CONOCE LO ÚLTIMO DE LA DISCUSIÓN CONSTITUCIONAL EN "LABOT CONSTITUYENTE":
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25.03.2022
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CONOCE LO ÚLTIMO DE LA DISCUSIÓN CONSTITUCIONAL EN "LABOT CONSTITUYENTE":
25.03.2022
Las negociaciones se tomaron esta semana el foco de la Convención Constitucional, luego de que el viernes pasado el pleno rechazara en general 93 de las 96 normas del primer informe de la Comisión de Sistema Político y hubiera que repensar la estructura de la llamada “sala de máquinas” de la propuesta de nueva Constitución.
No, pero tuvieron que sentarse a rediseñar algunos de los aspectos más importantes del nuevo sistema político. Y los ánimos no partieron bien. A fines de la semana pasada, en la votación del pleno el Frente Amplio llamó derechamente a rechazar casi todo e incluso hubo artículos que tuvieron cero votos. El partido más molesto fue el Comunista, que dijo que aquello era una irresponsabilidad teniendo el tiempo en contra y que debieron aprobarse las normas del acuerdo original de las izquierdas. El problema es que aprobar cualquier artículo ligado a alguno de los principales engranajes del sistema, como pretendía el PC con la dupla Presidencia-Vicepresidencia, amarraba la estructura final.
Las tensiones quedaron públicamente en evidencia el domingo por la noche en el programa Estado Nacional, donde Bárbara Sepúlveda (PC) y el coordinador de la comisión, Ricardo Montero (PS) discutieron duramente en horario prime y llegaron a ponerse en el escenario de que no lograran un acuerdo, lo que básicamente significa que no hay propuesta constitucional. El lunes a primera hora se suponía que la comisión comenzaría a conversar sobre los pasos a seguir. Pero cuando se inició la sesión y el coordinador Montero ofreció la palabra para comentar lo sucedido en el pleno… nadie habló.
Aunque los convencionales intensificaron los acercamientos de pasillo, no fue hasta el miércoles que las negociaciones comenzaron a tomar forma. Ese día inició una maratón de reuniones a puertas cerradas, a las que por primera vez se sumó la derecha. Y poco a poco comenzaron a avanzar.
Ha habido avances. Algunos de carácter formal, como rebautizar el Congreso Plurinacional como Cámara de las Diputadas y Diputados, y el Consejo o Cámara Territorial como Cámara de las Regiones.
Las atribuciones de esta última es uno de los aspectos más importantes de la negociación, pues mientras la derecha y los colectivos Socialista, del Apruebo y No Neutrales creen que es necesaria una segunda cámara con poder real en el trámite legislativo, el Frente Amplio, el PC y el resto de la izquierda abogan por darle responsabilidades sólo en temas de carácter regional y evitar a toda costa que se parezca al actual Senado. En todo caso, las piezas comenzaron a moverse. En palabras de uno de los integrantes de la comisión la noche del jueves 24, “las atribuciones -por ahora- aumentan sustancialmente, pero sujeto a que cerremos otros temas aún pendientes”. Parece aplicarse la vieja consigna de los negociadores diplomáticos: nada está negociado hasta que todo está negociado.
También hubo otros principios de acuerdo, como que ambas cámaras tengan iniciativa legal, aunque la regional sólo en temas de su competencia. Además, el trámite de todos modos se iniciaría y terminaría en la Cámara de las Diputadas y Diputados. Hubo otro acercamiento relevante respecto al tema de la insistencia, que es lo que pasa cuando la Cámara de las Regiones rechaza un proyecto y vuelve a la cámara de origen. En la versión inicial ésta última podía reponer su propuesta por mayoría simple, lo que le daba todo el poder legislativo, mientras que ahora se requeriría de cuatro séptimos de los votos.
Queda pendiente otro tema clave: el fin del triunvirato. Hay consenso en que la figura Presidencia-Vicepresidencia-Ministerio de Gobierno que llevaron al pleno no tiene sentido, pero mientras unos, como el PC, se aferran a la Vicepresidencia, otros, como el Frente Amplio, defienden con uñas y dientes el ministerio inspirado en la práctica parlamentarista.
