Desinformación en el plebiscito: el vacío legal que dejó a 202 denuncias ante el Servel sin ser investigadas ni sancionadas

En Chile no hay legislación que sancione la utilización de interpretaciones mañosas o falsedades en las campañas políticas. El vacío legal es enorme. De hecho, el Servel archivó 202 denuncias que recibió durante la última campaña electoral por no tener facultades ni siquiera para investigar, menos para sancionar. Tampoco quiere esas facultades. Ningún otro organismo está mandatado por ley para indagar al respecto. A pesar de los esfuerzos de las agencias periodísticas dedicadas al chequeo de datos, la desinformación corrió con fuerza antes del plebiscito por la nueva Constitución del 4 de septiembre. CIPER rastreó esa propaganda y halló a quienes la impulsaron. Los hubo en el Apruebo y en el Rechazo.

Hasta hoy en Chile no existe ninguna norma que castigue el uso de la desinformación en campañas electorales. El Servicio Electoral (Servel) le entregó a CIPER un dato clave: durante la campaña por el plebiscito de salida recibió 202 denuncias por supuesta difusión de noticias falsas, pero esas denuncias debió archivarlas porque no tiene atribuciones para investigar. Menos para sancionar. Y nadie en el país tiene esas atribuciones. Mentir en las campañas sale gratis. 

“El Servicio Electoral no posee atribuciones para controlar el contenido  de la propaganda electoral, y por lo tanto tampoco puede analizar su falsedad o veracidad”, señaló el Servel a CIPER. Aseguró que las 202 denuncias vinculadas a desinformación o noticias falsas fueron un 23% del total de las acusaciones recibidas durante el último proceso eleccionario, cifra que llegó a 863. 

“Atendido que el asunto excede el ámbito de competencias del Servicio Electoral, conforme establece la ley orgánica del organismo, las denuncias son archivadas comunicando de ello al denunciante”, explicaron desde el servicio. 

Lo que hay es un vacío legal que deja impune la difusión de este tipo de mensajes y no frena su difusión en medios y redes sociales. Porque según lo que señala la ley sobre la fiscalización de propaganda electoral, el Servel solo fiscaliza si el material exhibido por los partidos y candidatos constituye o no propaganda electoral y, en consecuencia, si puede o no ser financiada por fondos públicos. 

CIPER revisó parte de la propaganda utilizada durante la campaña electoral del plebiscito de salida por los comandos del Rechazo y del Apruebo. Puso su foco en la información contenida en ese material de campaña que fue catalogada como falsa o engañosa por las organizaciones especialistas en verificación de datos (fact checking), e intentó trazar la línea de financiamiento que permitió el despliegue de la campaña de desinformación.

Parte de esa campaña fue desplegada gracias a cuentas en redes sociales que no identificaban a su controlador final, o difundida en folletos sin firma en lugares públicos. Pero también hubo propaganda que contenía información falsa o exagerada que fue financiada por organizaciones sociales y partidos políticos inscritos ante el Servel.

Un ejemplo: la frase “tu hogar a futuro se lo quedará el Estado” se difundió en distintas radios de la Región del Maule en la voz de la exconstituyente Patricia Labra (RN), y también a través de un video en YouTube. El aviso fue pagado por la organización Sentido Común, que estaba inscrita legalmente para hacer campaña. El representante de esa organización ante el Servel fue Francisco Leyton, presidente de Evópoli en el Maule. 

En esta misma línea está la frase “no serás dueño de la vivienda social que te entregue el Estado”, incluida en el folleto “10 razones para rechazar”, difundido por el comando de La Franja Ciudadana, que estaba integrado por organizaciones ligadas a Chile Vamos y Republicanos. 

No fue la única pieza de propaganda que esparció la idea de que con la nueva Constitución la propiedad de las viviendas pasaría al Estado. Esa afirmación fue catalogada como falsa o imprecisa por casi todas las agencias de verificación de datos (revise aquí los análisis de Mala Espina Check, Fast Check, Vergara 240, FactChecking.cl, 24 Horas, y Factual AFP).

En la campaña del Apruebo también hubo mentiras, exageraciones y frases engañosas. La exconvencional electa por el Partido Progresista, Bessy Gallardo, dijo en el programa Sin Filtros que el texto propuesto por la Convención no eliminaba la facultad de un presidente de decretar Estado de Emergencia, lo que era falso (revise el chequeo realizado por Fast Check).  

