Crece el riesgo de corrupción: Gendarmería contabiliza 754 bandas en las cárceles

A enero de este año, Gendarmería identificó 754 bandas recluidas en cárceles. Nueve meses antes, la institución había contabilizado 570. Aunque no hay datos sobre cuántas siguen operando dentro de las prisiones, su incremento es un factor que aumenta el riesgo de corrupción. Entre 2014 y 2021 se abrieron 500 causas penales contra gendarmes por corrupción y tráfico de drogas, pero solo en 49 de ellas hubo condenas. Según investigaciones de la Fiscalía Centro Norte, gendarmes han recibido hasta $820 mil por ingresar droga. El riesgo, advierte el exdirector nacional de Gendarmería, Christian Alveal, es que el crimen organizado “tome el control de las cárceles”.

A pesar de que en las semanas anteriores el termómetro rara vez bajó de los 30 grados, aquel martes 16 de febrero de 2021 fue un día fresco. Por lo mismo, el cabo segundo de Gendarmería Michel Leal Rivas vestía un buzo color gris marca GAP. Cerca de las 16:00 se dirigió a la intersección de Santo Tomás con Raúl Silva Henríquez (La Pintana). Ahí se reuniría con la pareja de un interno que aún cumple condena en la ex Penitenciaría, donde Leal prestaba servicio. Mientras conducía su auto, en ningún momento sospechó que alguien más estaría aguardando por él. 

Por lo menos desde noviembre de 2020, la mujer se coordinó, vía telefónica y de manera periódica, con Michel Leal y sus colegas Norman Villalobos y Miguel Araneda, para que ingresaran droga al penal y se la entregaran a su pareja, quien la comercializaba en el recinto. Desde el interior, el recluso organizaba los encuentros y el pago para los gendarmes.

La mujer llevaba una bolsa de color verde con varios paquetes que contenían un total de 138 gramos de marihuana y 102 gramos de pasta base, además de $500 mil pesos en efectivo. Apenas realizó la transacción con Leal, funcionarios del OS7 de Carabineros que observaban la escena procedieron a detenerlos.  Días más tarde caerían también los otros dos gendarmes involucrados. 

Según reconoció el gendarme Araneda durante la indagatoria: «El dinero me volvió loco, me creí dueño del mundo». La investigación penal no determinó con exactitud el monto total del dinero recibido por los gendarmes, pero pudo acreditar que por algunas de las transacciones se pagaron desde $400 mil hasta $820 mil. De acuerdo con pesquisas de la Fiscalía Centro Norte, al interior de los recintos penales el gramo de droga se comercializa a un precio hasta ocho veces mayor que en el exterior. 

La causa contra los funcionarios Leal, Villalobos y Araneda, es una de las más de 500 investigaciones penales que se abrieron contra gendarmes entre 2014 y 2021 por corrupción y narcotráfico –infracciones a las leyes 20.000 y 21.121–. Para este reportaje se solicitó información vía transparencia a las unidades especializadas de Anticorrupción y de Tráfico de Drogas del Ministerio Público, y la respuesta indicó que la cantidad de condenas contra gendarmes investigados por este tipo de delitos es mínima en relación a las causas abiertas: en 49 de ellas, apenas un 9,8% del total en esos ocho años, se han logrado condenas. De acuerdo con los datos del Ministerio Público, en 2021 se registró el mayor número de causas iniciadas por estos ilícitos (vea aquí esa respuesta).

Algo parecido ocurre con los sumarios por corrupción que involucran a funcionarios de Gendarmería de Chile (Genchi). Para este reportaje se solicitó a esa institución -vía transparencia- la cantidad de procesos administrativos abiertos desde 2019 por faltas a la probidad, cohecho y consumo o tráfico de drogas o alcohol. Gendarmería respondió que en el periodo consultado se iniciaron 108 sumarios y que hasta ahora solo en cuatro de ellos se han registrado sanciones.

Christian Alveal fue director nacional de Gendarmería hasta abril de este año. A seis meses de su retiro, tras más de 30 años de servicio, reconoce que entre las autoridades de la institución el aumento de la corrupción es una preocupación creciente: “La nueva delincuencia posee un poder adquisitivo distinto y con ese poder cualquier agente público está en una lógica de riesgo de corrupción”. El coronel (r) deja en claro la magnitud del problema: “Si no actuamos, el crimen organizado se va a tomar las cárceles”.

El peligro de que organizaciones ilícitas dirijan el crimen organizado desde los recintos penales se acrecienta por un segundo factor: el aumento de las bandas que operan desde su interior. 

