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SE SUMA A DECISIÓN DE LA SUPREMA PARA QUE DECLARE EL PRESIDENTE DEL BANCO POR BLANQUEO DE LA FORTUNA DE PINOCHET
30.06.2022
Las irregularidades fueron detectadas cuando el Ministerio Público indagaba el papel de esa entidad bancaria y de sus funcionarios en las presuntas operaciones de lavado de activos que habría efectuado el excomandante en jefe del Ejército, Juan Miguel Fuente-Alba. Las pesquisas coinciden con la resolución de la Corte Suprema que aceptó el requerimiento enviado por la justicia española para aclarar el papel del mismo Banco de Chile en los delitos de blanqueamiento de capitales asociados a la fortuna del fallecido general Augusto Pinochet.
Dos hechos asociados a investigaciones por corrupción militar han golpeado al Banco de Chile en las últimas semanas. El primero es que el Ministerio Público abrió una investigación para aclarar por qué se falsificaron documentos sobre procesos de certificación del banco en 2013, 2015 y 2017, y que dependían de su Gerencia de Cumplimiento Normativo. Estos debían acreditar cada dos años que esta institución financiera contaba con mecanismos de prevención y alerta de lavado de activos. La pesquisa surgió a partir de la investigación sobre la fortuna del excomandante en jefe del Ejército, general (r) Juan Miguel Fuente-Alba, cuyas operaciones sospechosas fueron reportadas por el banco recién en 2016, cuando el oficial ya estaba en retiro y después de que la justicia levantara su secreto bancario, ante diversos reportajes de prensa.
El segundo hecho ocurrió el 15 de junio pasado, cuando la Corte Suprema resolvió dar curso al exhorto internacional que presentó la Audiencia Nacional de España en julio de 2021, respecto de investigaciones que se realizan en ese país por el blanqueamiento de la fortuna del fallecido dictador Augusto Pinochet. Al aceptar el requerimiento, la Suprema autorizó que se le tomara declaración a Pablo Granifo, actual presidente del directorio del Banco de Chile, y que la justicia española acceda al expediente del caso sustanciado en Chile por el enriquecimiento ilícito de Pinochet.
La investigación por la falsificación de los certificados de cumplimiento fue ordenada por el fiscal José Morales. La adulteración, que ya motivó el interrogatorio de gerentes y analistas del Banco de Chile, ocurrió precisamente durante el período en que estallaron algunos de los mayores casos de corrupción política y militar del país, entre cuyos protagonistas había clientes de esta entidad financiera.
La primera alerta sobre el comportamiento del Banco de Chile en estos hechos apareció en febrero de 2017, cuando un informe de la Policía de Investigaciones (PDI) reveló que el general (r) Fuente-Alba y su esposa, Ana María Pinochet, sumaban abonos por $7.942 millones en sus cuentas corrientes nacionales y extranjeras, sólo entre 2008 y 2015. Aunque el militar y su mujer tenían cuentas en seis bancos, una parte mayoritaria de esas transacciones ocurrieron en el banco de la familia Luksic. “(En una sola cuenta del Banco de Chile) los depósitos en efectivo equivalen a $2.118 millones entre 2010 y 2015”, detalló el reporte policial, suscrito por el comisario Claudio Escobedo.
Excomandante en jefe del Ejército, general (r) Juan Miguel Fuente-Alba
Otros aspectos consignados en aquel análisis financiero son las inversiones hechas por Fuente-Alba a través del Banco de Chile entre 2010 y 2015, período en que estas operaciones sumaron $3.083 millones, según la información revisada por la PDI. Esa cifra, que equivalía en su tiempo al costo de construir un liceo de excelencia como el inaugurado en Colina en 2013, se desglosa en 73 operaciones, de las cuales un puñado atrajo especialmente la atención de los peritos policiales, debido a su elevado monto. Entre estas últimas, figuran tres abonos de inversiones por $483 millones materializados entre diciembre de 2013 y mayo de 2014, período que coincide con la salida del general de las filas del Ejército, institución en que debió firmar compras de armas y material de guerra por millones de dólares, entre ellas las relacionadas al Proyecto Esparta sobre indumentaria militar y visores nocturnos, hechos también investigados por el fiscal Morales.
No obstante, en ese momento ninguna autoridad del sistema de justicia indagó si las instituciones financieras o sus funcionarios habían facilitado las operaciones del otrora jefe del Ejército, pese a que sus depósitos, giros e inversiones se paseaban con fluidez por los bancos BCI, Security, de Chile, Scotiabank y BBVA, además del HSBC Bank de Washington. En ese período, las indagaciones estuvieron centradas en reconstruir las compras y resciliaciones de autos Ferrari, Audi y Mercedes Benz, las que Fuente-Alba hizo entre 2005 y 2016. También las ventas y compras sucesivas de propiedades efectuadas entre el general y sus hijos, de 2004 a 2015. El Consejo de Defensa del Estado (CDE) y la Fiscalía deseaban averiguar si detrás de esos movimientos había una operación de lavado de activos.
