CIPER le siguió la pista a una decena de cónsules honorarios que operan en el país como representantes de naciones europeas, africanas y asiáticas. Entre sus antecedentes encontró que varios tienen reportes judiciales, y otros operan como representantes y lobistas de empresas extranjeras. El cónsul honorario de Hungría en el país, Gabriel Berczely Apor, por ejemplo, fue sancionado en el caso colusión de las farmacias, y también figura como financista de campañas políticas. La Cancillería no entregó una lista consolidada con los nombres de los 151 cónsules honorarios registrados en Chile. Esta es la segunda parte del capítulo chileno de Shadow Diplomats, una investigación periodística internacional que puso la lupa sobre más de 500 cónsules honorarios de todo el mundo.
El 1 de marzo de 2020, un procedimiento policial interrumpió la habitual calma del Aeródromo Mocopulli, ubicado a 20 kilómetros de Castro (Chiloé). Las autoridades de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) descubrieron que un hombre que pretendía viajar a Santiago escondía un arma de fuego en su equipaje.
La revisión, en principio rutinaria, terminó con el sujeto a disposición del Juzgado de Garantía de Castro por tenencia o porte ilegal de armas. Junto con la pistola, llevaba consigo una docena de municiones.
La identidad de esa persona no demoró en circular por la prensa regional. Se trataba de Eduardo Kawas Pino, quien –entre otros hechos de notoriedad pública— es cónsul honorario de Costa de Marfil en Chile. No es el único cónsul honorario en el país que ha debido enfrentar a los tribunales.
Los cónsules honorarios son personas dedicadas a prestar colaboración a la comunidad de un país que reside en el extranjero, especialmente en territorios donde no hay una embajada que cumpla ese rol. Y, a diferencia de los embajadores, para ser cónsul honorario no hay que desarrollar una carrera diplomática y quienes ostentan el cargo no son mantenidos por el Estado que representan.
Sin embargo, una investigación periodística coordinada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y ProPublica, en la que participaron 160 periodistas de 46 países, reveló que en la práctica los cónsules honorarios también han facilitado la comisión de crímenes alrededor del mundo. Los casos detectados van desde colaboración con el narcotráfico y el terrorismo, hasta lobby en favor de intereses privados y el tráfico de armas. CIPER investigó el capítulo chileno de Shadow Diplomats. Esta es la segunda parte de esa investigación (lea la primera entrega “Cónsules honorarios de Chile han sido procesados por corrupción en México y Bélgica”).
Se estima que, en todo el mundo, cerca de 500 cónsules honorarios, entre activos y retirados, han sido acusados de delitos o fueron protagonistas de controversias legales. El número puede ser conservador, pues actualmente no hay ninguna organización que fiscalice la labor de estos diplomáticos y hay países que ni siquiera tienen un registro de acceso público que detalle la identidad de los cónsules honorarios que se desempeñan en ese país, desde cuándo y con qué méritos.
Según los registros de la Cancillería, en Chile ejercen como cónsules honorarios 151 personas, aunque no tuvimos a la vista el listado con los nombres de esos diplomáticos. Según informaron desde esa repartición pública, el registro está siendo actualizado. En cualquier caso, es importante tener en cuenta que, si bien los nombramientos de los cónsules honorarios depende de los países a quienes representan, requieren del visto bueno del Estado donde ejercerán el cargo, en este caso, de Chile. La Cancillería sí respondió respecto al marco jurídico en que operan estos diplomáticos (vea aquí esas respuestas).
CIPER logró rastrear los nombres de una decena de cónsules honorarios con presencia en el país, y halló que varios de ellos han estado involucrados en líos judiciales, también en el financiamiento de la política y en la representación comercial de empresas extranjeras. Algunos de ellos también figuran en el registro público como lobbistas de intereses comerciales privados.
CÓNSULES HONORARIOS VS TRIBUNALES
La audiencia de control de detención de Kawas Pino quedó fijada para las once de la mañana del 2 de marzo de 2020. El tribunal decretó que, mientras se desarrollaba la investigación por porte ilegal de armas, quedaría con firma mensual en una comisaría de Santiago.
