Asesores 24/7: treinta parlamentarios ocuparon personal pagado por el Congreso en sus campañas a reelección

Senadores y diputados que compitieron en las últimas elecciones utilizaron a asesores pagados con dinero público para que trabajaran como sus administradores electorales o jefes de campaña. Dicen que lo hicieron fuera de la jornada laboral, pero ni el Senado ni la Cámara fiscalizan eso. Los asesores de 12 de estos parlamentarios cobraron aparte por su labor en campaña y los de 18 solo recibieron la remuneración del Congreso. Diputados explican que la secretaría de la Cámara les señaló que no había inhabilidad para que sus asesores integraran sus equipos electorales. Legisladores que usaron esta fórmula reconocieron a CIPER que es mejor prohibirla, para evitar que quienes buscan la reelección tengan ventajas sobre otros candidatos.

El Consejo Resolutivo de Asignaciones, organismo que determina a qué se pueden destinar los casi $20 millones que se destinan mensualmente a cada parlamentario para ejercer su trabajo legislativo, es categórico al referirse al eventual uso de estos recursos públicos cuando los congresistas se presentan a la reelección: “Queda prohibido que con cargo a las asignaciones parlamentarias se financien actividades electorales o de campaña, propias o de terceros”, dice el punto 11 de la normativa vigente.

Pero el año pasado, durante los tres meses que duró la campaña electoral, 30 parlamentarios que fueron a la reelección, o intentaron pasar de la Cámara al Senado, incorporaron a sus equipos electorales a asesores que son pagados con dinero del Congreso. Estos colaboradores han sido contratados directamente por el Senado o la Cámara para apoyar a los parlamentarios en su labor legislativa, pero entre septiembre y noviembre del año pasado se desempeñaron también como jefes de campaña o administradores electorales.

CIPER contactó a varios de los parlamentarios que incurrieron en esta práctica y que lograron reelegirse. La mayoría de ellos afirmó que sería mejor precisar expresamente en las normas del Congreso que esto no se debe permitir. Aunque consideran que no cometieron una falta, admiten que el mecanismo genera una ventaja indebida en desmedro de los candidatos que no ocupan un escaño. La diputada Emilia Nuyado (PS) explicó, por ejemplo, que para ella fue muy distinto enfrentar por primera vez en 2017 una campaña sin el apoyo de un equipo parlamentario, en comparación a la reciente elección, en que su administradora ante el Servel era además su asesora en el Congreso.

La mayoría de los consultados argumentó que los colaboradores trabajaron en las campañas fuera del horario laboral dedicado a la asesoría legislativa. Pero ni la Cámara ni el Senado tienen capacidad para fiscalizar las jornadas de estos asesores, particularmente cuando se desempeñan en los distritos o circunscripciones. De hecho, la secretaría de la Cámara informó a CIPER que los propios diputados tienen a su cargo supervisar el cumplimiento de los horarios de sus equipos.

Del total de asesores legislativos que trabajaron en campañas, los de 12 parlamentarios recibieron su remuneración pagada por el Congreso y en paralelo cobraron honorarios por su labor electoral, lo que quedó registrado en las rendiciones presentadas por los candidatos ante el Servicio Electoral (Servel). La revisión de los mismos registros indica que los colaboradores de los restantes 18 legisladores realizaron el trabajo de campaña sin cobrar por esos servicios extraordinarios al diputado o senador.

TODO EL ESPECTRO POLÍTICO

CIPER solicitó a la Cámara y al Senado la nómina de asesores que componían el personal de apoyo que los parlamentarios tenían en 2021. Accedió además a información del Servel donde aparecen las identidades de administradores electorales y proveedores de campaña de diputados y senadores que fueron a la reelección. En la comparación constatamos que candidatos a diputados y senadores de todo el espectro político figuran con asesores contratados por el Congreso y que, al mismo tiempo, trabajaron en sus campañas.

