Rendición de campañas: del proveedor de Boric imputado en el caso SQM al equipo de asesores mejor pagado de Sichel

El Frente Amplio rechaza toda vinculación con involucrados en el caso SQM, pero el principal proveedor de campaña de Boric -que facturó $165 millones- estuvo imputado en ese proceso. En el PDG no solo tres de los Bad Boys se dividieron $75 millones como proveedores de campaña: hay un cuarto que, entre su empresa y como persona natural, facturó al partido y al candidato otros $25 millones. Y mientras Artés compró las banderas más caras (casi $5 mil por unidad), Kast y Sichel tuvieron los asesores mejor pagados.

Cada vez que el caso SQM ha hecho noticia, Gabriel Boric remarca públicamente su compromiso contra la corrupción. “Chile no merece esta corrupción transversal a ambas coaliciones tradicionales», dijo el año pasado, cuando el Ministerio Público anunció que no perseveraría contra 34 imputados. Sin embargo, según su rendición electoral, el ahora presidente electo contrató como principal proveedor de su campaña a la imprenta Alerce Talleres Gráficos, del ex militante PS, Milton Lee, quien estuvo imputado en el caso SQM, pero fue sobreseído por prescripción, tras haber facturado a la minera por servicios de campaña prestados al exsenador socialista Carlos Ominami. 

La relación entre Alerce y la campaña de Boric quedó expuesta en las rendiciones de gastos de la primera vuelta presidencial de 2021, publicadas por el Servicio Electoral (Servel). Los documentos también muestran otras situaciones destacables. En las campañas de Franco Parisi y del Partido de la Gente (PDG), por ejemplo, la empresa de Miguel Azar -Administración Electoral y Gestión SpA- figura con facturas por más de $25 millones. La sociedad cobró por asesorar al PDG en las elecciones presidencial y parlamentaria, monto aparte del que Azar recibió como asesor estable de la colectividad, cuyo financiamiento proviene casi íntegramente del Estado. 

En el Partido Progresista, que respaldó la postulación de Marco Enríquez-Ominami (ME-O), hubo dos miembros de su directiva que prestaron servicios remunerados para las distintas campañas (presidencial, diputados y Core): el presidente del colectivo, Camilo Lagos, y la tesorera, Andrea Condemarín. Los dos emitieron boletas como asesores de campañas durante tres meses, entre septiembre y noviembre de 2021. Por esta labor Lagos cobró un total de $14,7 millones y Condemarín, $13,5 millones. Para hacer estas asesorías, ambos habían dejado sus cargos en el PRO, donde fueron remunerados hasta agosto de 2021 con sueldos de $2,6 millones mensuales. 

En la rendición de Eduardo Artes sobresale que la empresa Organic Style, su principal proveedora, cobró el precio más caro del mercado electoral presidencial por cada bandera: $4.760 por unidad. 

También destacan las diferencias en los recursos que cada partido aportó a la campaña de su presidenciable. Los $10,7 millones que Convergencia Social destinó al gasto electoral de Gabriel Boric contrastaron con los cerca de $584 millones que el Partido Republicano dispuso para José Antonio Kast. Además, resulta llamativo que Renovación Nacional haya sido el partido de Chile Vamos que menos apoyó con recursos a Sebastián Sichel: $31,6 millones. La UDI aportó $154 millones a Sichel y Evopoli le traspasó $91,2 millones  (ver recuadro).   

CIPER revisó el detalle de las rendiciones entregadas al Servel que, desde la última semana de enero, son parte de la información pública disponible en la web de ese servicio. Fueron siete los candidatos a la presidencia que figuraron en la papeleta del pasado 21 de noviembre: José Antonio Kast, Yasna Provoste, Marco Enríquez-Ominami, Gabriel Boric, Eduardo Artes y Franco Parisi. De todos, el candidato del PDG fue quien rindió el menor gasto presidencial: solo $13 millones para su campaña virtual. Los postulantes a La Moneda rindieron una suma global que superó los $5.500 millones en gastos.

