Qué, cómo y cuándo comunicar: dilemas de la Convención Constituyente ante el plebiscito de salida

La tendencia al alza entre quienes declaran que votarán «Rechazo» en el plebiscito de salida, ¿es sólo resultado de un problema comunicacional? Tres académicas especialistas en el área revisan lo que hoy juega a favor y en contra de la difusión del trabajo de la Convención, detectan las tres dimensiones en las que se jugará la evaluación de su proyecto, y advierten: «Los y las convencionales no pueden renunciar a la didáctica sobre el proceso y las normas aprobadas. Contrariamente a las críticas levantadas por la solicitud de un presupuesto para este fin, creemos que sostener una estrategia seria y enfocada en la información de sus avances es un deber de transparencia con la ciudadanía».

Durante la primera quincena de abril se publicaron los estudios de opinión pública regulares de Feedback, Criteria, CADEM y Pulso Ciudadano. Con distintas metodologías (entrevistas telefónicas o participación vía paneles online), los cuatro estudios incluyen preguntas para evaluar la labor de la Convención Constitucional (CC), el nivel de confianza en ella, y la disposición de los encuestados a aprobar su proyecto de Constitución, según la información disponible hasta ahora. El alza del apoyo al «rechazo» en el plebiscito de salida fue lo más destacado en la lectura de los  resultados, entre los medios, dirigentes políticos, sociales y económicos, e incluso de parte de voces de la misma Convención. Se agudizaron las críticas al trabajo de la CC y a sus dificultades para comunicar lo que hace.

Las autoras de esta columna coincidimos en que la CC se encuentra en un punto de inflexión comunicacional y enfrenta condiciones adversas debido a los acotadísimos plazos en los que se desarrolla el proceso.
  
Sería impreciso afirmar que las opciones de aprobar una nueva Constitución pasen exclusivamente por el plano comunicacional. Lo que se evaluará en las urnas en septiembre próximo es la adhesión ciudadana a un texto constitucional que revisa las premisas fundamentales que organizan nuestra vida en común. Sin embargo, así como en cualquier otro proceso político y electoral, las percepciones públicas sobre el trabajo constituyente —en particular, los niveles de confianza/desconfianza que éste genera— pueden ser determinantes en el resultado del plebiscito de septiembre y en las posibilidades de implementar un nuevo texto constitucional. Aunque resulte impopular plantearlo, lo anterior no pasa únicamente por la calidad y coherencia de las normas aprobadas, así como una elección presidencial no se juega exclusivamente en el programa de una candidatura.

Ahora bien, ¿en quién o quiénes debería recaer tal responsabilidad cuando se trata de un órgano partisano, con gran cantidad de independientes y en el que los constituyentes sostienen visiones diversas? La tendencia al alza entre quienes declaran que votarán «rechazo» en el plebiscito de salida, ¿es sólo un problema comunicacional?

El destino del texto constitucional está lejos de estar sellado. Por el contrario, y desde el punto de vista comunicacional estamos iniciando una dura contienda que se jugará principalmente en tres dimensiones: la comunicación institucional, la proliferación de rumores y desinformación, y la comunicación electoral.

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La comunicación institucional de la CC está formalmente radicada, según el reglamento de la misma Convención, en una Secretaría de Comunicaciones, Información y Transparencia. Esta unidad no ha logrado articularse del todo ni cuenta con un presupuesto que asegure su correcto funcionamiento. Hasta ahora, tres personas han estado a la cabeza de la secretaría. Primero, Margarita Cereceda, funcionaria de la Cámara de Diputados en comisión de servicio, quien intentó lidiar con un presupuesto modesto estableciendo convenios de colaboración con universidades regionales. Luego, la periodista Lorena Penjean renunció apenas dos meses después de haber asumido, denunciando falta de presupuesto y de apoyo de la mesa directiva. En marzo de 2022 asumió el cientista político Nicolás Fernández, quien, según informaciones de prensa, está implementando  una propuesta orientada a la difusión del trabajo de la CC que se apoya en agencias de comunicaciones. Con una infraestructura precaria, el trabajo comunicacional de la Convención ha sido hasta ahora limitado, entorpecido por actitudes públicas de desconfianza y distancia de algunos/as convencionales hacia los medios de comunicación, y sostenido principalmente en el éxito que tengan vocerías individuales capaces de disputar espacios en la agenda noticiosa, como las que han asumido con alcance relativo los dos vicepresidentes del cuerpo, primero Jaime Bassa y luego Gaspar Domínguez.

