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HERNÁN FRIGOLETT (PS) REALIZÓ EL ESTUDIO JUNTO A CUATRO AUTORES VINCULADOS A CHILE 21, LA ONG QUE RECIBIÓ $441 MILLONES DE SQM
16.03.2022
El anunciado nuevo director del Servicio de Impuestos Internos (SII), Hernán Frigolett, aparece en un documento reservado hecho por SQM. La minera puso a la consultora de Frigolett entre las receptoras de pagos riesgosos que hizo y que podían ser incluidos en la investigación en su contra por financiamiento político ilegal. La sociedad de Frigolett recibió $83 millones de SQM por un informe sobre el litio. Frigolett hizo ese estudio con otros cuatro autores relacionados con Chile 21, la ONG ligada al socialismo que fue investigada por recibir $441 millones de SQM. Entre ellos figuran Carlos Ominami y Gonzalo Martner. Ahora, bajo el mando de Frigolett, el SII debe tramitar solicitudes de las sociedades cascada relacionadas con la minera para que se les condonen millonarias multas e intereses de 13 reclamos tributarios.
El gobierno entrante acaba de nombrar a un nuevo director del Servicio de Impuestos Internos (SII) en reemplazo de Fernando Barraza, quien se va bajo una lluvia de críticas por no haber presentado querellas ni denuncias en los casos de financiamiento político ilegal investigados por la Fiscalía. Nombrado bajo el segundo gobierno de Michelle Bachelet, con Barraza a la cabeza el SII dejó de colaborar de manera sustantiva con el caso SQM y otros procesos similares, después de que se comprobara que esa empresa minera financió la precampaña de la ex presidenta. El hombre que ahora fue nominado por la administración de Gabriel Boric es Hernán Frigolett, otro ex funcionario del gobierno de Bachelet y militante socialista que también estuvo vinculado al caso SQM: entre 2010 y 2011 hizo un informe en derecho para la minera, por el que la empresa controlada por Julio Ponce Lerou pagó $83,2 millones.
Frigolett estuvo al mando de la Tesorería General de la República entre 2014 y 2018, durante la segunda administración de Bachelet. Es un cuadro técnico del PS y, como tal, participó en la reciente precampaña presidencial de Paula Narváez. Y luego se sumó a la campaña de Yasna Provoste. Por eso, no es extraño que el informe que le pagó SQM lo haya hecho en coautoría con otras connotadas figuras socialistas: Gonzalo Martner (quien dejó el PS en 2016) y Carlos Ominami (quien también se fue del partido). Este último fue imputado en el caso SQM por delitos tributarios relacionados con financiamiento político ilegal, pero la justicia falló que los ilícitos por los que era investigado habían prescrito. Esto ocurrió principalmente porque el SII presentó fuera de tiempo las acciones judiciales en su contra.
El informe fue encargado por SQM a la consultora Aserta S.A., de la que Frigolett era el gerente. Aserta había sido fundada en 2003 por Frigolett, Rodrigo Pizarro y el ex candidato presidencial Marcel Claude.
Frigolett, Martner y Ominami elaboraron el informe junto a otros dos autores: Enrique Dávila y Eugenio Rivera. Desde 2014 Ominami ejerció como presidente ejecutivo del centro de estudios Chile 21, y actualmente es miembro del directorio y presidente honorario. Ese centro de estudios, vinculado al socialismo, figuró en la investigación del caso SQM por haber recibido pagos de la minera de Ponce Lerou por $441 millones entre 2009 y 2014. Por esas mismas fechas, El Mercurio publicó que existía un programa conjunto de Chile 21 con la consultora Aserta.
Un informe interno de SQM, hecho por la empresa en medio de la investigación penal en su contra por financiamiento político ilegal, indica que la minera le pagó a la consultora de Hernán Frigolett a través de cinco facturas, entre septiembre de 2010 y septiembre de 2011.
La información sobre el informe hecho por Aserta para SQM fue difundida originalmente por una nota de T13 en abril de 2015. También fue mencionada en el libro “La máquina para defraudar: los casos Penta y Soquimich”, de María Olivia Monckeberg.
El SII, como fue costumbre en el periodo del recién removido Fernando Barraza, no presentó ni denuncia ni querella por esos pagos.
