Probablemente en las últimas semanas escuchaste críticas a la Convención Constitucional porque no se enfocaba en los temas que (supuestamente) le importan a los chilenos y estuvieron en el centro de las demandas del estallido social. Lo cierto es que la Comisión de Derechos Fundamentales estaba trabajando en ellos y llegaron al pleno este martes 19 de abril, cuando finalmente el catálogo de los derechos sociales pasó en su mayoría a la propuesta de nueva Constitución.
¿Cuáles son?
Se mezclan derechos tradicionales, como salud y educación, con otros mucho más innovadores, como el derecho a la ciudad y el territorio, o el derecho al cuidado. También hay derechos que no son tan nuevos pero que no estaban en la Constitución actual, como es el caso del derecho a la vivienda.
Acá puedes ver la lista:
Más allá del listado, hay un claro cambio de énfasis hacia un mayor rol del Estado, en línea con un proyecto de Constitución que define a Chile como un Estado social de derecho. Eso explica, en parte, que en muchos casos se haya aprobado el primer inciso -o párrafo- que define el derecho, pero no todo el articulado en que se determina su alcance.
¿En qué casos?
Se aprobó, por ejemplo, que las personas tienen derecho a una “vivienda digna y adecuada, que permita el libre desarrollo de una vida personal, familiar y comunitaria”. Sin embargo, volvieron a comisión para ser reformulados varios numerales que definían el rol del Estado en el diseño y construcción, y otros que tenían consideraciones especiales para los pueblos indígenas y otros grupos específicos, como adultos mayores o minorías sexuales.
En el derecho a la educación sólo se aprobó el enunciado, pues hubo un acuerdo transversal de que se requería afinar más el detalle de su “bajada” y todo el resto del articulado volvió a la comisión.
En el caso de la salud sí se desarrolló bastante el alcance del derecho, con una mirada integral que incluye tanto su dimensión física como mental. Se crea un Sistema Nacional de Salud “de carácter universal, público e integrado”, que abarcará desde la promoción de la salud hasta la rehabilitación. La base del sistema será la atención primaria. El Estado será el rector del sistema, regulando, supervisando y fiscalizando tanto instituciones públicas como privadas.
La norma establece que el sistema se financiará con fondos públicos, pero podrán establecerse cotizaciones a empleadores y trabajadores, quienes aportarán solidariamente a un fondo administrado por un organismo público. Aunque no lo menciona explícitamente, el espíritu de la propuesta deja fuera a las isapres como las conocemos hoy, sin prohíbir seguros complementarios en los que probablemente jugará un rol importante el sector privado. Se rechazó, al menos por ahora, un inciso que decía que esos seguros no podían duplicar el rol del Estado.
Volvió también a comisión la propuesta más controversial sobre salud, que exigía que los prestadores privados que se integraran al sistema no podrían tener fines de lucro. El rechazo se produjo luego de que expertos de diversos sectores advirtieran que los servicios públicos no tienen capacidad de atender toda la demanda.
¿Qué pasó con Trabajo?
Fue uno de los pocos derechos rechazados, pero no porque la Convención no lo reconozca como un derecho, sino porque se votó el articulado completo y no en forma separada, como en los otros casos. Parte de su contenido había sido cuestionado por problemas técnicos y de redacción, sobre todo un inciso que buscaba evitar la precarización laboral.
Sí se aprobaron otros importantes derechos ligados al trabajo, como la libertad sindical, que incluye un cambio significativo al permitir que los funcionarios públicos negocien colectivamente y tengan derecho a huelga. También amplía el ámbito de las negociaciones colectivas, que ya no se limitarán a empresas, sino que podrán ser ramales, sectoriales y territoriales, una demanda histórica del movimiento sindical.
Otras innovaciones son que los trabajadores tendrán derecho a participar en las decisiones de las empresas y el que se haya reconocido el trabajo doméstico y de cuidados.
¿Es cierto que van a expropiar los fondos de pensiones?
No, ya te expliqué una vez que eso no es cierto. Nuevamente se rechazó una indicación de la derecha que buscaba declararlos inexpropiables, pero eso no implica que la propuesta busque lo contrario. Esta vez, sin embargo, el contexto político cambió un poco las cosas.