Esta es la lista de parlamentarios que utilizaron asesores pagados por el Congreso en sus campañas:

Senadores en ejercicio

• Iván Moreira Barros (UDI)
• Manuel José Ossandón Irarrázabal (RN)
• Gastón Saavedra Chandía (PS)
• Paulina Núñez Urrutia (RN)
• Esteban Velásquez Núñez (FRVS)
• Matías Walker Prieto (DC)

Diputados en ejercicio

• Andrés Celis Montt (RN)
• Eduardo Durán Salinas (RN)
• Jorge Durán Espinoza (RN)
• Gael Yeomans Araya (CS)
• Marisela Santibáñez Novoa (PC)
• Catalina Pérez Salinas (RD)
• Maite Orsini Pascal (RD)
• Jaime Naranjo Ortiz (PS)
• Jaime Mulet Martínez (FRVS)
• Cristhian Moreira Barros (UDI)
• Emilia Nuyado Ancapichún (PS)
• Joaquín Lavín León (UDI)
• Cristian Labbé Martínez (UDI)
• Marcos Ilabaca Cerda (PS)
• Ximena Ossandón Irarrázabal (RN)
• Erika Alejandra Olivera De La Fuente (RN)
• José Miguel Castro Bascuñán (RN)

Diputados que perdieron su escaño

• Sandra Amar Mancilla (UDI)
• Karin Luck Urban (RN)
• Luis Pardo Sainz (RN)
• Camilo Morán Bahamondes (RN)
• Andrés Molina Magofke (Evópoli)
• Virginia Troncoso Hellman (UDI)
• Marcela Hernando Pérez (PR)

Respecto de la explicación que dieron los parlamentarios consultados, acerca de que la labor de sus asesores en la campaña se realizó fuera del horario que cumplen en el Congreso, la información recopilada por CIPER indica que ni el Senado ni la Cámara fiscalizan las jornadas. En el caso de la Cámara Alta, los contratos del Personal de Apoyo no estipulan horario específico, justamente porque se hace difícil fiscalizar si un asesor regional, por ejemplo, cumple sus labores en las horas establecidas.

En la Cámara sí se establece jornada laboral, pero su fiscalización queda a cargo de quien supervisa directamente el trabajo. Ese supervisor, según el reglamento vigente para las contrataciones del Personal de Apoyo, es el propio diputado. “La jefatura directa sobre los trabajadores la ejercerá, siempre y en todo caso, el comité parlamentario o el diputado para quienes hayan sido contratados”, dice esa normativa.

El secretario de la Cámara, Miguel Landeros, confirmó a CIPER que la corporación no tiene capacidad de fiscalizar el cumplimiento de la jornada de estos asesores parlamentarios: “El control de esas personas se hace conforme al artículo 4° del Código del Trabajo, o sea, quien tiene la supervisión directa de estos trabajadores debe efectuar el control. La administración de la Cámara no tiene posibilidad física de hacerlo de Arica a Punta Arenas”.

Los diputados Jaime Naranjo y Jaime Mulet, además de la diputada Maite Orsini, sumaron a más de un asesor del Congreso a sus campañas. En tanto, la diputada Ximena Ossandón, aparte de encomendar a su jefe territorial parlamentario la labor de administrador de campaña, también facturó $20,6 millones a una empresa constituida por la cónyuge y el hijo de ese asesor: Sayan Producciones. La misma sociedad, cuya creación quedó registrada en el Diario Oficial días antes de que partiera la campaña, percibió otros $27 millones por servicios prestados a otros candidatos a diputados y consejeros regionales de RN, UDI y DC.

LOS OSSANDÓN

María Paz King es una de las asesoras mejor pagadas del Senado con $4 millones mensuales (la remuneración más alta en Personal de Apoyo es de $4,6 millones). Ella trabaja hace más de 20 años para el senador Manuel José Ossandón (RN). En 2020 se vio involucrada en el llamado caso Asesorías -una investigación de la Fiscalía Oriente que indaga desde 2017 el uso de recursos fiscales-, luego de que el Ministerio Público detectara pagos desde el Instituto Libertad (ligado a RN) a las cuentas de King, los que luego fueron depositados en cuentas del senador. Según señaló entonces el abogado que representó a Ossandón en esa causa, Samuel Donoso, King administraba los dineros del parlamentario.

En 2021, desde que el senador se inscribió como candidato a la reelección, María Paz King fue oficialmente su administradora de campaña, de acuerdo con los registros del Servel.

El exalcalde de Puente Alto logró su reelección por otros ocho años y King respondió ante el Servel las distintas observaciones que el ente electoral realizó a los gastos del candidato. Pero ella no figura cobrando honorarios por su labor en la campaña y solo percibió su remuneración habitual en el Senado. CIPER intentó sin éxito hablar con el parlamentario para conocer la razón.