Según una reciente encuesta de la Universidad Alberto Hurtado junto a Criteria, el 71% de quienes votaron Apruebo estiman que “la campaña electoral del plebiscito fue sucia, con mucha desinformación y mentiras sobre las opciones”. El 36% de quienes votaron Rechazo piensa lo mismo. Solo el 17% de las personas encuestadas consideró que los ciudadanos estaban muy informados a la hora de votar, mientras que el 56% señaló que los votantes estaban nada o poco informados (vea aquí ese estudio completo).

Parte de la propaganda analizada

LA DESINFORMACIÓN DEL RECHAZO

En el proceso de revisión de productos de campaña difundidos por organizaciones y partidos autorizados por el Servel, CIPER identificó decenas de piezas de propaganda impresa y radial, que incluyeron frases con información errónea, imprecisa o interpretaciones extremas de la rechazada propuesta constitucional, y que fueron pagados por -al menos- seis organizaciones civiles autorizadas por el Servel para hacer campaña (revisa aquí algunas de ellas)

“Los chilenos nos veremos obligados a consumir lo que decida el gobierno de turno”, es una de las frases que aparece en la propaganda radial financiada por la organización Sentido Común, la que según los registros del Servel recibió $43,7 millones en aportes para campaña. Entre sus financistas está el exintendente del Maule, Juan Eduardo Prieto Correa ($14 millones), el empresario Sergio Undurraga Saavedra ($3,3 millones), y Robinson Retamal Vásquez ($4,3 millones), ex asesor del senador Juan Castro Prieto. 

Sentido Común gastó $21 millones en su franja radial, difundida en 11 radioemisoras de la Región del Maule, según la declaración de las radios publicada por el Servel. Tres de estos mensajes incluyeron interpretaciones extremas sobre el alcance de la propuesta constitucional: 

“Con la nueva Constitución el Estado podrá obligar a los agricultores a sembrar ciertos tipos de semillas, la soberanía alimentaria afectará la economía y la exportación e importación de alimentos y los chilenos nos veremos obligados a consumir lo que decida un gobierno de turno, que el Estado nos diga, qué podemos comer o qué podemos sembrar no es lo que queríamos, por esto el mundo rural dice rechazo”. Esta frase fue grabada por Alfredo Moreno Echeverría (exconstituyente en cupo UDI). 

Consultado por CIPER dice que mantiene su posición. Explica que con la soberanía alimentaria “lo que hubiéramos podido consumir era lo que el Estado autorizara, aquellas cosas que no se consideraran posibles de producir o de importar quedaban fuera de nuestro consumo. Suena que es algo extremo, pero la propuesta de Constitución estaba escrita de tal forma que esto era posible”, dijo.

El equipo de factchecking.cl consideró que esa idea, difundida también en otras piezas de campaña, era engañosa (revise aquí).

Bárbara Rebolledo, exconstituyente en cupo Evópoli, y una de las voceras del Rechazo que recorrió Chile haciendo campaña, grabó un spot sobre el sistema de salud ocupando el argumento del aumento de las filas: “La propuesta de los constituyentes obligará a que los más de 3 millones y medio de usuarios que están en Isapres tengan que emigrar al sistema público sobrecargándolo y haciendo más interminable las filas, soy Bárbara Rebolledo y rechacemos juntos este 4 de septiembre”, se escucha en la pieza radial de la organización Sentido Común.

En realidad esa afirmación no era cierta, porque el proyecto de nueva Constitución establecía que la prestación de salud podría efectuarse en el sistema público o en el privado, y eso debía ser definido por el Congreso (revise aquí el análisis realizado en la sección Al Plebiscito con CIPER).

El grupo Aconcagua Rechaza, que recibió $85,8 millones en aportes privados para campaña a través del Servel, difundió un spot radial donde afirmaba que “si más de tres millones de chilenos se pasan a Fonasa, ¿cómo crees que será el colapso? Yo rechazo retroceder en salud (…) además los que estamos en Fonasa perdemos el bono de libre elección, imagínate cómo será la espera». 

Según el análisis de Vergara 240, de la Universidad Diego Portales, la afirmación sobre la eliminación de la libre elección en la atención de salud es engañosa, porque el proyecto de nueva Constitución establecía que el nuevo sistema de salud estaría integrado por prestadores públicos y privados (vea aquí).

