VENDEN FÁRMACOS AL POR MAYOR, AUNQUE LO TIENEN PROHIBIDO, INCLUSO CON REPARTO A DOMICILIO
Las farmacias independientes que abastecen el negocio de la venta ilegal de medicamentos
16.02.2023
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VENDEN FÁRMACOS AL POR MAYOR, AUNQUE LO TIENEN PROHIBIDO, INCLUSO CON REPARTO A DOMICILIO
16.02.2023
Los vendedores de medicamentos en ferias libres son el último eslabón, y el más débil y perseguido, del comercio ilícito de fármacos. Aunque por años se ha creído que su principal vía de abastecimiento son medicamentos provenientes de centros de salud del sistema público o de robos a farmacias, esta investigación periodística descubrió que existe otro mecanismo proveedor. Farmacias independientes que se han instalado en barrios comerciales o populares burlan las normas que prohíben a estos locales vender al por mayor. En algunas de ellas se preparan cajas con múltiples dosis de medicamentos, como tramadol, zopiclona y ciclobenzaprina, que se venden incluso con entregas a domicilio a quienes después las comercializan sin autorización.
El 12 de septiembre de 2021 el Instituto de Salud Pública (ISP) instruyó un sumario sanitario en contra de la Farmacia Torres, ubicada en calle San Pablo, en el centro de Santiago. Tras una visita efectuada por personal de la entidad fiscalizadora, se constató que el local vendía medicamentos al por mayor, algo que está prohibido para las farmacias. Solo los laboratorios y droguerías pueden hacerlo. Estas ventas mayoristas ilegales, según pudo acreditar esta investigación periodística, propician el abastecimiento del mercado ilegal de venta de fármacos.
Según explica Sergio Muñoz Quezada, jefe de Control de Comercio Nacional de la Agencia Nacional de Medicamentos (Anamed, una de las áreas del ISP), el objetivo de las farmacias “es la venta exclusiva a pacientes. No pueden vender ni distribuir a otra empresa”. No obstante, este reportaje detectó que algunas farmacias independientes se dedican a importar fármacos, realizar entregas a domicilio y vender medicamentos en grandes magnitudes sin autorización. Estos locales alimentan la venta, incluso, de productos que no tienen registro y permiso sanitario o que son “fabricados y vendidos por quien no cuenta con autorización para ello”, como lo describe el Decreto N°3 de 2010 del Minsal.
Un cliente de la Farmacia Torres, de iniciales H. E. M., fue sorprendido el día de la fiscalización con cerca de cien estuches de medicamentos de diversa índole. Los funcionarios encontraron tramadol, zopiclona y ciclobenzaprina en la bolsa que portaba, pese a no presentar las recetas que la ley exige para la adquisición de estos productos.
Los tres fármacos mencionados en el párrafo anterior pueden producir dependencia y tolerancia. El tramadol –un analgésico opioide–, puede ser adictivo si se administra de forma permanente, llegando a causar dificultad para respirar, náuseas, vómitos, dolor de cabeza y confusión. Algo parecido ocurre con la ciclobenzaprina, un relajante muscular que puede ocasionar diversos síntomas secundarios, como dificultad para respirar o tragar, ritmo cardíaco irregular o rápido y dolor de pecho.
Los inspectores detectaron que la Farmacia Torres contaba con cajas de pedidos ya preparadas para el envío y que sus ventas eran por valores que iban desde los $81 mil hasta los $343 mil. Su dueño fue citado a comparecer en octubre ante la Fiscalía de la Asesoría Jurídica del ISP. Hasta fines del mes pasado, según informó una fuente del ISP, la Farmacia Torres se mantenía bajo investigación sumaria.
La ley establece que el expendio de medicamentos al por mayor en una farmacia no constituye un delito, sino que solo una falta administrativa, por lo que no se persigue penalmente y solo se aplica un sumario, que debe ser realizado por el ISP.
Año tras año, la Policía de Investigaciones (PDI), Carabineros y el ISP reportan cientos de casos de venta ilícita de fármacos. En el primer semestre de 2021, por ejemplo, la PDI realizó 531 incautaciones de medicamentos. En tanto, el Centro Nacional de Análisis Criminal (Cenacrim) de la misma policía civil, informó que entre enero y junio de 2022 se retiraron casi 677 mil fármacos del mercado.