Los datos que maneja Gendarmería muestran un importante aumento de las bandas con integrantes recluidos en la cárcel (con dos o más internos). Al 30 de abril de 2021 había 570 bandas en los recintos penitenciarios, según lo reseñado en el informe titulado Crimen organizado en las cárceles chilenas, enviado por Gendarmería al Observatorio del Narcotráfico, dependiente del Ministerio Público. Pero, un nuevo conteo realizado por el Departamento de Inteligencia de la institución penitenciaría indicó que al 21 de enero de 2022 el número de bandas había aumentado a 754. 

Esta última cifra quedó establecida en un informe que reseñó la gestión de Gendarmería bajo el periodo del exdirector nacional Christian Alveal (2018-2022), documento al que este reportaje tuvo acceso (vea ese informe). De acuerdo con estos datos, en solo nueve meses las bandas con miembros recluidos crecieron un 32%. 

Las cifras de los dos informes son comparables porque en ambos casos se siguió la misma metodología: se definieron a los grupos criminales como aquellos conformados por dos o más personas, y se consideró en la lista a las bandas que tuvieran, al menos, a uno de sus integrantes recluidos.

En detalle, el desglose del último conteo señala que, del total de 754 bandas, 516 se vinculan con el tráfico de droga, 157 a robos, 27 a infracciones a la Ley de Armas, 11 a secuestros, 10 al tráfico de personas y 33 a otros delitos. En estas bandas participan 2.514 internos, de los cuales 2.001 son chilenos y 513, extranjeros. Entre estos últimos, predominan los colombianos (208). 

¿Cuántas de estas bandas siguen organizando crímenes que se ejecutan al interior de las cárceles y en el exterior? Para este reportaje se pidió ese dato a Gendarmería y a la Subsecretaría de Justicia. Mientras la subsecretaría respondió que no posee esa información, en Gendarmería indicaron que se trata de datos reservados:

“Respecto al número preciso de bandas criminales, cabe señalar que esa información es reservada, crítica y sensible en términos de inteligencia y seguridad pública y penitenciaria”, indica la respuesta firmada por el coronel Óscar Luna, jefe del Departamento de Inteligencia Penitenciaria de Gendarmería. Agrega que “es una cifra que ha sido similar en las últimas décadas” y asegura que los miembros de las bandas son separados al ingresar a los penales, “con el objeto de que no puedan seguir articulándose para la generación de nuevos delitos”.  

No obstante, el pasado 20 de septiembre el subsecretario de Justicia, Jaime Gajardo Falcón (PC), sostuvo que “Gendarmería ha identificado a más de 100 bandas delictuales con personas que cometen crímenes de forma organizada”. De acuerdo con una autoridad de la misma repartición ministerial, el número entregado por el subsecretario corresponde a organizaciones criminales en la Región Metropolitana. Gajardo Falcón hizo esa declaración a la salida de una reunión con el entonces fiscal nacional Jorge Abbott y el subsecretario de Interior, Manuel Monsalve (PS). La cita se realizó, según explicaron las autoridades, precisamente para tomar medidas contra el crimen organizado en las cárceles.  

En la misma ocasión, el subsecretario Gajardo también se refirió a la corrupción en Gendarmería: “Estuvimos reunidos con el fiscal nacional para que también desde la Fiscalía nos apoyaran con este equipo de tarea que nos permitirá investigar los ilícitos que se cometen, desbaratar las bandas de crimen organizado y también darle una señal muy potente a los funcionarios de Gendarmería que no permitiremos hechos de corrupción y que serán perseguidos con todo el rigor de la ley”.

340 JEFES DE BANDAS EN PRISIÓN

Para las bandas ligadas a la producción y distribución de drogas, estar dentro de un recinto penitenciario dista de ser un impedimento para seguir operando. Así, los grupos narcos y sus líderes consideran la cárcel como una “segunda casa”, dado las garantías que poseen al interior de estas.

“Para ellos la cárcel tiene que ser una expresión del Estado de derecho, no debe ser una segunda casa (…), deben estar recluidos en celdas solitarias, ya que de esta manera la reclusión como un castigo se vuelve efectiva y no es solo una estadía en un segundo hogar, en donde se encuentran con amigos y compañeros de crímenes, que les permite seguir delinquiendo desde el interior de la misma”, señala el informe presentado por la pasada administración de Gendarmería, denominado como Informe Genchi 2018-2022. 

En libertad, los líderes de las bandas se ven expuestos a ataques y amedrentamientos de organizaciones rivales, por lo que cada día podría ser el último. Pero en la cárcel se encuentran en un entorno donde no se exponen a sus rivales.

