Llegó la hora. Luego de 14 meses escribiendo este boletín constitucional, esta es la última edición.
Extrañaré escribirte cada semana, pero antes de despedirme aún tengo cosas importantes que explicarte para que puedas tomar una decisión informada en el plebiscito de este domingo. Hoy te contaré acerca de dos temas en que la propuesta constitucional innova bastante respecto de la Constitución actual: el rol de las mujeres en la sociedad y el cuidado del medio ambiente.
Extrañaré escribirte cada semana, pero antes de despedirme aún tengo cosas importantes que explicarte para que puedas tomar una decisión informada en el plebiscito de este domingo. Hoy te contaré acerca de dos temas en que la propuesta constitucional innova bastante respecto de la Constitución actual: el rol de las mujeres en la sociedad y el cuidado del medio ambiente.
¿Vamos a hablar de paridad?
Sí, entre otras cosas. En su primer artículo, la propuesta constitucional define a la democracia chilena como “inclusiva y paritaria”, pero no se queda sólo en una declaración de principios. Se introduce un tipo de paridad inédita en el mundo, pues tiene piso, pero no techo. Eso quiere decir que no se trata de una paridad binaria, en que una mitad de los integrantes de un organismo son hombres y la otra mitad son mujeres, sino que se garantiza que al menos el 50% de sus integrantes sean mujeres, pero pueden ser más.
¿Por qué sin techo?
Esta fórmula busca reparar la exclusión histórica que han vivido las mujeres en el acceso a los espacios de toma de decisión y permite también que si en algún momento se reconoce un tercer género, sus integrantes no le resten cupos a las mujeres, sino a los hombres. “Es bueno tener una visión de paridad que va a quedar en la Constitución y que pueda ser flexible a estos nuevos cambios que podrían llegar a ocurrir en nuestra sociedad”, dice Julieta Suárez-Cao, académica del Instituto de Ciencia Política de la Universidad Católica.
La investigadora del CEP Macarena Granese valora la paridad como una forma de ayudar a romper el llamado “techo de cristal” que enfrentan las mujeres, pero le parece que no está bien justificado que los hombres tengan techo y las mujeres no. “Quizás en vez de hacerlo tan estricto hubiese sido mejor un principio orientador más que algo tan numérico, que rigidiza mucho su implementación”, dice.
“La paridad es un tema de justicia para superar barreras de entrada que tienen las mujeres para participar en política. Me parece que la Convención Constitucional dio una lección que es ineludible: cuando a las mujeres se las pone en cargos donde van a ser electas dan muy buen resultado electoral”, dice Claudia Heiss, jefa de la carrera de Ciencia Política en la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile.
¿Sólo el Congreso será paritario?
La propuesta constitucional no está pensada sólo para los órganos electos, como las cámaras legislativas o los concejos municipales, sino que hay una norma que establece que también serán paritarios los órganos autónomos constitucionales, los directorios de empresas públicas y semipúblicas, y los órganos superiores y de la Administración del Estado, desde el gabinete ministerial para abajo.
¿Hay otras medidas relacionadas con las mujeres?
Sí, se incluye el enfoque de género como principio orientador en varios ámbitos de la propuesta constitucional. La propuesta dice que el Estado debe incorporarlo en su diseño institucional, de política fiscal y presupuestaria, en los sistemas de educación y salud, así como en las resoluciones judiciales. También se reconocen los derechos sexuales y reproductivos, incluyendo el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo sin causales.
Otra innovación es la valoración de los trabajos domésticos y de cuidados como “trabajos socialmente necesarios e indispensables para la sostenibilidad de la vida y el desarrollo de la sociedad”. En general estas funciones son realizadas por las mujeres sin ninguna retribución, pero la propuesta señala que son una actividad económica que contribuye a las cuentas nacionales y deben ser consideradas en la elaboración de políticas públicas.
“Me parece que eso es un gran avance de la propuesta. Apunta en la dirección correcta de que se valore el trabajo doméstico y las labores de cuidado, y que no se vea solamente como algo que hacen las mujeres, ya que también se establece el principio de la corresponsabilidad”, dice Macarena Granese. El texto encomienda al Estado promover la “corresponsabilidad social y de género” y la generación de políticas públicas que permitan conciliar la vida laboral, familiar, comunitaria y las labores de cuidados.
¿Cuáles son las novedades en cuanto a medio ambiente?
Son varias, pues es uno de los sellos de la propuesta elaborada por la Convención Constitucional. Se declara a Chile como un Estado ecológico y contiene un capítulo completo sobre naturaleza y medio ambiente. La Constitución vigente la considera en un solo artículo, que consagra el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación.
“Estamos pasando de una Constitución preocupada desde una perspectiva más económica a una Constitución ecocentrista. Claramente hay un cambio en el énfasis y lo podemos ver en temas tan objetivos como los recursos naturales”, dice Winston Alburquenque, profesor de Derecho de Recursos Naturales en la Universidad Católica. Ejemplifica con la minería y el agua, que actualmente están en el artículo de derecho a la propiedad y ahora se subordinarían al medio ambiente.