Muchas de las incautaciones se hacen a vendedores que trabajan en ferias libres, quienes han sido los más expuestos como protagonistas del tráfico, a pesar de que son la última parte de la cadena. Los denominados “doctores de la calle” habitualmente llevan sus productos en un carrito y los ofrecen como si se tratara de comida rápida: abundante, llamativa y, sobre todo, barata. Algo que agradecen quienes viven en las comunas con mayor población vulnerable de la capital, pues muchas veces su salud depende de ellos.
A pesar de las múltiples incautaciones y detenciones de quienes ejercen este comercio ilegal en las ferias libres, las fórmulas de abastecimiento de los “doctores de la calle” son desconocidas para las autoridades. Las diversas entidades sanitarias que fueron consultadas para este reportaje solo manejan teorías, pero no tienen certeza sobre cuál es la principal vía de aprovisionamiento.
Desde el ISP, el jefe de Control de Comercio, Sergio Muñoz Quezada, apunta a seguirle la pista a los establecimientos públicos y privados que compran a los laboratorios y droguerías en cantidades inusuales: “Pedimos a las farmacias y centros asistenciales que entreguen cifras de distribución de zopiclona y comparamos. Las magnitudes son desproporcionadas: un hospital grande compra 250 cajas al mes, mientras que una farmacia en el sector sur de Santiago está haciéndose de 5 mil cajas en el mismo periodo”.
Las fiscalizaciones suelen ser realizadas por Carabineros y las incautaciones han tenido un incremento de 200% desde 2016, según cifras del ISP. Entre los más de 60 decomisos realizados en el primer semestre de 2022 destaca el ocurrido en un comercializadora de artículos de aseo y perfumería ubicada en Santa Rosa, a la altura del 10 mil, en La Granja. El local, que en Facebook ofrecía productos medicinales, tenía una bodega contigua con cerca de diez toneladas de fármacos, de acuerdo con los datos proporcionados en el ISP. Según la versión de la PDI, proveía al comercio en ferias libres. La institución pudo dar con el local, luego de develar que desde ahí se enviaba tramadol, a través de encomiendas, a Copiapó (Atacama). El recinto fue clausurado.
Rocío Rojas –cuyo nombre real fue modificado para resguardar su identidad– se inició como vendedora de medicamentos en las calles de Puente Alto debido a una operación que no le permitió seguir desarrollando su ocupación original. Hace dos años, en su dilema sobre cómo solventar sus gastos médicos, partió con un carrito y puerta a puerta. La primera vez que salió a la calle invirtió $70 mil y obtuvo una ganancia de $30 mil.
Rocío lleva un año trabajando en la feria. Debido a la naturaleza ilegal de sus productos, no puede optar a una patente como el resto de los comerciantes: “Trabajo como colera. Así se les dice a quienes no cuentan con un puesto establecido” y que, habitualmente, se ponen al final de la feria.
Los medicamentos más vendidos, dice Rocío, son los recetados para problemas estomacales, además de analgésicos y psicotrópicos. Referente a los últimos, afirma que “si no tienes zopiclona, mejor no vendes en la feria”. Según la enciclopedia médica Vademécum, este medicamento se receta para quienes padecen de “insomnio, cuando limita la actividad del paciente o lo somete a una situación de estrés importante”. Tal como consignó una nota de El Mostrador, difundida en febrero de 2022, este fármaco fue uno de los más vendidos en 2021. Además de generar dependencia, su automedicación puede llevar a que las personas sufran de aturdimiento, sequedad en la boca, mareos, náuseas, vómitos y palpitaciones.
Para Jorge Cienfuegos, presidente del Colegio de Químicos Farmacéuticos y Bioquímicos, es esperable que los psicofármacos se encuentren disponibles de manera ilegal: “La gente busca medicamentos para seguir funcionando en esta vida donde no podemos parar nuestras rutinas”. Sin embargo, afirma que la ingesta de estos hipnóticos y ansiolíticos sin prescripción médica resulta “un tratamiento vacío, que no se está haciendo cargo de los problemas de los pacientes”.
Los medicamentos que llegan a las ferias libres tienen distintas procedencias. El comisario Edgardo Rodríguez Contreras, oficial de la Brigada Investigadora de Delitos Contra la Salud Pública y Medio Ambiente (Bridesma), asegura que existen tres tipos ilícitos con los que se proveen medicamentos de manera irregular: la venta al por mayor no autorizada, la importación ilegal y la falsificación de medicamentos.
