Cónsules honorarios: la amenaza global de una diplomacia sin control

Una inédita investigación global de ProPublica y el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) identificó al menos a 500 cónsules honorarios actuales y retirados que fueron públicamente acusados de delitos o se vieron envueltos en controversias. Algunos fueron procesados por graves crímenes o se los sorprendió aprovechando sus posiciones para beneficio personal. Entre los casos identificados, se cuentan narcotraficantes convictos, traficantes de armas, asesinos, delincuentes sexuales y estafadores. Las investigaciones evidencian que los cónsules honorarios gozan de protección y tienen escaso o nulo escrutinio de sus actividades comerciales y personales, aprovechándose de excepciones diplomáticas de las que no gozan el común de los ciudadanos, como transitar por países sin que se revise su equipaje.

Después de aterrizar en la capital de Ghana, el traficante internacional de armas autodenominado “Excelencia” se encontró con sus clientes en el hotel Golden Tulip, y les hizo una oferta secreta: ofreció misiles y granadas a cambio de varios millones de dólares, para ser usados contra las fuerzas de los Estados Unidos.

“¿Quién más sabe que estoy con Hezbolá?”, les preguntó Faouzi Jaber mientras la noche caía sobre el hotel de cuatro estrellas, que tenía una escultura a escala real de una jirafa en el lobby.

Jaber, quien representaba a un alto jerarca de la organización terrorista, ofreció otro beneficio para el trato. Ayudaría a los compradores a conseguir puestos como diplomáticos especiales – denominados cónsules honorarios – que tienen permitido recorrer aeropuertos con facilidad y transportar equipaje sin controles.

“Te convertiré en un cónsul en tu país”, dijo Jaber. “Todos tus amigos serán cónsules, porque cuando viajemos…”

Su socio lo interrumpió: “Tendrás un pase diplomático”.

La oferta de Jaber en el otoño boreal de 2021, grabada y transcrita por investigadores federales, prometía protección a través de un poco conocido programa internacional que otorga a países grandes o pequeños la posibilidad de enlistar a ciudadanos privados como diplomáticos voluntarios.

Creado hace siglos, el sistema de cónsules honorarios fue concebido como una ayuda para países que no podían permitirse establecer embajadas en el extranjero, pero se ha transformado en un elemento clave de las relaciones internacionales, adoptado por la mayoría de los gobiernos del mundo.

A diferencia de embajadores u otros emisarios profesionales, los cónsules trabajan desde sus países de origen, aprovechando sus conexiones y reputaciones para promover los intereses de los gobiernos que los emplean. A cambio, los cónsules se ganan el acceso al exclusivo mundo de la diplomacia y reciben protección y privilegios similares a los de los diplomáticos de carrera.

Según un tratado internacional, sus archivos y correspondencia no pueden ser incautados. Sus “bolsas” consulares – bolsos, cajas o contenedores de cualquier peso o tamaño – están protegidos ante allanamientos. El título y sus beneficios, que incluyen pasaportes y matrículas de vehículos especiales, pueden abrir puertas en la política y la industria.

Pero, personas corruptas o violentas designadas como cónsules, incluyendo algunas acusadas de colaborar con regímenes terroristas, han convertido un sistema creado para aprovechar la generosidad de ciudadanos honorables en una peligrosa modalidad de diplomacia clandestina que amenaza la integridad del estado de derecho en el mundo.

Una inédita investigación global de ProPublica y el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) identificó al menos a 500 cónsules honorarios actuales y retirados que fueron públicamente acusados de delitos o se vieron envueltos en controversias. Algunos fueron procesados por graves crímenes o se los sorprendió aprovechando sus posiciones para beneficio personal. Otros, fueron criticados por su apoyo a regímenes autoritarios.

Estos números casi seguramente son conservadores: ninguna agencia internacional monitorea a los cónsules honorarios, y varios gobiernos ni siquiera hacen públicos sus nombres.

ProPublica y el ICIJ descubrieron que narcotraficantes convictos, traficantes de armas, asesinos, delincuentes sexuales y estafadores han sido cónsules honorarios, al igual que colaboradores de gobiernos como Corea del Norte, Siria y Sudán del Sur.

