La última salida judicial de los ejecutivos de Penta: firmas mensuales, rebaja de multas y pagos en cuotas

La semana pasada se selló la salida del proceso judicial de seis de los ejecutivos del Grupo Penta, quienes estaban acusados por participar de maniobras para evadir el pago de impuestos. Solo dos de ellos fueron condenados a penas remitidas. La negociación con la Fiscalía les permitió acceder a rebajas considerables en las multas que se les cobraron. Manuel Antonio Tocornal, Hernán Concha, Marco Comparini, Arturo Miquel, Óscar Buzeta e Iván Rojas estaban imputados por emitir boletas y facturas falsas, y en algunos casos, por ingresar boletas políticas en la contabilidad del grupo. La pena más alta fue decretada para Tocornal, quien cumplirá su condena de tres años en libertad.  La multa que se le exigió pagar fue reducida seis veces respecto de la solicitud inicial: de un 300% de lo defraudado a un 50%. En la causa ahora solo queda el ex contador Marcos Castro Sanguinetti y las personas jurídicas del holding.

Si inicialmente la pena solicitada por la Fiscalía en contra de Manuel Antonio Tocornal era de cinco años de cárcel y el pago del 300% del monto con que había defraudado al Fisco, la mano del Ministerio Público se suavizó al momento de sellar el acuerdo con el que finalizó su participación en la causa: deberá pagar el 50% de los defraudado y cumplir en libertad una pena de tres años, además de 40 Unidades Tributarias Anuales ($26,6 millones en cifras actuales). Otros cinco ejecutivos también accedieron a rebajas en las penas solicitadas y salieron del caso. 

Uno de ellos es Arturo Miquel, actual ejecutivo de la rama agrícola del holding, que en vez de pagar la multa solicitada inicialmente por la Fiscalía, que ascendía a $163 millones, deberá cancelar $27 millones, en 11 cuotas. Oscar Buzeta, actual CEO del grupo, deberá pagar $26,9 millones, una cifra distante de los $161,6 millones solicitados inicialmente por la Fiscalía, también en cuotas. 

Seis de los siete ejecutivos cuyas situaciones estaban pendientes en la causa firmaron acuerdos con el Ministerio Público durante marzo. Todos ellos estaban acusados de evadir el pago de impuestos a través de maniobras como emitir facturas falsas a Penta para disfrazar el pago de remuneraciones.

En una audiencia realizada el 15 de marzo pasado se dio lectura a la sentencia de dos de los ex ejecutivos imputados, Manuel Antonio Tocornal y Hernán Concha, ambos acusados por delitos tributarios y en cuya solicitud inicial del Ministerio Público se pedían penas de cinco y cuatro años respectivamente, pero que en el acuerdo entre las partes, la más alta se decretó para Tocornal por tres años con cumplimiento en libertad. 

EL ACUERDO CON TOCORNAL Y CONCHA

Manuel Antonio Tocornal trabajó en el holding como gerente general y representante legal de Empresas Penta S.A. Fue acusado por delitos tributarios por incorporar a distintas sociedades del grupo boletas y facturas ligadas a la política para que, tal como dice la acusación judicial, se “burlaran” impuestos. También estuvo detrás de maniobras destinadas a evadir tributos mediante los llamados contratos a futuro o forwards, cuyo fin era simular pérdidas ficticias entre sociedades a través de, por ejemplo, manipulación de fechas e información sobre el precio del dólar. 

Asimismo, a través de una empresa de su propiedad, Tocornal entregó facturas para obtener rentas adicionales a sus remuneraciones como ejecutivo del grupo y así pagar menos impuestos.

El ex gerente quedó fuera del caso la semana pasada a través de una salida alternativa que lo salva de participar en el juicio. Fue un procedimiento abreviado donde se determinó una condena de tres años de pena remitida, más el pago de un 50% del monto defraudado y 40 UTA ($26,6 millones).