Uno de los puntos revisados por CIPER fueron los pagos para asesores. En este ítem, los candidatos invirtieron $559 millones en 179 personas. Gabriel Boric fue quien gastó más en esta área, con $206 millones, pero también fue el que más asesores declaró: 84. Fue Sebastián Sichel quien registró los pagos individuales más altos para sus asesores, gastando $196 millones en un equipo de 31 personas. CIPER puso la lupa justamente en quienes son, cuánto les pagaron y qué labores ejercieron estos asesores, los que en su mayoría forman parte del núcleo de colaboradores directos y de confianza de cada candidato. 

SOLICITUDES DE REEMBOLSO CAEN $2 MIL MILLONES

En la revisión se constató que, en comparación con la primera vuelta de 2017, con un candidato menos, las solicitudes de reembolso en 2021 bajaron más de $2 mil millones. Según los registros, los reembolsos pagados hace cuatro años sumaron casi $6 mil millones ($5.997.529.273), mientras que en la reciente elección el monto global solicitado es de $3.824 millones ($2.173 millones menos).  

La diferencia entre las solicitudes de reembolso de 2017 y 2021 es sustancial. Al comparar la petición más alta de ambas elecciones presidenciales (la de Piñera 2017 y la de Boric 2021), la brecha supera los $1.400 millones. El presidente Sebastián Piñera accedió a un reembolso de $2.546 millones. Y ahora, el presidente electo, Gabriel Boric, pidió $1.111 millones.

Piñera concentró todo su reembolso en pagar los créditos, y sus intereses, que solicitó al banco para costear gastos. Entre estos desembolsos, Piñera gastó en solo una proveedora, Ana María Valdebenito, la suma de $1.050 millones por artículos de merchandising, como cortavientos, gorros y globos. En el caso de Boric, su proveedor que figura con la suma más alta es Alerce Talleres Gráfico ($165 millones). 

La principal proveedora de Piñera, Ana María Valdebenito, fue también la mayor proveedora de Sebastián Sichel en 2021, pero a través de una sociedad constituída en 2019: Manufactura de Ideas SpA. En la campaña de Sichel facturó $260 millones.  

El resto de los reembolsos de 2017 se distribuyeron así: Alejandro Guillier, $1.495 millones;  Beatriz Sánchez, $648 millones; José Antonio Kast, $465 millones; Carolina Goic, $408 millones; Marco Enríquez-Ominami, $372 millones, Eduardo Artés, $35 millones y Alejandro Navarro $25 millones.

BORIC Y EL PROVEEDOR QUE FACTURÓ A SQM

Alerce Talleres Gráficos es una empresa del ex militante del PS, Milton Lee, quien no solo fue imputado en el caso SQM por facturar a la minera servicios prestados en la campaña senatorial de Carlos Ominami, sino que además fue objeto de una querella del SII. Sin embargo, tanto él como Ominami fueron sobreseídos porque esa acción penal se presentó cuando los ilícitos ya estaban prescritos.

A fines de agosto de 2021, Boric dijo en Chilevisión que su candidatura le iba a “ganar a quienes validan la corrupción”. Lo hizo a raíz de la última revelación del caso SQM que se había conocido: que el fiscal nacional Jorge Abbott, antes de asumir en su cargo, se reunió con el senador Jorge Pizarro, quien era investigado por financiamiento político ilegal. Por este tipo de declaraciones de Boric, sorprende que la imprenta de Lee haya sido su principal proveedora: Alerce Talleres Gráficos facturó un total de $165.410.000 por imprimir “volantes y calendarios de campaña”.