Treinta cónsules honorarios han sido sancionados por los Estados Unidos y otros gobiernos, incluyendo 17 que fueron sancionado mientras aún ocupaban esos cargos. Algunos eran miembros del círculo de hierro del presidente Vladimir Putin, sancionados luego de la invasión de Rusia a Ucrania.

Nueve cónsules honorarios identificados por ProPublica y el ICIJ han sido vinculados a grupos terroristas. La mayoría fueron vinculados a Hezbolá, un partido político, proveedor de servicios sociales y grupo militante del Líbano designado como una organización terrorista por los Estados Unidos y otros países.

Los ataques de Hezbolá en Israel, Argentina, Líbano, Irak y otros países mataron o hirieron a cientos de personas, incluyendo marineros y soldados estadounidenses que fallecieron durante una misión de paz en Beirut en 1983, cuando un atacante suicida detonó un camión lleno de explosivos en su base. Este año, un agente de Hezbolá fue condenado en Nueva York por recibir armas y entrenamiento en fabricación de bombas por parte de la organización, y por estudiar blancos para futuros ataques, incluyendo la Estatua de la Libertad y Times Square.

Exfuncionarios del Gobierno de EE.UU. que investigaron la red financiera de Hezbolá dijeron que el uso del estatus de cónsules honorarios por parte del grupo terrorista es intencional, está bien organizado y bajo muy poco escrutinio. En marzo, el Departamento del Tesoro sancionó a un prominente empresario en Guinea, acusándolo de desviar fondos hacia Hezbolá y de valerse de su estatus de cónsul honorario para entrar y salir del país con poco monitoreo.

“Hezbolá se ha percatado de que si usan a estos cónsules honorarios… básicamente pueden mover cosas con impunidad y nadie los va a molestar. Si presentas tu pasaporte diplomático, nadie te hace preguntas”, dijo David Asher, un exasesor antiterrorista de finanzas del Departamento de Defensa, asignado en 2008 a supervisar una investigación federal de la red financiera de Hezbolá. “Es una gran debilidad en nuestra capacidad de hacer cumplir la ley internacional”, agregó.

Para identificar a agentes terroristas y otros cónsules honorarios acusados de delitos, ProPublica y el ICIJ analizaron registros judiciales, reportes gubernamentales y archivos noticiosos de seis continentes. Periodistas de más de 50 organizaciones de medios y estudiantes de periodismo de la Northwestern University también analizaron casos.

Algunos de los cónsules identificados fueron previamente acusados de delitos y nombrados diplomáticos a pesar de ello. La mayoría de los cónsules fueron investigados mientras ocupaban sus cargos.

En Macedonia del Norte, agentes de inteligencia descubrieron que dos cónsules permitieron que sus oficinas fueran utilizadas como base de una operación rusa de propaganda que tenía como objetivo limitar la expansión de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). En Birmania, un cónsul sancionado por los Estados Unidos y otros gobiernos supuestamente usó sus conexiones para ayudar a suministrar armas a la brutal junta militar durante su campaña genocida contra minorías étnicas.

Al ser acusados, algunos cónsules intentaron y a veces consiguieron eludir investigaciones criminales declarando falsamente tener inmunidad legal completa, confundiendo u obstaculizando el trabajo de policías y fiscales.

Las afirmaciones de impunidad por lo general han sido recibidas con silencio: pocos gobiernos han hecho llamados públicos para tomar medidas, a pesar de las advertencias.

“Los cónsules actúan de forma completamente autónoma y no son controlados por los Estados que representan. El Gobierno español no puede intervenir en sus asuntos”, escribieron en 2019 investigadores españoles, en un reporte confidencial sobre tres cónsules honorarios acusados de lavar dinero para un supuesto narcotraficante.

Los pocos gobiernos que han actuado, incluyendo los de Canadá, Bolivia, Costa Rica y Montenegro, han reportado fallas en los controles o peligrosos deterioros. En una ocasión, Liberia destituyó a casi todos sus cónsules honorarios, citando reportes de actividad criminal.

Ante investigaciones de la prensa sobre sus cónsules, Alemania despidió a una que trabajaba en Brasil y que fue criticada por un juez por influenciar con su estatus consular un controvertido negocio de tierras. Otro cónsul en Suiza – previamente procesado por evasión de impuestos – anunció su renuncia.