Algunas farmacias que venden al por mayor sin autorización operan, incluso, con un sistema de encargos. En el caso de que el medicamento sea escaso o difícil de adquirir, los compradores dejan su pedido y la farmacia lo consigue en los laboratorios o droguerías. Así lo hace Rocío Rojas cuando le falta algún remedio. La joven afirma no conocer otra manera de abastecerse que no sea en farmacias. Ella recuerda haber comprado un par de veces en el local que clausuraron en La Granja. Generalmente, va a comprar en persona. En otras ocasiones, porque está registrada como clienta frecuente en algunos locales, recibe los productos en su casa.
Rocío cuenta que la mayoría de los medicamentos que compra y revende provienen de los laboratorios Chile, Opko, Mintlab y Baden. Para la realización de este reportaje intentamos contactarnos con estos laboratorios. Sin embargo, las llamadas y los correos solo fueron contestados por Opko, que optó por no referirse al tema.
La fiscalización de farmacias fue encomendada al ISP en 2014, cuando el expresidente Sebastián Piñera determinó que la Secretaría Regional Ministerial (Seremi) Metropolitana de Salud debía dejar esta labor. Para ello, “se armó una unidad con todo lo referente a las farmacias (…), que abordaba la fiscalización, los cambios de domicilio, de director técnico, muchas cosas para las que el ISP no estaba preparado. Tampoco se contrató más personal”, afirma Sergio Muñoz Quezada. Todos estos vacíos han impedido profundizar las fiscalizaciones.
En relación a las ferias libres, la fiscalización ni siquiera se encuentra dentro de las facultades del ISP o de la Seremi de Salud. La hacen “las policías, principalmente Carabineros”, señala Muñoz. La policía “detiene al implicado y le impone el cargo de delito contra la salud pública”, agrega. Luego, se inicia un proceso penal y todos los productos incautados se entregan al ISP.
Rocío Rojas dice que al ingresar al negocio invertía más de un millón de pesos al mes y tenía ventas por $400 mil semanales. Ahora, con la actual crisis económica y el aumento de la migración, dice que solo alcanza a reunir $30 mil pesos diarios, aunque en las quincenas o fin de mes tiene mejores ganancias: “Hace cinco años, quien vendía medicamentos en la feria se hacía la América. La semana pasada vi a diez personas haciéndolo. Los extranjeros masificaron esto”.
Los “doctores” se conocen entre ellos y avisan si aparecen fiscalizadores. Aunque Rocío nunca ha visto a funcionarios del ISP en la feria, sostiene que de manera recurrente aparece personal de Carabineros: “Te llevan detenido si te ven con psicotrópicos. Te quitan todo y cuentan pastilla por pastilla”.
Para la feriante, los decomisos son una limitación a lo que ella llama un “acto social”:
-A la gente no le alcanza con su pensión. Comprando en la feria ven su bolsillo más liviano-, dice. Pero también es realista: “Hay mucha gente que no hace de esto un acto social”, reconoce. “Me puedo conseguir la caja de clonazepam a $4.500 y venderla a $15 mil. Otros comerciantes dividen las 30 pastillas y las venden a mil pesos cada una. Eso son $30 mil solo en una caja”
Según la versión de la comerciante, ella compra la caja de 30 comprimidos de pregabalina de 75 miligramos -un antiepiléptico y analgésico usado para el dolor neuropático- por $2.790, para luego venderla en $5 mil. En los locales de farmacias de grandes cadenas el mismo producto no se encuentra por menos de $12.390.
Corría mayo de 2016 y tras una inspección a cargo del ISP, una farmacia de Santiago fue clausurada. Según consignó CNN, en una feria libre de la Región del Bío Bío la PDI encontró una boleta emitida por el local capitalino. Se trataba de la Farmacia Omarí. El ISP corroboró que vendía al por mayor y ya tenía en su poder un informe de la Fiscalía Especializada de Delitos Violentos y Económicos que apuntaba a que Omarí realizaba estas prácticas.
La sociedad propietaria de la farmacia se constituyó como Sociedad Comercial Omarí Limitada e inició sus actividades en noviembre de 2007. Omarí hoy cuenta con otras tres sucursales solo en la calle San Alfonso, en las inmediaciones de la Estación Central.
El día de la inspección, los fiscalizadores comprobaron que Omarí vendía medicamentos al por mayor, incluyendo productos con receta retenida. Según el sumario abierto por el ISP, al que este reportaje tuvo acceso, “la farmacia estaba ejerciendo las funciones de droguería”, puesto que transaba grandes cantidades de fármacos. El local quedó con prohibición de funcionamiento.