El Informe Genchi 2018-2022 indica que hasta enero de este año la institución detectó un total de 340 internos identificados como líderes o jefes de una banda, de los cuales 187 son imputados y 153 condenados; 303 son hombres y 37 mujeres.

“Tenemos a importantes líderes presos, por lo tanto, evidentemente ahí mantienen una organización y estos sujetos son protegidos dentro de la cárcel y van dominando de manera de replicar su vida que tenían afuera”, explica el fiscal regional de Tarapacá, Raúl Arancibia.

Esta suerte de “protección” que encuentran los líderes al estar al interior de los recintos penitenciarios se conjuga también con otro factor: un potente nicho de negocios a explotar. El mismo Informe Genchi 2018-2022 dice que el 82% de las personas privadas de libertad reconocen haber consumido algún tipo de droga al momento de ingresar a la cárcel. Esta cifra, según lo analizado por Gendarmería, alerta sobre la masificación del ingreso de sustancias ilícitas. El negocio es redondo: los riesgos son mínimos y, si el gramo de droga se vende hasta ocho veces más caro, los beneficios son mayores a los que se consiguen en el exterior. 

Una de las «ventajas» de este negocio es que los líderes pueden corromper funcionarios y controlar parte de la población penal a través de “soldados”, sin aparecer directamente involucrados, por lo que normalmente muestran “buena conducta”, lo que les permite acceder a beneficios intrapenitenciarios. 

“Las personas que son líderes del crimen organizado son las que tienen mejor conducta. Si tú entras a una celda de diez personas y se encuentra un celular, quien finalmente va a reconocer la pertenencia de ese teléfono es la persona que en jerarquía en una banda de crimen organizado tiene la menor. Entonces, cuando uno se queda con aspectos formales de ‘mire veamos quiénes son los que mejor se portan’, probablemente muchos de ellos son líderes de bandas”, comenta el ex subsecretario de Justicia, Sebastián Valenzuela.

CORRUPCIÓN EN GENDARMERÍA

Un televisor de 40 pulgadas con internet, una máquina de ejercicios, espejos revestidos de madera y un conservador de alimentos con carnes de primer corte. Todo esto fue hallado la mañana del 17 de mayo de 2019 en la celda que ocupaba un narco de Arica junto a sus secuaces. Además, se les confiscaron armas blancas, celulares y más de 70 gramos de cocaína.

La celda fue descubierta en un allanamiento generalizado en los centros penitenciarios que recibió el nombre de Operación Bisagra. Lo impulsó Gendarmería a raíz del escándalo por el hallazgo de los “módulos de lujo” en el penal Colina 2, que dejó al descubierto el creciente poder del crimen organizado en las prisiones y la corrupción dentro de la institución penitenciaria, según aseguraron las autoridades de la época.

Como respuesta al descubrimiento de las celdas VIP, Gendarmería y el Ministerio de Justicia —cercados por las críticas— decidieron implementar medidas para frenar el narcotráfico y la corrupción al interior de los penales.

El 17 de mayo, luego del allanamiento, el entonces ministro de Justicia, Hernán Larraín, acompañado del director nacional de Gendarmería, Christian Alveal, anunciaron la creación del Plan Antidrogas y Anticorrupción. La iniciativa buscaba modernizar el combate contra estos ilícitos dentro de la institución a través de la adquisición de tecnología, allanamientos programados y una coordinación más directa con el Ministerio Público.

El plan contempló 15 medidas. Sin embargo, a tres años de su puesta en marcha, este reportaje constató que al menos ocho de ellas aún no se han cumplido.

Las actuales autoridades de Justicia desecharon este plan de la administración anterior y han emprendido sus propias políticas para combatir al crimen organizado en las prisiones. En mayo de este año, el Ministerio de Justicia firmó un convenio con Gendarmería y la Fiscalía para trabajar de forma coordinada en ese propósito y perseguir la corrupción funcionaria. 

“Este es un paso muy importante que nos va a permitir hacer un avance en muchas investigaciones en curso y también poder iniciar otras a lo largo del país. De esta forma, aportar a desbaratar bandas que están funcionando con vínculos con personas al interior de recintos penitenciarios y afuera, abarcando todo ámbito de temas como el tráfico, crimen organizado y corrupción”, destacó la ministra de Justicia, Marcela Ríos, en esa ocasión. 

Uno de los objetivos de las actuales autoridades es mejorar la persecución penal de la corrupción en la institución penitenciaria, porque los datos revelan que, respecto a las causas iniciadas, el número de condenas que se logran son bajas. 