Miles de cónsules honorarios siguen activos en todo el mundo, aunque no hay una cifra exacta o confiable, ni forma de determinar la frecuencia con que violan leyes o abusan de sus privilegios.

Jack Kelly, agente especial retirado de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) de EE.UU., quien ayudó a llevar a Jaber ante la justicia, teme que varios cónsules peligrosos sigan sin ser detectados.

“Nunca sabremos realmente lo que la gente hace con esa inmunidad diplomática la mayor parte del tiempo”, dijo Kelly.

UN SISTEMA DE PODER Y PROTECCIÓN

La figura del cónsul honorario se remonta al menos hasta la caída del Imperio Romano occidental, cuando Grecia, China, India y países de Oriente Medio designaban a voluntarios como emisarios en el extranjero para expandir sus vínculos comerciales.

En Estados Unidos, a finales del siglo XVIII, John Adams, Benjamin Franklin y Thomas Jefferson hicieron referencia al uso de cónsules. Incluso, algunos registros indican que uno de ellos tenía la misión de recolectar información de inteligencia en Londres.

Sin embargo, el Gobierno de EE.UU. dejó de designar cónsules honorarios en el extranjero en 1924, optando por usar exclusivamente a diplomáticos de carrera. Fue una decisión perspicaz: tres años después, un panel internacional advirtió que dar ventajas especiales a ciudadanos privados les permitiría competir de forma injusta con sus rivales comerciales.

El panel argumentó que los cónsules honorarios no deberían seguir existiendo, agregando que la mayoría de ellos “están mucho más ocupados con sus asuntos personales que con los del país que les ha otorgado el título”.

Las preocupaciones sobre tráfico de influencias crecieron, de acuerdo con cientos de páginas de notas y documentos de los archivos de las Naciones Unidas. En 1960, un experto designado por la ONU advirtió que los cónsules honorarios no estaban sujetos a controles disciplinarios como los diplomáticos de carrera.

A pesar de eso, cuando docenas de gobiernos se reunieron años después en Viena, consagraron como ley internacional una serie de beneficios que incluían pocos protocolos de control.

Según la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, los cónsules honorarios tenían garantizada la “libertad de movimiento y viaje” en los países en los que trabajaban. Podían comunicarse sin restricciones, sus registros y correspondencia consulares estaban protegidos de pesquisas y sus oficinas estaban protegidas de “cualquier intrusión o perjuicio a su dignidad”.

Los cónsules recibieron inmunidad legal en los asuntos relacionados a su trabajo. Aunque la inmunidad no se extendía a delitos no vinculados a sus funciones, el tratado estipulaba que los cónsules honorarios tenían derecho a procesos criminales “con el mínimo retraso” y “el respeto debido a su posición oficial”.

Algunos países, preocupados en parte por el secreto de los bolsos consulares -que pueden viajar por avión, tren, automóvil, barco o servicio de repartición sin ser revisados- insistieron en que no los protegerían. Otros países directamente se negaron a designar o recibir a cónsules.

Pero, la diplomacia es un asunto delicado. Restringir a los representantes de otros países, voluntarios o no, puede producir una respuesta recíproca. La mayoría de los países firmaron el tratado, y aunque algunos aplican privilegios e inmunidades de forma distinta, las reglas generales se han mantenido sin cambios por casi seis décadas.

Los cónsules honorarios dicen que hacen un trabajo importante por una paga escasa o nula, y que quieren impedir los abusos del sistema.

“¿Me preocupa? Absolutamente”, dijo Louis Vella, representante de Malta en California y supervisor de una asociación nacional de cónsules extranjeros y honorarios en Estados Unidos. Vella ha recibido a dignatarios visitantes y apoyó al equipo de Malta cuando compitió en las Olimpiadas Especiales en Los Ángeles.

“Si uno tiene una canasta de hermosas manzanas alemanas y pone una mala, las manzanas no van a estar muy felices”, dijo. “Es malo porque daña la imagen del conjunto”, concluyó.

El año pasado, el Departamento de Estado de EE.UU. ofició a los estados para que deje de emitir matrículas personalizadas para cónsules honorarios, a fin de prevenir “fraudes o abusos”. Sin embargo, el propio Departamento reaccionó negativamente años atrás, cuando varios miembros del Congreso recomendaron revisar el uso de los bolsos diplomáticos, citando sospechas de terrorismo.