La situación cambió en julio de 2021. En esa fecha, el CDE solicitó una serie de diligencias que apuntaron por primera vez a la potencial responsabilidad del Banco de Chile en las operaciones financieras del excomandante en jefe del Ejército. Con esto, el Consejo pretendía averiguar cómo fue posible que Fuente-Alba y su esposa movilizaran miles de millones de pesos en las cuentas que tenían en ese banco sin que jamás se emitiera siquiera una alerta de operación sospechosa. En definitiva, ¿Cómo pudo existir una falla de esa naturaleza -y durante años- en una entidad financiera que ya enfrentaba acusaciones judiciales similares por su comportamiento en el caso sobre la fortuna del general Augusto Pinochet?
En específico, el CDE propuso a la Fiscalía investigar los créditos otorgados al general de parte del Banco de Chile, debido a que, a juicio de la entidad, podían ser parte de una operación fraudulenta. Lo que llamó la atención del Consejo es que la mayoría de estos créditos se prepagaron mucho antes de que se cumpliera el número de cuotas pactadas inicialmente. Algunos de estos pagos se hicieron en efectivo y no a través de transferencias desde la cuenta corriente de Fuente-Alba, aunque esta tenía fondos suficientes (vea acá el escrito presentado por el CDE).
El CDE detalló ante la Fiscalía que el militar había solicitado seis créditos, todos prepagados antes de sus plazos de vencimiento. El primero ascendió a UF 8.500 y fue otorgado el 31 de julio de 2009. Fuente-Alba lo canceló anticipadamente el 7 de marzo de 2011, desembolsando $174.048.437 de una vez. El segundo préstamo sumó UF 8.200, fue aprobado el 24 de febrero de 2011 y se pactó a 216 cuotas, pero el general lo prepagó el 12 de abril de 2012, aportando $178.148.695. El 30 de noviembre de 2011 el Banco de Chile concedió otros dos empréstitos al excomandante en jefe, los que fueron por $15.255.629 y $45.764.627. Ambos fueron pagados el 27 de diciembre de 2013. Unos meses antes, el 12 de agosto de 2013, Fuente-Alba recibió otro crédito por $37.590.799. Y el 14 de agosto de 2015 el general accedió a otros dos préstamos por la suma de UF 2.350 y UF 7.725, respectivamente.
A este carrusel de créditos, se sumaron dos mutuos bullet (créditos cuyo capital se paga íntegramente cuando vence la totalidad de plazo). El primero por $55.116.154 y con fecha de pago el 17 de abril de 2012. Y el segundo, por $76.313.033, a ser cancelado el 12 de junio de 2012.
Si bien, este tipo de operaciones están descritas en manuales o cursos contra el lavado de activos, lo que más llamó la atención al CDE y a la Fiscalía es que algunos de los pagos anticipados fueron hechos en efectivo. ¿De dónde provenía ese dinero y por qué el banco no hizo reportes de operaciones sospechosas?, se preguntaron en ambas instituciones.
Entonces, el CDE pidió que el Banco de Chile aclarara si entre 2009 y 2015 disponía de “alerta ante operaciones sospechosas de lavado de activos”. Es decir, “ante comportamientos poco habituales como solicitar constantemente créditos que se prepagan en forma temprana cuando solo ha habido cobro de intereses, o pagos de cuotas que no se efectúan a través de la cuenta corriente a pesar de contarse con dineros disponibles”, se lee en la solicitud hecha por el CDE a la fiscalía.
“De existir tales protocolos se solicita remitirlos y señalar, en su caso, si todos los ejecutivos del banco estaban familiarizados con ellos y las formas de control preventivo de conductas sospechosas de lavado de activos existentes en el lapso señalado”, agregó el CDE. En definitiva, el Consejo buscaba establecer si el banco tenía sistemas de control y alerta de lavado de activos que operaran regularmente, que fueran creíbles y que estuvieran certificados. En el fondo, qué medidas había adoptado el Banco de Chile a 15 años de que comenzara a ser investigado por su eventual papel en el blanqueamiento de capitales de Pinochet.
Requerido por el fiscal Morales, el Banco de Chile debió reconocer que en 2013, 2015 y 2017, el gerente de Cumplimiento Normativo, el contador Claudio Aravena, había utilizado certificaciones externas del Modelo de Cumplimiento que eran falsas. Aravena, un exfuncionario del Ministerio Público, fue despedido del Banco de Chile finalmente en 2019, previo pago indemnizatorio. Su salida se produjo justamente luego de que la falsificación de los certificados fuera descubierta por otro ejecutivo, quien decidió informar la anomalía a sus superiores, entre ellos el gerente de la División de Cumplimiento, Felipe Echaiz. El Banco de Chile no informó estos hechos a la justicia, pese a las investigaciones en curso.
Estos hechos motivaron una serie de decisiones en la Fiscalía, la que interrogó a gerentes, analistas y a los propios ejecutivos de cuenta del general Fuente-Alba. Las preguntas se repitieron: ¿Quién tomaba las decisiones en el banco? ¿Cómo operaba el modelo de cumplimiento? ¿Cómo operaban las alertas? ¿Por qué el exgeneral gozaba de tantos privilegios?