Una de las atribuciones más apetecidas por los cónsules honorarios es el uso de la valija diplomática. Al igual que los diplomáticos de carrera, pueden circular libremente por los aeropuertos del mundo sin que se revise su equipaje, bajo el supuesto de que llevan material sensible que puede comprometer la seguridad de un Estado. También se les entregan pasaportes y patentes de vehículos especiales, y sus archivos no pueden ser incautados ni son objeto de escrutinio público.
Kawas Pino bien lo sabía. La diplomacia es una tradición en su familia: él es cónsul honorario de Costa de Marfil desde 1977 y su padre, Eduardo Kawas Gattas, fue embajador de Honduras en Chile.
¿Por qué, entonces, esta vez se revisó el equipaje del cónsul honorario de Costa de Marfil? Solo las autoridades del aeródromo de Mocopulli tienen la respuesta. Lo cierto, es que esta no fue la primera vez que el nombre de Eduardo Kawas Pino apareció en la prensa.
A comienzos de los 2000, él y su hermana María Soledad fueron mencionados en investigaciones sobre el caso Riggs, centrado en las cuentas secretas que abrió Augusto Pinochet en un banco estadounidense.
En concreto, se les vinculó a negocios con el hijo del dictador, Marco Antonio Pinochet Hiriart, a través de Fermar y Caravima, sociedades sobre las que la justicia puso su lupa. En esas mismas indagaciones se determinó que la esposa de Kawas, Mónica Salinas, fue socia de la esposa de Marco Antonio Pinochet, Soledad Olave.
Más de diez años después, en 2016, su nombre emergió en medio de los Panamá Papers, otra investigación internacional coordinada por el ICIJ, en la que fue ligado a una sociedad offshore constituida a fines de los ‘90 en Panamá: Kittridge Overseas Corp (vea aquí el especial de CIPER sobre Panamá Papers).
Y, hasta su detención por porte ilegal de armas, su última aparición en un diario de circulación nacional ocurrió en 2019, cuando El Mercurio publicó un inserto firmado por Kawas y otras personas titulado “El 11/9/1973 Chile se salvó de ser como es hoy Venezuela”, cuando se conmemoraban 46 años del Golpe de Estado.
El proceso que la justicia abrió en contra de Kawas Pino, luego de que intentara llevar a bordo de un avión un arma de fuego, se cerró en agosto de 2021 con su sobreseimiento definitivo. Antes, en julio de 2020, la Fiscalía y su defensa llegaron a un acuerdo para la suspensión condicional del juicio.
Las partes pactaron que el imputado debería pagar $500 mil al hogar de ancianos San Francisco de Castro. Kawas cumplió con lo solicitado en dos cuotas.
A una resolución similar llegó el segundo cónsul honorario detectado por CIPER que debió rendir cuentas ante la justicia, Gabriel Berczely Apor, representante de Hungría desde 2005.
Berczely, quien tiene nacionalidad chilena, argentina y húngara, fue sancionado en 2010 por la Superintendencia de Valores y Seguros (hoy Comisión para el Mercado Financiero) en el marco de la colusión de las farmacias.
En calidad de director de Farmacias Ahumada (Fasa), el diplomático fue multado con UF 300 por incumplir obligaciones de diligencias, pues se le acusó de no solicitar “información de Fasa, como debieron hacerlo”, pese a que “era de público conocimiento la gravedad de las acusaciones de colusión en contra de Fasa; que el directorio fue informado de la contratación de una asesoría legal especializada para su defensa en esta materia en junio de 2008; y que el directorio tomó conocimiento del requerimiento de la Fiscalía Nacional Económica -que denunció colusión- contra Fasa el 9 de diciembre de 2008”.
La condena fue ratificada por la Corte Suprema cinco años después, en 2015.
Berczely cuenta con vasta experiencia en el mundo privado (fue parte del directorio de empresas como Kauffmann, Corona y Lápiz López, y trabajó junto con el grupo Von Appen durante años) y también como financista de campañas políticas.
