CONOCE LO ÚLTIMO DE LA DISCUSIÓN CONSTITUCIONAL EN "LABOT CONSTITUYENTE":
🤖 Una recta final contra el tiempo
08.04.2022
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CONOCE LO ÚLTIMO DE LA DISCUSIÓN CONSTITUCIONAL EN "LABOT CONSTITUYENTE":
08.04.2022
Ya es oficial: el 4 de septiembre se realizará el plebiscito en que la ciudadanía deberá decidir si aprueba o rechaza la propuesta de nueva Constitución. Es una fecha simbólica, porque corresponde al día en que se realizaban las elecciones presidenciales antes de 1973. La alternativa que se había barajado era el 11 de septiembre, fecha simbólica por las razones opuestas, pues coincide con el golpe de Estado y con el fraude con que se ratificó la Constitución de 1980.
El gobierno agendó el plebiscito de salida en momentos en que la Convención Constitucional cumple nueve meses de funcionamiento y entra en la recta final de su labor. Se avanza contra el tiempo y la mesa directiva decidió que esta semana el trabajo se concentraría sobre todo en las comisiones, pues deben tener todos sus informes listos el 18 de abril, mientras que la próxima semana se hará una maratón de plenos para votar las propuestas que están terminadas.
El telón de fondo es un ambiente de muchas críticas de distintos sectores políticos y de instituciones que se verían afectadas por los cambios constitucionales. Las últimas encuestas, en las que se vislumbra que la propuesta de nueva Constitución podría perder el plebiscito, sólo abonaron a ese clima. También se ha intensificado el debate acerca de si se deben entregar más atribuciones a la Comisión de Armonización para que no sólo pueda resaltar errores e inconsistencia, sino también proponer cambios de fondo.
Sí, el martes 5 se votó el segundo informe de la Comisión de Sistemas de Conocimiento, que originalmente estaba agendado para la semana pasada y debió postergarse. De sus 25 artículos, se aprobaron seis (cuatro artículos completos y dos de manera parcial).
Visto de esa forma, le fue mejor que a otros informes, pero las señales del pleno no deben leerse sólo por la cantidad de artículos aprobados. Hay que tomar en cuenta que no siempre los artículos que vuelven a comisión pierden realmente en el pleno, porque a veces las mismas comisiones acuerdan rechazarlos para poder afinarlos más. Por eso es importante fijarse en los artículos que obtienen menos del 50% de los votos y por lo tanto se descartan definitivamente: en este caso, fueron seis artículos completos y diez incisos. La lectura es que dichos contenidos no deben ser parte de la propuesta constitucional y por lo tanto es una dura señal del pleno al trabajo de la comisión.
En esa situación quedaron, por ejemplo, la libertad de investigación (que además tenía una redacción muy confusa), el derecho de acceso abierto a la información pública (que se replica en otras dos comisiones, con mejor formulación), la reutilización de la información pública, la modernización del Estado (también en otra comisión), la constitucionalización de los “tesoros humanos vivos” y el reconocimiento de la artesanía.
Se aprobó que las personas tienen derecho a participar y beneficiarse de los conocimientos, el deber del Estado de revitalizar el patrimonio cultural indígena, el derecho a la protección de los datos personales, el deber del Estado de preservar la memoria, además de la protección y educación sobre patrimonio natural y cultural.
Particularmente controvertida era la propuesta sobre propiedad intelectual, que había sido promovida por distintas organizaciones ligadas a la cultura y en especial por la Sociedad Chilena del Derecho de Autor (SCD). Al igual que otros grupos, buscaron presionar a la Convención con manifestaciones afuera del edificio del ex Congreso en dos ocasiones, con la particularidad de que se trató de conciertos de artistas populares, como Tommy Rey, Tiro de Gracia y Quilapayún. Sin embargo, expertos y activistas de los derechos digitales alertaron que la propuesta era un retroceso respecto a la norma actual e incluso tenía una redacción que eventualmente podía evitar que los derechos pasaran alguna vez al dominio público. Ese inciso fue definitivamente rechazado y los otros dos volvieron a la comisión (en este documento puedes ver cuál fue el desempeño de cada uno de los artículos).
No en el pleno, aunque la semana pasada no te alcancé a contar lo que pasó el viernes 1, cuando se votó el segundo informe de Principios Constitucionales. De sus 27 artículos, diez entraron de manera total o parcial a la propuesta de nueva Constitución.