La desinformación también estuvo presente en la propaganda radial de organizaciones civiles ligadas a Chile Vamos, al menos, en tres spots con información errónea o distorsionada que fue difundida en radios a nivel nacional y regional. En esa propaganda se insistió en la idea de que la nueva Constitución eliminaría la libre elección en salud, se instaló la duda de si se eliminarían los colegios particulares subvencionados y se dijo que los delincuentes podrían ser candidatos a las elecciones.

Estos mensajes fueron costeados por tres de las organizaciones de la sociedad civil con mayor gasto en publicidad radial: Impulso Norte, Chile Informa y Aconcagua Rechaza, que en conjunto suman $221 millones en propaganda radial. 

Esas organizaciones civiles y sociales (OCS) son parte de las cinco entidades fantasmas que financiaron los avisos de la campaña del Rechazo en las radios más populares del país y que fueron reveladas por CIPER previo a las elecciones del 4 de septiembre. A pesar de que la identidad de sus representantes legales es secreta, CIPER pudo constatar que en el caso de Aconcagua Rechaza quien la inscribió ante el Servel es militante de Renovación Nacional.

CIPER detectó que en panfletos entregados a la salida del Metro Santa Ana, en Santiago Centro, se aseguraba que en la nueva Constitución “se establece el derecho a reunión en lugares privados ¿Le gustaría que un grupo entrara a su propiedad a manifestarse sin autorización?”. Quienes repartieron esa propaganda fueron brigadistas vestidos con pecheras que decían “Así no”. Cuando les preguntamos por la organización a la que pertenecían, aseguraron que formaban parte de la Franja Ciudadana por el Rechazo.

La afirmación de ese panfleto era, al menos, engañosa, porque en ninguna parte del nuevo proyecto se aseguraba el derecho de terceros a reunirse al interior de las casas de las personas. En total, la Franja Ciudadana por el Rechazo recibió $542 millones de aportes para su campaña, sumando las donaciones percibidas por 11 organizaciones sociales y partidos políticos que formaron parte de esa coordinadora.

LAS MENTIRAS DEL APRUEBO

No solo la campaña del Rechazo difundió desinformación a través de los panfletos repartidos en las calles. Un folleto firmado por la Federación Nacional de Profesionales de la Salud (Fenpruss), destacó que como la propuesta de nueva Constitución decía que el Estado debía hacerse cargo de la salud pública “esto permitirá al sistema público (…) terminar con las listas de espera y la falta de medicamentos”.

Fue una aseveración aventurada. Porque que el Estado priorizara recursos al sistema de salud, no aseguraba el fin de las listas de espera ni resolvía automáticamente la falta de medicamentos.

Desde la Fenpruss señalaron a CIPER que su interpretación es la siguiente: “En el inciso 8 del Artículo 44 de la propuesta constitucional decía que es deber del Estado velar por el fortalecimiento y desarrollo de las instituciones públicas de salud», lo que mandataba expresamente a fortalecer el sistema público (es decir, entregar más recursos para infraestructura, personal, medicamentos e insumos, etc.), y lo hacía exigible a cualquier gobierno de turno en tanto iba a estar en la Constitución del país. Por eso también en el volante dice ‘permitirá’, porque no es algo automático ni decretado, sino que lo permite y fomenta legalmente”.

El análisis a la campaña del plebiscito realizado por CIPER -que revisó folletos repartidos en las calles, spots radiales, entrevistas y propaganda en redes sociales-, halló menos desinformación en el despliegue del Apruebo. En general, esa campaña se centró en citar los artículos de la propuesta constitucional. Por lo que hubo menos interpretación de la propuesta.

ROSTROS, FRASES Y MEMES

El senador Felipe Kast (Evopoli), hasta el día de hoy defiende su afirmación durante la campaña del plebiscito de que la propuesta constitucional permitía el aborto hasta los nueve meses de gestación. Lo último que dijo al respecto fue en una entrevista concedida a Vice News, donde afirmó que “lo del aborto es 100% real”, argumentando que “si la Constitución te ofrece el derecho a la interrupción del embarazo, y después dice que la ley definirá los métodos para cumplir con este derecho, esa ley no le puede coartar el derecho a interrumpir el embarazo”. El periodista le rebatió diciéndo que el texto no prohibía la regulación de la interrupción de un embarazo, a lo que Kast insistió que sí lo prohibía.