Desde que el gobierno envió una reforma a la actual Constitución para declarar los fondos como inexpropiables y bloquear un potencial apoyo de la derecha a un retiro de fondos previsionales, la presión sobre la Convención Constitucional aumentó. De hecho, esta vez la indicación de la derecha tuvo mucho menos rechazo: 49 a favor, 37 en contra y 47 abstenciones. La vez anterior hubo 42 votos a favor, 96 en contra y 4 abstenciones. Entre quienes ahora votaron favorablemente estuvo Fernando Atria (Frente Amplio) y muchos convencionales oficialistas se abstuvieron.
El tema sigue en el aire y hay posiciones encontradas entre quienes creen que hay que seguir el ejemplo del gobierno y cerrar cualquier espacio a la derecha para sembrar la duda, y quienes se niegan a hacerlo. En la misma mesa, el lunes el vicepresidente Gaspar Domínguez no descartó incluir la inexpropiabilidad entre las normas transitorias, mientras que la presidenta María Elisa Quinteros afirmó el miércoles que no tenía sentido y que ninguna Constitución incluía una norma de ese tipo.
Lo que sí se aprobó fue un Sistema de Seguridad Social universal y solidario, que además de las jubilaciones incluye protección para la discapacidad, enfermedad, desempleo, maternidad y paternidad, entre otros. Su financiamiento será mixto, tanto a través de cotizaciones de empleadores y trabajadores, como de fondos públicos.
El artículo no define si el sistema de pensiones será uno de capitalización individual, como las AFP, o uno de reparto, por lo que esa decisión quedará en manos del legislador.
¿Qué opina la derecha?
La votación dejó clara la división no sólo entre los sectores de izquierda y progresistas con la derecha, sino que también marcó diferencias dentro de la oposición. Los colectivos más de centro, como RN o Evopoli, apoyaron varios artículos sobre derechos sociales, mientras que en la derecha más dura sólo hubo acuerdo para apoyar el derecho a la educación. Dentro de ese sector hay un subgrupo que se abstuvo o rechazó todo el resto de los derechos sociales. Se trata de Martín Arrau, Rocío Cantuarias, Claudia Castro, Marcela Cubillos, Constanza Hube, Ruth Hurtado, Margarita Letelier, Katherine Montealegre y Pablo Toloza.
¿Hubo más plenos?
Uf, sí, todos los días. Ya son 272 los artículos que hay en el borrador de nueva Constitución. El lunes se revisó el tercer informe de la Comisión de Principios Constitucionales, que en realidad contenía normas que originalmente estaban en Derechos Fundamentales, comisión que no alcanzaba a revisarlas todas. Por eso se trata sobre todo de nuevos derechos.
Entre los artículos aprobados está el reconocimiento de los derechos de las personas mayores, el derecho a una vida libre de violencia de género, los derechos de las personas con discapacidad y los derechos de niños, niñas y adolescentes.
Otro informe que contenía derechos es el que presentó el miércoles 20 la Comisión de Sistemas de Conocimiento, pero sólo se aprobó uno de ellos: el derecho a la muerte digna.
¿No se aprobó nada más de ese informe?
Sí, aunque de los 30 artículos que contenía sólo se aprobó uno completo, aquel en que el Estado reconoce el carácter patrimonial de las lenguas indígenas. También se aprobaron siete incisos de distintos artículos, como el que declara el interés público de la infraestructura de telecomunicaciones o el deber del Estado de fomentar la lectura. La propuesta contemplaba la eliminación del IVA al libro y la creación de una editorial pública, ideas que volvieron a comisión.
El informe de Sistemas de Conocimiento tenía varias iniciativas vinculadas a los medios de comunicación. Se aprobó la existencia de medios públicos en distintos soportes tecnológicos, pero se rechazó que éstos fueran empresas autónomas del Estado de carácter independiente, intercultural y pluralista, así como la creación de un Sistema Nacional de Medios Públicos y Comunitarios y de un Consejo Nacional de Comunicaciones. También volvió a comisión el artículo que regulaba el espectro radioeléctrico.