La hermana del senador, la diputada Ximena Ossandón (RN), también recurrió a uno de sus colaboradores para administrar su campaña: su jefe territorial Mario Díaz, quien percibe en el Congreso un sueldo de $1,1 millones. Díaz no le cobró a la parlamentaria por su trabajo electoral, pero sí lo hicieron su cónyuge y su hijo de 18 años por otros servicios prestados a la campaña de la diputada a través de la empresa Sayan Producciones. La constitución de esa sociedad fue publicada en el Diario Oficial el 23 de agosto del año pasado, día en que vencía el plazo para la inscripción de los candidatos al Congreso.

Ximena y Manuel José Ossandón

Según las rendiciones de la campaña de Ximena Ossandón, Sayan le emitió dos facturas por un total de $20,6 millones. La primera es por $6,6 millones por “servicios de instalación y desinstalación de gráfica y propaganda”, según indica la glosa. La segunda es por $14 millones por “servicios varios de campaña”. Esta última fue sujeta a reembolso con fondos públicos, pero, por la cantidad de votos obtenidos por la candidata, solo se devolvieron $11 millones para pagar este servicio.

CIPER contactó a la diputada y al asesor. Este último confirmó los datos, agregando que la labor la hacía en paralelo al trabajo territorial que acostumbra a realizar para la parlamentaria: “Yo trabajo todo el día con ella, formulo las campañas, hago las rendiciones, genero los pagos (…). Lo que yo hago en las campañas de la diputada es en función del conocimiento que tengo, no tiene un costo”. Pese a lo que señala el asesor, en otras rendiciones de diputados de esa misma elección el valor que se pagó por esta labor (Administración Electoral) alcanzó hasta $3 millones.

Sobre Sayan Producciones, Díaz agregó: “Ellos (su esposa y su hijo) siempre han trabajado en campaña con nosotros. Yo partí trabajando en este tipo de campañas, haciendo propaganda callejera. Entonces, conocí a la diputada en 2012. Y bueno, mi hijo aprendió la pega y lo hacíamos de manera informal. Con el nuevo sistema de rendiciones todo tiene que ser formal, entonces nos pidieron facturas”. Y aclaró: “La sociedad fue constituida el 27 de mayo, porque ese día mi hijo cumplió 18 años”.

MÁS DE UN ASESOR

Hasta mayo pasado, en la Cámara los diputados con más personas contratadas como Personal de Apoyo eran dos: Alexis Sepúlveda Soto (PR) y María Francisca Bello Campos (CS). Ambos contaban con 13 colaboradores pagados por el Congreso. En general, los miembros de estos equipos pueden cumplir tareas como asesor legislativo, encargado territorial, chofer, secretaria, jefe de gabinete o personal de comunicaciones.

La diputada Maite Orsini (RD), también hasta mayo de este año, tenía contratados a ocho asesores. Y en periodo de campaña destinó a tres de ellos a trabajos electorales: Sharun Uttamchandi, cuya remuneración en el Congreso asciende a $900 mil mensuales, realizó labor territorial en la campaña por $564 mil; Cristián Delannoy, quien ha recibido en el Congreso entre $440 mil y $779 mil por mes, aparece en las rendiciones ante el Servel con boletas por $400 mil, y Sofía Aroca, quien en el Congreso figura con honorarios entre $500 mil y $1,9 millones, trabajó como Jefa de campaña y emitió dos boletas por $1.473.088 cada una.

En los casos de Aroca y Uttamchandi, la diputada Orsini los contrató como asesores en el Congreso solo por algunos meses, los que comprendían el periodo de campaña: Aroca entre junio de 2021 y marzo de 2022 y Uttamchandi entre mayo y octubre de 2021.

En el equipo de Maite Orsini indicaron a CIPER: “No se realizó ningún pago con fondos parlamentarios a funciones de campaña. Las personas que nos mencionan mantenían relaciones laborales previas al periodo de campaña y continuaron haciéndolo posterior a ello. Es decir, ninguna fue contratada para la campaña. Respecto al periodo de campaña, algunos miembros del equipo prestaron servicios a honorarios, labores que fueron desempeñadas fuera de su jornada laboral (después de las 19:00 en días de semana y fines de semana) y fueron pagados con fondos de campaña, sin destinar ni un peso del presupuesto parlamentario a gastos electorales”.

El diputado Jaime Naranjo también puso a trabajar en la campaña a tres miembros de su equipo en el Congreso. María Inés Nass recibía en la Cámara un sueldo de $2.065.392 en el mismo período en que trabajo como administradora electoral. Alberto Inzulza emitió boletas por $2,5 millones por su labor como jefe territorial de la campaña, mientras en el Congreso le pagaban $430 mil mensuales. Domingo Leiva, ex concejal de la Municipalidad de Cauquenes, recibía entre $552 mil y $780 mil mensuales en el Congreso y en campaña cobró $1,5 millones.