La determinación contrasta con la solicitud inicial de pena para el ejecutivo, porque según la última acusación presentada ante el tribunal por el exfiscal regional, Manuel Guerra, y que data de octubre de 2018, la pena solicitada para Tocornal era de cinco años y un día, además de una multa del 300% del valor del tributo eludido y las 40 Unidades Tributarias Anuales (UTA). Según esa misma acusación, el perjuicio fiscal adjudicado a Tocornal y calculado por el SII fue de $260.864.949. 

En la audiencia en que se comunicó al tribunal el acuerdo, la defensa de Tocornal expuso las condiciones de pago que su defendido estaba dispuesto a enfrentar, para los que acompañó en los días posteriores un informe elaborado por el perito privado Carlos Durán, en el que se sugiere rebajar las multas solicitadas. 

“El referido (Tocornal) actualmente trabaja como gerente general en una empresa, donde refiere ingresos relativos que bordean los $10.000.000. Su pareja recibe aproximadamente $1.000.000 al mes. Cabe señalar que entre sus principales egresos, figura la pensión de alimentos que el referido costea a su ex cónyuge, con un valor aproximado de $2.000.000, y además un aporte mensual de aproximadamente $4.000.000, lo cual fue convenido de mutuo acuerdo”, expone el escrito. Y agrega: “Sumados los ingresos, se infiere que el grupo familiar cuenta con recursos óptimos y suficientes para cubrir las necesidades y gastos básicos del grupo familiar; no obstante, la situación económica actual del referido ha significado un detrimento importante en la economía y finanzas, considerando su estado de vida socioeconómico anterior”.

Al final de ese documento el perito solicita que en caso de que Tocornal fuera condenado a pagar alguna multa “esta pueda ser rebajada o bien, pagada en cuotas”.

Ese mismo día, también salió del caso Hernán Concha, ex gerente del área de la salud del grupo Penta. A través de su empresa, Asesorías Concha Ltda., emitió facturas y boletas suyas y de personas cercanas a él, a varias sociedades del holding para recibir remuneraciones adicionales a su sueldo. 

El tribunal aceptó el acuerdo de 300 días de pena remitida, una multa equivalente al 50% del tributo defraudado y una multa de 40 UTA. Inicialmente se había solicitado una pena de 4 años para Concha. Las multas no variaron.

Las defensas de Tocornal y Concha acompañaron también comprobantes de pagos realizados en 2015, cuando ya había estallado el caso, por impuestos adeudados del periodo 2009 – 2014, años tributarios que formaron parte de la investigación por delitos en su contra.

Los controladores de Penta, Carlos Eugenio Lavín y Carlos Alberto Délano.

SUSPENSIONES CONDICIONALES Y MULTAS EN CUOTAS

El 7 de marzo pasado se concretó la salida de la causa de otros cuatro ejecutivos del grupo: Oscar Buzeta, actual gerente general del holding; Arturo Miquel, actual ejecutivo del área agrícola de Penta; Marco Comparini, actual presidente de Penta Financiero; e Iván Rojas, contraparte de Penta en CB consultores (del Grupo Cruzat) para la ejecución de contratos a futuro o forwards. 

Todos accedieron a suspensiones condicionales del procedimiento, es decir, a una salida sin condena del caso, luego de pagar una multa que en tres de los cuatro casos, se fijó en cuotas. El ordenamiento jurídico establece que, al cabo de un año, de no presentar algún otro delito y habiendo pagado las multas, el imputado queda absuelto definitivamente.

Buzeta encabeza la lista. En la acusación se había pedido la pena de cinco años de presidio menor en su grado máximo, una multa del 300% del valor del tributo eludido y 40 UTA. Sin embargo, en la suspensión se determinó que debía pagar $26.949.608, lo que corresponde a la mitad del perjuicio fiscal cifrado en la acusación ($53.899.215) y con posibilidad de pagarlos en cuotas de $8.9 millones a partir de abril próximo. Además, deberá firmar ante la 17° comisaría de Las Condes una vez al mes. El Ingeniero Civil estaba imputado por haber eludido impuestos al recibir bonos aparte de sus remuneración como gerente y por haber formado parte de la trama de los forwards.