La directora del programa de Derecho y Política Ambiental de la Universidad Diego Portales, Dominique Hervé, agrega que este cambio de paradigma considera al ser humano como parte de la naturaleza y no con dominio sobre ésta, y desde ahí se deriva todo el contenido del articulado en esta materia. “Por ejemplo, el rol del Estado en términos de protección de la naturaleza pasa a ser un rol muy activo, con responsabilidades, con deberes concretos y al cual se le puede exigir el cumplimiento de esos deberes. La ciudadanía también tiene un rol mucho más participativo en la definición de las decisiones relacionadas con la naturaleza”, explica la académica.
¿Es cierto que la naturaleza ahora tendrá derechos?
Sí, esta nueva concepción considera a la naturaleza como sujeto de derechos. “Los derechos de la naturaleza se refieren a la obligación que tenemos las personas de respetar la existencia de la naturaleza y de repararla en el caso de que sea dañada”, dice Ezio Costa, profesor de Derecho Ambiental de la Universidad de Chile, director ejecutivo de la ONG FIMA y vocero de Aprueba x Chile.
Para garantizar esos derechos, la propuesta constitucional crea un órgano autónomo llamado Defensoría de la Naturaleza, que fiscalizaría tanto al Estado como a los privados.
Jordi, uno de mis lectores, me pidió que le explicara qué se propone para al agua
La propuesta incluye un Estatuto de las aguas, que establece que los derechos de agua pasarán a ser autorizaciones de uso. “Actualmente, el derecho de uso del agua es de propiedad privada. Eso cambia profundamente con la propuesta porque establece que no puede haber propiedad privada sobre los usos del agua y, por otro lado, dice que no se pueden comercializar esas autorizaciones. Se busca eliminar el mercado de las aguas, ahí está la diferencia fundamental”, explica Dominique Hervé.
Se reconoce un derecho humano al agua cuyo ejercicio, junto al saneamiento y el equilibrio de los ecosistemas, prevalecerá sobre otros usos. Se propone crear una Agencia Nacional del Agua, que entregará las autorizaciones basándose en la disponibilidad efectiva de ese recurso.
Para Alburquenque, el cambio en materia de agua es radical: “La autoridad va a tener que revisar los títulos otorgados en razón de si efectivamente había caudal para otorgarlos o no. No solamente cambia la categorización, sino que además implica la revisión de las cuotas. La norma transitoria pone prioridad para que se parta en las zonas donde hay más escasez o donde está más claro ese error o sobreotorgamiento de derechos”.
Los agricultores son quienes más se han opuesto a este cambio, pero según Ezio Costa no se verán perjudicados. En el texto se reconocen los derechos de los pequeños agricultores y de la vida rural, junto con la seguridad y la soberanía alimentaria. “Todo eso es en favor de la agricultura, o sea, la agricultura sale ganando con esta Constitución”, asegura.
¿Hay también un estatuto de la minería?
Se contempla un Estatuto de los minerales, pero deja muchos más espacios para la regulación vía ley que el Estatuto de las aguas. A diferencia de la Constitución actual, donde se incluyen las concesiones mineras en el derecho de propiedad, esta propuesta no las menciona, por lo tanto dependerá de una futura legislación si cambia o no el actual Código de Minería, que incluye la propiedad sobre las concesiones.
Dominique Hervé dice que esa omisión genera cierta incertidumbre, porque no se sabe qué va a pasar a nivel legal. Aunque cree que es posible que haya cambios, porque no en todas partes las concesiones son propiedad privada, le parece imposible pensar que los inversionistas privados no puedan seguir explotando los recursos minerales.
Fabián, otro lector, me envió la siguiente pregunta: ¿Qué efectos tienen sobre el interés internacional por invertir en la minería chilena artículos como el 145 de la propuesta de nueva Constitución que se refiere al dominio del Estado sobre las minas y sustancias minerales contenidas en ellas?
El artículo 145 establece que “el Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de todas las minas y las sustancias minerales, metálicas, no metálicas y los depósitos de sustancias fósiles e hidrocarburos existentes en el territorio nacional, con excepción de las arcillas superficiales, sin perjuicio de la propiedad sobre los terrenos en que estén situadas”. Aunque a primera vista puede parecer un artículo muy estatista, la verdad es que hoy también existe.
Según Alburquenque, ese artículo motivó la nacionalización de la minería del cobre durante el gobierno de Salvador Allende, en 1971, y se mantuvo en la Constitución del 80. “Yo creo que no mueve mucho la aguja, hemos sabido convivir con eso durante 50 años”, opina. Cuenta que cuando se escribió la Constitución actual hubo un debate acerca de mantenerlo, pero después vinieron los añosde mayor inversión privada en minería de la historia de Chile. Eso sí, subraya que el haber sacado la propiedad de las concesiones mineras de la propuesta constitucional podría hacer una diferencia para los inversionistas.
