Explotación sexual en Santiago: secuestros, amenazas de muerte y redes criminales de Venezuela a Chile

El negocio criminal que explota sexualmente a jóvenes venezolanas en Chile no ha parado de crecer. Los clientes se cuentan por miles y para la justicia no ha sido fácil frenar las redes de trata. Buena parte de sus integrantes son ciudadanos extranjeros sin papeles legales en Chile, por lo que cuesta seguirles la pista. Las víctimas, entre las que hay menores de edad, también están en situación irregular. Sin redes, con miedo y desconfianza, son presa fácil de los grupos que las capturan y les imponen cuotas imposibles de pagar. Quedan presas de las deudas y las amenazas. Pero también de los secuestros y la extorsión. A una joven de 21 años la obligaban a prostituirse en Rancagua mientras tenían a su hija de tres años secuestrada en Santiago. Este jueves la fiscalía desbarató una banda que funcionaba en la Plaza de Armas, y que ocupaba el Portal Fernández Concha como prostíbulo sin control. El Ministerio Público logró rescatar a seis de sus víctimas.

“Las rutinas de la semana eran asquerosas. Me tenían unos tipos asquerosos. Estar en esa plaza… esa plaza asquerosa. Tenía que hacer dinero: $300.000 diarios. Pero yo no era capaz de hacer ni $100.000”. El testimonio es de una joven venezolana de 20 años que logró escapar de sus captores tres días antes de la navidad del año pasado. Su historia en Chile comenzó a fines de noviembre de 2022, cuando cruzó la frontera por un paso irregular desde Bolivia.

El 1 de diciembre llegó a Santiago. Ese día estaba en la Plaza de Armas cuando se le acercaron dos hombres que le preguntaron si era “la multada de Luis Lavilla”. La multa es el dinero que las redes de trata de personas le cobran a las extranjeras que traen a Chile por los costos del viaje. Y a ellas les dicen las multadas. El viaje es a través de pasos irregulares por todo el continente. A la muchacha venezolana de 20 años, a quien llamaremos María, le cobraron una multa de $5 millones. Su periplo partió en Venezuela y siguió por Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, desde donde la cruzaron a Chile.

Luis Lavilla es el apodo de un venezolano que cumple prisión preventiva en la cárcel Santiago 1 desde julio de 2022. Desde ahí dirige una banda criminal dedicada a explotar sexualmente a mujeres jóvenes. María fue una de sus víctimas. Eso hasta el 21 de diciembre, cuando ella logró escapar y fue a estampar la denuncia en un cuartel de la Policía de Investigaciones (PDI).

Esa denuncia ayudó a que la fiscal Carolina Suazo -de la Fiscalía de Alta Complejidad Centro Norte, especializada en delitos de tráfico de personas-, pudiera seguir uniendo cabos. Antes, el 28 de noviembre, una fiscalización de la PDI en la Plaza de Armas había detectado que una adolescente de 17 años estaba siendo obligada a prostituirse. Ella fue la primera víctima rescatada en la causa judicial que la madrugada de este jueves 26 de enero dio el golpe de gracia.

Ocho domicilios fueron allanados en las comunas de Santiago, Independencia y Puente Alto. Seis personas fueron detenidas. Otros dos imputados están en la cárcel por otras causas, y otros dos se mantienen prófugos. Siete son venezolanos, dos son colombianos y uno es chileno.

Lo que la Fiscalía imputó en la audiencia de formalización que se desarrolló durante la tarde de este jueves, es que se trata de una asociación ilícita dedicada a la trata de personas. El Ministerio del Interior y el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) presentaron querellas apoyando la acusación del Ministerio Público. Los seis imputados que enfrentaron al tribunal quedaron en prisión preventiva.

No es la única causa que ha logrado desbaratar parte de una red dedicada a la explotación sexual de mujeres. En febrero de 2022 se inició otra investigación que logró rescatar a una joven venezolana de 21 años que estaba siendo obligada a prostituirse en Rancagua, mientras una banda criminal tenía secuestrada a su hija de tres años en un departamento en el Centro de Santiago, a pocas cuadras del palacio de La Moneda.

