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DAN ENTREVISTAS SIN TRANSPARENTAR SUS NEXOS CON LAS ISAPRES Y VAN COMO INVITADOS A LA DISCUSIÓN PARLAMENTARIA
07.06.2023
Exsuperintendentes de Salud y otros especialistas que buscan alivianar el monto que las isapres tendrían que devolver a sus afiliados tras el fallo de la Corte Suprema, mantienen vínculos como asesores o lobistas con esas empresas o sus controladores. Hacen declaraciones a la prensa en las que son presentados como expertos sin transparentar esos vínculos, participan como invitados en el debate legislativo y algunos mantienen cercanas relaciones con senadores que han propuesto soluciones más favorables para las isapres. Varios de ellos firmaron un estudio -entregado a los senadores- que propone alternativas más convenientes para las isapres para determinar la suma a pagar.
– ¿Algún conflicto de interés que declarar?
El senador Juan Luis Castro (PS) le hizo la pregunta al exsuperintendente de Salud, Sebastián Pavlovic, durante la sesión de la Comisión de Salud del Senado del pasado 30 de mayo. Ese día, Pavlovic asistió como invitado junto a otros exsuperintendentes para presentar un estudio que cuestiona la metodología empleada por el gobierno para determinar la deuda de las isapres con sus usuarios. La respuesta de Pavlovic fue un sí:
– Sí, yo como académico y como consultor en el sector privado, asesoro tanto a prestadores como a algunos seguros de salud, tanto complementarios como de primer piso.
– ¿Isapres?-, insistió Castro.
– Sí, sí.
La pregunta del senador, presidente de la Comisión de Salud, se repitió a los otros exsuperintendentes que ese día asistieron a la Cámara Alta. Lo hizo siguiendo una sugerencia que formuló la senadora Yasna Provoste (DC) antes de que los expertos presentaran su estudio: “Sería bueno pedirle a cada uno de nuestros invitados que informen si es que tienen vínculos o no, ya sea como asesor, consultor o director de isapres, antes de que intervengan. Eso permite aquilatar sus intervenciones”, indicó la senadora.
Sebastián Pavlovic (Fuente: Superintendencia de Salud)
Otro de los invitados también respondió afirmativamente. Manuel Inostroza, exsuperintendente de Isapres entre 2004 y 2005, y primer superintendente de Salud que ejerció ese cargo entre 2006 y 2010. Él dijo que desde hace un año es director de la isapre Esencial, de la Clínica Alemana. Lo que no dijo, es que también ha sido lobista de la asociación gremial de las clínicas y de la Clínica Indisa, rubro con el que las isapres mantienen una deuda vigente que supera los $714 mil millones, según cálculos de ese gremio, el que, por lo mismo, también está interesado en la buena salud financiera de las aseguradoras afectadas por el fallo de la Corte Suprema.
Inostroza y Pavlovic aparecen entre los exsuperintendentes que firmaron el mencionado estudio que ese 30 de mayo se presentó a la Comisión de Salud del Senado. En ese texto se cuestiona la metodología con que la Superintendencia de Salud calculó la deuda de las isapres con sus cotizantes, luego del fallo de la Corte Suprema que declaró ilegales los cobros que incluyeran tablas de factores distintas a la determinada por la autoridad a través de una circular vigente desde abril de 2020. El estudio tuvo como editores a Inostroza y a Héctor Sánchez, director del Instituto de Salud Pública de la Universidad Andrés Bello. Entre los exsuperintendentes que suscribieron la propuesta aparecen Pavlovic, Alejandro Ferreiro, César Oyarzo, Patricio Fernández y José Pablo Gómez.
Entre las ideas que propusieron para interpretar el fallo se cuenta que solo se devuelvan los cobros en exceso que tuvieron lugar en los periodos en que las isapres obtuvieron utilidades (ver recuadro).
Durante los últimos meses, varios de los firmantes del estudio han aparecido profusamente en radios y canales de televisión comentando el fallo de la Corte Suprema que ordenó a las isapres restituir cobros en exceso producidos entre 2020 y 2022. Pero, hasta el día en que el senador Castro les hizo la pregunta, no habían transparentado sus vínculos con la industria de la salud privada. Y no todos lo hicieron.
