Crimen de activista mapuche en Riñihue: guardias apuntan al rol de dueños de condominio que contrataron a «jardinero» armado

Emilia Herrera fue asesinada de un disparo en la cabeza, en febrero de 2021, en medio del conflicto entre un condominio y una comunidad mapuche por el acceso a una playa del Lago Riñihue. Por su muerte fue condenada, en primera instancia, una persona que supuestamente reparaba un cerco y desarrollaba labores de jardinería para el conjunto residencial. Aunque la fiscalía no apuntó al rol de los copropietarios, los guardias de seguridad del condominio declararon que los dueños de las casas contrataron a un grupo de supuestos “jardineros”, pero que su tarea en realidad era cortar el acceso a los mapuche y tratar de recuperar la zona que ocupaban. También testificaron que los “jardineros”, entre los que estaba el ahora condenado, portaban al menos un arma de fuego.

(*) Este reportaje fue elaborado por alumnas de la Escuela de Periodismo de la Universidad Diego Portales en la asignatura de Periodismo de Investigación.

En la tarde del 16 de febrero de 2021, la joven Emilia Milén Herrera Obrecht, junto a otros integrantes de la comunidad mapuche Lof Llazkawe, avanzaba a pie desde la ribera del Lago Riñihue hacia la caseta de guardias del Condominio Riñimapu (Panguipulli, Región de Los Ríos). El grupo estimaba que se había roto el acuerdo que tenían con los guardias para acceder a la playa del lago y utilizar el sector del quincho del conjunto residencial, y querían que les explicaran las razones. Poco antes, personas contratadas por los propietarios del condominio para realizar supuestas labores de jardinería habían amenazado y expulsado a quienes ocupaban la zona del quincho.

Emilia Herrera no alcanzó a llegar a la caseta. A mitad de camino, ya dentro del condominio, fue asesinada de un disparo en la cabeza. De acuerdo con la sentencia judicial de primera instancia, la mató uno de los “jardineros”. Así lo estableció el fallo dictado por la Segunda Sala del Tribunal Oral de Valdivia y la resolución de la Corte de Apelaciones de esa misma ciudad que revisó un recurso de nulidad presentado por los querellantes y la fiscalía. Así también quedó expuesto en múltiples declaraciones tomadas por la PDI.

Guardias de la empresa de seguridad que prestaba servicio en el conjunto residencial declararon a la PDI, y también en el juicio oral, que días antes de que ocurriera la muerte de la joven de 25 años el comité de los dueños de las casas les avisó que llegarían unos “jardineros”. La versión de los guardias indica que algunos de los propietarios les dijeron que, en realidad, los “jardineros” cortarían el acceso de los miembros del lof a la zona ribereña cercana al quincho del condominio. También testificaron que los “jardineros” portaban al menos un arma de fuego -una pistola- y que se ufanaban de que harían la labor que los guardias no habían realizado: evitar el paso de los integrantes del lof.

Según quedó expuesto en la sentencia de primera instancia, fue el “jardinero” Francisco Jara Jarpa quien disparó, con una pistola calibre 38, a la joven. No fue la única arma que manipuló ese día. El mismo Jara Jarpa declaró que tras la muerte de Emilia Herrera, cuando ya se había desatado una violenta protesta por su asesinato, la que incluyó incendios y disparos, uno de los propietarios le facilitó una escopeta. A su vez, el jefe directo del grupo de guardias del condominio sostuvo ante la PDI que, ya consumado el crimen, un miembro del comité de propietarios lo llamó para decirle que “esto no se podía saber, que teníamos que taparlo de alguna forma”.

A pesar de los antecedentes mencionados en los párrafos anteriores -algunos expuestos en declaraciones realizadas ante la PDI que fueron revisadas para este reportaje y otros en la sentencia del Tribunal de Juicio Oral-, no hay rastros de que la fiscalía haya investigado el rol de los propietarios del condominio en la gestación de los sucesos que culminaron con la muerte de Emilia Herrera.

El fiscal Alejandro Ríos declinó responder consultas para este reportaje. La unidad de comunicaciones de la Fiscalía Regional de Los Ríos explicó, en un correo electrónico, que “en la carpeta investigativa no existe ningún antecedente objetivo que permita imputar la participación penal a personas distintas de las siete (que conformaban el grupo de “jardineros”) que fueron acusadas por el fiscal a cargo del caso”. Pero, esta respuesta no detalla si se instruyeron pesquisas a partir de las declaraciones de los guardias para llegar a esa conclusión.

Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Valdivia (Fuente: Google Maps)

El abogado del comité de copropietarios, Carlos Tenorio, respondió consultas de CIPER, aunque aclaró que no participa en esta causa, porque el condominio no interviene en el proceso. Respecto de las declaraciones de los guardias que indicaron que los copropietarios contrataron a los “jardineros” para sacar a los mapuche de la zona del quincho, el abogado dijo que desconocía si eso era efectivo. En todo caso, señaló que probablemente podría haber sido una “medida de autocuidado producto de la grave situación de violencia que se estaba viviendo en el sector”.

Cinco días antes de la muerte de Emilia Herrera, el 11 de febrero de 2021, el abogado Tenorio hizo declaraciones recogidas por radio Bío Bío en las que relató la situación que se vivía en la zona, indicando que se habían destruido espacios comunes, además de cercos, maderas y árboles nativos. También dijo que miembros del lof se habían tomado nueve cabañas y el acceso a la playa, destinando un terreno para estacionamientos. De acuerdo con la misma nota de prensa, la werkén (vocera) del lof, Johanna Quilamán, declaró que se mantenían en ese lugar para resguardar que no se cerrara el acceso a la playa.

CIPER consultó a Tenorio por las declaraciones del “jardinero” Jara Jarpa, quien dijo que un residente del condominio le facilitó una escopeta poco después del homicidio, pero el abogado calificó la pregunta como “capciosa”: “¿Por qué tendría que saber yo la razón por la cual equis persona tiene o no un arma de fuego?”.

De los siete “jardineros” imputados, solo uno, Francisco Jara Jarpa, fue condenado en la sentencia de primera instancia dictada el 27 de enero de este año: 12 años de reclusión como autor de homicidio y cuatro años por el delito de tenencia ilegal de arma de fuego.

Otros seis “jardineros” fueron absueltos: Carlos Alberto López Aguayo, Cristián Antonio Cisternas Larenas, Sergio José Miguel Larenas Paz, Jorge Eduardo Rodríguez Neira, Jorge Valentín Ruiz Paz y Cristián Mauricio Larenas Cisternas. Los dos primeros estaban imputados como autor y partícipe en homicidio calificado, respectivamente, y por tenencia ilegal de arma de fuego. Los cuatro restantes eran investigados solo por el último de estos delitos.

Los abogados de la madre de Emilia Herrera y el Ministerio Público presentaron un recurso de nulidad, pues consideraban que las penas podían ser ampliadas, pero la Corte de Apelaciones de Valdivia lo rechazó el pasado 17 de marzo.

EL TESTIMONIO DE LOS GUARDIAS

El condominio Riñimapu se ubica en la desembocadura del Lago Riñihue, donde nace el río San Pedro. El conjunto residencial enfrenta una pugna con el Lof Llazkawe, la que, según la versión de la comunidad mapuche, se originó porque los propietarios de las casas pusieron un cerco que impidió el acceso al borde del lago. Los miembros del lof aseguran que en esa área hay un camino ancestral que los mapuche han usado históricamente para llegar a la playa y reclaman que el quincho del condominio se construyó sobre ese camino.

Bajo el argumento de que se trata de un terreno de uso ancestral, miembros del lof comenzaron a reclamar el control de esa zona. Según el relato de un vecino que no interviene en el conflicto (vea una nota de Radio Bío Bío), personas de la comunidad mapuche se tomaron dos cabañas aledañas que estaban desocupadas, hicieron cortes temporales de la ruta que lleva al lugar y comenzaron a hacer uso del quincho del condominio, además de exigir la ampliación del camino de acceso a la playa. 

El mismo vecino indica que en la noche del 16 de febrero de 2021, poco después de que Emilia Herrera recibió el disparo, se escucharon “muchos balazos” y gritos, y fueron quemadas tres construcciones. El vecino indicó que su propia casa, aunque totalmente ajena al problema, fue atacada: le quebraron los vidrios de las ventanas del primer piso y amenazaron a la familia para que abandonara la propiedad.

Ancestral o no, el acceso a la playa debe mantenerse abierto, porque las normas establecen que los bordes de ríos, lagos y mar son públicos, tal como lo indica el artículo 13 del Decreto Ley 1.939.

El comité del condominio había contratado en enero de 2021 a la empresa de guardias de seguridad Security Look, propiedad de José Luis Cárcamo, debido al aumento de la tensión con el Lof Llazkawe. Apenas un mes después el mismo comité trajo a los “jardineros”, los que, se suponía, debían reparar un cerco. El jefe de los guardias en el terreno era Williams Ibarra. Él había llegado a un acuerdo con integrantes del lof para evitar conflictos a cambio de que pudieran acceder a la zona aledaña al quincho (vea a continuación un plano de la zona).

