Diputada Musante ingresó $9 millones a su fallida campaña a convencional y evita que el Servel fiscalice origen del dinero

En su frustrada postulación a constituyente, la ahora diputada Camila Musante (ex Frente Amplio) entregó $9 millones a Felipe Espinosa, su pareja, quien ingresó el monto a su campaña como una donación. La ley obliga al Servel a verificar el origen de los “aportes propios” que los candidatos inyectan a sus campañas, por lo que la figura usada por Musante y su pareja tuvo el efecto de impedir esa fiscalización. El Servel, aunque ya aprobó la rendición, informó que podría revisarla. CIPER había detectado, en septiembre de 2021, que Espinosa emitió una boleta por $8 millones a la campaña a convencional de Musante, por trabajos de gestión territorial. En esa ocasión, él señaló que esos servicios fueron efectivamente prestados y también confirmó que Musante le entregó otros $9 millones con los que hizo la donación.

La ley sobre aportes y financiamiento de campañas, que nació a partir de los casos de platas políticas ilegales, pone especial acento en que las empresas o personas jurídicas no puedan realizar aportes electorales y que los dineros que un candidato inyecte a su propia campaña provengan de un origen lícito. Por lo mismo, la norma establece que el Servel debe fiscalizar la fuente de los montos que los postulantes ingresan como “Aporte Propio”. Pero, eso no ocurrió en el caso de la fallida campaña a convencional de Camila Musante Müller (hoy independiente e integrante de la bancada PC y FRVS), quien posteriormente sí fue elegida como diputada.

En su campaña a Convencional Constituyente, que culminó en las elecciones de mayo de 2021, la ahora diputada Musante protagonizó, junto a su pareja, Felipe Espinosa, una transacción que vulnera la fiscalización que debe realizar el Servel sobre el origen de los dineros que llegan a las campañas políticas.

Musante registra en su rendición a convencional que el día 14 de marzo de 2021 le fueron depositados $9.043.230, correspondientes a una donación realizada por Felipe Espinosa, su pareja. El monto es el más alto de los tres aportes de campaña que recibió la entonces aspirante a convencional, quien obtuvo por esa vía $13.096.290 en total.

CIPER constató que esa donación de campaña se hizo con dinero en efectivo que la propia candidata le pasó a Espinosa. Fue este último quien lo confirmó, cuando en septiembre del año pasado fue consultado por CIPER para un reportaje sobre candidatos que contrataron a parientes para que trabajaran en sus campañas (vea el reportaje “$178 millones en total: 128 candidatos a la Convención incluyeron boletas de familiares al rendir sus gastos de campaña”). Esa información fue corroborada por otros integrantes del equipo de Musante.

La fórmula utilizada por Musante y su pareja revela que la ley sobre gasto electoral todavía tiene espacios para ser vulnerada y que, a través de mecanismos como este, la política puede ser financiada por empresas o con recursos de origen ilícito. Esto, porque la ley contempla que se fiscalice el origen de los aportes que inyectan candidatos a sus propias campañas, pero no sobre los que llegan a través de donaciones.

En el artículo 10 de la ley sobre financiamiento a campañas se define como “Aporte Propio” aquellos recursos provenientes del patrimonio propio de los candidatos. Y se exige que cuando existe un aporte de este tipo, los candidatos deben enseñar al organismo de dónde obtuvieron esos recursos: “Deberán justificar fehacientemente su origen mediante la acreditación de la fuente de dichos aportes, tales como la venta u otro acto jurídico sobre bienes muebles o inmuebles, la suscripción de créditos, los giros en cuentas bancarias, la enajenación de títulos constitutivos de obligaciones en dinero y cualquiera otra alteración de su patrimonio personal destinada al financiamiento electoral”, dice el artículo.

Musante no indicó en su rendición que esos $9 millones fueron proporcionados por ella, lo que provocó que el Servel no verificara de dónde obtuvo ese dinero. En septiembre de 2021, en el marco de una revisión inicial de rendiciones de campañas, CIPER detectó en las cuentas electorales de Musante, una boleta emitida por Felipe Espinosa por $8 millones, por trabajo territorial. En esa ocasión, tanto Espinosa como Musante señalaron que esos servicios fueron efectivamente prestados. En ese contexto, Felipe Espinosa también dijo que otros $9 millones que él había donado a la campaña  provenían de la candidata:

-¿Ese aporte lo realizó usted?

-Sí.

-¿Son suyos esos fondos?

-No, no provenían de mí. Eran recursos de Camila que yo básicamente deposité.

-¿En qué fecha realizó ese depósito?