Según los cálculos de la Superintendencia de Salud, las isapres le adeudan cerca de US$1.400 millones a sus usuarios. Las aseguradoras han cuestionado la metodología con que se llegó a esa cifra y han advertido que se trata de un monto que acabaría con el sistema. “No nos parece que esa cifra tenga algún sentido, porque corresponde a entre 34 y 40 años de utilidad, que corresponde a alrededor del 50% de los ingresos que reciben durante un año las isapres”, aseguró el presidente de la Asociación de Isapres, Gonzalo Simón, a Radio ADN.
Las isapres no han estado solas en el cuestionamiento a la metodología utilizada por la Superintendencia para calcular el monto de la deuda. El economista Claudio Sapelli apuntó en la misma línea en declaraciones a El Mercurio: “Me parece difícil que en esto el superintendente no entienda que está, de alguna manera, decretando la quiebra de las isapres”. Sapelli ha elaborado estudios por encargo de la Asociación de Isapres y de algunas prestadoras, como Banmédica, según pudo constatar CIPER en registros alojados en internet. Eso no anula su aporte a la discusión, pero es un antecedente relevante cuando las isapres han lanzado una intensa ofensiva para morigerar los efectos del fallo de la Suprema.
CIPER rastreó los nexos de expertos y exautoridades del área de la Salud con las isapres y sus controladoras. Aunque las asesorías a las isapres son un asunto entre privados y no existen bases de datos públicas que transparenten esas relaciones, algunas huellas son visibles.
CIPER contabilizó 15 entrevistas realizadas al exsuperintendente Sebastián Pavlovic desde que se conoció el fallo de la Suprema -el 30 de noviembre de 2022-, a medios como CNN Chile, Ex-Ante, 24 Horas, EMOL y a las radios Sonar, T13, Rock & Pop, Pauta, Duna, Futuro y Concierto. En ninguna de ellas transparentó que es asesor de isapres.
Consultado por CIPER, Pavlovic prefirió no detallar quiénes son sus clientes: “Prefiero no indicar puntualmente a qué actores asesoro, porque he asesorado a distintos prestadores, grandes y chicos. Y lo que yo digo públicamente no los compromete, porque yo no soy funcionario de ellos. Ellos me han pedido informes y yo los he enviado. Es complicado, porque mis opiniones no tienen que ver con ellos”, aseguró.
Pavlovic figura en los registros de la Ley del Lobby asistiendo junto al gerente general de isapre Banmédica, Aldo Gaggero, a una audiencia con Sandra Armijo, intendenta de fondos de la Superintendencia de Salud, el 12 de septiembre de 2022, para revisar un oficio que había publicado el fiscalizador (vea aquí). En el registro, Pavlovic figura representando a Banmédica. Cuando CIPER le preguntó si esa era una de las isapres a las que él asesoraba, dijo que sí.
– No fui en representación de ellos, uno de los gerentes me pidió que lo acompañara y yo accedí, y tiene que ver con las asesorías. Una de las isapres que he asesorado ha sido Banmédica. Yo les hice un informe en derecho.
El exsuperintendente de Salud del segundo gobierno de Michelle Bachelet, agregó que sus asesorías a las isapres tienen que ver con la actual coyuntura: “Lo que ocurre con la incertidumbre generada, es para entender cómo se pueden dar las discusiones, dónde pueden ir al futuro, y qué rol le puede corresponder al sector privado en el futuro”.
Cámara del Senado (Fuente: senado.cl)
Sobre su participación en la propuesta que los exsuperintendentes presentaron a la Comisión de Salud del Senado, Pavlovic indicó que se trató de una iniciativa de Héctor Sánchez y Manuel Inostroza: “Ellos nos pidieron ayuda, que revisáramos esa propuesta”. Sobre si ese estudio fue encargado o financiado por algún actor del mundo de la salud privada, respondió: “Que yo recuerde, es solo un trabajo académico. No fue financiado por nadie. Es un ejercicio de contribución. No hay pago, que yo sepa”.
Sebastián Pavlovic es parte del grupo de militantes que renunció a la Democracia Cristiana y pasó a integrar el partido en formación Demócratas, junto a los senadores Ximena Rincón y Matías Walker, los mismos que presentaron un proyecto de ley junto a parlamentarios de Chile Vamos, para que las isapres cumplan con el fallo de la Corte Suprema, pero que ha sido catalogado como un “perdonazo” por dirigentes oficialistas, ya que las facultaría para aumentar el precio de los planes base. Consultado sobre si asesora formalmente o ad honorem a algún senador respecto de este tema, Pavlovic respondió que “yo converso con mucha gente. Pero no hago asesorías formales a ningún senador”.
