Las exiguas cifras de Estadio Seguro: 2.003 personas han recibido sanción judicial en sus 11 años de funcionamiento

CIPER accedió, vía Ley de Transparencia, a los registros de las sanciones judiciales que se han aplicado desde que se inició el plan Estadio Seguro, dependiente de la Subsecretaría del Interior. De los más de 2 mil sancionados, 120 fueron castigados por ingreso indebido, 108 por usurpación de identidad, 30 por desacato a un castigo previo y 26 por falsificación de entradas. Hay 116 que son reincidentes. Las cifras muestran que están vigentes 598 prohibiciones de ingreso a estadios dictadas por la justicia, mientras que los clubes mantienen sin derecho de admisión a 4.519 personas.

La historia la contó Andrés Otero, exsubsecretario de Deportes bajo el segundo gobierno de Sebastián Piñera. Y resulta ser tan sorprendente como ilustrativa respecto de por qué los barristas de los clubes de fútbol profesional no respetan las normas que impulsa el programa Estadio Seguro. Otero, quien concedió entrevista a CIPER en mayo pasado, recordó que un hincha de Universidad de Chile fue detenido en Quillota portando una mochila con bengalas, las que pretendía lanzar en un partido que la “U” jugaría en el estadio Lucio Fariña de esa ciudad. Eso ocurrió en 2012. Al aficionado, finalmente, solo se le prohibió el ingreso a los partidos que jugara Universidad de Chile en Quillota los días sábados. Tras cerrar su historia, el exsubsecretario comentó: “Ahí hay una gran deuda y lo voy a decir con todas sus letras: ahí ha fallado el Estado de Chile”.

Con ese nivel de sanciones, no es extraño que este miércoles 28 de septiembre alguien se haya “arriesgado” a ingresar fuegos de artificio al estadio Elías Figueroa de Valparaíso. Ese día, el puerto se había preparado para recibir lo que se esperaba fuera una fiesta: el encuentro entre Universidad de Chile y Universidad Católica para definir a uno de los semifinalistas de la Copa Chile. Pero, apenas transcurridos cinco minutos de iniciado el partido, una bomba de estruendo lanzada desde la barra de la UC cayó a escasos metros del arquero azul, Martín Parra. ¿El resultado? El juego se suspendió y el portero tuvo que ser retirado en camilla y llevado al hospital en ambulancia por un trauma acústico agudo.

Este año, lamentablemente, ha sido pródigo en episodios de violencia en los estadios. De hecho, en el primer partido de 2022 se registró una multitudinaria pelea entre hinchas de Colo Colo y de la propia UC en el Estadio Ester Roa, de Concepción, el pasado 23 de enero. Los barristas se golpearon con vallas papales, carteles y con todo lo que estuviera a su alcance, frente a la mirada de los guardias. A casi 10 minutos de comenzados los incidentes, Carabineros entró a separar. Las cámaras de TNT Sports mostraron al menos a cuatro familias intentando calmar a niños que lloraban en las gradas. “No hay autoridad que le ponga el cascabel al gato”, dijo el relator del partido, Claudio Palma. Y su comentarista, Aldo Schiappacasse, remató: “Estadio Seguro es un plan que demostró ser ineficiente”.

CIPER accedió, vía Ley de Transparencia, a los datos históricos de sanciones aplicadas por la justicia a partir de la ley 19.327, sobre violencia en los estadios, desde la creación de Estadio Seguro en 2011 hasta marzo este año. Las cifras indican que, en sus 11 años de historia, se ha dictado 2.003 sanciones judiciales, ya sea por un juzgado de policía local o un tribunal penal. Estas causas han sido protagonizadas por 1.866 personas (algunas recibieron más de una sanción en una causa) y entre ellas se cuentan 116 reincidentes (protagonistas de dos o más causas).

Las sanciones a las que se exponen quienes incumplan las normas sobre violencia en los estadios pueden provenir de tres fuentes:

• Juzgados de Policía Local, que sancionan acciones consideradas como infracciones.
• Tribunales penales, que sancionan conductas tipificadas como delitos.
• Cancelación del Derecho de Admisión, que es la prohibición de ingreso a un estadio que puede establecer un club de fútbol sin necesidad de recurrir a la justicia.

Solo 598 personas tienen vigente una prohibición de ingresar a un estadio dictada por la justicia. Esto dista de los 4.519 a las que se les canceló el Derecho de Admisión por decisión de un club o de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP). Sobre esta diferencia, el exsubsecretario Andrés Otero comentó: “Los tribunales de justicia tienen una labor importante en esto y, a la fecha, las sanciones no han sido proporcionales a lo que realmente ocurre. Cuando uno ve que hay más de 4.000 personas con derecho de admisión (cancelado), son 4.000 personas que podrían tener una sanción judicial también. (…) Hoy hay un actor que debe hacer mucho más: los tribunales”.

