a la ley. Todas las reuniones con los miembros del Ministerio de Energía, relacionadas con el proyecto de ley, se realizaron a través de la regulación establecida en la Ley de Lobby.”

Fuentes del Ministerio de Energía que participaron en la tramitación del proyecto de ley que estabilizó las cuentas de la luz, aseguraron que hubo comunicaciones entre los asesores del ministerio y representantes de las eléctricas a través de aplicaciones de mensajería instantánea, algo que no está bajo el amparo de la Ley de Lobby.

Sobre ese punto, desde  Generadoras de Chile indicaron que “Generadoras participó formalmente en el debate de la ley a través de reuniones solicitadas por Ley del Lobby, así como  en las sesiones del Congreso a las que se nos invitó. Otro tipo de comunicaciones vía mensajería, que no constituyen instancias formales de trabajo, fue únicamente para comentar correcciones puntuales de términos técnicos y financieros mal empleados o escritos erróneamente en el proyecto, lo que bajo ningún punto de vista alteró el sentido y alcance del proyecto que impulsó el ejecutivo”.

Agregaron que ninguno de sus ejecutivos ha sido citado a declarar en la investigación que mantiene vigente la fiscalía. 

Si bien el registro de la Ley de Lobby solo da cuenta de quiénes asistieron a las reuniones, la fecha y horario en que se realizaron, y escuetamente sobre la materia que se trató, CIPER pudo acceder a los apuntes que Gabriela Manríquez realizó en algunas de esas citas. Ella entregó voluntariamente ese material en el sumario que se desarrolló en el Ministerio de Energía a fines de 2022.

EL LOBBY DE LAS ELÉCTRICAS

La fiscalía tiene en su poder el registro de, al menos, 25 reuniones vía Ley de Lobby en las que participó el exministro Huepe con empresas eléctricas. Algo que, en todo caso, es propio de la labor de quien encabeza el Ministerio de Energía. El fiscal Paulo Ramírez también cuenta con el detalle de las 11 citas con empresas eléctricas, o sus organizaciones gremiales, en las que estuvo presente Gabriela Manríquez.

De esas reuniones son los apuntes que Manríquez entregó en el sumario administrativo que desarrolló el Ministerio de Energía entre octubre y noviembre de 2022.

Se trata de reuniones realizadas con las empresas previo a que el proyecto ingresara oficialmente al Congreso. Por ejemplo, en la cita en la que participó con el gremio de las generadoras el 20 de abril de 2022, un mes antes de que el gobierno enviara el proyecto de estabilización de las cuentas de la luz al Congreso, Manríquez anotó lo que parecen ser cálculos de las empresas sobre los costos que implicaría el proyecto según diversos escenarios.

En esa misma cita los representantes de Engie -empresa de capitales franceses que opera en Chile en la generación y distribución de electricidad- enumeraron los inconvenientes que a su juicio generó el primer proyecto que frenó las alzas de las cuentas de la luz, presentado por el gobierno de Sebastián Piñera en medio del estallido social en 2019. Uno de ellos fue que no se respetaron los contratos con las eléctricas. Respecto de este punto, fuentes que participaron de la tramitación del proyecto de 2022 en el Ministerio de Energía, dijeron a CIPER que esta vez fue una prioridad del gobierno que el fondo de estabilización no pasara a llevar los contratos vigentes, para no “espantar” a los inversionistas (vea los apuntes aquí)

Otra reunión, realizada el 26 de abril de 2022, registra lo conversado con los representantes de ENEL. En los apuntes de Manríquez se hace referencia a un tema que también aparece en otros encuentros realizados vía Ley de Lobby en esos mismos meses: la fijación de un nuevo reglamento de transferencia de potencia entre empresas generadoras de electricidad.

En otros apuntes Manríquez anota lo que parece ser una solicitud bajo el apartado “redacción PEC” (Precio Estabilizado a Cliente Regulado): “Eliminar punto 6, porque al menos hasta 2027 se acumula deuda”. Ese era un tema sensible. El primer proyecto de estabilización de las cuentas, el que presentó el gobierno de Piñera en 2019, generó una deuda de más de US$1.300 millones, dinero que las generadoras dejaron de percibir por que se paralizaron las alzas de tarifas. Ese problema se resolvió en el proyecto aprobado en 2022, donde se estableció que la deuda se paga mensualmente en las cuentas de la luz, pero con una segmentación de los clientes, donde los que menos electricidad ocupan, pagan menos.