Frigolett explicó a CIPER que los pagos están en regla y corresponden a un estudio sobre el presente y futuro de la explotación del litio en Chile. El ex tesorero general de la República y futuro director del SII sostiene que, a diferencia de los esquemas de financiamiento político ilegal, el estudio sí se hizo y se entregó un informe con los resultados. También aseguró que fue un estudio exclusivo para SQM. Pero ese informe se hizo público y apareció citado en un trabajo académico del Centro de Minería de la Universidad Católica.
-También le hice estudios a BHP y a Antofagasta Minerals, sobre proyecciones de mercado, de precios estratégicos para sus proyectos, etc. SQM contrató este estudio del litio, que fue en el año 2010, y se ejecutó en 2011. Entregamos el informe en octubre de 2011-, señaló Hernán Frigolett.
Según un comunicado difundido por La Moneda, Frigolett asumirá en el SII el próximo 1 de abril. Cuando esté allí deberá tomar decisiones que afectarán a SQM, como definir la postura del servicio en la causa penal que se sigue contra los ejecutivos de la minera en el caso del financiamiento ilegal de la política. También estará a cargo cuando el director de Grandes Contribuyentes del SII, Harry Ibaceta, tramite la solicitud de SQM de ponerse al día en 13 diferendos tributarios que se mantienen activos y que podrían significar que la minera pague US$49,8 millones adeudados. Eso sí, a cambio de que se le condone una cifra millonaria en multas e intereses.
En medio del chaparrón que significó para SQM la investigación judicial que acreditó que la minera fue una de las principales empresas involucradas en el financiamiento ilegal de la política –reconoció ante la justicia estadounidense haber realizado pagos indebidos por casi US$15 millones a personas políticamente expuestas-, su directorio formó un comité ad hoc que revisó la contabilidad para detectar pagos riesgosos relacionados con políticos.
En ese informe aparece la empresa Aserta S.A recibiendo $83,2 millones contra cinco facturas. En el informe interno de SQM se menciona a Frigolett como el vínculo “riesgoso”: “Participa en Chile 21, tesorero general de la república, octubre 14 a octubre 17”. En el apartado referido a la glosa, se dice cuál sería la justificación del pago: “Estudio acerca de condiciones presentes y futuras para explotación del litio en Chile”. Luego se agrega que se trata de una empresa “conocida” y que tiene “página web”. A pesar de eso, igual fue incluida en el informe, aunque en la categoría “riesgo bajo”.
A pesar de que Frigolett aseguró que el informe no era público y que fue entregado exclusivamente a SQM, un académico de la Universidad Católica (Gustavo Lagos) accedió a él y lo citó en un paper publicado en 2012 (ver aquí). En la cita aparece: “Aserta Consultores, 2010, Condiciones presentes y futuras para la explotación del litio, Santiago, Chile”. Es exactamente el mismo nombre del documento entregado por Aserta a SQM, según la versión del nuevo director del SII.
Gustavo Lagos, profesor titular del Departamento de Ingeniería de Minería de la Universidad Católica, le señaló a CIPER no recordar cómo había accedido al informe de Aserta, pero envió la copia con la que elaboró su paper de 2012. El nombre de ese archivo hace referencia a que se trata de una versión de junio de 2011. CIPER también tuvo acceso a otra copia del mismo estudio, una que Frigolett entregó al actual Ministerio de Hacienda para justificar el trabajo realizado a SQM. Es exactamente el mismo archivo, excepto por una diferencia en las páginas finales.
En el documento utilizado por el académico de la UC aparece una página al final que no está en la versión del documento que posee el gobierno, una donde figuran los autores del informe. Hernán Frigolett como “coordinador y editor general”, y cuatro “profesionales participantes”: Eugenio Rivera, Enrique Dávila, Carlos Ominami y Gonzalo Martner. Los cuatro formaban parte de Chile 21.
Enrique Dávila estaba en la dirección ejecutiva del think tank y Eugenio Rivera, presidía el programa económico del mismo centro de pensamiento. De hecho, publicaciones de El Mercurio de esa época presentaban a Rivera como “director del programa económico Chile 21 – Aserta Consultores”. Pero Frigolett niega que alguna vez haya existido algún vínculo formal entre su empresa y la ONG vinculada al socialismo.