Todos las víctimas que han testificado frente a la fiscal Carolina Suazo coinciden en varios puntos: son reclutadas por bandas criminales que las obligan a prostituirse y que les cobran cuotas o multas casi imposibles de pagar. Las medidas de presión van desde las golpizas y amenazas de muerte, hasta los secuestros de ellas o de sus hijos.

Las seis víctimas de la red de trata desbaratada este jueves, todas venezolanas entre 17 y 22 años, declararon que eran varios los pagos que debían realizar a sus captores. El primero era la “multa” que les cobraron por traerlas a Chile. En el caso de María ese cobro llegó a $5 millones. A otra joven venezolana, que fue captada en Perú y a quien llamaremos Andrea (18 años), le cobraron $3,5 millones. Esa “multa” debían pagarla en cuotas. Además les exigieron $50.000 por “ingreso a la plaza”, que es una matrícula para poder prostituirse en la Plaza de Armas. El tercer cobro era semanal y variaba entre $60.000 y $80.000, y también se exigía para ocupar las veredas del kilómetro cero de Santiago para captar clientes. Además, varias de ellas tenían que pagar otras sumas por la habitación donde dormían.

La investigación del Ministerio Público apunta a que el rol de los dos ciudadanos colombianos imputados, era cobrarles a las víctimas en la misma Plaza de Armas parte de las cuotas. Y que ellos también ejercían un rol de control sobre la cantidad de hombres que atendían, y de presión cuando una de ellas le decía que no a algún cliente.

Según la fiscalía, la banda desarticulada este jueves ocupaba seis departamentos de un edificio en Lira 499, justo en la esquina con la calle Santa Isabel, a pocas cuadras de la Alameda, en Santiago centro. Allí las mantenían en las noches y allí también las amenazaban y las golpeaban. Cuando las prostituían, lo hacían en la Plaza de Armas o en la esquina de Vicuña Mackenna con 10 de Julio, en el límite de las comunas de Santiago y Ñuñoa.

Los departamentos de calle Lira fueron allanados la madrugada de este jueves. La PDI también irrumpió en edificios en la comuna de Independencia (Inglaterra 1144), Puente Alto (Los Toros 05580), y otros en Santiago, como el que está ubicado en General Gana 1063. También allanó tres departamentos del Portal Fernández Concha, justo frente a la Plaza de Armas, el núcleo de la prostitución a la fuerza.

Mujer bajando por la escalera central del Portal Fernández Concha.

Hace tres semanas CIPER reveló cómo opera el negocio de la explotación sexual en el kilómetro cero de Santiago. Nos infiltramos en el Portal Fernández Concha y tuvimos acceso a los registros de entrada, donde se anotan exclusivamente a los hombres que ingresan para pagar por sexo. Hay días en que esos clientes suman más de 1.000. A ciertas horas, el flujo es tan intenso que en el listado se anota un hombre por minuto. El departamento que más visitas registró las últimas dos semanas de diciembre fue el 210: más de 70 por día (vea reportaje “Prostitución sin control en el Portal Fernández Concha destapa accionar de bandas dedicadas a la trata de personas”). El departamento 210 fue uno de los que allanó la policía durante la mañana de este jueves 26 de enero.

La fiscal Carolina Suazo le dijo a CIPER que ha sido muy difícil investigar a las bandas criminales dedicadas a explotar sexualmente a mujeres: “El principal problema es la invisibilización de las víctimas, y la consecuencia de eso es la dificultad de detección de las situaciones de explotación sexual, producto de una serie de factores que se ven agravados por la cantidad de amenazas que reciben las víctimas y la forma en que son violentadas y coaccionadas”.

Otro problema ha sido la rapidez con la que se mueven los integrantes de las bandas. Muchos de ellos sin papeles al día en Chile, por lo que no dejan demasiadas huellas. La única forma de cazarlos ha sido aumentar la velocidad de las investigaciones. Atraparlos antes de que se esfumen. Un propietario de un departamento del Portal Fernández Concha, le dijo a CIPER que ellos ya perdieron el control de a quienes le arriendan los inmuebles:

“Tratamos de fiscalizar a quienes arriendan pero el nivel de adulteración de documentos de identidad, y más si son extranjeros, nos dejó fuera de cualquier fiscalización”, aseguró.

Cuando CIPER estuvo en el edificio, pudo constatar que no es extraño que en la conserjería se presenten documentos de identidad solo registrados en los celulares, sin copias físicas, lo que facilita la utilización de cédulas falsas.