La preocupación de aquellos que han cuestionado el sistema de cónsules honorarios es que los países pueden arropar con protección diplomática a personas que están a miles de kilómetros simplemente nombrándolos cónsules.

El título se ha vuelto tan codiciado que dio origen a una industria de consultores en línea que prometen facilitar nombramientos de parte de países pobres a cambio de honorarios de decenas de miles de dólares.

“Los viajes a través de canales diplomáticos, a menudo con visas”, se jacta una compañía internacional, Elma Global, puede evitar “molestos controles aduaneros” y otorgar “privilegios ilimitados de entrada y salida”.

“Es increíble que uno pueda convertirse en cónsul honorario mañana, si uno quiere y está dispuesto a pagar”, dijo Bob Jarvis, un profesor de ley internacional y constitucional de la Nova Southeastern University de Florida, quien ha abogado por reformar el sistema por casi 40 años. “La gente compra estas cosas o las recibe como premio por apoyar a un candidato político, y no tienen idea de lo que se supone que tienen que hacer. Y nadie los controla”, indicó.

Elma Global dijo en un comunicado que no otorga nombramientos consulares honorarios, agregando: “Sabemos que hay muchas estafas sobre nombramientos consulares o diplomáticos honorarios en internet, pero estamos muy lejos de eso”.

Alrededor del mundo, medios de comunicación y gobiernos han reportado ocasionalmente incidentes aislados vinculados a cónsules. ProPublica y el ICIJ recopilaron la lista más completa hasta la fecha, incluyendo casos de cónsules identificados en procesos criminales o civiles que nunca se han reportado públicamente.

La investigación, que incluyó a cónsules investigados individualmente o a través de compañías afiliadas, también se nutrió de hallazgos hechos por grupos de defensa de derechos humanos, las Naciones Unidas, centros de control anticorrupción y medios de prensa. ProPublica y el ICIJ lograron identificar a 57 cónsules que recibieron condenas criminales mientras permanecían en sus cargos.

El reporte no solo muestra la frecuencia con que los voluntarios diplomáticos se metían en problemas, sino también la magnitud de su tráfico de influencias.

Los cónsules han invocado sus credenciales diplomáticas para evitar pesquisas y arrestos, e incluso para evitar pagar impuestos o multas de estacionamiento. Han sido acusados de esconder dinero y contrabando en sus oficinas y bolsas.

Un excónsul en Egipto fue condenado por intentar sacar ilegalmente del país más de 21.000 antigüedades en un contenedor diplomático, incluyendo máscaras de momias y un sarcófago de madera.

El uso del sistema por parte de financiadores y partidarios del terrorismo, según los expertos, es lo más alarmante, ya que representa un peligro inminente para el mundo.

"USTED ES EL CÓNSUL"

“Esto de los cónsules honorarios”, dijo el exsupervisor de la DEA Jack Kelly, quien investigó a Hezbolá durante una década, “evidencia una metodología organizada de cómo actúan en África y probablemente en todo el mundo”.

Kelly no sabía mucho sobre los cónsules honorarios en 2008, cuando números telefónicos en un celular monitoreado por EE.UU. lo condujeron hasta un elusivo empresario libanés que se convertiría en un blanco prioritario de la DEA.

Kelly asistía en una operación federal denominada “Proyecto Cassandra”, establecida para desmantelar el imperio criminal de Hezbolá. Desde un cubículo en una sede secreta del Gobierno en Chantilly (Virginia), Kelly analizó los contactos en un teléfono utilizado por un enviado de Hezbolá, sospechoso de colaborar en el desarrollo de los programas secretos de misiles nucleares y balísticos de Irán. Eventualmente, Kelly se centró en un número telefónico del Líbano.

El número correspondía a Mohammad Ibrahim Bazzi.

“Tengo a este tipo. Tiene que ser muy importante”, dijo Kelly a Asher, el asesor del Departamento de Defensa que también supervisaba el Proyecto Cassandra.

Kelly y Asher sospechaban que Bazzi era un importante colaborador financiero de Hezbolá, con vínculos estrechos con el régimen iraní, que lavaba dinero ilícito a través de sus empresas en el Líbano y África.