En la reciente campaña por el plebiscito de salida, autoridades, especialistas y figuras públicas, fueron autores de varias frases que podrían catalogarse de interpretaciones exageradas, engañosas o definitivamente falsas. 

La determinación de Felipe Kast respecto a su interpretación sobre el derecho al aborto, fue una polémica que marcó el despliegue electoral del senador y fue reprochado en redes sociales. Las agencias verificadoras de datos rebatieron esa interpretación. Fast Check dijo que era “engañoso”, lo mismo que Factual AFP.

La interpretación que instaló el senador Kast en los medios es un ejemplo de la dificultad que reviste legislar sobre la desinformación. Porque mientras, para algunos, las palabras del senador apuntaron a un escenario hipotético pero posible según el marco legal propuesto por la Convención, para otros, simplemente se trató de una exageración que con motivos electorales intentaba desinformar. Y ante eso ¿Quién dirime?

El abogado constitucionalista y consejero del Consejo de Defensa del Estado (CDE), Sebastián Soto, sorprendió a la periodista de Canal 13, Mónica Pérez, en junio 2022 al decir que la nueva Constitución permitía que condenados por homicidio podrían ser candidatos a cargos públicos. La frase se viralizó y fue desestimada por verificadores de información (vea análisis de Factual AFP).

«Es falso que la propuesta de nueva Constitución chilena permite a homicidas ser candidatos» (Fuente imagen e información: AFP)

Esta vez no solo las agencias de fact checking desestimaron esos dichos. Facebook, en varios perfiles, marcó ese video como información falsa. 

Esa misma idea la repitieron en distintos medios dirigentes ligados a Chile Vamos y a la centro izquierda por el Rechazo. Un chequeo de esa afirmación realizado por la Agence France Press (AFP), la agencia de noticias más antigua del mundo, determinó que se trataba de una falsedad (revise ese análisis). Mientras que el análisis de factckecking.cl, un proyecto de la Universidad Católica junto a 24 Horas, catalogó esa información como engañosa (revise aquí).

El exconvencional Arturo Zúñiga (UDI), por ejemplo, señaló en Twitter que el texto permitía que Evo Morales anexara territorio chileno a Bolivia: “Aquí le entregan a Evo Morales  @evoespueblo  el texto que le permitirá establecer, a través de la Plurinacionalidad con autonomía y autogobierno, la independencia o anexión de algún territorio declarado de Pueblos Originarios”, fue lo que posteó. La afirmación, por lo bajo, era exagerada.

La exsenadora Jacqueline van Rysselberghe (UDI) también incurrió en una frase que no correspondía a la realidad, aunque mucho antes de que se armonizara el texto final elaborado por la Convención Constitucional. Durante su fallida campaña para transformarse en legisladora por la Región del Ñuble, afirmó que se estaba proponiendo cambiar “el nombre del país”. Esa falsedad fue difundida por otros dirigentes de la derecha, como el excandidato presidencial José Antonio Kast.  Factchecking.cl y Fast Check desmintieron esa información.

En la vereda contraria, la expresidenta de la Convención Constitucional, Elisa Loncon, afirmó que la «Constitución del ’80 tiene tantos candados que no permite reforma», lo que no era cierto. Y así lo remarcó la agencia Fast Check.

A pesar de que varias organizaciones periodísticas y académicas se dedicaron a combatir la desinformación en la campaña del plebiscito, ese esfuerzo no pareció ser suficiente. Cuando CIPER fue a preguntarles a personas de comunas populares de Santiago por sus motivos para votar Rechazo, varias de ellas apuntaron a argumentos anclados en la desinformación (vea aquí reportaje “120 residentes de 12 comunas populares de la Región Metropolitana explican por qué votaron Rechazo”).

MEMES "FAKE"

Dentro del catálogo de material gráfico que difundió desinformación, existe también aquel que no se relaciona con interpretaciones exageradas, engañosas o equivocadas. Se trata de frases atribuídas a personas conocidas sin que estas las hayan dicho.

Al exvicepresidente de la Convención Constitucional, Jaime Bassa, por ejemplo, lo viralizaron por redes sociales con la siguiente frase que nunca dijo: «Si los pueblos así lo determinan, naciones ancestrales podrán desalojar y cobrar más impuestos a chilenos que estén en territorio ancestral en nueva Constitución». 