SIN REDES, SIN PAPELES, EXPLOTADAS

Otra víctima, venezolana, 22 años, diremos que se llama Martina:

– Me pintaron todo como que iba a tener ropa, vivienda, peluquería, comida. Pero nada de eso iba a ser. También me dijo, el chamo que me recibió, que ayudaría a mi familia en Venezuela, o donde la tuviera, que iba a cubrir durante 15 días los gastos que yo no pudiera cubrir. Todo esto a cambio de que yo le diera todo el dinero de lo que trabajara esos primeros 15 días. Después de eso había una cuota de $65.000 diarios, que cubría $15.000 de pieza  y el resto de multa. Yo acepté eso porque no tenía dónde ir, y no tenía dinero, estaba desesperada”, señaló ella en su testimonio judicial.

Los relatos de las víctimas de la explotación sexual que han logrado escabullirse de esa cárcel, siempre refieren lo mismo: un sentimiento de vacío, un miedo que paraliza, y una soledad que obliga.

Un informe del Instituto de Criminología de la PDI profundizó en el estado de una de las víctimas que fue explotada sexualmente por la banda que la fiscalía desarmó este jueves:

– Presenta un cuadro de estrés postraumático complejo, la víctima ha sufrido un ejercicio sistemático de la violencia, vivenciando amenazas de muerte y en contra de su integridad física, lo que constituye una grave vulneración a sus derechos humanos e impacta en su funcionamiento psicológico, mermando su capacidad y recursos psicosociales (…) los elementos de desarraigo, la necesidad económica, la condición de irregularidad migratoria, la barrera cultural, la ausencia de redes, el efecto intimidatorio de las estrategias de victimización ejercidas, la invisibilización inicial de su condición de víctima, y la desconfianza en la policía y en otras instituciones, agudizarían el cuadro de un trauma complejo, profundizando los mecanismos disociativos, distorsiones cognitivas, efectos de manipulación y sugestión que tienden a perpetuar la condición de víctimas de violencia, específicamente de explotación sexual.

La violencia en todas sus facetas, ejercida sobre mujeres jóvenes sin ninguna red de apoyo. María lo relató en su testimonio, cuando mencionó su interacción con uno de sus captores: “Me decía que si yo hacía algo malo, me iba a matar”. Según sus cálculos, al menos 100 mujeres son explotadas sexualmente, solo en la Plaza de Armas de Santiago.

Martina, la joven de 22 años, apuntó contra uno de sus captores: “José es un desgraciado”. Dijo que el hombre las golpeaba, las amenazaba, y que también las hacía abortar cuando por un accidente se embarazaban. Ella confirmó que entre las jóvenes explotadas estaba una menor de edad de 17 años.

Vista de la Plaza de Armas de Santiago, desde uno de los departamentos del Portal Fernández Concha.

Andrea, de 18 años, fue captada en Perú y le cobraron una multa de $3.500.000 por traerla a Chile: “Nos amenazaban que si nos escapábamos, nos iban a matar a nosotras o a algún familiar de nosotras (…) Yo soy una niña todavía, solo tengo 18 años, me fui de mi casa, me siento mal por haber hecho esto tan niña. Pude estudiar y pudo haber sido diferente”.

Un asunto complejo de la investigación son las ramificaciones internacionales de las redes de trata. Los testimonios de las jóvenes revelan que las bandas criminales que las explotan tienen contactos en todos los países por los que deben pasar cuando viajan desde Venezuela. Fuentes del Ministerio Público le dijeron a CIPER que se trata de grupos multipropósito, que al mismo tiempo que obligan a mujeres a prostituirse, pueden traficar drogas o armas. Y que colaboran, o compiten entre sí, en los territorios que controlan. También pueden tercerizar algunos servicios, por ejemplo, la falsificación de cédulas de identidad. No funcionan distinto a las empresas.

DESBARATANDO UNA RED DE TRATA

El 28 de noviembre en un operativo en Plaza de Armas, la Brigada de Trata de Personas de la PDI logró rescatar a la adolescente venezolana de 17 años que era explotada sexualmente por la banda organizada que opera en distintos lugares de Santiago, como el Portal Fernández Concha y la esquina de Vicuña Mackenna con 10 de Julio.