Alejandro Ferreiro -superintendente de Isapres entre 1996 y 2000, exministro de Economía del primer gobierno de Michelle Bachelet y uno de los expertos que suscribió el estudio presentado al Senado-, ejerce como asesor del directorio de la Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena de la Construcción, propietaria de la isapre Consalud. Por ese rol percibe 90 UF mensuales ($3,2 millones según el valor actual de la UF), según el registro de transparencia de la Mutual.
Consultado por CIPER, Ferreiro negó asesorar o haber asesorado a alguna isapre o a sus controladores. Dijo que entre 2011 y 2012 elaboró un informe para la Asociación de Isapres sobre la tabla de factores. Y que desde 2009 es director de la compañía de seguros Confuturo, de los mismos controladores de la isapre Consalud. Su asesoría al directorio de la Mutual de Seguridad comenzó en 2015 y se mantiene vigente.
César Oyarzo, otro de los firmantes del estudio, fue superintendente de Isapres entre 1993 y 1994. Hoy es director en Servisalud, una sociedad en la que Empresas Banmédica aparece como una de las propietarias y que forma parte del holding Interclínica. Empresas Banmédica, que hasta 2018 estuvo en manos de Penta y que actualmente es controlada por el grupo estadounidense United Health Group, maneja la isapre del mismo nombre y una serie de clínicas y centros médicos. Oyarzo también participó en Integramédica, al menos hasta 2010, cuando esa red de centros médicos fue vendida a Cruz Blanca.
CIPER intentó contactar a Oyarzo para preguntarle por sus vínculos con la industria de la salud privada, pero los encargados de comunicaciones de Interclínica -grupo que maneja cuatro clínicas en el país y donde Oyarzo también ejerce como director-, señalaron que él “está activo en la industria y representa a múltiples entidades del mundo de la salud, y su definición en estos temas de prensa es que prefiere no dar declaraciones ni entrevistas de carácter personal”.
Patricio Fernández Pérez, superintendente de Salud durante el último gobierno de Sebastián Piñera y otro de los suscriptores de la propuesta, le dijo a CIPER que no tiene vínculos con las isapres. Aunque ha seguido de cerca la discusión sobre la regulación de la salud privada. En noviembre de 2022 registra dos audiencias como gestor de interés ante la Superintendencia de Salud, aunque él asegura que solo se representó a sí mismo. Dice que no asesora formalmente a ningún parlamentario, aunque conoce y conversa con el senador Francisco Chahuán (RN): “Converso con él, nos conocemos de hace rato, pero nunca he elaborado ningún documento como asesor formal de él. Tengo buena relación y hablamos del tema”.
Durante la sesión de la Comisión de Salud del Senado del pasado 30 de mayo, Héctor Sánchez, director del Instituto de Salud Pública de la UNAB, dijo lo mismo que han repetido otros expertos y las mismas isapres en relación al cálculo realizado por la Superintendencia que cifró en más de US$1.400 millones la deuda de las aseguradoras con sus clientes:
“Consideramos, de acuerdo a todos los indicadores financieros que existen, que es impagable por el sistema, en cualquier plazo. Por una razón muy simple, porque este monto, calculado de esta forma, en la práctica es tres veces el patrimonio de toda la industria. Estamos frente a un problema práctico, que es que en el momento en que se haga exigible este pasivo, las isapres tendrían que quebrar indudablemente, porque no tendrían otro camino. Y eso generaría un problema importante respecto de los prestadores y, por cierto, a nivel de los afiliados”, dijo Sánchez.
Héctor Sánchez fue el primer superintendente de Isapres, durante el gobierno de Patricio Aylwin, y luego desarrolló su carrera en el mundo privado. Fue uno de los fundadores y socios del grupo Integramédica -actualmente controlado por BUPA, dueños de la isapre Cruz Blanca-, y presidió la Asociación Latinoamericana de Sistemas Privados de Salud. En su trayectoria académica se ha especializado en el análisis de las aseguradoras privadas de salud.