Es muy pronto para decirlo, porque aún no hay acuerdo. Lo sabremos el sábado 26, cuando venza el plazo para presentar indicaciones. Pero el que sigan sentados y negociando con las izquierdas ya es un gran paso.
El único que hasta ahora ha renunciado a las negociaciones es Fuad Chahín (DC, Colectivo del Apruebo). La tarde del jueves simplemente se paró de la mesa porque a su juicio sólo se estaban haciendo cambios cosméticos a la propuesta original (como rebautizar las cámaras), pero el modelo en el que estaban trabajando no se acercaba a un sistema bicameral asimétrico, pues la Cámara de las Diputadas y Diputados mantenía todo el poder. Para él es imprescindible que la cámara regional tenga atribuciones en temas de derechos fundamentales, porque asuntos como la educación o la salud son, desde su óptica, de interés regional. Al no tener respaldo, optó por congelar su participación. Su filosofía fue que prefería no llegar a acuerdo que llegar a lo que para él es un mal acuerdo. Es decir, asumió el riesgo que todo el proceso fracase.
En la votación en particular uno se aprobó completo y otro de manera parcial. Son temas muy relevantes para los pueblos originarios, pues uno de ellos define al Estado chileno como “plurinacional e intercultural” y el otro reconoce la libre determinación de los pueblos indígenas, sus derechos individuales y colectivos, su derecho a la autonomía y al autogobierno. Esto último ha generado preocupación en algunos sectores, pero los representantes de escaños reservados han insistido que todo esto se da dentro de los límites del Estado chileno.
Esta semana tomó forma la estructura principal del Sistema Nacional de Justicia que reemplazará al actual Poder Judicial y que tendrá autonomía financiera. El martes el pleno votó el segundo informe de la Comisión de Sistemas de Justicia, que mantuvo el buen récord de aprobación que esta comisión ha mostrado respecto de las otras: 25 de sus 34 artículos fueron aprobados total o parcialmente, tras lo cual pasaron al texto de la propuesta constitucional, que ya suma 109 normas.
En la nueva estructura se mantienen la Corte Suprema, las cortes de Apelaciones y los tribunales de instancia, que suman nuevas categorías a los civiles, penales, de familia, laborales y ambientales. Se crean los Tribunales Administrativos, que resolverán las contiendas contra el Estado o promovidas por éste y también se suman los Tribunales de Ejecución de Penas, a cargo de velar por los derechos de personas condenadas o con medidas cautelares, así como de promover su inserción social. Otra nueva categoría es la de los Tribunales Vecinales, que reemplazarán a los Juzgados de Policía Local y serán parte de una nueva Justicia Vecinal, que también incluye centros de justicia vecinal que promoverán la resolución de conflictos comunitarios.
Pese a todas esas novedades, quizás la institución que más cambiará la dinámica judicial interna será el nuevo Consejo de la Justicia, que absorberá las labores administrativas y disciplinarias, así como los nombramientos de los jueces. Las nuevas normas terminan con las jerarquías más allá de los cargos, es decir, todos serán jueces, ya no habrá ministros de corte y nadie recibirá tratamientos honoríficos. Todos tendrán fuero.
Aunque la estructura quedó cerrada, hubo muchos incisos rechazados que volverán a la comisión para ser reformulados. No son detalles menores, por lo que seguramente se abrirá una nueva etapa de negociación para afinar las normas. Por ejemplo, se aprobó que la edad de jubilación bajará de los 75 a los 70 años, pero el pleno rechazó que los supremos sólo puedan permanecer 12 años en el cargo. También volvió a comisión el detalle de la perspectiva de género y la paridad, mientras que se rechazó definitivamente la posibilidad de crear salas especializadas en esta área y la idea de llamarle Justicia Feminista.