En Gambia, Bazzi importaba petróleo y era un socio cercano del presidente Yahya Jammeh, un excoronel del ejército acusado de secuestros, violaciones, asesinatos y tortura. Jammeh ha negado las acusaciones.

Kelly y sus colegas centraron su atención en las actividades criminales de Bazzi, pero eventualmente descubrieron que era un cónsul honorario designado por el gobierno de Gambia en 2005.

Bazzi se presentó como cónsul en 2017, cuando compareció ante un panel gubernamental en Gambia, acusado de pagar sobornos a Jammeh y contribuir a lo que los panelistas calificaban como “la práctica ruina del país”. Funcionarios de Gambia dijeron que el estatus de cónsul honorario de Bazzi fue revocado meses antes.

“No tenía respeto hacia Gambia o sus instituciones”, concluyeron las autoridades en su reporte final. “En su búsqueda de riquezas, se centró solo en ganancias obtenidas en su mayoría de forma ilegal”, afirmaron.

Ese mismo año, Bazzi buscó instalar a su hijo como cónsul porque podría “ejercer influencia sobre él”, según el Departamento del Tesoro de EE.UU.

Aunque Bazzi nunca enfrentó un proceso criminal en EE.UU., fue señalado como colaborador financiero de Hezbolá y sancionado en 2018. Su hijo fue sancionado un año después por trabajar para su padre.

Bazzi y su hijo no se refirieron a estos hechos. En 2019, ambos demandaron por separado al Gobierno de EE.UU., buscando anular las sanciones. Según registros judiciales, Bazzi dijo que el gobierno exageró transacciones y eventos que ocurrieron años antes, y no proveyó evidencia de que financiaba a Hezbolá.

Bazzi dijo que uno de sus deberes como cónsul honorario era “fortalecer vínculos de inversión extranjera entre Líbano y Gambia” y que terminó su relación con Jammeh en 2016 luego, de varias amenazas. También dijo que accedió a trabajar como informante para el gobierno de EE.UU., y que se le dijo que no sería sancionado.

En 2020, un juez federal rechazó la demanda impulsada por el hijo de Bazzi. El año pasado, Bazzi llegó a un acuerdo con el gobierno. Bazzi y su hijo siguen sancionados, y el Departamento de Estado ofrece una recompensa de hasta 10 millones de dólares a cambio de información sobre Bazzi y otras personas, que lleve a desentrañar la red financiera de Hezbolá.

Mientras el Proyecto Cassandra avanzaba, la figura del cónsul honorario volvió a surgir. Esta vez, en la operación que atrapó a Jabber, el traficante de armas afiliado a Hezbolá que se reunió con sus clientes en el hotel en Ghana, en 2012.

Los compradores eran informantes de la DEA fingiendo ser representantes de un grupo de guerrilla y cartel de drogas de Colombia, con intención de derrocar al gobierno y atacar a las fuerzas estadounidenses con base en el país.

“Luchamos contra los estadounidenses… están invadiendo mi país”, dijo uno de los informantes a Jabber, según una transcripción de la conversación obtenida por ProPublica y el ICIJ. “Lo que necesitamos, exactamente, es una buena persona que pueda darnos armas”.

“Hezbolá las vende”, dijo Jaber. “¿Qué clase de armas?”

“Ya sabes, ¿M14, M16?”, dijo el informante, refiriéndose a rifles. “Granadas, pistolas, rifles.”

“Explosivos”, dijo Jabber. “Dinamita y esas cosas… pum, pum, pum, pum.”

Para protección de sus clientes, Jabber les ofreció consulados, diciendo: “Toda la gente en lo alto, todos los ricos (son) consulares”.

“Lo mejor es África”, dijo Jabber, agregando que “muchos blancos europeos que trabajan como (cónsules) desde sus países cuando no hay embajadas cerca”.

En una segunda reunión con compradores, tres meses después, Jabber dijo: “Vamos a cualquier país en África. Te haremos cónsul de Guinea Ecuatorial (o) Guinea-Bisau… Pagas 200 dólares y eres el cónsul oficial del país. Y tiene otro pasaporte”.