La joven fue captada por este grupo en noviembre de 2022. Hace poco había llegado hasta Chile, pero el dinero no le alcanzó para viajar hasta Santiago y quedó varada en Iquique, fue en ese momento que le ofrecieron costear su pasaje hasta la capital. Una deuda que debía ser pagada ejerciendo el comercio sexual, así pasó a ser una de las víctimas de esta red de explotación.

La cuota mensual para amortizar la deuda era de $80.000, además de los otros pagos que debía realizar para tener un cupo en la Plaza de Armas. En general debía atender a los hombres que pagaban por tener sexo con ella en los departamentos del Portal Fernández Concha, o bien “los clientes la llevaban a sus domicilios”, como detalla la querella presentada por el INDH.

Ella fue la campanada de alerta sobre la existencia de la red de trata. Fue la primera que estableció un nexo entre los departamentos de la calle Lira con los del Portal Fernández Concha.

La segunda víctima que apareció en el radar de la fiscal Carolina Suazo fue Andrea (18 años). Fue contactada en Perú por “Ricardo”, quien le prometió que en Chile podría tener un mejor pasar y que financió su viaje para cruzar ilegalmente la frontera. Llegó hasta una “casa de citas” en Iquique, pasó por Antofagasta y recién en octubre de 2022, cuatro meses después de salir de Perú, llegó hasta Santiago para vivir en el departamento 215 de Lira 499. Allí la recibió “el Chamaco”. En ese departamento vivían dos jóvenes más que eran explotadas sexualmente, y también dos de los imputados en la causa. Luego, fue trasladada al departamento 605 del mismo edificio.

Una de las escaleras alternativas en el Portal Fernández Concha.

El relato de Andrea coincide con los otros. A la presión por los pagos que debía realizar a diario, se sumaba el control extremo de sus movimientos: no podía salir de los departamentos, su vida social estaba restringida, trabajaba de 09:00 a 21:00 y, según la querella del INDH, ella y sus compañeras “eran constantemente amenazadas con que si se escapaban las matarían a ellas o a alguno de sus familiares”.

Otra de las víctimas también fue detectada en un control policial. Cuando los detectives le pidieron su cédula y empezaron un diálogo, ella vio una oportunidad y los dejó registrar su celular. Allí aparecieron conversaciones donde uno de sus captores le daba órdenes. J.G.R.M. (venezolano) le asignaba clientes, la retaba y también le indicaba la cuenta RUT del Banco Estado en la que tenía que depositar las cuotas a la banda. El dueño de esa cuenta bancaria, un chileno de iniciales C.S.R.M., también fue detectado por la PDI trasladando a otros integrantes del grupo criminal desde los departamentos de calle Lira hasta otro inmueble en Puente Alto, justo cuando los policías habían detectado a la menor de edad en la Plaza de Armas. Estaban huyendo.

Uno de los casos más graves es el de Paula (nombre ficticio para resguardar su verdadera identidad), una joven venezolana de 19 años que estaba capturada por el grupo en el departamento 603 del edificio de calle Lira. El 6 de enero pasado le cobraron la multa, algo pasó y se inició una discusión. Ella terminó con una bala en su pie y fue rescatada por transeúntes que la trasladaron a un centro asistencial. Fue el principio de su liberación.

Varias de las víctimas que declararon en la fiscalía, y cuyos testimonios fueron claves para hacer caer a parte de la red de trata, hoy están fuera de Chile, en un país que no es Venezuela. Es parte de la estrategia que ha desplegado el Ministerio Público para resguardarlas. Con esa misma medida de protección está la mujer venezolana de 21 años que era obligada a prostituirse en Rancagua, a la que presionaban con su hija de tres años que mantenían secuestrada en Santiago. Ella era víctima de otra banda criminal. La llamaremos Francisca.

EXPLOTACIÓN SEXUAL DESDE CALLE MONEDA

El 11 de febrero de 2022, uno de los encargados de la seguridad de un grupo que es investigado por explotación sexual y trata de personas, apuntó su pistola directamente a Francisca, quien llevaba tres meses siendo obligada a prostituirse en la ciudad de Rancagua. Mientras la apuntaba, el hombre la amenazó de muerte frente a su hija de tres años. Habían sido separadas apenas llegaron a Chile y Francisca sólo pudo viajar dos veces de Rancagua a Santiago para verla, siempre acompañada por miembros de la banda.