También vuelven a comisión puntos sensibles relacionados con el Consejo de la Justicia. Por un lado, se rechazó la idea de que haga una evaluación quinquenal de todos los tribunales, porque se estima que debe quedar expresamente establecido que dicho consejo no puede evaluar los fallos de los jueces. Respecto a sus atribuciones, sólo se aprobó el nombramiento de jueces mediante concurso, pero todo el resto deberá ser revisado nuevamente por la comisión. Lo más importante, sin embargo, es su integración. La propuesta contemplaba que sólo 6 de sus 17 miembros fueran jueces (el resto sería elegidos por funcionarios de justicia, pueblos originarios y el Congreso), pero desde el Poder Judicial y la academia manifestaron la preocupación por esa estructura. Piden que al menos la mitad sean jueces y la Suprema demanda además que su presidente encabece también esa instancia.
La justicia indígena es la que sufrió mayores rechazos parciales y totales, lo que le dará a la comisión una oportunidad de afinar los detalles de un sistema nuevo, que ha recibido bastantes críticas. Lo más delicado tiene que ver con la revisión de los fallos, que sólo se entregaba a un tribunal plurinacional y es probable que termine en manos de la Suprema. Se rechazó definitivamente que los Tribunales de Ejecución de Penas tengan un tratamiento especial para las personas indígenas, que deban preferir sanciones que no impliquen cárcel, y que para establecer mecanismos de coordinación entre el sistema nacional y el indígena se deba contar con el consentimiento de los pueblos.
Uno de los temas que había generado controversia y quedará plasmado en la propuesta constitucional es aquel que entrega sólo al Estado la gestión de los recintos penitenciarios, con lo cual se terminarían las cárceles concesionadas (acá puedes ver las normas aprobadas y rechazadas).
Como te conté la semana pasada, la Comisión de Medio Ambiente y Modelo Económico se tomó en serio el masivo rechazo a su primer informe en el pleno. En el articulado que envió de vuelta a la principal instancia de la CC, eliminó normas (sobrevivieron 9 de las 40 originales), así como sintetizó y suavizó las restantes. La votación será este viernes 25.
Además, la comisión terminó de votar en general su segundo informe, que incluye lo relacionado con el modelo económico. En este caso, pese a su primera experiencia en el pleno, hasta ahora no parece más moderado que el primero que presentó. En todo caso, aún falta la votación en particular.
Entre las normas más polémicas, una plantea que el Estado no podrá celebrar tratados o instrumentos internacionales que permitan a los inversionistas extranjeros acudir a arbitraje internacional o tribunales, como el del CIADI, para resolver conflictos comerciales. La excepción serían aquellos tratados con mecanismos de resolución de controversias con jueces permanentes designados por los países involucrados.
También se aprobó una norma relacionada con el derecho a la libre circulación en los caminos nacionales de uso público. Se trata de una iniciativa presentada por la ONG “No más Tag” que busca que el Estado administre directamente las carreteras o caminos, sin permitir las concesiones y prohibiendo el cobro de peajes.
Una de las nuevas normas tuvo su origen en una iniciativa indígena presentada por la comunidad Colla, que busca proteger sus territorios del impacto de la minería y que afectaría especialmente la explotación del litio. Contempla que los salares y humedales andinos relevantes para el desarrollo de pueblos originarios serán territorios protegidos por el Estado, que no deberán ser objeto de explotación o exploraciones.
Uno de los principios que se reitera bastante es que la economía será social y solidaria. En esta línea, una de las iniciativas que continuará en discusión plantea que el Estado debe promover la economía social y solidaria, y garantizar la protección de aquellos grupos o sectores que no logren acceder a los beneficios que otorga la economía formal. Otra va más allá y plantea que el Estado asegurará el bienestar mediante la redistribución justa y equitativa de sus haberes a todas las personas que realicen actividades económicas no remuneradas.