CIPER consultó al equipo electoral de Gabriel Boric si, luego de la amplia difusión del caso de Lee y Ominami, antecedentes de esa naturaleza fueron considerados para decidir quiénes serían sus proveedores. Según explicaron, ese tipo de datos no estuvieron a la vista:

“Los criterios para contratación de proveedores en los distintos ítem de la campaña (franja, papelería, merchandising) fueron varios: que no tuvieran sanciones por infracción en contra de los derechos fundamentales a trabajadores; que se ocuparan materiales y tintas con respeto al medio ambiente (…), que la relación costo calidad y el cumplimiento en plazos estuviesen dentro de lo que necesitábamos, pues una campaña presidencial a nivel nacional necesita enviar material de trabajo, publicitario, etc., a todo Chile, con la debida anticipación. Y que, en lo posible, la empresa fuese un proveedor inscrito en Mercado Público”, señaló Daniel Arancibia, administrador electoral de la campaña.

De los $165 millones en facturas de Alerce rendidas al Servel, $120 millones corresponden a servicios incluidos en la solicitud de reembolso. 

La imprenta de Lee también facturó a otras campañas en la última elección, entre ellas las de los frenteamplistas Lorena Fríes ($10,3 millones) y Sebastián Depolo ($7,7 millones);  la del ex aspirante al Senado y ex ministro radical, José Antonio Gómez ($14 millones) y la de los candidatos a diputados del PS, Natalia Sánchez Aceituno ($12,7 millones), y de la DC, Gabriel Silber ($6,3 millones). En total, la empresa facturó $237 millones en la última elección.

En el análisis realizado por CIPER, Boric aparece con el mayor gasto en “asesores de campaña” con un global de $206 millones distribuidos en 84 personas, quienes recibieron pagos totales que van desde los $250 mil hasta $11,6 millones. 

Daniel Arancibia señaló que las remuneraciones de los asesores se fijaron en función de los valores pagados en las campañas de 2013 y 2017, actualizados según el reajuste del IPC, y cuyo máximo se estableció en $3,6 millones como sueldo mensual por jornada completa. 

“Si bien somos de las campañas en que más gente aparece con cargos remunerados, ello también tiene que ver con que evitamos, en la medida de lo humana y técnicamente posible, contratar agencias. Por ejemplo, el equipo de comunicaciones estaba compuesto de aproximadamente 20 personas, las cuales cumplían distintos roles. Por supuesto que era más fácil contratar una agencia y externalizar, con lo que habría solo una factura y 20 personas menos en la planilla, pero fue decisión nuestra que todos los equipos trabajaran fuertemente ligados con el Presidente en la sede y en los territorios”, explicó Arancibia a CIPER.

Entre los asesores mejor pagados de la campaña de Gabriel Boric destaca Sebastián Eugenio Kraljevic Chadwick, el estratega detrás de las últimas campañas frenteamplistas emitió boletas por un total de $11.606.342. Le sigue Antonia Valentina Rozas Fiabane con un global de $9.893.333. Luego, Adrián Sepúlveda Haardt con $9.106.100, quien estuvo a cargo de coordinar adquisiciones y proveedores. Le sigue el administrador electoral Arancibia, con un total de $9.025.605. Cierra la nómina la ex encargada nacional del Frente Feminista de Convergencia Social, Javiera Cabello Robertson, quien cobró $8.346.400 por su cargo como secretaria política y ejecutiva de la campaña.

EL CUARTO BAD BOYS DE FRANCO PARISI

La rendición de Franco Parisi es la más austera. Solo $13 millones gastó el candidato en su hazaña virtual que lo posicionó en el tercer lugar de la primera vuelta. El único asesor que figura en su rendición es Miguel Azar, un conocido colaborador del PDG, quien ejerce para el partido labores como administrador general de fondos. Fue él quien debió dar la cara internamente cuando CIPER reveló que se habían hecho colectas entre adherentes antes y después de que el PDG se constituyera oficialmente como partido, a través de cuentas de personas y sin haber realizado una rendición a sus militantes para señalar el destino de esos aportes. A través de una reunión telemática, Azar intentó explicar qué pasó con esos fondos, detallando además parte de los gastos de campaña que por entonces, diciembre de 2021, recién se estaban entregando al Servel. 