Un día no aguantó más, y se sinceró con la dueña de la casa en la que la prostituían en Rancagua. Le dijo que la estaban obligando. Ahí sus captores la llevaron de vuelta a Santiago. A su llegada -según su declaración recogida en una de las querellas del caso- fue golpeada en su cara, y luego encerrada en un departamento ubicado en calle Moneda para evitar que se vieran las marcas de los golpes.

Al día siguiente logró comunicarse con un familiar en Venezuela y relatar lo sucedido, pero la escucharon dos de los integrantes de la banda. Uno de ellos le gritó “no te mato, solo porque está tu hija”, mientras le apretaba el cuello. El 12 de enero de 2022 logró escapar del departamento y tomó contacto con la PDI. Actualmente es la primera mujer rescatada que es reubicada en un país distinto al de su origen.

La banda operaba en un edificio de calle Moneda, a sólo tres cuadras del palacio presidencial. Según la investigación de la fiscalía, el grupo estuvo activo -al menos- entre diciembre de 2021 y febrero de 2022. El modus operandi era el mismo, mujeres en precarias condiciones traídas desde Venezuela con la promesa de un mejor trabajo en Chile. Luego, eran obligadas a prostituirse para pagar “la multa” por haberlas ingresado al país de forma irregular.

En la formalización de ese caso, la fiscal Suazo explicó que las víctimas de esa banda también eran enviadas a otras ciudades, como La Serena y Temuco. Si no cumplían con las exigencias, las amenazaban con dañar a su familia en Venezuela. Cada atención sexual podía tener un valor de $30.000, el costo del lugar y la alimentación tenían que ser pagados con trabajos extras a la cuota de la multa que se les imponía.

Según la investigación judicial, el grupo que operaba desde calle Moneda estaba compuesto por cinco ciudadanos venezolanos, dos de ellos se dedicaban a captar víctimas en su país natal. “Engañándolas o abusando de su situación de vulnerabilidad, para luego trasladarlas a Chile, promoviendo y facilitando su ingreso ilegal a nuestro país, poniendo en riesgo su vida, integridad física y salud, con ánimo de lucro y con la finalidad de explotar a las víctimas cuando ya se encontraran en Chile bajo su poder y control”, se consignó en la formalización de la causa.

La ruta que le hicieron transitar a Francisca desde Venezuela a Chile, está descrita en la querella que presentó un organismo colaborador del Ministerio de la Mujer. Estando en Venezuela, le prometieron que vendría a Chile a cuidar de un bebé, pero el viaje comenzó mal. Miembros de la banda llegaron sin previo aviso a su casa para que abordara, ése mismo día, el primero de varios buses que la trajeron hasta Chile.

En cada país cruzó por pasos irregulares, y al atravesar las fronteras le escribían a su celular “asesores” que le indicaban dónde dirigirse para saltarse los controles policiales y aduaneros. Le tomaban fotografías cuando llegaba a cada parada y se subía en un nuevo bus. Estos registros habrían sido enviados a la persona que pagó por el servicio de introducirla en Chile. Tras siete días de viaje, Francisca llegó al desierto chileno: “Allí me indicaron que me subiera a una camioneta y que nos tendiéramos en el suelo para que los Carabineros no nos vieran”, cuenta ella en el relato recogido en la querella.

Ya en Santiago fue recibida por una pareja de venezolanos que, según la investigación judicial, habría liderado la banda. Ellos le informaron que la habían traído hasta Chile y que les debía US$5.000 de “multa” por el viaje (poco menos de $5.000.000). Allí se enteró que su trabajo no sería cuidar a una guagua.

Al día siguiente le tomaron una serie de fotos en ropa interior para ser promocionada en una conocida web chilena en la que se ofrecen servicios sexuales. “Hola, soy venezolana rica, hago de todo oral, vaginal”, decía su descripción. Después de eso la trasladaron fuera de Santiago.

El caso es investigado por los delitos de trata de personas con fines de explotación sexual en grado consumado, además del delito de sustracción de menores. Dos de las imputadas se encuentran en prisión preventiva, otros dos con orden de detención pendiente y uno aún no logra ser identificado. Hay otras víctimas del grupo, pero no han podido ser contactadas.