En 2014, Kelly fue a Praga, donde iba a tener lugar otra reunión, para asegurar que Jabber, su socio Khaled el-Merebi, y el objetivo principal de la DEA, el traficante de armas libanés Ali Fayad, fueran capturados. Fayad y Merebi fueron posteriormente liberados por el gobierno checo, supuestamente a cambio de cinco ciudadanos checos secuestrados en el Líbano.

Jaber, quien prometió proveer misiles tierra-aire, rifles de asalto y granadas, mover cocaína por África Occidental y lavar las ganancias a través de cuentas bancarias en Nueva York, fue extraditado a los Estados Unidos. En 2017 se declaró culpable de conspirar para apoyar al grupo terrorista colombiano y fue sentenciado a prisión.

En la audiencia, pidió su libertad alegando que estaba bajo efectos de drogas y cometió un “error único en la vida”.

“Admito que cometí un crimen, pero no lo pensé bien”, dijo. “No es que lo haya cometido con entusiasmo… Pido perdón a ustedes y a la nación estadounidense y al gobierno de EE.UU. Amo al pueblo estadounidense”, sostuvo.

En una entrevista desde una prisión federal en Virginia Occidental, Jaber reconoció haber ofrecido puestos consulares honorarios, pero dijo que el gobierno estadounidense alteró las transcripciones de las reuniones para “inculparlo”. Agregó que se opone a Hezbolá.

“Los cónsules honorarios, sé cómo trabajan. Sé cómo son creados”, dijo. “Mueven drogas, dinero. Conozco a muchos cónsules honorarios que hace todo tipo de tontería”, dijo.

BÚSQUEDA DE JUSTICIA

Mientras los agentes del Proyecto Cassandra buscaban a traficantes de armas y drogas de Hezbolá, el fiscal Gary Orsen, de Nueva Jersey, indagaba reportes de la letal campaña de Hezbolá contra militares estadounidenses en Irak.

Orsen y su equipo recolectaron certificados de muerte, analizaron reportes forenses del campo de batalla y entrevistaron a las familias de soldados caídos. La investigación reveló referencias a cónsules honorarios que fueron vinculados a la red de finanzas de Hezbolá.

“Toda la gente importante en ese mundo es cónsul honorario. No es necesario para sus operaciones. Pero es una ventaja adicional”, dijo.

En 2019, Orsen presentó una demanda en nombre de más de 1.000 estadounidenses, incluyendo a militares muertos o heridos en Irak, por bombas ruteras y otras armas que la denuncia vincula a Irán y Hezbolá.

El caso, activo en la corte federal de Nueva York, acusa a 13 bancos libaneses de violar leyes antiterrorismo al administrar y mover a sabiendas dinero de Hezbolá durante los ataques, incluyendo uno que mató al capitán Shawn English del Ejército de EE.UU. cuando viajaba en una Humvee en las afueras de Bagdad, en 2006.

La denuncia afirma que los bancos otorgaron “apoyo extenso y sostenido, incluyendo servicios financieros, a Hezbolá y a sus agentes y colaboradores”, al igual que “acceso vital al sistema financiero de los Estados Unidos”.

Los bancos negaron cualquier falta, diciendo en documentos judiciales que “aborrecen categóricamente el terrorismo y todos los actos no justificados de violencia. Pero no son legal o factualmente responsables de las lesiones de los denunciantes en el campo de batalla”. Los bancos también dijeron que la denuncia no identificaba transacciones de alguien conectado a Hezbolá.

El Fransabank de Beirut, una de las instituciones bancarias acusada en la demanda, fue adquirida por Adnan Kassar. Su hermano Adel, quien ocupó los cargos de vicepresidente y CEO del banco, ha sido cónsul honorario de Hungría al menos desde 2002.

Bazzi, el excónsul honorario de Gambia en el Líbano, tenía una cuenta en el Fransbank y otro banco libanés nombrado en el caso, según la denuncia de Orsen.

“Es dinero sucio. ¿A qué costo? ¿Cuántas vidas?”, dijo Robert Bartlett, sargento retirado del Ejército, un denunciante del caso.

Al igual que English, según la denuncia, Bartlett y su convoy en Irak fueron atacados con una variante especialmente letal de una bomba de carretera, conocida como penetrador de formación explosiva (EFP, por sus siglas en inglés).