La intervención de Azar no fue transmitida por TV O’Higgins, la plataforma online desde la cual se emite el programa Bad Boys, sino que vía Zoom solo para dirigentes. En ella, Azar explicó que el partido le pagaba $3,5 millones brutos mensuales por su labor de administración, lo que CIPER constató en transparencia del PDG. En ese mismo Zoom, Azar señaló que aparte de su sueldo, que a su juicio era bajo en relación al mercado, el partido “lo premiaba” dejándolo a cargo de la administración general de las campañas del colectivo. Según las rendiciones, esa labor es ejercida por Azar a través de la empresa Administración Electoral y Gestión SpA y se remunera en forma paralela a su trabajo en la colectividad.

En la información que el partido hizo llegar al Servel, se registran sus servicios con el monto total de $24 millones, los que junto a la asesoría como persona natural que Azar prestó para la austera rendición de Parisi, alcanzan una suma similar a la que el círculo más próximo al candidato, los Bad Boys, facturaron en campaña a través de distintas empresas: $25 millones para TV O’Higgins, vinculada a Pedro Gubernati y $50 millones a la empresa J.G.B.V.H.T. Publicidad y Marketing SpA, de Giancarlo Barbagelatta y Juan Valenzuela.

CIPER intentó sin éxito tomar contacto con el presidente del colectivo, Luis Moreno, y con quienes en campaña ejercieron labores de prensa para el partido.

LA DIRECTIVA DEL PRO Y ME-O

Marco Enríquez-Ominami no tuvo asesores políticos directos en su última aventura presidencial. Los servicios prestados por parte de cinco personas naturales se vinculan a realizaciones audiovisuales. Sin embargo, fue desde las finanzas de su partido, el PRO, donde se realizaron contrataciones de asesoría políticas y electorales no solamente para su campaña presidencial, sino también para las de parlamentarios. Así, según las rendiciones del Partido Progresista, parte de la directiva del colectivo fue pagada por labores de campaña.  

El presidente del PRO, Camilo Lagos, es quien encabeza estas remuneraciones: según los registros, por labores como “coordinador logístico” de las campañas presidencial, parlamentaria y a Core, Lagos emitió tres boletas de honorarios cuyo monto total asciende a $14,7 millones. 

Según explicaron en el PRO, Lagos y otros integrantes de la directiva que eran remunerados por el partido  y que trabajaron en la campaña, fueron finiquitados en la colectividad el 31 de agosto de 2021. Esto, para no caer en incumplimiento de la Ley de Partidos Políticos, que prohíbe que estos destinen recursos provenientes del Estado a campañas electorales.

Lagos ya había sido proveedor de campaña anteriormente: fue candidato a diputado en las elecciones de 2017 y tal como ahora, además de ser presidente del colectivo, asesoró al partido. Según el registro de esa elección parlamentaria, emitió una boleta por $6 millones para coordinar la campaña presidencial de Marco Enríquez-Ominami en el distrito donde justamente postuló como diputado y que comprende las comunas Maipú, Pudahuel, Cerrillos, Estación Central, Quilicura, Colina, Lampa y Tiltil.   

En la lista de honorarios pagados en las campañas de  2021 a integrantes de la directiva, también figuran boletas de Andrea Condemarín, vicepresidenta del PRO. Ella se encargó de la administración electoral de las campañas presidencial y de diputados. Por esa labor emitió tres boletas de honorarios a la cuenta del partido por $13,5 millones.   