Le sigue en la lista el gerente de los negocios agrícolas del grupo, Miquel. Su acuerdo incluye el pago de $27.282.971 en 11 cuotas a partir de la última semana de marzo 2022, cuyo monto mensual es de $2.480.270.  La cifra total corresponde al 50% del perjuicio fiscal señalado en  $54.565.942 en la acusación, distinto a lo que en esa misma acción penal se solicitaba: una pena de 4 años y multa del 300% del valor del tributo eludido, además de 40 UTA. Miquel también fue remunerado con facturas falsas de su empresa personal para eludir impuestos derivados de su sueldo como gerente del grupo. No quedó con firma mensual. 

Marco Comparini, gerente de empresas del grupo Penta, es el único del grupo de ejecutivos que selló su salida del caso en marzo pasado, que deberá pagar su multa en una sola cuota. Deberá depositar $19.192.779 en un plazo de tres meses. La acusación inicial de la Fiscalía pedía para él que cancelara el 300% del perjuicio fiscal, pero terminará pagando solo el 11% de lo que eludió ($170,5 millones).

La nómina la cierra Iván Rojas, ejecutivo ligado a la empresa CB Consultores del Grupo Cruzat, que también formó parte de la trama del caso a través de contratos forwards. Su salida implica el pago de $3 millones en 10 cuotas de $300 mil mensuales a partir de la última semana de marzo. Rojas también deberá firmar mensualmente en la 33° comisaría de Ñuñoa. En la acusación se le solicitaban cinco años y un día de presidio, más una multa del 300% del valor del tributo eludido. 

El fiscal Felipe Sepúlveda, de la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente, confirmó a CIPER que en el proceso penal sobre las maniobras tributarias de las empresas Penta y sus ejecutivos, solo quedan por definir las penas de un ejecutivo y de las figuras jurídicas: «Efectivamente quedan en el caso mencionado Marcos Castro y las personas jurídicas que se han referido. Nuestro interés respecto de ellos es obtener sentencias condenatorias. El tribunal definió la audiencia de preparación de juicio oral para el mes de noviembre de este año».

El acuerdo entre los seis ejecutivos de Penta y el Ministerio Público se suma a las salidas anteriores del caso de otros directivos del grupo empresarial y dirigentes políticos involucrados. El senador Iván Moreira (UDI), quien facilitó boletas falsas de personas cercanas a Penta para financiar sus campañas electorales, quedó fuera del caso luego de ser sobreseído gracias a un acuerdo con la Fiscalía que implicó el pago de $35 millones en 12 cuotas. Lo mismo ocurrió con el ex diputado Alberto Cardemil (RN) quien debió cancelar $10 millones en diez cuotas. 

Los fiscales que investigaron inicialmente el caso, Carlos Gajardo y Pablo Norambuena, renunciaron al Ministerio Público cuando este se allanó a un acuerdo con Moreira. Y cuando se conoció que el ex ministro Laurance Golborne quedaría libre de polvo y paja pagando $11,4 millones, el ex fiscal Gajardo dijo en redes sociales que era “otra señal de impunidad”.

Los controladores de Penta, Carlos Délano y Carlos Lavín, debieron pagar cada uno $857 millones y asistir a clases de ética en la Universidad Adolfo Ibáñez. Sus esposas también accedieron a salidas alternativas. Poco a poco cada uno de los involucrados en el escándalo político empresarial que reveló el mecanismo ilegal con que las grandes empresas financiaban la política, han ido librando de las responsabilidades penales gracias a acuerdos con el Ministerio Público que implican el pago de multas y penas alternativas.