-El 12 de marzo (de 2021) se hizo el depósito por caja en Banco Estado.

La rendición de gastos de la campaña a convencional de Camila Musante se cerró el 31 de agosto de 2021. CIPER constató que durante el posterior proceso de revisión que hace el Servel, ni Espinosa ni Musante, entonces militante del colectivo Fuerza Común, del Frente Amplio, habían informado al Servicio Electoral que ese dinero, en realidad, fue proporcionado por la candidata. El Servel aprobó su rendición y autorizó el reembolso de $18.222.500 (vea esa resolución).

CIPER consultó al Servel respecto del caso de Musante, ante lo cual el organismo señala que de haber nuevos antecedentes, debería ser investigado: “La ley N°19.884, sobre Transparencia, Límite y Control del Gasto Electoral, faculta al Servicio Electoral a fiscalizar los aportes de campaña. En tal sentido, los candidatos, a través de sus administradores electorales, tienen la obligación de registrar sus fuentes de financiamiento, sometiéndose a los límites correspondientes. Tratándose de los aportes que los candidatos efectúan a sus propias campañas, estos tienen la obligación además de informar el origen de los recursos”, señaló el Servicio. Y añadió: “Respecto a la situación que se hace referencia, es dable informar que, sin perjuicio del pronunciamiento de la revisión de las cuentas, en el caso que el Servicio Electoral contare con nuevos antecedentes sobre hechos que puedan constituir infracción a la normativa electoral, este podrá desarrollar las investigaciones que resulten pertinentes, en la medida que dichos antecedentes sean serios, plausibles y tengan mérito suficiente”.

Por su parte, la diputada Musante entregó el lunes 25 de abril pasado una versión por escrito sobre lo ocurrido que contraviene lo que parte de su equipo y su pareja expresaron a CIPER: “El señor Espinosa, como es de público conocimiento, es mi pareja, con quien compartimos habitación y patrimonio, y él realizó un aporte dentro del marco de la ley, a mi campaña”.

CIPER solicitó a Musante respaldos que acrediten el origen de los activos patrimoniales en conjunto que posee con Espinosa y que ahora señala como fuente de los fondos. Y también documentos que verifiquen que esos fondos provenían del patrimonio compartido. Sin embargo, la legisladora declinó hacerlo y se remitió a la respuesta por escrito ya mencionada.

LOS PRINCIPALES PROVEEDORES

Según los registros de rendiciones electorales, el gasto total de la campaña a convencional de Camila Musante ascendió a $40 millones. De estos, sus dos principales proveedores concentraron casi el 50% del total: su jefe de campaña, Cristóbal Rojas Alday, y su coordinador territorial, Felipe Espinosa, que también es su pareja. Entre ambos suman pagos por un total de $18,7 millones. El resto de los honorarios pagados a otros asesores en esa misma campaña fluctúa entre los $1,1 millones y $1,9 millones.

Felipe Espinosa emitió solo una boleta de $8 millones por el servicio que, según la glosa, consistió en “gestión territorial para el despliegue de campaña electoral”. Esta fue pagada a través del reembolso electoral que procesa el Servel.

En el contexto de la revisión de boletas emitidas por familiares de candidatos realizada por CIPER en 2021, Espinosa fue consultado respecto a esta boleta por $8 millones y señaló lo siguiente: “Corresponde a las labores que yo desempeñé en la campaña de Camila (Musante), que constan en parte de la ingeniería electoral, pero más que nada, enfocado en el despliegue electoral que se ejecutó durante la campaña. Es decir, tomar todo el análisis de datos de ingeniería electoral y planificar cómo, dónde y cuándo, con quiénes llegar al proceso de despliegue en las catorce comunas que componen el distrito 14. También incluye otras cuestiones como ejecución, planificación con los brigadistas, instalación de palomas, búsqueda de direcciones, todo lo que se relaciona con el despliegue en el territorio. Son cuestiones que yo planifiqué, diseñé y además ejecuté”, dijo.

En su respuesta por escrito, la diputada se refirió a las labores que su pareja desempeñó en su campaña, detallando además entre qué fechas se efectuaron: “Fue encargado del diseño y despliegue territorial de mi campaña, por un período que comprende desde el 11 de enero hasta el 13 de mayo de 2022, por lo que recibió una remuneración bruta mensual de $2.000.000”.