Al igual que Lagos, Condemarín también fue candidata a diputada y proveedora de campaña en 2017. Pero esa vez sus colaboraciones no fueron de carácter administrativo -es ingeniera civil industrial-, sino territoriales. Según los registros, en 2017 emitió tres boletas de honorarios por encargarse de la actividad territorial de las comunas donde fue candidata, en el distrito 9, por $10 millones. Ese año también se encargó de la agenda de ME-O en la campaña presidencial, labor por la cual emitió dos boletas por el total de $5,1 millones. En esa elección también figura con asesorías remuneradas la hoy diputada Marisela Santibáñez, quien emitió una boleta por $12 millones por labores de vocera de la campaña de ME-O. Tanto Lagos, como Condemarín y Santibáñez, hicieron campaña como postulantes a diputados durante la elección de 2017, por lo que también presentaron rendiciones de su propio gasto electoral. 

Ahora, en 2021, hubo dos candidatos a diputados del PRO que, al mismo tiempo, figuraron como proveedores de la campaña presidencial de ME-O. Pero a diferencia de lo ocurrido en 2017, esta vez no hicieron campaña propia, por lo que no presentaron rendiciones de su gasto electoral. Ellos son Ignacio Bustos, inscrito como candidato por el distrito 9, y Harlet Heisleben Probst, inscrita en el distrito 11. El primero emitió una boleta de honorarios de $5,4 millones por la coordinación de la campaña de ME-O. La segunda, a través de su sociedad Inversiones Probs y Hernández Limitada, facturó $12 millones por el servicio de diseño y gestión territorial. Desde el partido señalaron a CIPER que ambos no hicieron campaña propia porque se abocaron a asesorar la presidencial, por lo que sus candidaturas no registraron gastos ni solicitaron reembolsos.

El vicepresidente del partido, Ricardo Godoy, completa la lista de integrantes de la directiva que figuran como asesores o proveedores de campaña: emitió dos boletas por un total de $1,8 millones.

Respecto de esta fórmula de contratar a parte de la directiva como asesores, desde la colectividad explicaron: “El criterio para optar por esta fórmula tiene que ver con la experiencia en campañas anteriores de Camilo Lagos y el rol de Andrea Condemarin como administradora electoral del partido y de Marco Enriquez-Ominami. Ambos iban a estar dedicados exclusivamente a la campaña. En el caso de Ricardo Godoy, él rinde a través de boletas de honorarios en calidad de vicepresidente electoral. Estuvo cumpliendo funciones del partido en septiembre, para luego dedicarse a la campaña propiamente tal y, por lo mismo, ser remunerado con financiamiento electoral. Fuimos muy rigurosos en cumplir la ley y no gastar ni un peso del aporte fiscal a los partidos en temas electorales. Eso en detrimento, incluso, de la situación contractual de ellos tres”.

Hasta agosto de 2021, Lagos y Condemarín percibían sueldos en el partido cercanos a los $2,6 millones mensuales.   

LAS BANDERAS DE ARTÉS

Al revisar la rendición del presidenciable de la Unión Patriótica, Eduardo Artés, resaltan las banderas más caras de la presidencial, que costaron casi $5 mil por unidad.

El gasto en campaña del profesor Artés asciende a un total de $132.686.571. En esto, más de la mitad fue facturado por la empresa Organic Style SpA, que presenta comprobantes por un total de $70.686.000. Los productos que Artés compró a Organic fueron 3.600 mascarillas, 3.500 banderas, 3.000 chapitas y 2.000 bolsas estampadas. En el detalle, figura una factura por $11.900.000 que corresponde a 2.500 banderas, y que llevado a precio unitario, da un costo de $4.760 por unidad. CIPER comparó ese precio con el valor del mismo producto consignado en otras rendiciones de campañas presidenciales. Le sigue, a bastante distancia, lo pagado por la candidatura de Yasna Provoste: ella rindió la confección de 4 mil banderas por poco más de $7 millones, lo que da un precio de $1.844 por bandera.