¿Qué pasó con el agua?
Además de la aprobación del derecho al agua en Derechos Fundamentales, el lunes 18 la Comisión de Medio Ambiente presentó por tercera vez al pleno los artículos que quedaban de su primer informe. Estos artículos contenían el detalle de los llamados “bienes comunes”, uno de los cuales es el agua, que ahora tendrá carácter “inapropiable”. La aprobación de este artículo fue muy celebrada por los ambientalistas, pero no se sabe aún qué pasará con los derechos de agua vigentes. Hay una propuesta para caducarlos, pero probablemente se discuta como norma transitoria.
El segundo informe de la misma comisión desarrolla un “estatuto del agua”, que establece que el Estado puede autorizar su uso, autorizaciones que serán incomerciables, intransferibles y temporales. También que serán prioritarios en su utilización “el derecho humano al agua y al saneamiento y el equilibrio de los ecosistemas donde estas yacen, el ejercicio de la soberanía alimentaria y los usos tradicionales de los pueblos indígenas”. Sin embargo, este informe, que contenía 52 artículos e incluía otros temas sensibles, como la minería y el sistema económico, fue rechazado en general por el pleno. Eso quiere decir que no hubo votación artículo por artículo y se envió de regreso a comisión.
El trabajo de esta comisión ha recibido múltiples cuestionamientos y su primer informe apenas logró la aprobación de un inciso, pero el rechazo de esta segunda propuesta despertó la ira de los ambientalistas, que le gritaron “traidores” a los convencionales socialistas en el pleno y luego hicieron un punto de prensa “denunciando” nombre por nombre a quienes votaron en contra de la iniciativa.
La reacción es sorprendente, considerando que la semana pasada se rechazó completo el informe de Sistemas de Justicia sin mayor drama, aunque en este caso los colectivos que cuestionaron a los socialistas dijeron que habían roto un acuerdo previo. En cualquier caso, como robota no computo este comportamiento como uno democrático o cívico. El convencional Christian Viera (Frente Amplio), que aprobó el informe, escribió más tarde que “la diferencia política en democracia no admite ese nivel de violencia en las reacciones”.
¿Qué pasó con el informe de Justicia rechazado?
La comisión extendió hasta la medianoche del sábado el periodo para presentar indicaciones y aún no terminan de negociar los detalles de los cambios que se propondrán. Ha habido acercamientos para ajustar la redacción del capítulo sobre el Banco Central de modo de evitar cualquier cuestionamiento sobre su carácter independiente, pero no hay avances todavía acerca de si se mantendrá la eliminación de la figura del fiscal nacional en el apartado del Ministerio Público.
Sí ha habido muchas conversaciones acerca de la justicia constitucional, donde se consolidó la idea de tener una Corte Constitucional, que si bien estaba en el informe, no convencía a todos los integrantes de la comisión. Podría haber novedades también en el tipo de control constitucional que ejercerá esta corte, aunque se descarta definitivamente que ejerza un control preventivo como el tribunal actual.
¿En qué va el sistema político?
También extendió el plazo para indicaciones, desde este viernes hasta la medianoche del lunes 25, porque ha habido pocos avances en destrabar los puntos complejos. La relación entre los distintos colectivos de la Comisión de Sistema Político quedó tensa después de que el pleno rechazara artículos importantes de la propuesta con los votos de convencionales socialistas y de Independientes No Neutrales, lo que repercutió en que las negociaciones no se retomaran hasta este miércoles 20.
El tema más relevante a acordar son las atribuciones que tendrá la Cámara de las Regiones que reemplazará al Senado. La propuesta que rechazó el pleno contemplaba una lista de 17 “leyes de carácter regional” y en esta nueva etapa colectivos de derecha y centroizquierda apuestan a ampliarla. La izquierda, y en particular el Partido Comunista, se ha mantenido firme en su posición de lograr una asimetría marcada entre ambas cámaras. El Frente Amplio, en cambio, se ha mostrado un poco más flexible.