En 2005, la bomba atravesó la puerta del Humvee de Bartlett, lacerando su rostro desde la sien hasta la quijada mientras el humo sofocaba el vehículo y el diésel se desparramaba por el suelo. El sargento que estaba junto a él fue decapitado y el artillero entre ambos perdería las piernas. Bartlett, de entonces 31 años, ha sido sometido a 40 procedimientos médicos, incluyendo 12 cirugías mayores, y logró recuperar algo de control de su rostro, cuerpo y manos.

“El diablo que me quería muerto”, dijo.

Los hermanos Kassar y Fransabank no respondieron a las consultas enviadas para este reportaje.

UN CENTRO DE PODER PARA LOS CÓNSULES

En el Líbano, donde Hezbolá es uno de los principales partidos políticos, un proveedor de servicios públicos y una temida fuerza de milicia, los títulos de cónsul honorario son considerados una señal de estatus.

“Es como ser un lord en el sistema británico”, dijo Mohanad Hage Ali, miembro del Centro Carnegie del Oriente Medio, en Beirut. “Si uno está conectado a otro estado soberano, sea por conocer al presidente o a alguien de su círculo de confianza, se le da este título de cónsul honorario. Es una forma libanesa de decir ‘soy importante’”.

En 2005, un redactor de un periódico afiliado a Hezbolá escribió en una columna titulada “La patria de los cónsules”, que para conseguir ser cónsul en el Líbano hay que “encontrar una isla independiente en el océano de la que nadie haya oído hablar nunca. Luego, descubrir la mejor forma de tomar contacto con su rey: un diamante raro, un reloj Rolex, o decenas de miles de dólares al año”.

ALI KHALIL MYREE Y SU PASADO EN PARAGUAY

Uno de los cónsules honorarios del Líbano es Ali Khalil Myree, nombrado por Sudán del Sur en 2019.

Nacido en el Líbano, Myree vivía en Paraguay en el año 2000 cuando fue acusado de piratear CDs, videojuegos y software. Las autoridades sospechaban que desviaba parte de sus ganancias a Hezbolá, según medios paraguayos.

Cuando la policía allanó su apartamento, se reportó que hallaron filmaciones de ataques terroristas y entrevistas con atacantes suicidas, incluyendo un CD de un líder radical que alentaba al espectador a atacar a los Estados Unidos e Israel.

Myree huyó de Paraguay y eventualmente reapareció en Sudán del Sur, donde se convirtió en un importante empresario. Myree entró en una sociedad minera con la hija del presidente y envió una serie de pagos a un general sancionado por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y otros por desestabilizar el país, según un reporte de 2021 de The Sentry, un grupo político e investigativo con base en Washington DC, centrado en temas de violencia y corrupción.

Myree fue nominado como cónsul honorario del país en 2019.

“Desde el primer día asumimos esta responsabilidad”, dijo Myree durante una celebración por la apertura del consulado en Beirut, donde posó con diplomáticos y un pastel blanco con las banderas de ambos países.

Myree, quien ha dicho que su lema de vida es “el cielo es el límite”, negó en un comunicado haber tenido relación alguna con un grupo terrorista. Myree dijo que la piratería era común en Paraguay al momento de su arresto y que a él le faltaba “acompañamiento, educación y experiencia legal (…) No me avergüenzo de mi mala experiencia, y no la ignoro ni la escondo”.

Dijo que fue nombrado cónsul en Sudán del Sur por el presidente del país y que su relación con todos sus clientes es “meramente profesional”. “Estoy orgulloso del hijo, esposo, padre, empresario y cónsul honorario en que me he convertido”, dijo.

Al gobierno libanés se le solicitó una versión sobre estos hechos, pero no contestó. Tampoco respondió un portavoz de Hezbolá, ni una asociación local de cónsules honorarios del Líbano, que publicó en internet una lista de cónsules que incluye a Myree y a Kassar.

Esa lista también incluía a un célebre empresario del África Occidental: Ali Saade.

"PARA SERVIR A GUINEA"

En el ajetreado puerto africano de Conakry, hombres descalzos descargan bolsas de arroz de camiones y las apilan en un cavernoso depósito propiedad del Grupo Sonit, la compañía que convirtió a Saade en uno de los hombres más ricos de Guinea.

Saade, de 80 años, nació en el país de la costa atlántica africana, pero su madre y su esposa son de Jwaya, una aldea al sur de Beirut, una región que siempre ha sido un centro de poder de Hezbolá.