La empresa Organic Style es de Danixa Becerra y se dedica a la serigrafía, estampado e impresiones ecológicas. Tiene sede en Valparaíso y ha prestado servicios para distintas campañas, incluidas algunas de mayo 2021, cuando se eligieron gobernadores, concejales, alcaldes y convencionales. En estas Organic facturó un total de $187 millones a candidatos del Partido Comunista, RN, PS, UDI y UPA. De ese total, $55,6 millones correspondían a servicios prestados al Partido Unión Patriótica.

En la empresa indicaron a CIPER que el valor de las banderas, por unidad, va de $3.500 a $5.000, debido a que el estampado se hace “una a una”, con la técnica de serigrafía. Agregaron que el equipo de Artés solicitó distintos colores y diseños para banderas de tamaño grande.

Artés dijo a CIPER que la información sobre su rendición “la tiene Servel y ellos harán sus observaciones, si las hay”. Añadió que el costo de cada bandera “depende del tamaño, el material y su calidad. Ese es el precio que había en el mercado y depende de la cantidad que se compra”.

SICHEL: EL EQUIPO MEJOR PAGADO

El candidato de Chile Vamos, Sebastián Sichel, no solo registró el mayor ingreso proveniente de aportes ($754 millones), también fue quien pagó el equipo de asesores con las remuneraciones más altas: 31 profesionales que en total suman $196.221.429 El mayor monto pagado en la campaña corresponde al jefe de comunicaciones, Hernán López Guerra: $21,4 millones divididos en tres boletas por labores realizadas entre septiembre y noviembre de 2021.  Son ocho los asesores de Sichel con montos totales que superan los $8,5 millones por el mismo periodo de campaña.  

El grupo de asesores que Sichel eligió para su campaña, lo encabezan dos colaboradores que conforman su círculo de confianza y que lo vienen acompañando desde su paso por Corfo y Banco Estado. Detrás de López figura Clara Tapia, periodista que además trabajó con Sichel en el Ministerio de Desarrollo Social, con un global de $18.981.000 por su labor como “jefa de prensa” entre septiembre y noviembre de 2021. 

En tercer lugar está la ex subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell. Ella fue vocera de la campaña, cargo por el que recibió $14.634.000. Le sigue la periodista María Claudia del Solar, que registra un total de $10.974.000 por su labor en dos meses de campaña. Del Solar también trabajaba en la Subsecretaría de Prevención del Delito y renunció para incorporarse al equipo de Sichel. Después de la elección fue recontratada el 22 de noviembre como jefa de gabinete en la misma subsecretaría, ahora encabezada por María José Gómez.  

En el quinto lugar de los asesores mejor pagados de Sichel se ubica Macarena Labbé Martínez, hija del ex alcalde de la UDI, el coronel (r) Cristián Labbé. Ella fue la coordinadora territorial de la campaña, por lo cual recibió $10.535.700. Después de ella figura el concejal de Las Condes, Luis Hadad Acevedo (RN), con $10.509.000 como “asesor territorial”. Otro militante de RN, el jefe de gabinete de la campaña, Jorge Astudillo Astete, sigue en la nómina con $9.417.000. Cierra la lista el encargado del soporte legal y apoyo programático, Alex Olivares Contreras, quien recibió un total de $8.511.000.   

De los $1.731 millones rendidos por Sebastián Sichel, $1.356 millones fueron destinados al gasto en empresas. Y de ese total, el 45,5% se concentra en solo tres proveedores: Manufacturas de Ideas SPA ($261 millones), por el servicio de propaganda impresa; Blue Media SPA ($198 millones), por la realización de la campaña digital, y Productora Películas Cinematográficas, Publicitarias, Cine y Televisión ($159 millones), por asesoría creativa y producción de la franja presidencial.  

