Carrera por Fiscalía Nacional: Gobierno evalúa solicitar a la Corte Suprema que sume un nuevo nombre a lista de postulantes

Aunque los ministros de la Corte Suprema ya votaron por los candidatos a dirigir la Fiscalía los próximos ocho años, y ahora el proceso está en manos del Presidente Gabriel Boric, quien debe elegir un nombre para que lo ratifique el Senado, en las últimas horas comenzó a evaluarse un giro de timón. En La Moneda consideran la posibilidad de solicitar a los supremos que sumen un quinto nombre a la lista, luego de la renuncia del exfiscal Rodrigo Ríos a su candidatura. Como no hay precedentes, desde La Moneda abrieron un diálogo con la Suprema, la que transmitió que para que esa posibilidad se concrete, debe solicitarse formalmente. En el Senado creen que la carrera se alargará, y que la decisión podría tomarse la próxima semana.

Las primeras luces las dio el Presidente Gabriel Boric en una entrevista en el programa Mesa Central (Canal 13) la mañana de este domingo: “Hay una discusión en marcha con opiniones contradictorias respecto de eso. Renunció el señor Ríos, esa renuncia tiene que hacerse formalmente, porque hasta ayer la renuncia se había hecho de manera pública, pero no con todos los requisitos formales. Y hay diferentes alternativas: entiendo que hay que elegir entre las tres personas que tuvieron también votación (…) para que corra la lista. Como además tienen la misma cantidad de votos, parece que tiene que haber un sorteo entre esas tres personas. Es un procedimiento bien enredado y espero que se resuelva mañana a la brevedad. Y me gustaría que podamos presentarle la alternativa al Senado lo antes posible”.

Cuando el entrevistador -el periodista Iván Valenzuela- le preguntó a Boric si el nombre al Senado se propondría antes del viaje que comienza el martes a Tailandia para participar en la APEC, el Presidente prefirió no adelantarse. Eso es porque una de las alternativas que maneja La Moneda es posponer para los próximos días la definición.

El mecanismo de elección del Fiscal Nacional ha operado, hasta ahora, siempre igual: la Corte Suprema escoge una quina de entre los postulantes al cargo, esa quina se envía al gobierno, y el Presidente de turno elige un nombre que debe ratificarse en el Senado por dos tercios. Pero el viernes pasado ocurrió algo sin precedentes: uno de quienes integraban la quina de la Suprema, el exfiscal Rodrigo Ríos, renunció a su postulación aduciendo problemas personales. En la legislación no se establece qué hacer en estos casos.

¿Se debe completar la quina con alguna de las candidatas que llegaron en sexto lugar en la elección de los ministros de la Corte Suprema? Es una alternativa que se evalúa en el gobierno, y es a lo que hizo referencia Boric en su entrevista en Canal 13.

Desde La Moneda confirmaron a CIPER que se abrió un diálogo con la Suprema, desde donde comunicaron que si el gobierno quiere que se rellene el cupo dejado por Ríos, debe solicitarse formalmente. Es lo que el Ejecutivo definirá a primera hora del lunes.

Hasta ahora los dos nombres que lideraron la votación de los supremos -José Morales y Ángel Valencia, con 17 votos cada uno-, no convencen en La Moneda. La tercera mayoría, Marta Herrera, suma más simpatías en el gobierno, aunque no hay claridad de si es capaz de lograr los dos tercios en el Senado. El cuarto postulante que sigue en carrera, Carlos Palma, está en compás de espera. Su cercanía con la PDI y la resistencia que genera en Carabineros, podría ser un problema para sus opciones.

Corte Suprema

Si La Moneda se decide a solicitar a la Suprema que sume un nuevo nombre a la lista, las postulantes a ese nuevo cupo son tres: la actual Defensora de la Niñez, Patricia Muñoz; la abogada de Derechos Humanos, Karinna Fernández; y la actual secretaria general de la Contraloría, Nelly Salvo.