Según las declaraciones de los guardias Williams Ibarra, Edgardo Abello y Francisco Burgos, además de las del dueño de Security Look, las que fueron recogidas en la sentencia, los propietarios del condominio no estaban conformes con esta política tendiente a evitar el conflicto. Y por eso, según el testimonio de los guardias, les hicieron saber que traerían al grupo de “jardineros” y les dijeron que se harían cargo de “recuperar” el sector del quincho.

En la página 79 de la sentencia figuran los dichos del dueño de la empresa de seguridad, José Luis Cárcamo, quien afirmó que Rodrigo Ramírez, uno de los miembros del comité de copropietarios, le dijo «que iba a llegar un grupo de personas para colaboración”. Según la versión de Cárcamo, Ramírez le comunicó que esta colaboración tenía como objetivo “hacer lo que ellos (los guardias) no hicieron, recuperar el quincho«. 

La declaración del guardia Edgardo Abello, contenida en la página 51 de la sentencia, indicó que los “jardineros” le dijeron que iban contratados por Manuel García, uno de los miembros del comité de copropietarios, para hacer el trabajo que ellos no hacían y que “iban a matar”. Además, Abello relató que el “jardinero” Francisco Jara Jarpa, el único que enfrenta una condena en primera instancia, se le acercó para mostrarle una pistola calibre 38 y decirle que el arma “venía con hambre”.  

El guardia Francisco Burgos declaró que, aunque se presentaron en la portería como “jardineros”, él notaba que iban a otra cosa: “Fueron contratados por el condominio a parar la comunidad”.

De igual forma, las declaraciones del guardia Williams Ibarra, contenidas entre las páginas 46 y 48 de la sentencia, sostienen que los propietarios le dijeron que pensaban contratar “jardineros o constructores” y que “la idea era que prestaran también seguridad a las casas”, ya que el trabajo de los guardias no les parecía efectivo. 

Para este reportaje se revisó la declaración que Ibarra prestó en el cuartel de la Brigada de Investigaciones Criminales (Bicrim) de la PDI en San Vicente de Tagua Tagua. En ella dijo que la contratación de los jardineros era “una cubierta”, porque los propietarios del condominio le reconocieron que traerían a los nuevos trabajadores para hacer otras labores: “De acuerdo a sus mismas palabras, ellos (los ‘jardineros’) harían la labor de seguridad que nosotros como empresa no les podríamos brindar de forma legal«, aseguró.

Además, Ibarra relató a la PDI que luego del asesinato de Emilia Herrera lo llamaron dos vecinos del condominio. Uno de ellos, declaró, era Rodrigo Ramírez: “Me llamó, diciéndome de forma textual que habían matado a alguien y que esto no se podía saber, que teníamos que taparlo de alguna forma, pero yo no le dije nada y solo corté«.

El dueño de Security Look, José Luis Cárcamo, declaró: “Los jardineros, en definitiva, eran sujetos que fueron al condominio a realizar lo que yo no quise hacer. Es decir, tratar de recuperar las dependencias del lugar que habían sido tomadas por los comuneros”. Agregó que le hizo ver al comité de propietarios que el grupo de jardineros causaba temor. 

SE ACABÓ LA TRANQUILIDAD

Rodrigo Ramírez, miembro del comité de propietarios, dijo para este artículo que a inicios de febrero de 2021 comenzó a buscar personas o empresas para arreglar un cerco. Según relatan miembros del Lof Llazkawe, ese cerco impide la entrada a la playa. Ramírez agregó que fue complejo encontrar a alguien que quisiera repararlo, porque era sabido que la zona estaba en conflicto. Según su versión, él fue contactado por Julio Herrera, el jefe del grupo de “jardineros”, quien le habría dicho que, a pesar del conflicto, podía realizar el trabajo.

El relato de Ramírez contrasta con lo que declaró Julio Herrera a la Brigada de Homicidios de la PDI de Valdivia el 7 de julio del 2021, ocasión en que sostuvo que fue Ramírez quien tomó contacto con él: “En el mes de febrero de 2021, recibí un llamado telefónico por parte de un tal Rodrigo Ramírez (…), quien me señaló que era parte del comité de Riñimapu, en Panguipulli, y me dijo que debía construir un cerco perimetral al interior de la comunidad”. Para esta investigación periodística, Julio Herrera optó por no dar declaraciones. 