EL APORTE DC A PROVOSTE

Provoste está entre las candidatas que recibió una poderosa ayuda de parte del partido que la apoyó como candidata: según los registros, el PDC destinó  $489 millones a la presidencial, de ese monto $436 millones fueron financiados con un crédito pedido por la colectividad al Banco Estado (vea el recuadro con el gasto declarado por los partidos en las campañas de sus presidenciables). La senadora también tomó un préstamo reembolsable por $450 millones, el que cubrió gran parte del gasto global que registra: $615.265.320 según la información enviada al Servel. Con el crédito incluido, la parlamentaria solicitó un reembolso de $512.304.475. 

La mitad del gasto de campaña de Provoste se concentra en cinco empresas, en su mayoría dedicadas a difusión digital. LFI Medios SpA es la principal proveedora de la campaña: facturó un total de $62 millones. Le sigue el periódico El Ciudadano con un total de $47 millones por los servicios de “pauta y avisaje”. El tercer lugar lo ocupa Factor Crítico, propiedad de Marcela Goic (quien trabajó en los dos gobiernos de Michelle Bachelet y es hermana de la senadora Carolina Goic,), con un total de $39 millones. 

Le sigue Patricia Navarrete Producciones y Cia. Limitada, que figura con $30.460.430 por el servicio de franja. La empresa también aparece en la rendición del PDC con cargo a la candidatura presidencial, con un monto de $76 millones. Su dueña, Patricia Navarrete, además figura con $13,5 millones por el servicio de coordinación y producción general de la franja, monto rendido y dividido en partes iguales entre el partido y la candidata Provoste.

Respecto al gasto en asesores, Provoste figura con un staff de 28 personas, cuyas remuneraciones son las más bajas de la presidencial: en total $34 millones costaron las asesorías de la candidata DC y van desde la analista contable Ángela García, que recibió un total de $5,5 millones, hasta el periodista Luis Conejeros, que tiene boletas por un total de $2,2 millones. Conejeros dejó su cargo como asesor de la presidencia del Senado para asumir la jefatura de las comunicaciones de la campaña de Provoste y, después de eso, retornó al Congreso donde figura como encargado de difusión de la Unidad de Participación Ciudadana del Senado, según la información en su Linkedin.

KAST: EL REEMBOLSO MÁS ALTO

El candidato ganador de la primera vuelta, José Antonio Kast, fue el postulante que solicitó el más alto reembolso para solventar las facturas y boletas de servicios pendientes de pago. Por este concepto, el representante del Partido Republicano pidió al Servel $374.304.845, mientras que el resto de los aspirantes a La Moneda pidieron entre $10 millones (Parisi) y $179 millones (MEO).

Además, el exdiputado UDI solicitó créditos por un total de $350 millones, monto que también es reembolsable desde las arcas fiscales. De esta forma, el reembolso total asciende a $724 millones. 

En la primera vuelta, Kast igualó a Boric en el nivel de gastos: ambos con $1.300 millones. Pero en el ítem de los aportes recibidos, la diferencia a favor del republicano fue amplia: mientras Boric recibió $193 millones en aportes y donaciones, Kast consignó $593 millones. 

En el detalle de las rendiciones del abanderado republicano, figura el asesor mejor pagado en la contienda presidencial: Julio Feres, jefe de campaña, quien apareció en una publicación de La Tercera con remuneración mensual de $8 millones mensuales durante tres meses, es decir, $24 millones en total. Pero Feres además aparece en las rendiciones percibiendo otros $5,6 millones que, según indicaron en el comando, se debe a que le pagaban por el arriendo de la sede de campaña ubicada en calle Padre Errázuriz, comuna de Las Condes. La explicación proporcionada desde el comando señala que la propiedad no se podía arrendar solo por el mes que requería la campaña. Por eso, señalan, Feres la tomó en arriendo por un periodo más largo y la subarrendó al comando por el plazo de la campaña a cuenta de los gastos electorales. 

Julio Feres también es un proveedor conocido en el Partido Republicano. En la campaña a gobernadores de mayo 2021, fue el principal asesor de la candidatura de Rojo Edwards, servicio que se pagó con $12 millones.