Sí, se debatió sobre este tema dentro de la comisión. Se aprobó su reconocimiento en la Constitución en “distintas naturalezas, tanto la privada, pública, comunitaria, cooperativa, mixta y de los pueblos originarios”. La norma plantea que la función social y ecológica (protección al medio ambiente, el buen vivir, disminución de la desigualdad, etc.) de la propiedad limitará este derecho. Se especifica que ninguna persona podrá ser privada de su propiedad sino en virtud de una ley general que autorice la expropiación por causa de utilidad pública.
También se aprobaron al menos tres iniciativas relacionadas con el sistema tributario. La que concitó más apoyo en toda la comisión (con 18 votos a favor y sólo una abstención) se centra en que todas las personas deben contribuir al sostenimiento de los gastos públicos a través de un sistema tributario justo basado en los principios de progresividad solidaridad y capacidad contributiva.
Todo indica que sí. La Comisión de Principios Constitucionales revisó los artículos rechazados por el pleno, entre ellos el que establece que “Chile es un Estado social y democrático de derecho”. Recordarás que fue rechazado con votos de la derecha y de la Coordinadora Plurinacional. Finalmente, los integrantes de esta última se allanaron a aprobar la redacción original de esa frase, que será la primera de la propuesta constitucional, pero se hicieron otros cambios al artículo. Se agregó un inciso sobre la protección y garantía de los derechos humanos como “fundamento del Estado” y que además éste debe generar las condiciones para asegurar el igual goce de los derechos.
Otro de los cambios importantes de este informe de reemplazo afecta al artículo sobre plurilingüismo. Originalmente se decía que las lenguas indígenas serían oficiales en sus autonomías territoriales, lo que ahora se amplía a los territorios con alta concentración de pueblos originarios.
Esta comisión además avanzó en su segundo informe, que trata sobre todo acerca de la democracia.
Entre los artículos propuestos hay un fuerte énfasis en participación y democracia directa, incluyendo plebiscitos y referéndum de ratificación de normas constitucionales, que serían necesarios cuando haya cambios a los capítulos sobre derechos fundamentales, principios, régimen político y alteración de la forma de Estado. También habría iniciativa popular de ley y de derogación de ley, con el patrocinio de 5% del padrón. Un tema que se prevé polémico es la posibilidad de plebiscito revocatorio de cualquier autoridad electa. En el caso de la Presidencia se requiere el patrocinio del 20% del padrón.
Otra innovación es la posibilidad de voto postal para localidades aisladas o personas en condiciones especiales, y el uso de tecnologías digitales para fomentar la participación en aquellas instancias distintas al sufragio.
Se avanza en el debate sobre derechos sociales, como educación y salud, y la Comisión de Derechos Fundamentales tiene listo el informe de reemplazo de los 36 artículos rechazados en general por el pleno. Varias de las modificaciones de la comisión apuntan a simplificar normas muy específicas, mientras en otras aumentó el contenido respecto al primer informe.
Una de las propuestas que cambió sustancialmente después de recibir múltiples críticas, tanto dentro como fuera de la Convención, fue la que hace referencia a la libertad de expresión. La idea central de que toda persona tiene derecho a expresarse se mantuvo, pero se eliminaron prohibiciones específicas en el artículo, como al negacionismo de las violaciones a los DDHH o la propaganda de discursos de odio. Lo que se aprobó, en cambio, fue que el Estado deberá tomar medidas para eliminar ese tipo de discursos. Además, se agregó un nuevo inciso donde se especifica que no existirá censura. Sobre los medios de comunicación, se especificó que la ley adoptará las medidas necesarias para asegurar su pluralismo. El inciso que planteaba que el Estado tenía que promover y garantizar la presencia de la diversidad cultural indígena en los medios de comunicación en sus lenguas, además de garantizar que los pueblos originarios tuvieran sus propios medios, fue suprimido.
Algunos de los artículos que generaron varias intervenciones en la deliberación y que contaron con más indicaciones de la comisión fueron los relacionados a la libertad de emprender, al derecho de propiedad y el de expropiación. Para el primer caso se suprimió un inciso que planteaba que la libertad de emprender y desarrollar actividades económicas también implicaba reconocer las prácticas productivas de pueblos y naciones indígenas.