De acuerdo con los relatos contenidos en el proceso, un par de días después de la primera conversación entre Herrera y Ramírez, el primero de ellos se dirigió al condominio, aceptó la propuesta y comentó que enviaría un contrato para legalizar la relación. Posteriormente, Rodrigo Ramírez envió ese documento a los restantes miembros del comité y al abogado Carlos Tenorio.

Según informó Ramírez en respuesta a consultas para este reportaje, entre diciembre de 2020 y febrero de 2021 el comité estaba integrado además por Manuel García, Roberto Hill, Fernando Puga, Humberto Benedetti y Eduardo Mahn. Esto fue confirmado por Puga en declaraciones que entregó en dependencias de la PDI de Lo Barnechea, según la información contenida en documentos de la Brigada de Homicidios de Valdivia. 

En su declaración ante la PDI, el dueño de Security Look, José Luis Cárcamo, recordó que el 5 de febrero los “jardineros” llegaron al sector y que los miembros del comité le informaron por WhatsApp sobre esa contratación. 

Lago Riñihue

El arribo de los jardineros también fue informado por Rodrigo Ramírez y Eduardo Mahn al jefe directo de los guardias del condominio, Williams Ibarra. Así lo señaló Ibarra en una de sus declaraciones frente a la PDI. En otro testimonio recordó que los jardineros, en su segundo día en el lugar, “les dijeron (a miembros del lof) que no querían que se metieran más al condominio, que ellos eran los que mandaban ahí y que estaban dispuestos a todo. Eso yo lo escuché, ya que Julio (Herrera, jefe de los “jardineros”) lo manifestó a viva voz, obviamente para que nosotros también lo escucháramos«. Con eso, declaró el guardia, se acabó la tranquilidad entre la comunidad y el condominio.

Uno de los propietarios del condominio y padre de uno de los miembros del comité, declaró en la Fiscalía Local de Panguipulli que los “jardineros” fueron contratados para cumplir labores de vigilancia y que “los veía rondar y cuidar la zona”. Cuatro de los guardias de Security Look, cuyos testimonios quedaron consignados en documentos de la Brigada de Homicidios de Valdivia, señalaron que constantemente los nuevos trabajadores se jactaban de que estaban contratados con otras intenciones, que alardeaban del motivo real de sus labores y de portar armas. 

“Los sicarios» era el apodo que los guardias habían puesto a los jardineros, según declaró uno de los empleados de Security Look.

Una semana después de la llegada de los “jardineros”, el 12 de febrero, el dueño de la empresa de guardias decidió que no seguiría prestando servicios en el condominio. Según lo que dijo a la PDI de Valdivia, su principal motivo fue que no quería que la imagen de su empresa se viera dañada por culpa de los nuevos trabajadores: «En este tipo de casos se generaliza y se podría pensar que eran parte de mi empresa de seguridad, lo que podría traerme incluso problemas judiciales”. 

Cuatro días después ocurrió el asesinato de Emilia Herrera. 

LA JORNADA FATAL

Lo que ocurrió cuando Emilia Herrera fue asesinada y en las horas siguientes, quedó descrito por personal de Carabineros que concurrió al lugar, por los guardias de Security Look y por copropietarios del condominio. Sus testimonios fueron consignados en documentos de la PDI de Valdivia bajo el rótulo de “Declaración Voluntaria de Testigo”. Allí figura también el parte de detención de los jardineros, suscrito por el capitán de Carabineros de la Quinta Comisaría de Panguipulli, César Cortés Mora. 

A las ocho de la mañana del martes 16 de febrero, los guardias iniciaron un turno que debía extenderse por 12 horas. Todo estuvo sin novedad hasta cerca del mediodía. En declaraciones tomadas por la Brigada de Homicidios de Valdivia, los guardias dijeron que a esa hora varias personas accedieron a la playa. Según diversos testigos que también prestaron testimonio, se trataba de conocidos de los miembros del Lof Llazkawe. El grupo se instaló en el sector donde está el quincho del condominio. 

Los informes de la PDI describen que, desde la llegada de la empresa de seguridad, se acordó que la zona ribereña aledaña al quincho podía ser utilizada. El día de la muerte de Emilia Herrera, para evitar conflictos, los guardias informaron a quienes llegaron al lugar que podían quedarse e, incluso, les abrieron el baño del quincho, pero les advirtieron que no debían acercarse a las casas. 

Cuatro guardias que estaban de turno dijeron a la PDI que los “jardineros” se acercaron a preguntarles por qué había personas ajenas al condominio utilizando las dependencias del quincho. Les respondieron que habían sido autorizadas por su jefe para ocupar ese sector. Dos de los guardias relataron que, a pesar de esa respuesta, los “jardineros” se acercaron con machetes a las personas, para expulsarlas. Las versiones de ambos empleados de Security Look indican que el grupo, asustado, escapó en dirección al lof.