Apoyó la última candidatura a la Cámara de Diputados de Diego Schalper (RN) y, tal como reveló CIPER en abril de este año, fue uno de los avales de Evópoli para las elecciones de 2021. Los avales son quienes les permiten a los partidos políticos acceder a créditos bancarios. Son personas que ponen a disposición su patrimonio para que los partidos puedan tener plata fresca para financiar sus campañas. Evópoli solicitó $434 millones a Banco Estado en 2021. Berczely también es director de Horizontal, el think tank ligado a Evópoli.
Damir Solar, cónsul honorario de Serbia en Chile desde 2003, es otro de los diplomáticos que ha enfrentado a la justicia.
Solar es representante de la empresa Pegasus –dedicada a la ciberseguridad y a “las soluciones de análisis investigativo para el mundo policial”, según declara en su página—, y dueño de Cramick S.A.
La Policía de Investigaciones (PDI) denunció a esta última empresa en 2018. La acusó de fraude por la venta de chalecos antibalas a la institución que, según dijo, no cumplieron con los estándares de calidad prometidos en la licitación que se adjudicó por $213 millones. Un año después, en 2019, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) se sumó como querellante.
Ese proceso judicial culminó en 2021 con el sobreseimiento definitivo del acusado, sin suspensión condicional de por medio. La causa no tuvo movimientos desde que el CDE presentó su acusación. Luego, en la audiencia de cierre, la representante de la entidad estatal declaró que “nunca hubo problemas con la calidad de los chalecos”.
DIPLOMÁTICOS CON LAZOS POLÍTICOS
La investigación realizada por CIPER también deja al descubierto la estrecha relación que existe entre los cónsules honorarios, la representación de intereses privados y los lazos con la política.
En este último aspecto, uno de los casos insignes —al margen de Berzcely, el financista de Schalper y Evópoli—es el de Arturo Alessandri Cohn, cónsul honorario de Singapur desde 1990. El diplomático es hijo del exdiputado, exsenador y candidato presidencial en 1993, Arturo Alessandri Besa, fallecido este año, y bisnieto del expresidente Arturo Alessandri Palma.
Su esposa, María Cruzat Infante, fue mencionada en un reportaje de CIPER de 2017 sobre las empresas zombis (vea aquí). Esa investigación reveló que Cruzat fue socia de uno de los vehículos utilizados por Leonidas Vial para eludir impuestos a través de pérdidas arrastradas.
Otro ejemplo es Jorge Salas Sanhueza, excónsul honorario de Luxemburgo. Contador auditor de profesión, Salas fue nombrado en 1993 en ese cargo. La Cancillería no detalló cuándo lo dejó.
Salas está casado con Marigen Hornkohl (DC), una dirigenta de amplia trayectoria: bajo el gobierno de Ricardo Lagos se desempeñó como subsecretaria de Previsión Social, subsecretaria de Educación y ministra de la misma cartera.
En 2006 fue nombrada embajadora en Alemania y fue ministra de Agricultura entre 2008 y 2010, bajo el primer mandato de Michelle Bachelet. Entre 2014 y 2019 fue consejera del Consejo Nacional de Televisión (CNTV).
José Figueroa Barrueco es otro nombre que salta a la vista dentro de la nómina que revisó CIPER. Figueroa representa a Lituania desde 2008, aunque es mucho más conocido como síndico de quiebras.
Figueroa siempre ha sido de los síndicos con más procesos de quiebra a cargo: entre 2006 y 2016, anotó siete. Durante ese período solo fue superado por Herman Chadwick, conocido por su participación en el caso Caval.
El síndico también registra sociedades con vínculos en jurisdicciones de baja tributación. Por ejemplo, Inversiones Basilea e Inversiones Berna. Ambas fueron constituidas en 2004, con la firma Domus Fidelis Inc como socia, domiciliada en Panamá desde 1983.
Inversiones Berna, además, tuvo un importante aumento de capital un mes después de su creación, cuando pasó de US$50 mil a más de US$96 millones.