En el caso de los delitos contemplados en la Ley 21.121 -que sanciona la corrupción-, entre 2014 y 2021 se iniciaron 392 causas por cohecho, de las cuales en 77 hubo algún formalizado. De este último número, se han conseguido 39 condenas, mientras que 17 de esos procesos siguen abiertos.

Respecto de los delitos tipificados en la Ley 20.000 -sobre tráfico de drogas-, en el mismo periodo se abrieron 108 procesos penales, de los cuales solo en 17 hubo algún formalizado. De esta última cifra, se han logrado 10 condenas y cinco continúan en investigación. Ni en 2019 ni en 2021 se registraron sentencias condenatorias relacionadas con este tipo de ilícitos. 

“Al interior de Gendarmería los casos que más hemos visto dicen relación con cohecho, el cobro de coimas para darle beneficios a los reos para que entren un celular. Y también con casos de drogas, porque muchos de esos casos que se han descubierto vinculan a un funcionario público autorizando el ingreso de droga. Por lo tanto, ahí el funcionario está participando del delito de tráfico de estupefacientes”, explica el subdirector de la Unidad Especializada Anticorrupción del Ministerio Público, Héctor Fernández Aracena.

Para Fernández, la escalada del narcotráfico en el país genera focos de corrupción que pueden permear a Gendarmería: “Desde mi percepción, los casos de corrupción ligados al narcotráfico han ido aumentando y, en la medida que el tráfico va creciendo en el país, va generando redes para infiltrar el aparato del Estado (…) y lo mismo ocurre en instituciones como Gendarmería”.

Al igual que con las causas penales, los sumarios en Gendarmería por corrupción o tráfico de drogas tampoco suelen llegar a sanciones. En respuesta a una consulta por transparencia hecha para este reportaje, la institución indicó que desde 2019 se han abierto 108 procesos administrativos por consumo o tráfico de drogas o alcohol, cohecho y falta a la probidad funcionaria. Del total, solo cuatro sumarios registran alguna sanción: los castigos van desde multas hasta la destitución. 

“Los sumarios son un poco infructíferos en relación a lo que buscan probar, en comparación con las investigaciones penales, porque los datos arrojan que si bien hay muchos sumarios por año relacionados con tráfico y consumo de drogas, muy pocos llegan efectivamente a una investigación penal para que el gendarme sea formalizado”, advierte el otrora subsecretario de Justicia, Sebastián Valenzuela.

Por su parte, el actual subsecretario de Justicia, Jaime Gajardo Falcón, consultado por el avance de las organizaciones narco al interior de las prisiones, señaló: “Es un fenómeno delictivo nuevo y que hay que enfrentar con coordinación interinstitucional, con inteligencia y con bastante firmeza. Formamos parte del Consejo Asesor en Contra del Crimen Organizado que lidera el Ministerio del Interior. Se están haciendo reasignaciones presupuestarias para disminuir las brechas tecnológicas en la forma de perseguir estos delitos. Lamentablemente, nuestro Estado no se ha preparado lo suficiente para enfrentar esto con todo lo que implica”. 

Con este escenario, el 20 de septiembre pasado el subsecretario Gajardo anunció una serie de compromisos con el fin de mejorar la seguridad y prevenir la comisión de delitos al interior de los recintos penales.

«Estamos estableciendo un foco de trabajo en seis establecimientos penitenciarios, con el objeto de poder mejorar la seguridad de nuestros establecimientos y con ello generar un impacto en la seguridad pública de nuestro país», sostuvo el subsecretario. Los recintos penitenciarios escogidos son: Complejo Penitenciario de Arica, Centro Penitenciario de La Serena, la cárcel de Valparaíso, Santiago 1, Colina 1 y Colina 2. En esas regiones habrá un fiscal con dedicación exclusiva para investigar los delitos que se generen al interior de estos penales. 

La ministra de Justicia, Marcela Ríos, asistió el 27 de septiembre a la comisión investigadora de la Cámara de Diputados sobre orden público y crimen organizado. Ahí anunció que se presentará un proyecto de ley “en materia de crimen organizado específicamente para Gendarmería, para abordar algunas de las deficiencias que tenemos hoy y para que la institución sea un ente coadyuvante en la persecución penal de delitos que se cometen al interior de los recintos penitenciarios”. 

* Nota de la Redacción: este reportaje fue actualizado a las 23:05 del jueves 27 de octubre de 2022 y a las 06:50 del 28 de octubre de 2022.