Tanto los guardias como los propietarios del condominio afirmaron ante la PDI que el uso del quincho por parte de personas externas molestó a los residentes, por lo que decidieron llamar a Carabineros. La policía uniformada llegó poco después y tras conversar con los guardias y miembros del lof, los ánimos se fueron calmando. Así lo relataron miembros de la comunidad en sus declaraciones a la PDI. 

Pero la calma duró poco. Los integrantes del lof que llegaron al lugar pidieron a los guardias que sacaran a los “jardineros” del quincho, ya que consideraban que esa zona era parte del camino de acceso al lago. La investigación de la PDI indica que Carabineros solicitó a quienes ocupaban el quincho que se retiraran, pero la respuesta fue negativa y los funcionarios policiales fueron en busca de un mayor contingente por si la situación escalaba.

Fue entonces cuando Emilia y otras tres personas del Lof Llazkawe decidieron ir a hablar con el encargado de los guardias, para preguntarle por qué no se habían respetado los pactos establecidos previamente. Suponían que se encontraba en la caseta de seguridad ubicada en la entrada del condominio, a unos 80 metros de donde ellos estaban. Así que comenzaron a caminar en esa dirección. 

Uno de los guardias que se encontraba en la caseta declaró a la Fiscalía Local de Panguipulli que las cuatro personas se aproximaban “sin decir ninguna palabra y sin portar ningún elemento para agredir, notando que se acercaban de manera pacífica”. Uno de los propietarios, Rodrigo Ramírez, en respuesta a las consultas hechas para este reportaje, aseguró que unas 70 personas entraron al condominio.

De acuerdo con los resultados de la investigación realizada por la PDI, eran pasadas las 22:00 cuando Emilia Herrera y sus acompañantes ya estaban en las proximidades de la caseta y Francisco Jara Jarpa disparó hacia ellos. Tres balas fueron percutadas. Una impactó la cabeza de la joven. 

La versión que Rodrigo Ramírez entregó para este artículo es que los disparos salieron del grupo de 70 personas que, según su relato, habían ingresado. Pero, el “Informe Científico Técnico del Sitio del Suceso”, realizado por la Brigada de Homicidios de Valdivia y fechado el 17 de febrero de 2021, indica que en el área donde Emilia cayó asesinada solo se encontró un cartucho de bala y que «en el lugar no se observaban otros rastros, huellas o indicios de interés criminalístico«.

Los siete “jardineros” abandonaron el lugar rápidamente en una camioneta Mitsubishi de color blanco, según informó el capitán de Carabineros César Cortés Mora en el documento “Declaración Personal Aprehensor”, confeccionado dos horas después de que se hizo el parte que dio cuenta de las detenciones, en la madrugada del 17 de febrero. El vehículo que ocuparon los jardineros está a nombre de la empresa de Julio Herrera, Mantención Materia Prima JR E.I.R.L., cuya extracto de constitución publicado en el Diario Oficial señala que tiene por objeto desarrollar actividades agrícolas y de ganadería. 

El relato del capitán Cortés también indica que la camioneta no alcanzó a alejarse del condominio, porque Carabineros ya había sido avisado de los hechos y el grupo fue fiscalizado en el camino de tierra a las afueras del conjunto residencial. Mientras se realizaba esta diligencia, dos de los propietarios se acercaron a hablar con los “jardineros” y les entregaron frazadas para pasar la noche, según el testimonio prestado en la Fiscalía de la Región de Los Ríos por el sargento primero de Carabineros de la Quinta Comisaría de Panguipulli, José Henríquez Lagos. A las 23:45 las siete personas quedaron detenidas en esa unidad policial por portar ilegalmente una escopeta que estaba a nombre de uno de los propietarios del condominio, según lo muestra el parte de detención. 

Emilia Herrera, en tanto, ingresó de urgencia en el Hospital de Panguipulli, hasta donde fue llevada por miembros del lof. Tras determinarse que había sufrido muerte cerebral, se le trasladó al Hospital Base de Valdivia. Así lo explicó el médico Carlos Negrier, quien se encontraba de turno esa noche, en un correo electrónico enviado al administrador de la Fiscalía de Panguipulli. La joven falleció a la 01:43 de la madrugada. 

(**) Los antecedentes expuestos en este artículo corresponden a un proceso judicial en curso, por lo que las personas mencionadas no deben ser consideradas culpables hasta que la justicia dicte sentencia definitiva.