En 1992 en Guinea, Saade fundó Sonit luego de trabajar en el negocio textil de su padre. Se asentó en un lujoso vecindario lejos del puerto de Conakry, donde las mujeres cocinan sardinas en barriles abandonados de petróleo y los niños juegan con cangrejos sacados de las aguas aceitosas.

En 2006, Saade fue nombrado por el gobierno de Guinea como cónsul honorario en el Líbano, donde viven su esposa e hija.

Este año, el gobierno de los Estados Unidos afirmó que Saade y otro importante empresario de Guinea, Ibrahim Taher, eran colaboradores financieros clave de Hezbolá. El gobierno también indicó que Taher era cónsul honorario del Líbano en Costa de Marfil y utilizaba su posición para entrar y salir de Guinea con “controles mínimos”.

Saade es acusado de transferir dinero de Guinea a Hezbolá y proveer “acceso ilimitado” a los más altos niveles del gobierno de Guinea a Kassem Tajideen, quien fue sancionado por los Estados Unidos en 2009 por financiar a Hezbolá. Tajideen fue luego apresado en Maryland por violar la sanción al ayudar a mover más de mil millones de dólares a través del sistema financiero estadounidense. En 2020 fue liberado y devuelto al Líbano.

El gobierno de EE.UU. también afirmó que Saade, Taher y otros viajaron al Líbano en 2020 en un vuelo especial con “grandes cantidades de dinero” que el grupo alegaba era para asistencia por covid-19. El coronavirus ya había sido utilizado como tapadera para transferir fondos de Guinea a Hezbolá, dijeron las autoridades.

Ambos hombres fueron sancionados en marzo.

Luego de las sanciones, fiscales de Guinea congelaron sus cuentas bancarias, les prohibieron salir del país e iniciaron una investigación criminal.

En una entrevista, Saade dijo que actuó en su capacidad de cónsul honorario cuando conectó a Tajideen con el expresidente de Guinea.

“Ali, como cónsul honorario deberías hacer algo para atraer inversiones”, recordó Saade que le dijo el expresidente.

Saade dijo que no sabía que EE.UU. había sancionado a Tajideen. En un comunicado, Saade afirmó que llevó solo 800 dólares cuando viajó al Líbano con Taher y otras ocho personas en 2020. “Nunca di o transferí un solo dólar a Hezbolá”, dijo Saade.

Taher, de 59 años, no respondió las preguntas enviadas para esta investigación. Previamente negó las acusaciones, diciendo en un comunicado que no tiene vínculos con Hezbolá y que “nunca utilicé ningún medio ilegal para enviar fondos fuera de Guinea”. También afirmó que nunca ha sido cónsul honorario.

En julio, un juez de apelaciones en Guinea cerró la investigación criminal sobre Taher y Saade diciendo que no había evidencia de financiamiento del terrorismo. El juez también señaló una investigación del gobierno de Guinea que indicaba que Taher no era un cónsul honorario.

Las autoridades de Guinea apelaron la decisión del juez, según documentos legales.

Saade dijo que el gobierno de Guinea suspendió su estatus de cónsul honorario luego de que EE.UU. le impusiera sanciones, pero afirmó que no le preocupa lo que venga. Dijo que se reunió con el nuevo presidente de Guinea poco después del anuncio de las sanciones.

“Me aseguró que no habría actos de injusticia”, dijo Saade. “Actué como cónsul para servir a Guinea. Para ayudar al país”.

Fitzgibbon y Reuter trabajan para el ICIJ. Herscowitz y Stern trabajan para el Northwestern University’s Medill Investigative Lab.

Colaboradores:

Nicole Sadek, Jelena Cosic, Margot Williams, Miriam Pensack, Emilia Díaz-Struck, Benedikt Struntz, Jan Strozyk, Jesús Albalat, Akoumba Diallo, Noel Konan, Diana Moukalled, Emmanuel Dogbevi, Saska Cvetkovska, Bernd Schlenther, Jordan Anderson, Hannah Feuer, Michael Korsh, Michelle Liu, Grace Wu, Linus Höller, Dhivya Sridar, Quinn Clark y Henry Roach.

Traducción: Kike Sosa, ABC Color (Paraguay)