Diputada Maite Orsini (RD)

El diputado Jaime Mulet (FRVS) destinó dos de sus asesoras del cCngreso para su campaña. Elizabeth Pérez trabajó desde abril de 2018 hasta enero 2022 con el parlamentario con un sueldo de $1,3 millones y no cobró por sus servicios como administradora electoral. En tanto, María Nara percibió $486 mil mensuales como asesora de Mulet y cobró honorarios por $405 mil en su campaña.

Tanto la asesora de Mulet como la de Naranjo señalaron a CIPER que trabajaron en su campaña fuera de su jornada como colaboradoras del Congreso.

El diputado José Miguel Castro (RN) aseguró a CIPER que la persona que figura en el Servel como su administradora electoral, Paola Olivares, quien además es su asesora en el congreso, solo “prestó su e-mail”: “La persona que se encargó absolutamente de todos los trámites fue Giovanni Rivera. El problema es que él fue mi jefe de campaña y no podía aparecer como administrador electoral”, afirma. Sin embargo, existen varias remuneraciones aprobadas por el Servel donde administradores electorales cumplen también roles de jefes de campaña.

El diputado explicó: “Por eso y porque se reciben correos privados, fue que Paola efectivamente ofreció prestar su e-mail solamente. Y si alguna vez envió un e-mail o no lo envió, claro, debe haber sido fuera del horario de trabajo. Fue un tema nominal. Pero quien administró todo fue Giovanni Rivera. Y ¿por qué no se valorizó eso en la campaña? Porque efectivamente no trabajó, y por lo que usted misma dice: porque no se podría tener una persona trabajando en la Cámara y a la vez en la campaña”.

LA CONTIENDA ES DESIGUAL

La mayoría de los parlamentarios contactados por CIPER que contaron en sus campañas con asesores de su labor legislativa, admite que este punto debe ser reformulado, para asegurar un mejor uso de las asignaciones parlamentarias.

La senadora Paulina Núñez (RN), cuyo principal asesor en el Congreso, Marco Antonio Luza, fue a la vez su administrador de campaña, resaltó que en la ley electoral solo existe impedimento para que funcionarios públicos ejerzan ese rol. Y agregó que el reglamento de la Cámara de Diputados no señala incompatibilidad alguna respecto a que el personal de apoyo legislativo no pueda actuar como administrador electoral.

Sin embargo, la exdiputada también señala que sería prudente reformular la normativa interna sobre este punto. “Sin perjuicio de lo anterior y sin haber infringido norma alguna, me parece prudente una modificación a la norma o al menos al reglamento en la línea de un permiso sin goce de sueldo o derechamente una inhabilidad de asesores de parlamentarios que vayan a su reelección. Estaría disponible a apoyarla”, afirmó.

Según la interpretación que hacen legisladores, su Personal de Apoyo en el Congreso no cumple con las características de los funcionarios públicos. Sin embargo, la Contraloría, aunque no tiene jurisdicción sobre el Congreso, ha emitido instructivos en que señala que toda persona que recibe remuneración del Estado lo es.

Por su parte, la diputada Emilia Nuyado (PS), cuya asesora Gloria Huanquilen fue a la vez su administradora de campaña, también cree que esta práctica debiera ser normada. Y va más allá, al mencionar la desventaja que implica para los candidatos que no cuentan con un equipo pagado por el Congreso: “Hay que revisarlo. Fui por primera vez diputada con precarios recursos y no tenía ningún equipo ni personal que pudiera hablar en mi nombre. Lo tenía que hacer en una competencia muy distinta a la de parlamentarios con asignaciones”.

Christhian Moreira (UDI), quien también destinó a su asesor Cristian Alegría a la labor de administrador de su campaña, recalcó que el colaborador “no recibió ninguna remuneración, lo hizo de forma voluntaria y fuera de los horarios de su trabajo conmigo. Y no es la primera vez que lo ha hecho”. Asegura que al no pagar por ese servicio, se ahorran recursos:  “Le ahorré plata al Servel”.

En ese punto, la ley electoral establece que para cumplir con los límites del gasto electoral, toda colaboración, incluso ad honorem, debe ser valorizada, puesto que una campaña puede terminar siendo íntegramente realizada con donaciones y por tanto, sin limitar los insumos requeridos. Pero la mayoría de los parlamentarios, incluido Moreira, no cumplió con este ápice de la Ley Electoral y simplemente omitieron rendir estas labores.