La boleta emitida por Espinosa posee un detalle por el cual CIPER también consultó: según la rendición al Servel, esta fue emitida el 24 de febrero de 2021. Sin embargo, el mismo Espinosa reveló a CIPER que en realidad el documento data del 23 de mayo de ese mismo año. Es decir, la boleta fue elaborada ocho días después de conocerse el resultado de los comicios de convencionales constituyentes donde Musante obtuvo 16.211 votos. El resultado habilitaba un reembolso de $23,2 millones para pagar gastos pendientes de su campaña. Según la resolución de ese pago, el reembolso solicitado fue de $18,2 millones, cuyos principales acreedores eran su pareja y su jefe de campaña con boletas por $8 millones cada uno.

¿Por qué Espinosa puso en su boleta una fecha tres meses anterior a su emisión? Él explicó a CIPER que fue “una instrucción que me dio el administrador electoral, no entiendo, ni sé muy bien la razón”. Cristóbal Rojas, el administrador, señaló que la boleta “está emitida en la fecha correcta, dentro del periodo de rendición de gastos electorales”.

Rojas fue justamente el principal proveedor de la campaña de Camila Musante. Según los registros, él emitió tres boletas por un total de $10,7 millones: dos como jefe de campaña, por $2,7 millones en total; y una por “servicios y productos de estrategia electoral y estudio focal”, cifrada en $8 millones. Este último trabajo también fue reembolsado por el Servel tras presentarse como gasto pendiente.

Camila Musante, en su respuesta a CIPER, señaló que Rojas fue su jefe de campaña y, además, administrador electoral durante los cinco meses que duró la campaña luego de interrumpirse por la emergencia sanitaria. Pero no hizo alusión al estudio que el asesor había realizado y cuyo pago fue reembolsado. “Trabajó durante todo el período de campaña constituyente que comprende desde el 11 de enero hasta el 13 de mayo de 2022, por lo que recibió una remuneración bruta mensual de $2.696.875”.

En las cuentas electorales de Musante se incluye a otra persona relacionada con su campaña que realizó donaciones por un total de $3,6 millones: Paulina Reyes Sáez, ex socia del actual jefe de gabinete de la diputada y su ex jefe de campaña, Cristóbal Rojas Alday. Juntos constituyeron Barracuda Servicios de Bartending, Mixología y Barra Móvil Limitada en mayo de 2019.

LOS NÚMEROS DE LA OTRA CAMPAÑA

El caudal de votos que Camila Musante obtuvo como candidata a convencional, terminó allanado el camino para que la abogada enfrentara una segunda aventura electoral en 2021, esta vez como candidata a diputada por el mismo distrito 14, donde fue electa con 12.387 votos.

Un nombre que se repite en esta segunda campaña es el de Cristóbal Rojas Alday, quien figura con una boleta por $1.129.944, por una “asesoría para la administración electoral”, un monto alejado de los $10,7 millones que cobró por sus servicios en la campaña a constituyente. La diputada Camila Musante explicó a CIPER que la diferencia en los montos es debido a que “Rojas se incorporó en el último período de la campaña diputacional para realizar una asesoría sobre administración electoral”.

En esta campaña a diputada de Musante los aportes de terceros bajaron considerablemente en relación a su campaña previa a convencional. Según el registro de Servel, en esta segunda postulación solo recibió $280.000 en donaciones de terceros. Además, a diferencia de su campaña anterior, esta vez sí realizó aportes propios: tomó un crédito con Banco Estado cuyo pago se haría por mandato para reembolso por $18 millones; y puso a disposición otro crédito con otro banco por $13,4 millones que, sin tener mandato, también sería sometido a reembolso por parte del Estado.

En cuanto a los gastos de su campaña a diputada, fueron similares a los de su candidatura a constituyente. Esta vez registró un monto total de $43.988.946, los que se concentran principalmente entre servicios y asesorías que suman $15.347.191.

Aunque uno de los gastos más importantes de la campaña a convencional fueron los $8 millones por trabajo territorial que se pagaron a Felipe Espinosa, en la campaña a diputada no figura un asesor que haya hecho una labor similar por un monto parecido.

CIPER consultó a Musante sobre el reemplazo del rol de Espinosa en su segunda campaña y la diputada explicó que “la campaña diputacional se estructuró para atender las 14 comunas que comprende el distrito. Fueron contratados para cumplir funciones del equipo territorial seis personas. La función de coordinación de este equipo estuvo a cargo de un profesional ad honorem”. Sin embargo, aunque el coordinador territorial no hubiese cobrado honorarios, la ley estipula que también deben registrarse las asesorías no remuneradas y sus trabajos deben ser valorizados como cualquier otro. Esto con el objetivo de que también sean considerados dentro de los límites de gasto electoral.