CONOCE LO ÚLTIMO DE LA DISCUSIÓN CONSTITUCIONAL EN "LABOT CONSTITUYENTE":
🤖 La última oportunidad del sistema político
29.04.2022
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CONOCE LO ÚLTIMO DE LA DISCUSIÓN CONSTITUCIONAL EN "LABOT CONSTITUYENTE":
29.04.2022
Nos acercamos por fin a la última fase del diseño del sistema político, aunque el desenlace sigue siendo incierto. El lunes 25, después de días de intensas negociaciones, un grupo de colectivos de centroizquierda logró consensuar un paquete de indicaciones para reemplazar las normas que fueron rechazadas por el pleno. La propuesta llevaba la firma de 13 de los 25 convencionales de la Comisión de Sistema político, un número que aseguraba el piso mínimo para que fueran aprobadas en esa instancia, pero que no garantiza que se logren los 2/3 en el pleno. Y queda sólo una oportunidad. Eso quiere decir que lo que no se apruebe deberá ser abordado a través de leyes y, si bien la estructura general ya está definida, quedan vacíos importantes.
Socialistas, Frente Amplio, Independientes No Neutrales, Movimientos Sociales Constituyentes, escaños reservados y el Partido Comunista, que fue al que más le costó sumarse al acuerdo que le entrega más atribuciones a la Cámara de las Regiones que reemplazará al Senado.
Aparte de la derecha y el Colectivo del Apruebo, esta vez no se sumaron la Coordinadora Plurinacional y Pueblo Constituyente. Según han dicho, para ellos lo clave es que se apruebe la participación de listas independientes, algo a lo que el resto de los colectivos no se allana porque creen que hay que fortalecer a los partidos y evitar que se atomice el parlamento.
Sin embargo, en el primer día de votaciones en la comisión, las indicaciones consensuadas en general contaron con el apoyo de los dos grupos de izquierda que no concurrieron al acuerdo. Eso incluye el artículo clave sobre las llamadas “leyes de acuerdo regional”.
Son aquellas leyes en cuya tramitación participará la Cámara de las Regiones. La propuesta original contemplaba 17 y el principal nudo de la negociación era justamente cómo aumentarlas para que los representantes regionales no se volvieran irrelevantes. Aunque esta segunda cámara tendrá menos atribuciones que el actual Senado, la lista creció, sumando por ejemplo aquellas que reformen la Constitución (antes sólo se incluían algunas), las que modifiquen los sistemas de justicia y los órganos autónomos, las que regulen los estados de excepción y las que implementen los derechos a la salud, educación y vivienda, entre otras.
Además, se aprobaron modificaciones que le entregan a la Cámara de las Regiones un rol en algunos trámites no legislativos. Por ejemplo, actuará como jurado en las acusaciones constitucionales -al igual que el Senado- y en sesión conjunta con el Congreso de Diputadas y Diputados deberá aprobar los nombramientos que requieran el visto bueno del Poder Legislativo.
Diría que las modificaciones en el resto de los temas son menores, pero hay uno que fue particularmente controversial. Quizás recuerdes que en la votación anterior en el pleno hubo dos artículos que obtuvieron menos de la mitad de los votos y por las reglas que regían en ese momento quedaron definitivamente fuera del debate constitucional. Se trataba de dos normas relevantes, pues regulaban la conformación de ambas cámaras legislativas.
Aunque en teoría no se pueden reemplazar, en otras comisiones se las arreglaron para poner el contenido en otros artículos y aprobarlos sin grandes reclamos. No fue el caso de Sistema Político. Apenas comenzó la sesión, a las 7:30 AM del jueves 28, el convencional Hernán Larraín (Evópoli) pidió la palabra para impugnar que se votaran indicaciones a artículos que habían sido rechazados por el pleno. Tras deliberar, la coordinación aceptó el reclamo y comenzó la votación.
Sin embargo, la sesión se interrumpió de nuevo cuando la derecha reparó en que sólo se habían excluido las indicaciones que referían directamente a los artículos rechazados, pero que se había agregado el contenido a otras normas. Los coordinadores Rosa Catrileo y Ricardo Montero argumentaron que no tenían atribuciones para evaluar el contenido de las indicaciones, por lo que se votaron igual. Así fue como se aprobó que el Congreso tenga un mínimo de 155 diputados electos de manera proporcional, que se elegirán junto con la segunda vuelta presidencial (o 4 semanas después de la primera) y que la Cámara de las Regiones esté compuesta por igual número de representantes en cada región (al menos tres).