En conversación con CIPER, Sánchez descartó asesorar, o haberlo hecho antes, a las isapres:
– Ingresé al proyecto de prestación de servicios de salud Integramédica en 1994, organizado por un grupo de médicos. Fui vicepresidente y socio minoritario de Integramédica entre 1995-2004, luego seguí como socio pasivo sin ninguna participación en la gestión hasta 2010, en que vendimos totalmente Integramédica al grupo Said. En 2004 ingresé a la Universidad Andrés Bello a organizar el Instituto de Salud Pública y desde esa fecha he sido su director. Soy profesor titular de la UNAB y me dedico en forma exclusiva a la docencia y gestión académica. Por lo tanto, no he asesorado a isapres ni sus grupos controladores bajo ninguna forma.
En los directorios de isapres y clínicas, así como en registros de lobby realizados por estas empresas, aparecen otras exautoridades del ramo que ahora trabajan en el mundo privado. Es el caso de Paula Daza Narbona, exsubsecretaria de Salud Pública del segundo gobierno de Sebastián Piñera, que ahora preside el directorio de Red Salud, la red de centros médicos propiedad de la Cámara Chilena de la Construcción, controladores de la isapre Consalud.
Pedro García, exministro de Salud durante el gobierno de Ricardo Lagos, actualmente es gerente de salud en las isapres Banmédica y Vida Tres, que comparten controlador. Y Luis Romero Strooy, exsuperintendente de Salud entre 2010 y 2012, fue gerente de la isapre Colmena entre 2013 y 2016, y desde 2019 ejerció como gerente general de la isapre Nueva Más Vida. Entre 2018 y 2022 registra 21 audiencias como lobista representando a Nueva Más Vida y a la Asociación de Isapres.
La industria de las clínicas privadas, que también está en alerta ante una eventual caída de las isapres, está vinculada con estas últimas a través de los controladores. Por ejemplo, Empresas Banmédica maneja las isapres Banmédica y Vida Tres, y también las clínicas Santa María, Dávila, Vespucio, Ciudad del Mar y Biobío, además de los centros médicos Vida Íntegra y Help, dedicada al rescate móvil.
Los dueños de la isapre Cruz Blanca -British United Provident Association (BUPA)-, también controlan los centros Integramédica y las clínicas Reñaca, Antofagasta, San José (Arica), Clinical Service (hospitalización domiciliaria) y Bupa Santiago. Y los controladores de isapre Consalud -Cámara Chilena de la Construcción- son los dueños de los centros médicos Red Salud, los que incluyen nueve clínicas a lo largo de Chile.
EL ESTUDIO DE LOS EXSUPERINTENDENTES
“Algunos criterios metodológicos para calcular la devolución de excedentes de isapres, por fallo de la Corte Suprema que ordena aplicar la tabla única de factores de riesgo de la Superintendencia de Salud”, se llama el documento que el 30 de mayo pasado fue presentado ante la Comisión de Salud de la Cámara Alta y que lleva la firma de varios exsuperintendentes de Salud.
Una de las propuestas presentadas en ese estudio es que las isapres solo devuelvan a sus clientes los cobros en exceso producidos en periodos en los cuales las aseguradoras hayan obtenido utilidades: “Fundamentalmente porque el espíritu que establece el fallo, es que este no produzca enriquecimiento por parte de las instituciones, y si las instituciones han ocupado el 100% de lo que han estado recibiendo en beneficio de los afiliados, no se estarían generando esos excesos de pago que deberían devolver”, se asegura en la propuesta (revísela aquí).
Otra de las alternativas que propusieron fue que el cálculo de la devolución solo se realizara entre abril y noviembre de 2022, porque la circular 343 de la Superintendencia de Salud extendió la vigencia de las tablas antiguas hasta marzo de 2022: “No son los únicos criterios que a nosotros nos parecen que hay que aplicar, creemos que son necesarios de evaluar y poder analizar el impacto que ellos tienen, para que se cumplan los fundamentos del fallo. Los fundamentos del fallo, no nos olvidemos, es hacer justicia, por un lado, hacerla de tal manera que no se destruya el sistema privado de salud, y no se produzca el riesgo de que las personas caigan en una situación en la cual no puedan darle continuidad a sus tratamientos”.
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