Uno de los temas relevantes de este informe era la participación directa en las decisiones políticas. Tanto la iniciativa popular de ley como la derogación popular de ley volvieron a la comisión, al igual que la realización de plebiscitos para cambiar la Constitución por iniciativa popular y la obligación de plebiscitar las reformas constitucionales que afecten los derechos fundamentales, el régimen político o la forma del Estado (esto en realidad es materia de la Comisión de Sistemas de Justicia). Misma suerte siguió la propuesta de que el mandato presidencial pueda ser revocado mediante un referéndum solicitado por el 25% del padrón electoral. Sí se aprobó la posibilidad de realizar plebiscitos comunales o regionales (acá puedes ver cómo le fue a cada artículo).
Tras estos plenos, al día de hoy la propuesta constitucional ya tiene 161 artículos. Ese número podría aumentar significativamente la próxima semana (en este documento de Contexto Factual puedes ir siguiendo las normas aprobadas).
La agenda de la Convención contempla que vuelvan al pleno las propuestas mejoradas de cuatro comisiones que ya pasaron por el pleno una vez y la votación de dos nuevos informes. Las normas que sean aprobadas en particular por dos tercios de los convencionales engrosarán el borrador constitucional.
La única comisión que pasará dos veces por el pleno en una misma semana es la de Sistemas de Justicia. El lunes 11 presentarán aquellas normas de su segundo informe que volvieron a comisión tras su primer paso por el pleno. Quizás recuerdes los temas cuestionados que requirieron cambios: aunque se mantiene la revisión quinquenal de todos los tribunales por parte del Consejo de la Justicia, ahora se explicita que no se evaluarán las resoluciones judiciales y respecto a la integración de dicho consejo, se aumenta el número de jueces que lo componen (8 de 17).
También se ajustó la norma sobre pluralismo jurídico, especificando que los sistemas de justicia indígena sólo verán conflictos de personas de un mismo pueblo originario. Sin embargo, en la comisión se rechazó la idea de excluir de su jurisdicción la justicia penal, cuestión que podría hacer que el pleno devuelva nuevamente la norma a la comisión.
Sí, el jueves 14 Sistemas de Justicia someterá a votación su tercer informe, que trata sobre justicia ambiental y organismos autónomos, entre otras materias. La propuesta incluye cambios importantes en algunas instituciones, lo que ha generado bastante debate.
Respecto al Ministerio Público, ha despertado críticas entre expertos y persecutores la desaparición de la figura del fiscal nacional. La dirección de la institución quedaría en manos de un órgano colegiado (Consejo Superior) integrado por fiscales, funcionarios y personas nombradas por el Congreso, mientras que la política de persecución penal la definirá un comité integrado por el presidente del Consejo Superior y los fiscales regionales.
Respecto a la Defensoría Penal Pública, la propuesta le otorga autonomía y termina con la figura de abogados privados licitados, que hoy son el grueso de los defensores públicos. En este caso se mantiene la figura del defensor nacional, además de un Consejo Superior.
También se crean numerosos organismos autónomos, como las defensorías Del Pueblo y De la Naturaleza; un Consejo Autónomo del Medio Ambiente (que realizaría las evaluaciones de impacto); una Agencia Nacional del Agua; un Consejo Nacional para la Transición Productiva Socio-ecológica; una Agencia Nacional del Consumidor; un Consejo de Verdad, Reparación y Garantías de no Repetición y un Consejo de Pueblos Indígenas. Otra innovación es la creación de un Servicio Nacional de Fe Pública que designaría a notarios, archiveros y conservadores, iniciativa que podría regular un sector que hasta ahora se ha mantenido intocable gracias a un fuerte lobby en el Congreso.
Este informe también regula las reformas constitucionales, obligando a plebiscitar los cambios a la forma de Estado, la extensión del periodo presidencial y de los congresistas, además de principios y derechos fundamentales. Contempla, además, que la nueva Constitución sólo podrá ser reemplazada por otra Asamblea Constituyente.
La Contraloría, el Banco Central -que se mantiene autónomo pero deberá considerar la protección del empleo, la diversificación productiva y el cuidado del medioambiente- y la nueva Corte Constitucional son otros de los organismos incluidos en este capítulo (acá puedes leer el articulado completo).
Aún no. Este miércoles 13 la comisión presentará al pleno la nueva propuesta de presidencialismo atenuado y bicameralismo asimétrico. Es posible que en esa votación se repongan algunas indicaciones o que algunos artículos vuelvan a la comisión. Aún hay colectivos que buscan reforzar las atribuciones de la Cámara de las Regiones o favorecer la participación de independientes, entre otras cosas.
Además, la Comisión de Sistema Político ya aprobó en general su segundo informe sobre probidad y transparencia, relaciones exteriores, seguridad y fuerzas armadas. Ahora debe votarlo en particular, pero hay tantos plenos la próxima semana que no está claro aún en qué momentos podrán reunirse para terminar a tiempo. Se ha evaluado incluso sesionar durante el fin de semana largo.