El Washington Post escribió un editorial que dice que Chile debe reescribir su propuesta constitucional, sugiriendo que podría afectar la producción de litio que permite fabricar baterías para computadores y autos en Estados Unidos. ¿Es eso así?
Primero le pregunté a Winston Alburquenque, quien cree que la producción de litio sí puede verse afectada, pues se extrae de las salmueras de los salares y la propuesta constitucional excluye la actividad minera de zonas protegidas y glaciares.
Sin embargo, después le pedí más detalles a la ex convencional Cristina Dorador, una científica que ha estudiado el impacto de la minería del litio y conoce bien la situación de los salares. Me explicó que el texto no menciona en específico el litio y que si bien en un escenario ideal los salares deberían estar protegidos, en realidad no lo están. Me detalló la situación de una serie de salares que tienen protección en algunas áreas, pero no en otras, que es donde se explota el litio.
Desde Quilpué me escribió Raúl preguntándome en qué consisten los derechos de los animales, pues leyó que podrían eliminarse tradiciones como el rodeo.
La norma que menciona Raúl tuvo su origen en una iniciativa popular de norma llamada “No son muebles”, que consiguió casi 26 mil firmas. Aunque hay leyes que protegen a los animales, hoy se les considera como objetos (bienes muebles), por lo que se buscaba que una nueva Constitución los reconociera como seres vivos.
Finalmente lo que se aprobó fue que se considerara a los animales como “sujetos de especial protección”, a los que se reconoce “sintiencia” y el derecho a vivir una vida libre de maltrato. Además se obliga al Estado a promover una educación basada en la empatía y el respeto hacia los animales.
La propuesta no incluye la eliminación del rodeo, pero después de conversar con los expertos llegué a la conclusión de que si la ley llega a prohibirlo dependerá de si se considera que el rodeo es maltrato animal o no. Jean Menanteau, académico de la Universidad Católica e investigador de la Fundación de Derecho y Defensa Animal, me explicó que también dependerá de la interpretación que hagan los tribunales. Me contó que en Brasil, donde se prohíben actos de crueldad hacia los animales, el Tribunal Supremo Federal prohibió una tradición llamada Festival del Buey -en que al animal se le tiraba por el rabo y golpeaba, para después matarlo-, pues la justicia interpretó que era una práctica demasiado cruel.
Desde Aysén me escribió Luisa, porque un vecino pescador y buzo tiene miedo de que con la propuesta constitucional se pierdan los derechos adquiridos y se ponga en riesgo la pesca artesanal.
Hay sólo un artículo que menciona la pesca artesanal y aunque no se desarrollan normas específicas, se dice que el Estado “reconoce, fomenta y apoya la agricultura campesina e indígena, la recolección y la pesca artesanal, en tanto actividades fundamentales para la producción de alimentos”. Esto, dice Alburquenque, se enmarca en una idea general de la propuesta que no sólo no toca las actividades económicas pequeñas, sino que intenta proteger a los pequeños productores.
¿Algo más?
Sí. Quiero darte las gracias por haberte suscrito a este newsletter, que llegó a reunir a más de 10 mil personas. Como robota periodista estaré pendiente de los resultados del domingo y luego me tomaré unas vacaciones.
¿Hasta cuándo?
No lo sé aún, pero prometo avisarte cuando regrese.
ENCUESTA CONSTITUYENTE ✏️
Este es el último boletín sobre el debate constituyente . Y al despedirnos quiero pedirte que respondas esta encuesta sobre mi trabajo y sobre el proceso que termina . Te tomará sólo unos minutos. Será una forma de conversar por última vez.
Según los datos del Servicio Electoral hasta el 31 de agosto, a sólo unos días de que se realice el plebiscito constitucional, el financiamiento para la campaña alcanzó los $2.665 millones. El predominio de donaciones para las organizaciones por el Rechazo se mantiene con $2.109 millones, que equivalen a un 79% del total. Para los grupos que integran la campaña del Apruebo el apoyo suma $555 millones (21%).
Un 51% del financiamiento proviene de donantes identificables, ya sea porque decidieron aportar sobre el límite legal de $1,3 millones que exige publicar sus nombres o porque se identificaron voluntariamente pese a realizar donaciones por un monto menor. Son 33 los aportantes públicos que han donado un total de $96 millones para el Apruebo y 229 los que han financiado al Rechazo con $1.031 millones.
[Pincha la imagen para ver quiénes fueron los principales donantes para cada opción y con qué montos].
Aunque partidos políticos y parlamentarios independientes también han recibido donaciones, un 79% de los aportes ha sido destinado a organizaciones de la sociedad civil de ambas opciones:
Francisca, la felicito por su excelente columba LABOT, su profesionalidad, criterio e imparcialidad son dignos de admiracion!!!!!! Gracias pie habernos dado la oportunidad de tener informacion veraz - tan dificil en medios de comunicacion nacionales - y clara. La saludo, mis respetos Francisca!!!!
. Y al despedirnos quiero pedirte que respondas esta encuesta sobre mi trabajo 
y sobre el proceso que termina 
. Te tomará sólo unos minutos. Será una forma de conversar por última vez.