La sociedad solicitó al ISP el fin de la prohibición de funcionamiento, argumentando que el ISP había actuado con “excesivo celo”. A la vez, negó la venta de medicamentos falsos expuesta en la prensa. Agregó que los tickets de venta encontrados “no darían cuenta de venta al por mayor, si no solo de encargo, cuya entrega se materializaría solo si se exhibe la receta”, según se lee en su solicitud de alzamiento. Finalmente, Omarí sostuvo que sus productos eran obtenidos conforme a la normativa vigente. Sin embargo, el dueño se negó a acreditar el origen de los medicamentos, de acuerdo con lo expuesto en la respuesta al requerimiento. A raíz de esto, Alex Figueroa Muñoz, entonces director del ISP, rechazó la solicitud y la farmacia continuó cerrada.
Esta no fue la primera sanción contra Omarí por incumplir la normativa sanitaria. Dos meses antes del sumario ya había sido multada por no contar con un profesional químico farmacéutico. Además, sus auxiliares de farmacia no lograron acreditar sus competencias. Por todo lo anterior, Omarí tuvo que pagar alrededor de 1.300 Unidades Tributarias Mensuales (UTM), equivalentes a poco más de $58,7 millones al valor de la época (vea la sentencia del sumario sanitario N° 0882).
En mayo de 2016, la Farmacia Omarí local 2 entregó medicamentos a la Farmacia Nacional de Cerrillos. En ese caso, el ISP dictaminó en octubre de 2018 que Omarí no podía distribuir medicamentos, por lo que le aplicó una multa de 300 UTM (más de $14,4 millones al valor de la época).
Omarí no recibió ningún tipo de multa por el caso de la boleta detectada en el Bío Bío. La entonces directora del ISP, Judith Mora Riquelme, declaró extinta la acción persecutoria en contra del local.
El abogado de la sociedad comercial, alegó que el ISP había excedido los seis meses establecidos por la ley para llevar a cabo la totalidad del proceso de investigación y, a raíz de ese error administrativo, la directora acogió la prescripción. De esta forma, se extinguió cualquier acción investigativa y penalizadora. Omarí siguió funcionando.
Para este reportaje, el 14 de noviembre de 2022 concurrimos al local de Omarí ubicado en San Alfonso 176. Allí observamos y grabamos en audio a un hombre que compró 28 cajas de diversos medicamentos: Seis estuches de diclofenaco de 100 miligramos, seis de ketoprofeno de 200 miligramos y otros seis de ketorolaco. Además, compró diez cajas de paracetamol para adultos. En total, canceló $18.680.
La mayoría de los decomisos que ocurren en ferias libres son ejecutados por carabineros y los “doctores de la calle” son detenidos por cometer un delito contra la salud pública.
En el caso de hallar psicotrópicos, los funcionarios de carabineros remiten todos los medicamentos a la unidad policial en la que prestan servicio, para tomar un registro fotográfico. Allí son clasificados y pesados. Luego, la institución emite un informe detallando el lugar y el nombre de quien estuvo a cargo del procedimiento, además de entregar la identificación del detenido. Los funcionarios terminan por enviar los datos a la Fiscalía y los fármacos requisados al ISP. Según una funcionaria del instituto, el material se destruye: “Se quema, porque no lo puedes devolver a la farmacia, liquidar ni donar”.
El presidente del Colegio de Químicos Farmacéuticos y Bioquímicos, Jorge Cienfuegos, es enfático con respecto a las posibles soluciones para evitar la venta ilegal de medicamentos: “Buscar feria por feria resulta inoficioso. Hay que partir por las farmacias. Carabineros y la PDI deben identificar estos puntos y tomar acciones, pues estamos hablando de narcotráfico”, afirma.
Para el presidente del gremio, el problema del ISP se relaciona con la falta de políticas de Estado: “Hoy está en discusión la segunda parte de la Ley de Fármacos, donde se le siguen dando atribuciones al ISP y a la Central Nacional de Abastecimiento (Cenabast), pero sin inyección de recursos. Lamentablemente, las instituciones tienen que luchar contra dos cosas: en primer lugar, la baja calidad del trabajo en función del salario y, en segundo lugar, la degradación institucional en el tiempo”.
Las personas naturales y jurídicas mencionadas en este reportaje y que aún se encuentran bajo investigación sumaria o penal, no deben ser consideradas como culpables hasta que esos procesos se cierren por completo, sin recursos pendientes, con una pena o sanción.
Este reportaje fue elaborado por alumnos de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile, en la asignatura de Periodismo de Investigación impartida por María Olivia Mönckeberg.