SUMARIO EN ENERGÍA

El sumario administrativo que abrió el Ministerio de Energía luego de que en la cartera se enteraran de la investigación de la fiscalía, se instruyó  30 de septiembre de 2022, un día después de que la secretaría de Estado recibiera el oficio de la PDI.

En ese sumario Gabriela Manríquez declaró:

– Durante algunos meses me tocó ir bastante al Congreso por la tramitación del proyecto de ley de estabilización de tarifas eléctricas. En el contexto de ese proyecto, tuve harta relación con la Dipres (Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda), Comisión Nacional de Energía, Segpres y asesora legislativa del Ministerio de Hacienda y con asesores parlamentarios, principalmente de la bancada del Frente Amplio, pero también algunos de oposición, como Juan Ignacio Gómez, que fue asesor legislativo en la Subsecretaría de Energía en la administración anterior, y Eduardo Méndez, ambos asesores de los senadores Durana y Prohens, ambos de la Comisión de Minería y Energía del Senado. En el marco de la tramitación de esa ley en particular también me reuní con empresas y gremios, y esas están todas registradas en la plataforma de Lobby.

Sobre la reunión de lobby realizada el 20 de abril de 2022, dijo que “dicha audiencia se refirió a la estabilización de tarifas. Fue por la Ley PEC, estaban preocupados por su financiamiento (…) María José Ariztía trabajó en la Subsecretaría en el mismo periodo que yo, y Sergio Beaumont, trabajó en la CNE (Comisión Nacional de Energía), ambos trabajaban en la fecha de la audiencia en Engie”.

Sobre la cita del 14 de junio -a la que asistieron su excompañera en la Subsecretaría de Energía, María José Ariztía, por Engie, y Pablo Villarino, por GDF Suez Energy-, señaló: “Dicha audiencia se refirió a la tramitación de la ley de estabilización de tarifas energéticas. Había dudas respecto a un artículo específico y los intereses que se generarían por el retraso en los pagos y su preocupación fue que, al factorizar en dólares, no querían asumir el riesgo del tipo de cambio”.

Quienes participaron de la tramitación del proyecto, le dijeron a CIPER que esa preocupación de las generadoras se resolvió presentando una indicación que establece que el Ministerio de Hacienda deberá determinar si es que el interés de la deuda se puede calcular en dólares. 

En todo caso, esas mismas fuentes aseguraron que el proyecto de ley de estabilización de tarifas eléctricas no quedó tal y cómo querían las empresas generadoras. Mencionaron que la propuesta inicial de algunas de las eléctricas era que el Estado pagara la deuda acumulada (de más de US$1.300 millones) que dejó el primer proyecto de estabilización de 2019, pero que se optó por fijar un mecanismo de subsidios cruzados donde serán los clientes quienes cancelarán la deuda, diferenciando entre aquellos que consumen menos, los que pagarán menos, y los que consumen más. 

Gabriela Manríquez cerró su declaración en el sumario planteando una tesis sobre el origen de la investigación: “Mi impresión es que esta denuncia tiene origen en la tramitación de la Ley 21.472 de estabilización de tarifas, porque se creó un cargo a los grandes consumidores eléctricos, para que no subieran las tarifas de los clientes regulados, y eso pudo ser interpretado como un beneficio a las empresas de generación. Sin embargo, eso no es correcto, ya que el objetivo de la ley fue resguardar los pagos correspondientes por los contratos existentes de dichos generadores usando mecanismos de subsidios cruzados, al igual que se hace en la ley de equidad tarifaria, y asegurar los costos financieros del retraso en esos pagos, cuya definición quedó delegada directamente al Ministerio de Hacienda”. (Vea aquí la declaración completa).

El sumario del Ministerio de Energía se sobreseyó el 21 de noviembre de 2022, luego de que no se establecieran responsabilidades administrativas de funcionarios de la cartera.