Lejos de simplificarse, la norma de derecho de propiedad (que es distinta a la que se discute en la Comisión de Medio Ambiente) aumentó su contenido respecto a la versión que se votó en el pleno. Si bien mantiene la idea de que las personas naturales y jurídicas tienen derecho de propiedad sobre toda clase de bienes, a excepción de los que la Naturaleza ha hecho comunes a todos, se agregó un inciso que dice que el Estado tiene “dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible” de todas las minas, con excepción de las arcillas superficiales. Respecto a la expropiación, la principal diferencia entre la norma que se sometió al pleno y la propuesta para reemplazarla es que se omitió un inciso que especificaba que el pago por expropiación se haría previamente al acto de toma de posesión del bien.
Una de las normas que generó discusión fue la relacionada con los derechos colectivos indígenas sobre sus territorios. El artículo, que surgió después del ingreso de una indicación amistosa realizada por convencionales de escaños reservados, fue aprobado por toda la comisión a excepción de los convencionales de derecha, quienes no la votaron, y de Felipe Harboe (Colectivo del Apruebo), quien se abstuvo. La nueva norma dice que el Estado reconoce y garantiza la propiedad de las tierras de los pueblos indígenas y su derecho a reparación tanto de esos territorios como de los recursos que les hayan sido confiscados u ocupados sin su consentimiento. También se plantea que la restitución será el mecanismo preferente de reparación.
Uf, ha circulado información bastante confusa sobre este tema, por decirlo de una manera generosa. Se ha dicho que la famosa tercera vía es una propuesta de la Comisión de Venecia, que recomienda incluir otra opción además del apruebo/rechazo a la propuesta constitucional. No es así.
Lo primero que debes saber es que el origen está en una serie de preguntas que un grupo de senadores preocupados por el avance de la Convención envió a esta comisión, integrada por expertos. Es parte del Consejo Europeo y entrega consejos relacionados con democracia. Para hacer esta evaluación viajaron a Chile hace pocas semanas.
En su informe (puedes leerlo entero aquí en Inglés) lo que hacen es responder una a una las preguntas que recibieron, es decir, lo de la tercera vía no se les ocurrió a ellos. La consulta, según el informe, se relacionaba específicamente con si la opción binaria del plebiscito era la más adecuada para conseguir acuerdos amplios o debieran ofrecerse más opciones.
La respuesta aconseja no abrir más alternativas. La comisión estima que hacerlo cuando las reglas ya son conocidas pone en riesgo el principio de certidumbre legal. Si bien menciona que se podría hacer un cambio constitucional que concite apoyo, hace ver que a estas alturas difícilmente se evitaría poner en riesgo la estabilidad: “Es la visión de la Comisión de Venecia que si una tercera opción es ofrecida, debiese hacerse a través de un compromiso de los actores políticos relevantes para promover una genuina reforma después del plebiscito, en vez de cambiar los términos de revisión del proceso a este punto” (acá puedes leer una explicación completa sobre el informe).
Sí, te invito a leer mi historia robotizada sobre las personas fallecidas que ha dejado el Covid-19 a dos años de la aparición del primer caso en Chile. Intento explicar por qué en los últimos meses se han registrado mayores muertes en exceso -más de las esperables- y cómo esto se relaciona con la pandemia.
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¿Con cuánto acuerdo se han aprobado las normas que están quedando a firme en la propuesta de nueva Constitución? Aunque puede sorprenderte -dado que se informa más sobre los desacuerdos que los consensos-, la respuesta es que se han aprobado con bastante más que los 2/3 requeridos. Plataforma Contexto analizó el apoyo recibido por los 171 incisos (de 111 artículos) aprobados hasta el 22 de marzo. En promedio, han conseguido el 79% de los votos del pleno, es decir, 121 votos. En simple, esto significa que, en promedio, 8 de 10 convencionales han votado a favor de los incisos que están conformando el nuevo texto.
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