Ese tema lo vio en detalle la Comisión de Sistemas de Justicia, que propondrá al pleno que tanto Presidente/a como parlamentarios, así como ciudadanos a través de iniciativas populares o indígenas (sobre temas que los afecten a ellos) pueden proponer reformas constitucionales, las que se aprobarán con un quórum de 4/7. Sin embargo, hay cuatro temas en que las reformas constitucionales deben ser ratificadas por un plebiscito: sistema político, forma de Estado, principios y derechos fundamentales, y reforma y reemplazo de la Constitución.
Además, la ciudadanía puede pedir un referéndum constitucional con el patrocinio del 10% de las personas inscritas en el padrón electoral. En ese caso, el Congreso podrá presentar una propuesta, que se ofrecerá como segunda alternativa en el plebiscito.
¿Hubo otros cambios en Sistemas de Justicia? ⚖️
Sí, esta semana la comisión se dedicó a revisar el informe que había sido devuelto completo por el pleno y se hizo cargo de varios de los puntos que habían despertado críticas de los expertos.
Por ejemplo, repuso la figura del fiscal nacional en el Ministerio Público, aunque con menores atribuciones que las que tiene actualmente. Ya no dirigirá solo la institución, sino que lo hará acompañado de un órgano colegiado llamado Consejo Superior, que será también el que lo elegirá de entre sus miembros. Dicho consejo estará integrado por tres fiscales y un funcionario electos por sus pares, y tres personas elegidas por el Congreso a partir de ternas elaboradas por el Consejo de Alta Dirección Pública. El fiscal nacional también presidirá un comité integrado por los fiscales regionales, el que fijará la política de persecución penal.
En cuanto al Banco Central, se cambió la redacción de la norma que decía que habría coordinación con el gobierno, pues algunos estimaban que eso podría comprometer la independencia de la institución. Ahora se propone que la ley defina “instancias de coordinación entre el Banco y el Gobierno.” Respecto a la remoción de los consejeros, se aumentó de un tercio a una mayoría del Congreso el quórum para enviar la solicitud a la Corte Suprema.
También hubo novedades sobre la forma de operar de la nueva Corte Constitucional. Para limitar los recursos de inaplicabilidad, se propone que sea un juez -y no las partes- el que envíe el caso a la corte. Si un precepto legal ha sido declarado inaplicable dos o más veces, la corte podrá declararlo inconstitucional de oficio o a solicitud de las partes.
Sí, hay varias que aún están haciendo cambios a las normas devueltas por el pleno. Una que terminó de revisar su primer informe esta semana fue la de Derechos Fundamentales, que sorpresivamente terminó aprobando una indicación de la convencional Teresa Marinovic (ind. Partido Repúblicano). El reglamento obliga a hacer modificaciones a los artículos rechazados antes de devolverlos al pleno y en el caso del financiamiento y progresividad de los derechos fundamentales la coordinación reparó que tras rechazarse una serie de indicaciones sólo quedaba la de Marinovic, por lo que si no la aprobaban se perdía la norma. La propuesta de la convencional de extrema derecha eliminaba el carácter universal de la satisfacción de los derechos fundamentales.
Se zanjó también la polémica sobre las expropiaciones, aprobando que los propietarios tendrán derecho a que se les indemnice con el precio justo del bien y que el pago deberá efectuarse en forma previa a la entrega. Los afectados podrán reclamar sobre la legalidad, monto y modalidad del pago en tribunales.
Otra controversia que se cerró en este informe es la que se abrió respecto de hasta qué momento del embarazo puede realizarse un aborto, aprobándose que será la ley la que regule el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos. Para la propuesta de educación sexual integral se descartó que fuera de carácter laico y se reiteró la idea de que es deber del Estado garantizar el ejercicio del derecho, “desde la primera infancia y durante el curso de la vida a través de políticas públicas con pertinencia cultural y basadas en evidencia científica”.
Sobre el derecho colectivo de los indígenas sobre sus tierras, se aprobó un artículo más acotado pero que mantiene varios de los puntos originales, como que el Estado debe reconocer y garantizar ese derecho, además de establecer que la restitución de las tierras será el mecanismo preferente de reparación.