La postura de que la Suprema sume un nuevo nombre a la competencia ha sido respaldada por connotados fiscales, como Ximena Chong, jefa de la Fiscalía de Alta Complejidad Centro Norte. En su cuenta de Twitter argumentó que “lo que corresponde” es completar la lista de postulantes “con alguno de los candidatos que siguen en votación”.

Lo mismo le dijo a CIPER el ex fiscal Carlos Gajardo: “Lo que la Constitución establece es que el Presidente de la República debe tener una quina de postulantes entre los cuales elegir su candidato para que este sea propuesto al Senado, y este con dos tercios lo apruebe o lo rechace. Si es que, efectivamente, uno de los postulantes renuncia o tiene una incapacidad que impide que el Presidente pueda optar entre cinco postulantes, lo que corresponde es que ese cargo sea rellenado por la Corte Suprema”.

Esa interpretación no es tan clara para algunos de los cuatro candidatos que siguen en carrera. Uno de ellos le dijo a CIPER que el cupo de Ríos se podría haber rellenado si él hubiera renunciado antes de que la Suprema oficiara formalmente al gobierno de su decisión, pero no ahora.

Fuentes del Ministerio de Justicia se refirieron a las palabras del Presidente Boric en Canal 13, señalando que “efectivamente lo que plantea el Presidente, y tal como él señaló, es una de las alternativas que se evalúa, pero aún estamos analizando cuál será la posición del gobierno. Eso debería estar resuelto a la brevedad”.

Desde la Corte Suprema le dijeron a CIPER que efectivamente el gobierno ya está al tanto de que si quiere que se rellene el cupo de Ríos, debe solicitarlo formalmente. De ser así, el tema podría ser tratado en el pleno de la Corte a realizarse este lunes. Sobre el mecanismo para elegir una de las tres candidatas que empataron en el sexto lugar de la votación, lo más probable es que sea mediante un sorteo.

LA NECESARIA LEGITIMIDAD DEL PROCESO

Dos elementos llamaron la atención de fiscales, abogados, candidatos y dirigentes políticos cuando el lunes 7 de noviembre se produjo la votación de los supremos para escoger a los cinco postulantes que le presentarían al gobierno para ocupar el cargo de Fiscal Nacional. El primero es que hubo dos candidatos que acapararon la mayoría de los votos, con enorme distancia del tercer lugar: José Morales y Ángel Valencia, ambos con 17 apoyos. Algo inédito.

Lo segundo fue la presencia de la senadora Luz Ebensperger (UDI), quien llegó a la sede de la Suprema a escuchar las presentaciones de los postulantes. No lo hizo sola, apareció junto a Héctor Mery, quien fuera asesor del último ministro de Justicia del gobierno de Sebastián Piñera, Hernán Larraín (UDI).

La presencia de Mery, y lo que hizo ese día, también sembró sospechas entre los propios postulantes a la Fiscalía Nacional. Varias de las personas que estaban presentes le dijeron a CIPER que Mery conoció el resultado de la votación de los supremos antes de que este se hiciera público. Incluso, le avisó a algunos de los candidatos cuántos apoyos habían cosechado entre los ministros.

Eso terminó de instalar las suspicacias por la transparencia de la elección. El jueves 10 de noviembre un grupo de académicos de las escuelas de derecho difundió una carta asegurando que el proceso de selección del nuevo Fiscal Nacional “está resultando más opaco de lo deseable”. Entre los firmantes aparecen Cristián Riego (uno de los redactores de la ley del Ministerio Público), Mauricio Duce (uno de los ideólogos de la reforma procesal penal), y María Inés Horvitz, abogada consejera del Consejo de Defensa del Estado.

Hay un consenso casi unánime entre abogados, fiscales, senadores y ministros de La Moneda: la relevancia de que el nuevo fiscal nacional cuente con legitimidad al momento de ocupar el cargo. Es algo que repiten todos quienes tienen algún rol en el proceso de elección de la nueva autoridad. Se busca evitar lo que ocurrió con Jorge Abbott en 2015, cuando fue electo luego de sostener reuniones privadas con senadores, justo cuando varios parlamentarios enfrentaban procesos judiciales por el financiamiento ilegal de la política.