Las opiniones de los convencionales con los que conversé oscilan entre los que ven “buena voluntad” para llegar a acuerdo y los que lo ven difícil por “falta de voluntad”. En caso de que no se consiga una propuesta que logre los dos tercios en el pleno, sería el actual Congreso el que debería llenar el vacío de las atribuciones, algo que todos quieren evitar.
Una novedad para la próxima versión del informe es que incluirá el capítulo de las acusaciones constitucionales. Ahí las propuestas también involucran distintas responsabilidades para la Cámara de las Regiones, pues mientras los colectivos Socialista, del Apruebo e Independientes No Neutrales proponen que la segunda cámara actúe como jurado -tal como lo hace el Senado hoy-, el Partido Comunista, Pueblo Constituyente y Movimientos Sociales estiman que el rol del jurado debe ejercerlo en conjunto con el Congreso de las Diputadas y los Diputados.
¿Y el segundo informe?
Es el último informe que se presenta al pleno desde una comisión, lo que ocurrirá este viernes 22. Tiene un capítulo sobre probidad y transparencia, que aumenta los estándares actuales y, entre otras cosas, impide que ejerzan cargos públicos o de elección popular las personas condenadas por corrupción, lavado de activos, delitos sexuales y violencia intrafamiliar.
También regula a las Fuerzas Armadas y de Orden, incorporando cambios en el lenguaje y la doctrina de la actual Constitución. Ya no se habla de seguridad nacional, sino de seguridad pública, se eliminan instituciones como el Consejo de Seguridad Nacional (Cosena) y se refuerza el control civil.
Se establece que el Presidente/a de la República es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas, un rol que actualmente sólo tiene en caso de guerra. En cuanto a las policías, se propone que sean instituciones civiles, terminando con el carácter militarizado de Carabineros, aunque siguen siendo instituciones “profesionales, jerarquizadas, disciplinadas y por esencia obedientes y no deliberantes”.
Se incorporan además conceptos nuevos, como la perspectiva de género y la promoción de la paridad tanto en las Fuerzas Armadas como de orden, y los derechos humanos en la formación y en la actuación de los efectivos.
¿Algo más?
Sí, esta semana se hicieron cambios reglamentarios importantes que contemplan la creación de dos nuevas comisiones, una que escribirá el preámbulo de la propuesta constitucional y otra que estará a cargo de las normas transitorias, es decir aquellas que regularán la implementación y gradualidad de la nueva Constitución.
Serán las comisiones temáticas que funcionan actualmente las que deberán proponer las normas transitorias y luego la nueva comisión deberá aprobarlas por tres quintos de sus integrantes y enviarlas al pleno, donde el quórum será de dos tercios.
También se introdujeron cambios a la Comisión de Armonización, que es la encargada de hacer la revisión formal de coherencia del borrador. Se decidió que para intentar que los cambios propuestos lleguen con acuerdo al pleno, el quórum de votación dentro de la comisión será de dos tercios. Para las correcciones ortográficas, gramaticales y de sintaxis bastará con que los cambios sean aprobados por la comisión. En cambio el resto de las propuestas que corrijan inconsistencias, repeticiones u otros problemas que se puedan detectar, serán enviados al pleno, donde también se votarán por dos tercios.
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¿Cuánto apoyo han recibido las normas que ya forman parte de la propuesta de Nueva Constitución? El mínimo necesario para que un artículo o inciso tenga un lugar en la llamada “hoja en blanco” son 2/3 de los 154 convencionales, es decir, 103 votos. Las normas o incisos que hasta ahora consiguen ese piso mínimo en el pleno son un porcentaje muy menor del conjunto.
Más aún, al analizar cómo se distribuye el apoyo a las propuestas en cada comisión de la CC, hay casos como Forma de Estado en que el 33% de los artículos aprobados hasta ahora consiguen más de 130 votos. En esta visualización de Unholster puedes ver cómo se distribuye el apoyo a favor de cada artículo/inciso aprobado por el pleno hasta el miércoles 20.
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Veo su análisis de la Constitución ¿solo buscaron algo positivo?, no la revisan en lo bueno y malo, muy malo su análisis para ser tomado en cuenta, no hacen un contra punto de lo bueno y malo, de lo que había y lo que trae, malo, malo su análisis para tomar como base de una decisión
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