LOBBY Y EMPRESARIOS
Pedro Corona Bozzo, además de cónsul honorario de Eslovenia desde 2004, es un dirigente gremial de peso en nuestro país. Fue presidente de AFP Cuprum (1988-2006), de la Asociación de AFP (1994-1999) y de la Cámara Nacional de Comercio (2004-2008).
A través de Peerco, ha creado o participado en empresas vinculadas a la administración de fondos (Fondos Montecarlo, 2006) y a la industria lechera, como Longaví Limitada, donde ingresó en 2006. En 2004, también con Peerco como vehículo, constituyó Agrotechnology S.A., vinculada al sector ganadero.
Pedro Corona es hermano de Ernesto Corona Bozzo, también empresario y conocido como presidente de la Asociación Nacional de Televisión (Anatel), entre otros cargos.
Bajo esta misma línea se ubican otros dos cónsules honorarios: Luis Ernst Edwards y Alex Thiermann Isensee.
El primero, que representa a Estonia desde 2013, registra seis audiencias con organismo públicos bajo la Ley del Lobby. En la mitad de ellas aparece representando a Knauf de Chile Limitada, empresa de origen alemán dedicada a la fabricación de materiales de construcción.
Según antecedentes públicos, Ernst fue presidente de la Cámara Chileno-Suiza de Comercio y “es abogado de confianza” de la embajada de ese país en Chile. Además, “entre 1986 y 2004 fue diplomático de carrera, habiendo servido en diversos puestos en África, Europa y Chile”.
Sus lazos con Suiza también se ven reflejados en su actividad comercial. Representa en el país a Chile Familie Ernst Basler AG, una sociedad de inversiones de origen suizo constituida en Chile en 2022. En 2011 constituyó Evonik Energy Services (luego llamada Steag Energy Services), una filial de una empresa alemana, y en 2015 hizo lo propio con Mobotix AG, también originaria de Alemania y dedicada a la seguridad y sistemas de control. Cuando aterrizó en Chile la brasilera Adilis Work Solutions –especializada en Trade Marketing–, también lo hizo con Ernst como agente chileno.
Pedro Corona Bozzo (Fuente: YouTube)
Además, participó de la constitución de dos sociedades del área de la salud: la farmacéutica Accelsiors Chile, en 2022 (filial chilena de la empresa originaria de Hungría); e Inversiones Shady Grove Fertility, originaria de Estados Unidos cuya filial chilena se conformó en 2016, orientada a solucionar problemas de fertilidad.
En conversación con CIPER, Ernst dijo que el nombramiento consular fue ofrecido por un amigo suyo en 2012. Por entonces se había retirado de su carrera diplomática desde hace ocho años y estaba centrado en «aumentar mi cartera de clientes como abogado». Por eso, dice, en principio dudó. Además, no conocía muchos sobre esa nación: «Había escuchado de Estonia, pero no sabía específicamente cuál de los países balcánicos era».
Finalmente, aceptó seducido por «el nivel de desarrollo digital de la sociedad, pues tiene uno de los sistemas más modernos en el sector público y privado». Desde 2013, asegura que ha funcionado como enlace de la comunidad de Estonia en nuestro país, facilitando la emisión de pasaportes y cumpliendo con «las responsabilidades consulares del cargo». También coordinó la recepción de autoridades de ese país que han viajado a Chile.
Sobre su registro como lobista, Ernst declara que «he tenido que representar a Knauf –una gigante mundial de la fabricación de yeso– ante autoridades estatales y lo he hecho tal como lo exige la ley, pero en ningún caso soy lobista. No me dedico a ello, sino a mi profesión como abogado».
Por su parte, Alex Thiermann Isensee es cónsul honorario de Ucrania desde 2007 y un condecorado empresario nacional. En 2017, la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Chile –CNC, mismo organismo que dirigió Pedro Corona—le otorgó la Medalla al Mérito Gremial.
Además, fue parte del directorio de la Asociación Chilena de Líneas Aéreas (Achila) entre 1999 y 2005. Entre 2015 y 2019, registró cuatro audiencias como gestor de intereses de la CNC ante autoridades y una como representante de la Cámara de Comercio y Turismo Chilena Ucraniana.