“No había ningún programa económico con Chile 21, eso no tiene nada que ver. Aserta es una consultora totalmente independiente. Nunca tuvimos un programa especial con Chile 21. Lo que hice fue escribir algunos artículos para Chile 21. Y Chile 21 escribió un libro y yo escribí un capítulo de ese libro”, aseguró Frigolett a CIPER.
Sobre por qué su informe para SQM aparece citado en papers académicos, si se supone que era un documento exclusivo para la empresa minera, señaló que no lo sabe: “El informe en forma integral yo doy fe de que SQM no lo hizo público, porque hay capítulos que eran en contra de los intereses de la empresa. No sé cómo los académicos accedieron a este informe. Porque yo, en general, actúo con los mandantes. Y los mandantes son dueños del producto. Así opera el mundo de las consultorías. Yo no puedo andar revendiendo informes a terceros o entregarlos sin el consentimiento del mandante. El mandante puede hacer lo que quiera con el informe una vez que yo se lo entregue”.
Frigolett descartó que hubiera otro documento con el mismo título que el que entregó a SQM, así como haber elaborado otro documento sobre el mismo tema. Gonzalo Martner dijo no conocer las condiciones de distribución del documento, y apuntó que los detalles de aquello solo los manejaba Hernan Frigolett.
La última semana de febrero pasado, las cascadas asociadas a SQM se acogieron a un beneficio tributario estipulado en la Ley 21.210, con el fin de anular los intereses y las multas que mantenían en proceso con la Dirección de Grandes Contribuyentes del Servicios de Impuestos Internos. La solicitud apunta a pagar solamente el capital y los reajustes, condonando las multas e intereses asociados.
Según fuentes vinculadas al proceso, las cascadas accionistas de SQM -Norte Grande, Pampa Calichera, Oro Blanco y Nitratos- pidieron acogerse al beneficio que les significará pagar US$49,8 millones.
Con la sola petición, las cascadas podrán suspender los litigios en curso hasta que el SII resuelva la solicitud. El plazo que posee el órgano recaudador es de seis meses, hasta agosto de 2022, periodo que coincide con la llegada de Frigolett al cargo.
Pese a que los funcionarios del SII solo poseen facultad para revisar la formalidad de los requisitos para acceder al beneficio -que las garantías de pagos se cumplan, por ejemplo- la condonación formará parte de las resoluciones dictaminadas dentro de la administración de Frigolett, puesto que con ese documento, que deberá ser ratificado por el Tribunal Tributario Aduanero competente, y registrado en acta, se dará curso al beneficio establecido y pondrá fin a las gestiones judiciales en curso, dando paso a la sentencia ejecutoriada.
La ley además estipula que quienes se acojan al beneficio, en virtud del Artículo 192 del Código Tributario, podrán pagar el monto adeudado en cuotas por hasta dos años.
Mientras el SII cambia a su máxima autoridad, el caso SQM se encuentra en etapa de Preparación de Juicio Oral. Desde su nuevo puesto, Frigolett deberá enfrentar el desenlace de la causa que ya cumple siete años desde que aparecieran públicamente los primeros involucrados.
Según los antecedentes judiciales a la vista sobre las audiencias que cada mañana se desarrollan en el centro de justicia, el 14 de marzo pasado el 8° Juzgado de Garantía rechazó las solicitudes de sobreseimiento presentadas por las defensas del exgerente general de la minera, Patricio Contesse; del ex ministro UDI, Pablo Longuiera; del excandidato presidencial, Marco Enríquez-Ominami, y de su asesor Cristián Warner; del exembajador ligado a la DC, Marcelo Rozas; del hijo homónimo del exdiputado Roberto León y de las asesoras de la UDI, Marisol Cavieres y Carmen Luz Valdivielso.
Tanto el SII como el resto de los querellantes se opusieron a la solicitud. Sin embargo, según señaló La Tercera, el principal acusado del caso, Patricio Contesse, no solo ya cumplió los años de pena solicitada, sino que hubo gestiones con su defensa para arribar a un procedimiento abreviado, los que hasta ahora no han fructificado.
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