LA RESISTENCIA A MORALES Y VALENCIA

Es justamente la necesidad de que el nuevo fiscal nacional llegue empoderado al cargo, y sin sospechas de su imparcialidad frente a grupos de poder, lo que ha complicado a La Moneda. Los dos candidatos que cosecharon más apoyos entre los supremos -Ángel Valencia y José Morales-, han estado en los titulares de la prensa por sus vínculos políticos o por decisiones polémicas cuando les ha tocado conducir investigaciones complejas.

Eso ha generado resistencias desde La Moneda frente a sus nombres. En el gobierno también genera ruido que el abogado Valencia -ex fiscal entre 2002 y 2006-, actualmente esté a cargo de la defensa del juez de Rancagua Luis Barría, imputado por presunto abuso sexual.

La trayectoria laboral de Valencia aparece estrechamente ligada a estudios jurídicos vinculados a RN, el partido del expresidente Sebastián Piñera. Entre 2006 y 2011 trabajó junto a Juan Domingo Acosta (quien ha defendido a Piñera en varias de sus causas penales más complicadas), Carlos Zepeda (fallecido en 2013, y quien fuera amigo personal del ex mandatario) y Alberto Espina (ex senador de RN y actual miembro del CDE). Luego, con Espina entró prácticamente al mismo tiempo (fines de 2013) al estudio Cisternas y Compañía, del abogado Gonzalo Cisternas, hijo del ex ministro de la Corte Suprema, Lamberto Cisternas (vea reportaje de CIPER “Las señales del SII y la Corte Suprema para bloquear las investigaciones de platas políticas”).

Esos dos estudios de abogados -el de Acosta, Zepeda y Espina y el de Cisternas y Compañía-, aparecen entre las compañías que emitieron facturas a una de las empresas del Grupo Angelini investigadas por el financiamiento político (Inversiones Siemel), que luego rectificaron esos pagos ante Impuestos Internos.

Valencia está casado desde 2011 con María José Taladriz, funcionaria del Ministerio Público quien es hija del exdiputado de RN Juan Taladriz García (fallecido en 2019), y hermana del actual consejero regional por Valdivia Juan Taladriz Eguiluz (Evópoli).

Aunque Valencia también cosecha lealtades en las filas oficialistas. Es amigo personal del presidente del Senado, Álvaro Elizalde (PS), y ha patrocinado causas penales de la actual ministra Carolina Tohá (en 2006, cuando trabajaba con Juan Domingo Acosta) y del ex canciller Heraldo Muñoz (también PPD).

El nombre de José Morales tampoco genera especial entusiasmo en el Ejecutivo. Este mes un reportaje de El Mostrador le puso el mote de “el sepulturero” de causas que involucran a personajes con poder. No fue una novedad en la carrera de Morales. Cuando en 2015 postuló por primera vez al cargo de Fiscal Nacional, su nombre logró generar consenso entre parlamentarios de derecha y centro izquierda. Aquella fue una campaña compleja, porque buena parte del Senado estaba amenazada por las investigaciones del financiamiento ilegal de la política. Entonces trascendió que Morales había deslizado que podía ponerle un coto a esas indagatorias. Su nombre finalmente se cayó. Pero ahora busca la revancha.

A sus cercanos ha transmitido que esta vez no ha querido hacer lobby entre los senadores, y que no se ha reunido con ninguno. Aunque sus competidores por el cargo de jefe de la Fiscalía cuentan, fuera de micrófono, que el abogado Samuel Donoso (ex PPD y parte del equipo que ha defendido a Sebastián Piñera en causas por violaciones a los Derechos Humanos y por la compra de la Minera Dominga) ha sostenido conversaciones apoyando su postulación. Él lo niega: “No, no he abogado por ningún candidato con nadie. Es falso”.

AÚN NO HAY CONSENSO

CIPER conversó con varios senadores, quienes coinciden en que, hasta ahora, ninguno de los nombres en carrera lograría los dos tercios necesarios para transformarse en el nuevo Fiscal Nacional.