Además, es posible que la prohibición de ingreso no se esté cumpliendo, particularmente en los partidos de alta convocatoria, donde los controles son menos efectivos o se registran “avalanchas”. El pasado 27 de abril, por ejemplo, cuando Colo Colo recibió a River Plate en el Estadio Monumental, un numeroso grupo de barristas ingresó a la fuerza por el sector “Océano”.

Entre las 2003 sanciones dictadas por la justicia hasta ahora, se cuentan:

• 120 por ingresos indebidos.
• 108 por usurpación de identidad.
• 30 por desacato a un castigo previo.
• 26 por falsificación de entradas.

Al ser consultada sobre la efectiva fiscalización del cumplimiento de las sanciones, la encargada del plan Estadio Seguro, Pamela Venegas, afirmó: “No sacas nada con meter y meter sanciones en una bolsa si al final nadie revisa. La gestión en la seguridad privada es fundamental para que esto, en parte, no vuelva a pasar”. Esto, en alusión a que, finalmente, son los guardias contratados por los organizadores de los partidos quienes deben controlar a las personas que ingresan a los estadios.

La principal responsabilidad para evitar incidentes o episodios de violencia en los estadios recae en los organizadores de los partidos, es decir, los equipos que juegan de local. Ellos deben contratar la seguridad privada que menciona Venegas para asegurar el cumplimiento de las normas. Pero, hay casos en que los propios organizadores han recurrido a tecnicismos legales para sortear o aplazar las sanciones. Eso es lo que ocurrió en el partido que se debía jugar este miércoles 28 en Valparaíso, donde hacía de local la UC. La dirigencia de ese club ingresó una orden de no innovar que permitió que su público, castigado por incidentes en el encuentro previo de la Copa Chile, asistiera al estadio del puerto, lo que culminó con un nuevo episodio de violencia.

Para este artículo, CIPER se contactó -desde mayo de este año- con autoridades y exautoridades relacionadas con Estadio Seguro y con la repartición de la cual depende ese programa: la Subsecretaría del Interior. También con dirigentes de la ANFP y de Audax Italiano, Colo Colo, Coquimbo Unido, Curicó Unido, Unión Española y Universidad de Chile. Los dirigentes de Magallanes, Santiago Wanderers y Universidad Católica declinaron referirse al tema.

"ESTAS CIFRAS DEBERÍAN AUMENTAR"

Tras los graves desmanes protagonizados por hinchas de la UC y Colo Colo que paralizaron la Supercopa Chile 2022, jugada en enero pasado en Concepción, solo tres personas fueron sancionadas, todas por una infracción menor: desórdenes.

Un caso similar ocurrió después de los incidentes que tuvieron lugar en el estadio El Teniente, de Rancagua, al finalizar el partido entre Universidad de Chile y Curicó Unido, jugado el 30 de octubre de 2021. Tras el pitazo final, un centenar de barristas invadió la cancha. El entonces jugador del equipo azul, Thomas Rodríguez, recibió un empujón de un fanático, mientras que otro futbolista del elenco estudiantil, Pablo Aránguiz, intentó defenderse de encapuchados. Los exaltados también rompieron material de TNT Sports.

Según lo registrado en la respuesta por Transparencia enviada por la Subsecretaría del Interior, hasta ahora no hay sanciones judiciales por lo ocurrido en Rancagua. Esto, a pesar de que Universidad de Chile presentó querellas contra hinchas que pudieron ser identificados.

“Al día siguiente iniciamos un proceso interno para investigar quiénes fueron los que ingresaron a la cancha. Identificamos a cuatro personas, contra las que presentamos una querella a mediados de noviembre del año pasado, que se encuentra en Fiscalía, y tienen prohibición de ingresar al estadio por Derecho de Admisión”, indicó a CIPER el presidente de Azul Azul, Michael Clark.

Consultada por los 2.003 sancionados por la justicia en los 11 años que lleva el plan Estadio Seguro, la jefa de ese programa, Pamela Venegas, dijo a CIPER: “Estas cifras deberían aumentar. De repente las sanciones no son las mismas que cuando Estadio Seguro inició, son tiempos distintos, hechos de violencia distintos. Son marcos legales y sanciones que se deben ir cambiando”.

– Quizás falta algo que apretar en el proceso y que así se mueva más rápido. (…) Nosotros queremos apretar en ese proceso. Queremos trabajar con el Ministerio Público, con las delegaciones presidenciales, para ver cómo ese proceso puede ser más efectivo. Por eso decimos que hay que revisar el marco legal completo, los protocolos y sanciones. Ese es un camino que vamos a tomar sí o sí, agrega la funcionaria.