La Convención enfrenta un clima de opinión de creciente crispación; críticas combinadas con llamados a la cautela, que van desde el polo del rechazo hasta el presidente Gabriel Boric. Esto se ha visto influenciado por la amplificación —y, sin duda, la sobrerrepresentación— de voces críticas en medios de comunicación, en editoriales, columnas de opinión y entrevistas en todos los soportes. En este contexto, la Convención —así como los y las convencionales— no pueden renunciar a la didáctica sobre el proceso y las normas aprobadas. Contrariamente a las críticas levantadas por la solicitud de un presupuesto para este fin, creemos que sostener una estrategia seria y enfocada en la información de sus avances es un deber de transparencia con la ciudadanía.

Que se levanten alertas ante la utilización de recursos públicos para fines comunicacionales de reparticiones públicas no es algo nuevo. De hecho, Contraloría ha emitido numerosos dictámenes sobre el asunto, en los que repite un mismo criterio que, aunque genérico, resulta orientador: los gastos en publicidad y difusión son aquellos necesarios para el cumplimiento de la función pública. Desde el Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución se ha buscado que el proceso de discusión y escritura de una propuesta institucional sea «inobjetablemente democrático», y con esa finalidad entendemos que desplegar esfuerzos para que la ciudadanía comprenda y se informe tanto sobre los acuerdos alcanzados como sobre las condiciones del plebiscito de salida, es una parte constitutiva de ese carácter.

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Ante la proliferación de rumores y desinformación (información falsa y creada deliberadamente para dañar a algún grupo, persona u organización), los esfuerzos informativos se hacen además indispensables. La desinformación se ha abierto camino en los medios tradicionales, tanto en la forma de imprecisiones interesadas, como de errores involuntarios y datos de mala calidad. Paralelamente, las redes sociales digitales —en tanto espacio menos público y «monitoreable»— han sido terreno fértil para la desinformación en los últimos procesos electorales. Un estudio recientemente publicado por Datavoz y Derechos Digitales sugiere que más de la mitad de las personas declaran haber estado expuestas a información falsa sobre la Convención.

Si bien el fenómeno de la desinformación no es nuevo, las tecnologías de comunicación que utilizamos lo facilitan y plantean una dificultad de origen: la velocidad y el alcance que tiene la desinformación es sustancialmente superior a los intentos de rectificarlas. Por lo tanto, actuar reactivamente en este frente implica partir siempre en desventaja. La experiencia de Cambridge Analytica en 2016, la elección de Jair Bolsonaro en 2018, y el resultado del Brexit en 2019 nos han mostrado que campañas de desinformación pueden incidir en resultados electorales (particularmente en contextos de desconfianza hacia las instituciones), ya que las personas reaccionan  ante el temor y la incertidumbre generados por información falsa o rumores esparcidos apoyando  agendas políticas específicas. De ahí que los esfuerzos por informar correctamente por parte de todos los actores involucrados (convencionales, gobierno, medios de comunicación, grupos de interés) deben ser sistemáticos.

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La comunicación electoral frente al plebiscito de salida será la última etapa del proceso y, sin duda, la más agresiva. Según el cronograma vigente, la ceremonia de presentación del texto de la nueva Constitución está prevista para el 4 de julio; y el plebiscito de salida, para el 4 de septiembre. Esos tres meses se anticipan como un periodo durante el cual se discutirá no solo la letra del texto convencional, sino que se movilizarán emociones (desde el miedo a la confianza a la esperanza) sobre su valor como respuesta al proceso abierto por la institucionalidad política para restaurar relaciones con la ciudadanía luego de la revuelta social.

Como en cualquier proceso electoral, no todos los votantes tendrán el mismo interés, tiempo ni experticia para evaluar la pertinencia e idoneidad de cada norma incluida en la Carta Magna. Como en cualquier elección, es esperable que razones y emociones se superpongan, en una campaña que se anticipa polarizante. En esta etapa, la CC no comunicará unitariamente, sino que lo harán los colectivos y partidos que la integran, así como grupos de interés y movimientos sociales. Mientras se instala la idea de que el «Rechazo» está subiendo, los sectores detrás del «Apruebo», dada su heterogeneidad, no están todavía articulando ni mensajes ni emociones movilizadoras en torno al trabajo constitucional, en circunstancias de que el resultado del 78% en el plebiscito de entrada no es garantía de una carrera ganada. Quiénes, cómo, y qué se comunicará en esta etapa es una pregunta aún abierta, principalmente por razones políticas relacionadas con la conformación de la CC, la deriva que han tenido los colectivos que la integran, y la posición que asuma frente al texto final no solo el oficialismo sino los sectores que apoyaron el «Apruebo» y que hoy no están en el gobierno.

La Convención Constitucional inició sus funciones con una aprobación ciudadana masiva y con un mandato que, hasta ahora, ha cumplido, según todas las reglas establecidas en el Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución. Por lo mismo, y a cinco meses del plebiscito de salida, la comunicación del proceso no puede dejarse ni al azar ni para mañana.