Entre los senadores oficialistas son dos los candidatos que corren con ventaja: por un lado está la fiscal Marta Herrera,una de las favoritas en Palacio y por otro lado, está el abogado Ángel Valencia, quien corre con apoyos más transversales, excediendo solo al oficialismo. El problema es que hasta el momento ninguna de estas dos cartas logra consolidar la mayoría de dos tercios que necesita el Presidente para ratificar su elección en el Senado, ya que el nombre de José Morales aún corre con ventaja en la oposición.

Con los votos aún descuadrados en las bancadas oficialistas del Senado, estas ven con dificultad que la nominación presidencial se resuelva en los próximos días. Es más, el día martes a la hora de almuerzo la bancada de senadores del Partido Socialista tendría una reunión clave para aunar criterios, ya que hasta en el mismo partido los votos no están totalmente cuadrados detrás de ningún nombre, aunque correría con ventaja Valencia.

También hay quienes apoyan la candidatura de Marta Herrera, a pesar de que ha sido calificada como la continuidad de la línea de Jorge Abbott, lo que le ha costado la resistencia de sectores de la oposición. En la bancada socialista destacan que en caso de ser nominada por el presidente “sería la primera Fiscal Nacional mujer” lo que va en línea con ser un gobierno feminista, además de recalcar que -hasta la fecha- no existen antecedentes que entorpezcan su candidatura.

La postura transversal entre los socialistas es que se respaldará la opción que escoja el Presidente, ya que hasta el momento los cuatro candidatos cumplen con los requisitos para el cargo. “No ha habido ningún veto en el sector”, dice un senador del socialismo democrático, posición que podría cambiar solo si aparece algún antecedente grave respecto del o la nominada.

Por el momento no han habido reuniones oficiales con las bancadas, aunque sí habrían habido consultas puntuales a algunos senadores desde el Ministerio de Justicia.

Desde la derecha ven con buenos ojos tanto a Morales como a Valencia, pero no a Marta Herrera. Dos senadores le dijeron a CIPER que ella “no da garantías de imparcialidad”. La asocian con el gobierno y la señalan como la continuidad de Jorge Abbot, aunque ella, en privado, ha transmitido ser más cercana al exfiscal nacional Sabas Chahuán.

Para el gobierno, esa resistencia de la derecha a Herrera es un problema. Porque podría tener dificultades para conseguir los dos tercios de los votos en el Senado. Algo que le pena a esa candidatura: en la oposición tienen fresco el recuerdo de la actual directora de la Unidad Especializada Anticorrupción de la Fiscalía anunciando la apertura de una investigación contra el expresidente Sebastián Piñera por la compraventa de la Minera Dominga. Eso ocurrió el 8 de octubre del año pasado, luego de que CIPER y La Bot revelaran que parte de ese negocio se amarró en las Islas Vírgenes Británicas (vea reportaje).

El cuarto postulante en carrera, Carlos Palma (masón y actual fiscal regional de Aysén), está en compás de espera. Su nombre ha sido analizado entre los negociadores del gobierno y del Senado. Hasta ahora se ha detectado un solo inconveniente: su cercanía con la Policía de Investigaciones (PDI) en desmedro de Carabineros.

Palma llegó a la Corte Suprema a exponer frente a los ministros acompañado de su actual pareja, una inspectora de la PDI de Aysén. Palma estuvo casado durante 19 años, pero selló su divorcio en septiembre pasado. Tres días antes de que se decretara su divorcio, la Corte de Apelaciones de Temuco rechazó sobreseerlo en una causa que lo enfrenta con un ex oficial de Carabineros.

El actual fiscal regional comanda desde 2018 la investigación sobre la Operación Huracán, un montaje de la inteligencia de Carabineros contra un grupo de dirigentes mapuche. En el marco de esa indagatoria el mayor ( r ) Patricio Marín se querelló en su contra acusándolo de manipular evidencias, tal como informó Radio Biobío.