El diputado Moreira explicó que en la secretaría de la Cámara les señalaron que no había inhabilidad: “No hay impedimento para ser administrador electoral a quienes cumplen funciones con los diputados financiados con las asignaciones, siempre y cuando sea fuera de horario administrativo”, dijo. Pero, agregó: “Si es necesario dejarlo más claro, ningún problema. Si lo que abunda, no daña. Y si se quiere normar mejor, cosa que se ha hecho durante estos años para mejorar esto, yo creo que nadie se puede oponer”.

Uno de los principales asesores que tuvo en la Cámara el exdiputado Matías Walker (DC), ahora senador por la Región de Coquimbo, es el abogado Juan Francisco Báez. Este colaborador también ejerció labores de administración de campaña para Walker, trabajo por el cual emitió dos boletas por un total de $2 millones, una de ellas sujeta a reembolso.

Consultado por CIPER, el senador señaló que él siempre ha estado “llano a otorgar altos estándares de transparencia tanto en esta materia como en otras” y que considera una obligación parlamentaria garantizar lo que establece el Consejo Resolutivo de Asignaciones respecto al uso de los recursos fiscales. Pero a su juicio, “el cargo de administrador electoral viene a ser de gran responsabilidad, involucrando directamente su rol y el de la respectiva candidatura, por lo que resulta lógico poder contar con una persona de absoluta confianza para cumplir dicha tarea”.

Walker explicó que la asesoría de Báez en el Congreso es de media jornada: “Juan Francisco Báez es abogado, con 12 años de titulación y que trabaja con contrato de media jornada (desde que asumí como diputado) y con experiencia en ley de financiamiento de campañas políticas”, afirma. Según los registros públicos, la remuneración del asesor de Walker, cuando este último estaba en la Cámara, ascendía a $1,9 millones por media jornada.

“Al Servel yo le pregunté si una persona que estaba trabajando conmigo puede ser administrador electoral y me dijo que no había ninguna inhabilidad. Se trata de una persona de confianza que me administró la campaña”, señaló el diputado Cristián Labbé (UDI). Y añadió: “A raíz de todas estas dudas y para mayor transparencia, lo ideal sería legislarlo, al igual como debiéramos legislar las funciones de otros administradores y otros funcionarios públicos, para que cada día sea más limpio el proceso. Estoy totalmente dispuesto a legislar para que los asesores, en momentos de campaña, o deban renunciar o no puedan ser asesores de campaña”.

El diputado Andrés Celis (RN), cuya administradora electoral también forma parte de su Personal de Apoyo en el Congreso, también asegura que preguntó al Servicio Electoral: “En su oportunidad, se realizaron las consultas pertinentes al Servel sobre su participación en la campaña, recibiéndose la respuesta de que debía ser incorporada como donación y luego voluntaria (…). Aquello no ha sido objeto de observación o reparo por parte del servicio encargado de la revisión de gastos de campaña y sus rendiciones”. Y finaliza: “Si bien no tenemos reparos con la gestión de fiscalización de los medios de comunicación, nos produce sorpresa que se genere un reporte de esta índole sobre hechos totalmente ajustados a la ley”, concluye.

Por su parte, el asesor del ex diputado Andrés Molina (Evópoli), Jorge Samir Manukian, fue finiquitado en el Congreso el 30 de septiembre, ya iniciada la campaña del parlamentario que partió el 22 de septiembre 2021. Manukian figura con dos boletas en las rendiciones del Servel por un total de $2 millones. Molina señaló a CIPER que decidió cesar las funciones del asesor en el Congreso justamente para evitar un doble funcionamiento porque, a su juicio, la labor territorial del colaborador debía ser pagado por él y no por la Cámara.

También hay asesores que no están contratados por la Cámara o el Senado, sino que prestan servicios a honorarios y que trabajaron en las campañas. Es el caso de Felipe Vera, quien asesora a René Alinco y ejerció como administrador de su campaña. Vera estuvo contratado a honorarios por el Congreso solo durante tres meses: julio, agosto y septiembre de 2021, labor por la cual percibió $450 mil mensuales. En las rendiciones de campaña no figura con pagos.

Otros cuatro excandidatos a diputados -Álvaro Cárter (RN), Carolina Marzán (PPD), Marcela Sandoval (RD) y Carlos Bianchi (Ind)- también contaron en sus campañas con asesores que les prestan servicios a honorarios en el Congreso.

N. de R.: Este reportaje fue actualizado el 21 de julio a las 12:03 hrs