Otro artículo modificado fue el del derecho de asociación. Aunque la norma original decía que este derecho se aplicaba tanto a personas naturales como jurídicas, en su nueva redacción sólo se habla de personas. En la propuesta se prohíben las asociaciones paramilitares y las que atenten contra el orden constitucional, y se plantea que la ley podrá imponer restricciones específicas al ejercicio de este derecho respecto de las policías y Fuerzas Armadas. También se especifica que las personas y asociaciones que se dedican a la protección y defensa de los derechos humanos y de la naturaleza contarán con especial protección del Estado para cumplir sus fines.
La comisión decidió no insistir en su idea de que el Estado promoviera el pluralismo, pero el nuevo informe incluirá nuevamente su propuesta de que tome medidas para eliminar los discursos de odio.
Claro que sí, hubo tres y habrá un cuarto este viernes 29. El primero tuvo lugar el martes, cuando la Comisión de Forma de Estado logró la aprobación de algunos artículos pendientes sobre comunas autónomas, concejos municipales, territorios especiales y autonomías indígenas. Entre otras cosas, se aprobó que existan empresas municipales, las que deberán ser aprobadas por ley.
Entre las normas más celebradas estuvieron la aprobación de la existencia del maritorio y un artículo sobre la autonomía de Rapa Nui que reconoce el Acuerdo de Voluntades de 1888 que incorporó la isla a Chile, así como la titularidad colectiva de los derechos sobre el territorio.
El martes fue el turno de la Comisión de Sistemas de Conocimiento, que nuevamente vio rechazada parte importante de su propuesta, esta vez de forma definitiva.
El artículo que había generado más debate en las últimas semanas era el referido al derecho de autor, objeto de un fuerte lobby por parte de organizaciones ligadas al mundo artístico y literario, que presionaron para que se rechazaran aquellos incisos que buscaban equilibrar ese derecho con el acceso a la cultura y el conocimiento. Fue un lobby exitoso, pues sólo se aprobaron los dos incisos que protegen el derecho de autor y se rechazaron tanto el que buscaba promover los derechos culturales y el beneficio del conocimiento, así como el que pretendía que el Estado fortaleciera el dominio público.
Por último, el miércoles el pleno deliberó sobre la nueva propuesta de Principios Constitucionales. El debate estuvo marcado por quienes defendían la idea de reemplazar la democracia representativa por una participativa. En esa línea consiguieron la aprobación de la iniciativa popular de ley, que con el patrocinio del 3% del padrón electoral puede presentar un proyecto ante el Congreso; y la iniciativa de derogación de ley, que con el 5% del padrón puede gatillar un referéndum para eliminar un precepto legal.
Fracasó, sin embargo, la propuesta de permitir plebiscitos revocatorios de mandatos, tanto para la Presidencia de la República, como para gobernadores y alcaldes.
Lo que sí se aprobó fue el voto obligatorio para los mayores de 18 años y voluntario para quienes tienen entre 16 y 18 años o vivan en el extranjero.
El pleno revisará por primera vez el informe de la Comisión de Derechos de los Pueblos Indígenas y Plurinacionalidad, que sistematiza los resultados de la consulta indígena. Me atrevo a prever una sesión intensa. Por un lado, el tema de los pueblos originarios despierta críticas instantáneas de los sectores conservadores, a lo que se suma que parte de las propuestas ya fueron aprobadas en informes de otras comisiones y a que hay críticas a la forma en que se realizó la consulta, así como a su representatividad.
Te aviso que para la próxima semana ya hay en agenda ocho informes para que sean revisados por el pleno, por lo que por primera vez se contempla que dicha instancia sesione el sábado.
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La propuesta de nueva Constitución que la Convención Constitucional está votando ya supera los 300 artículos. Se dice que es un texto largo en comparación a las 149 normas de la versión original de la Constitución de 1980 (120 permanentes y 29 transitorias). Pero el constitucionalista Pablo Contreras propone otro punto de vista: ese texto Constitucional se complementó con leyes de quórum calificado que para ser modificadas requerían la aprobación de 3/5 del Congreso, el mismo quórum que para reformar ciertos capítulos de la Constitución. Y con eso, la suma aumenta. ¿El total? Contreras apunta a que este “es un ejercicio un poco inútil” y que más relevante es cuán rígida (o no) es una Constitución (un tema que abordo en el texto central).
Para leer su reflexión completa, pincha aquí:
Voy con un hilo latero sobre el número de artículos de la Constitución de 1980 y su comparación con el borrador de nueva Constitución. Primero, examinemos la CPR en su texto original.
— Pablo Contreras (@pcontrerasnet) April 23, 2022
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