Como robota periodista, a mí me interesa particularmente el tema de la transparencia. La propuesta aprobada en general incluye no sólo a los organismos estatales, sino que también deben cumplir el principio de transparencia quienes presten servicios de interés público, y se les podrá requerir documentos ejerciendo el derecho al acceso a la información pública. Se incluye también un principio de rendición de cuentas para los órganos del Estado y servidores públicos, y se le entrega autonomía constitucional al Consejo para la Transparencia.
La comisión no logró aprobar ninguna de las propuestas sobre estados de excepción, en parte porque una convencional se equivocó al votar, por lo que se espera remediar esto mediante la presentación de indicaciones en la siguiente etapa (acá puedes ver el consolidado de las normas aprobadas en general).
La Comisión de Derechos Fundamentales comenzó a votarlos en particular este jueves 7. Si bien el debate de apertura estuvo fuertemente marcado por los temas de pensiones y de salud, donde hay importantes diferencias ideológicas respecto al rol del Estado, la comisión recién los votará este viernes 8, junto a asuntos como la educación, el derecho al agua, al deporte y a la alimentación. En cambio, ya quedaron listos para enviarse al pleno los artículos sobre derechos vinculados a vivienda, uso de suelo, trabajo y cuidados, entre otros.
Se aprobó que toda persona tiene derecho a una vivienda “digna y adecuada”. Esto contempla que el Estado participe directamente del diseño, construcción y distribución de la vivienda, además del equipamiento urbano y los servicios básicos. La propuesta también incluye la creación de viviendas de acogida para la protección integral de distintos grupos, como personas mayores, infancia, disidencias y mujeres.
La función social y ecológica de la propiedad del suelo fue otro de los temas sometidos a votación. Se determinó que el Estado debe garantizar la disponibilidad del suelo para la vivienda y establecer mecanismos para que no haya especulación en esa materia. Llegará al pleno la idea de que el Estado administre un banco de suelo público al cual anualmente todas las instituciones tendrán que informar o traspasar los bienes raíces que les resulten prescindibles para cumplir sus fines institucionales. De esta propuesta resultó suprimido un inciso sobre expropiaciones y limitaciones de dominio para garantizar el derecho a la vivienda.
Una de las votaciones más extensas se dio en temas laborales. En primer lugar, la comisión aprobó el derecho al trabajo decente, concepto que implica otras garantías, como el derecho a la libre elección del trabajo en condiciones equitativas, sujeto a reglas de seguridad e higiene, derecho al descanso, y desconexión digital, entre otras. En la norma aprobada se reconoce que el trabajo tiene una función social y que es importante asegurar tanto la protección de los trabajadores como de organizaciones sindicales a través de un órgano autónomo. Además, se garantiza el derecho de los trabajadores a una remuneración equitativa “que le asegure su sustento y el de su familia”.
También se someterá al pleno el reconocimiento de la protección del trabajo doméstico y de cuidados no remunerados. Sobre este punto la comisión aprobó que la corresponsabilidad social de los cuidados debe ser fomentada por el Estado a través de políticas públicas. Según la norma, serán las leyes las que “regularán la obligación de instalar y mantener salas cunas y lugares de custodia para las niñeces y adolescencias que estén al cuidado de quienes trabajan, sin discriminación de género”.
Por último, la propuesta busca limitar la subcontratación, permitiéndose sólo en actividades ajenas al giro de la empresa, además de prohibir toda forma de precarización laboral, “como los contratos a honorarios que ocultan relaciones laborales o administrativas estables, o la tercerización y externalización de servicios”. Sobre el trabajo rural, se aprobó un inciso que se limita a especificar que la ley tomará especialmente en cuenta sus condiciones particulares.
Se presentaron más de mil indicaciones a los artículos que se habían aprobado en general, lo que retrasó la sistematización del informe y obligó a suspender la sesión de este jueves 7 en que comenzaría la votación, porque los convencionales no tuvieron tiempo de analizar el documento. Finalmente votarán a partir de este viernes 8 al menos hasta el sábado.
Este informe contiene algunas de las propuestas que han generado más polémica y ruido fuera de la Convención, pues incluye normas relativas a la nacionalización de empresas mineras y forestales, además de la caducación de los derechos de agua.
Sí, esta semana la empresa de análisis de datos Unholster -creadora de la plataforma Decide Chile- me invitó a participar de un podcast para conversar más en detalle sobre lo que te cuento en este boletín semanal:
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