Asimismo, al también exconvencional, Fernando Atria (Frente Amplio), le atribuyeron haber dicho que “el cambio de himno, bandera y escudo lo haremos sí o sí”.  Mientras que a la exconvenconal Giovanna Grandón (conocida como “Tía Pikachu”), la hicieron circular por la web diciendo la frase: «Si hay que pasar hambre para acabar con el neoliberalismo, hambre vamos a pasar«. 

Otro método fue manipular la traducción de frases, como le ocurrió a la exconvencional, Francisca Linconao, de quien se dijo que había señalado a nombre del mundo Mapuche que «todo el sur de Chile nos pertenece, Santiago también, así que desde ya, vayan desalojando sus terrenos y casas, de lo contrario serán quemados«. Eso también era mentira.

A estos ejemplos se suman videos y memes difundidos con información deliberadamente falsa. Dos ejemplos: la Convención Constitucional aprueba prohibir a Carabineros el uso de armas; y que el borrador no garantiza la libertad de enseñanza.  

¿LEGISLACIÓN?

En Chile no hay sanciones para la difusión de mensajes erróneos o inexactos con fines electorales. Pero es un tema que se ha analizado. Un informe titulado “Regulación de las fake news en el derecho comparado”, elaborado por la Biblioteca del Congreso en 2020, recoge una política implementada en Francia respecto a la utilización de mensajes para campañas políticas en redes sociales que contengan inexactitudes, sean de naturaleza engañosa o generen el riesgo de afectar la veracidad de forma manifiesta y que busquen influir en el voto durante los tres meses previos a una elección. Esa legislación permite borrar de las redes sociales la propaganda que busque desinformar, previa decisión del sistema judicial.

Le preguntamos al Servel si ha solicitado tener participación en la fiscalización de la desinformación en las campañas, y la respuesta fue negativa: “Si bien el Servel estará siempre disponible a analizar nuevas situaciones, no parece razonable controlar el contenido de las comunicaciones privadas como son las redes sociales, cuestión que no se verifica ni aún respecto de la franja electoral televisiva, que es pública”, dijeron. 

El argumento del Servel es que  “existe una delicada y muy delgada línea que es peligroso cruzar cuando un organismo público entra a calificar como verdadera o falsa una información. Es por esta razón que Servel se ha abstenido de solicitar atribuciones al legislador en esta materia, lo que a su vez explica que no es este organismo el que debiera actuar respecto de ella”.

El diputado Bernardo Berger (RN), miembro de la Comisión de Ética y Transparencia de la Cámara, cree que hay que buscar una fórmula para resolver el problema de la desinformación en las campañas: “Vamos a continuar planteando que es importante clarificar y transparentar esta temática. Esto causa perjuicio y daño”.

Cámara de Diputados

El senador Pedro Araya (independiente PPD), integrante de la Comisión de Constitución del Senado, habla de la necesidad de encontrar un método para normar: “De todas maneras hay que regularlo, considerando la intensidad que tienen hoy las redes sociales. Las fake news se han vuelto claramente una fórmula de desprestigio o manera de influenciar en una campaña”. 

Entonces ¿Por qué no se ha legislado?

El abogado Alberto Precht, experto en temas de transparencia, cree que es un tema delicado: “Significaría establecer un organismo que señale lo que es verdadero y lo que es falso y eso ya puede ser complicado desde el punto de vista de la libertad de expresión. Lo que no puede pasar es que aquellos que hagan ese tipo de difusión de ideas, por muy desagradables que sean, no los podamos identificar, que se disfracen en bots, en personajes ficticios y en el anonimato. Esto tiene que ser absolutamente fiscalizado y debe generar una responsabilidad”.

María Jaraquemada, directora ejecutiva de Chile Transparente, afirma que siendo complejo, se hace necesario debatir, avanzar y legislar, pero cuidando no caer en prácticas propias de regímenes autoritarios. “Nuestra región va en un aumento del autoritarismo, y esto puede ser mal utilizado para acallar a disidentes y a opositores. Es un tema complejo. Pero sí podría haber una mayor regulación a los partidos políticos, responsabilizarse a ellos por lo que hagan o lo que hagan sus militantes”, dice. “Vimos incluso que había versiones falsas del borrador de la Constitución, eso es súper grave, pero el plebiscito fue complejo porque había movimientos sociales en campaña y el Servel hoy en día, no puede hacer nada”, apunta.