Citado por la Fiscalía, Aravena optó por acogerse a su derecho a guardar silencio, sin responder las preguntas sobre cómo funcionaban las alertas por lavado de activos en el Banco de Chile. Tampoco explicó si había falsificado los certificados por decisión propia o por órdenes superiores.
Consultado por CIPER, el Banco de Chile admitió que sus certificados de cumplimiento de los años 2013, 2015 y 2017 no eran auténticos: “Con motivo del proceso de revisión y renovación del Certificado de Modelo de Prevención de Delitos, el año 2019 se tomó conocimiento que tres de los certificados, correspondientes a los años 2013, 2015 y 2017, no eran auténticos”, afirmó la institución financiera en una respuesta por escrito (revísela acá). El banco agregó que la situación ya estaba corregida y que el gerente responsable fue desvinculado, pero no explicó por qué no tomó acciones legales por estos hechos.
La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) señaló a CIPER que por ley no podía emitir comentarios sobre la conducta del Banco de Chile, ni tampoco respecto a si había investigado los hechos o no: “Considerando nuestros deberes de reserva legal, la Comisión no puede referirse a las acciones de supervisión sobre las entidades que conforman su perímetro de fiscalización”, afirmó el organismo por correo electrónico.
No solo las investigaciones por eventual corrupción del excomandante en jefe Fuente-Alba han afectado en el último tiempo al Banco de Chile y sus ejecutivos. El pasado 15 de junio la Corte Suprema dio luz verde al exhorto internacional que fue presentado en julio de 2021 por la Audiencia Nacional de España, relacionado con las investigaciones que se llevan en ese país por el blanqueamiento de la fortuna de Augusto Pinochet.
El requerimiento de la justicia española no solo pidió acceso al expediente del caso sustanciado en Chile. Además, solicitó que se tomara declaración al ingeniero comercial Pablo Granifo, presidente del directorio del Banco de Chile (vea el pliego de preguntas). La resolución favorable fue firmada por los ministros Andrea Muñoz, Leopoldo Llanos y María Teresa Letelier, además del abogado integrante Ricardo Abuauad.
“Se trata de un caso típico de cooperación mutua en materia penal, en que se solicita al Estado de Chile realizar un conjunto de actos de naturaleza jurisdiccional, destinados a favorecer la persecución y/o punibilidad secundaria de un hecho delictivo ocurrido en territorios de diversos Estados”, puntualizó la resolución.
La justicia española fundamentó su solicitud sobre todo en la inacción de las autoridades chilenas. “El Gobierno de Chile desconoció las recomendaciones internacionales de la Comisión Interamericana de 1999 y su propio compromiso de 2003, no atendiendo este acuerdo internacional hasta siete años después, en 2010”, argumentó.
El exhorto es parte de las gestiones impulsadas por la Fundación Presidente Allende, de España, que actúa como querellante en ese país, y que apunta a los ejecutivos Pablo Granifo, Eduardo Omegna, David Orrego, Juan Biehl, Hernán Donoso y Carlos Jiménez, como responsables de las operaciones de blanqueamiento de capitales realizadas por Pinochet y sus asesores (ver documento).
Augusto Pinochet
La querella, presentada en 2004 y ampliada en 2007, refiere como evidencia una serie de declaraciones del albacea del exdictador, Óscar Aitken, incluidos traspasos de dinero entre Chile y Estados Unidos, entre los bancos Riggs y de Chile. “Es incuestionable que el Banco de Chile haya tenido conocimiento de mi relación con el general Pinochet y de la forma cómo se ejecutó esta operación de préstamos”, dijo Aitken a la justicia chilena.
El abogado Joan Garcés, quien coordina las gestiones en España a nombre de la Fundación Presidente Allende, dijo a CIPER que el objetivo de estas diligencias es lograr “una transacción judicial en beneficio de las víctimas del blanqueo y alzamiento de capitales del criminal en jefe”.
A 16 años de la muerte del general Pinochet, el monto real de la fortuna que logró acumular y ocultar en el extranjero es aún motivo de debate. El juicio que investigó el origen de esa fortuna estableció en mayo de 2015 que el patrimonio acumulado por el militar ascendía a US$21,3 millones.
Una investigación de CIPER, que rastreó el cuantioso patrimonio inmobiliario que adquirió Pinochet, descubrió en 2016 que su valor real se elevaba a $18.914 millones, unos US$28 millones. Las pesquisas judiciales determinaron que también existían depósitos y vale vista por otros cinco millones de dólares en los bancos de Chile, Estado y Boston (vea el reportaje: El verdadero valor de la fortuna que acumuló Pinochet).
En 2018, la Corte Suprema finalmente ordenó devolver a las arcas públicas el dinero que se mantenía en cuentas confiscadas y los bienes del fallecido excomandante en jefe del Ejército que fueron objeto de comiso durante la tramitación del «caso Riggs». No obstante, muchas de las transacciones de la fortuna de Pinochet se hicieron en el extranjero. La justicia española arguye que justamente está investigando sobre estas últimas operaciones, debido a que algunas de ellas fueron realizadas en su jurisdicción.
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