#8M: Esperanzas y resguardos ante el cambio

«Considerando el contexto de precarización neoliberal que habitamos, las políticas de género no pueden centrarse sólo en la mujer blanca y de clase media con que el feminismo en algún momento se identificó. Las diferencias de clase, raza y territorio, entre otras, deben considerarse si realmente aspiramos a un país más justo y a una vida más digna.».

Vivimos en Chile un 8 de marzo sin duda particular y esperanzador, ya que este año confluyen en él dos asuntos clave para el avance de las demandas feministas: por una parte, la redacción paritaria de una nueva Constitución, que aspira a incorporar la perspectiva de género como una de sus columnas; y, por otra, la llegada al poder de un nuevo gobierno que desde su programa ha destacado una impronta feminista. En el contexto del ingreso del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género al comité político de su administración, el presidente electo, Gabriel Boric, recalcó hace unos días: «El gobierno será feminista. Les pido encarecidamente, particularmente a los hombres, que nos lo tomemos muy en serio, y que al final de nuestro gobierno podamos haber colaborado con el cambio cultural que el movimiento feminista ha empujado».

Ya en la campaña de su candidatura se enfatizaban, entre otras medidas de protección social, la educación y salud públicas no sexistas, en sintonía con la conformación de una Convención Constituyente (CC) que al fin acogía a mujeres feministas, disidencias sexuales, pueblos originarios y activistas por el medioambiente.  Como se ha señalado en tantas ocasiones, una organización política y social feminista implica repensar no sólo los derechos de forma transversal, y salirnos así del paradigma androcéntrico que ha primado desde sus inicios, sino que también la organización misma del Estado. Es aquí donde la paridad, tanto en la CC como en el gabinete ministerial del Presidente —compuesto por catorce mujeres y diez hombres—, son un esperanzador ejemplo. 

Sin embargo, también las perspectivas feministas requieren de reflexión constante y de autocrítica. Podremos así identificar con mayor precisión a quiénes incluimos y excluimos —tales como comunidades racializadas, personas con algún tipo de discapacidad, de diversas edades y condiciones socioeconómicas—, y de qué forma nos entendemos a nosotras y al colectivo, además de plantear cómo podemos transformar las estructuras que nos rodean para que la aspiración a vivir una vida plena y libre de violencia pueda materializarse sin miedos. Frente al cambio profundo en curso hoy en Chile, debemos subvertir la posición de ciertas personas ante y en el Derecho, particularmente la de aquellas identidades históricamente excluidas, desplazadas o invisibilizadas. No conformarnos con cambios cosméticos que favorezcan sólo a ciertas personas, si no entender la lucha por la igualdad de género como indivisible de otras demandas, como lo son la no discriminación a personas con determinadas características, las precariedades ligadas a la pertenencia —sea cierta clase social, pueblo originario o comunidad racializada— y la interdependencia entre las personas y el medioambiente. 

Considerando el contexto de precarización neoliberal que habitamos, las políticas de género no pueden centrarse sólo en la mujer blanca y de clase media con que el feminismo en algún momento se identificó. Las diferencias de clase, raza y territorio,  entre otras, deben considerarse si realmente aspiramos a un país más justo y a una vida más digna.

La paridad busca enfrentar el déficit representativo de las mujeres en cargos públicos y de responsabilidad en la administración privada como un presupuesto mínimo para una real democracia. La democracia paritaria empieza a tomar forma jurídica en el lenguaje internacional primero en la Declaración de Atenas (1992) y luego en la IV Conferencia de Beijing (1995), donde se hacía referencia al principio de distribución equilibrada del poder entre hombres y mujeres [ver más]. Existen, sin embargo, diversas formas en las que entender la paridad: ésta puede ser binaria (cupos repartidos entre hombres y mujeres), ser vista como un techo (considerando un máximo de participación según género) o un piso (un mínimo de participación de mujeres). Para realmente garantizar la participación y recoger diversos intereses y demandas, es fundamental incorporar también en las decisiones sobre distribución del poder a las disidencias sexuales y de género (mujeres y hombres trans, personas no binarias), así como la mirada interseccional. Es decir, problematizar el sujeto político unitario del feminismo blanco —la Mujer, con mayúsculas— en favor de diversidades de personas también con otro tipo de cosmovisiones, clases sociales, territorios geográficos  y/o edades, entre tantas otras características. Un enorme desafío es que estos enfoques que se van a trabajar en una nueva Constitución y en la escala de gobierno central puedan realmente permear a los territorios y gobiernos locales. Que, por ejemplo, una política de desarrollo social con enfoque de género permita ser ejercida en regiones y municipios de Chile. En momentos de cambios visibles y ya incorporados al debate público, éste resulta un desafío pendiente que hoy en Chile tenemos aún por delante. 

Dentro de los avances feministas del último tiempo en nuestro país se han logrado instalar demandas que hasta hace poco eran absolutamente invisibilizadas. Entre ellas, la importancia de un sistema de justicia con perspectiva de género [ver columna 8M en CIPER]. Se han complejizado nuestras formas de entender y enfrentar las desigualdades sociales, y en ello caben también temas tales como el de los cuidados, centrales para sostener y permitir la vida, asumidos mayoritariamente por mujeres; la visibilización (tanto mediática como social) de la comunidad trans; la organización de las mujeres contra las violencias; y la necesidad de avances en derechos sexuales y reproductivos. Hasta ahora, el debate constituyente ha apostado por profundizar la corresponsabilidad entre géneros y generar un cambio cultural, con el Estado llamado a cumplir un rol al respecto. Se han presentado normas en materia de sistema nacional de cuidados, reconocimiento del trabajo doméstico e incorporación de perspectiva de género en el derecho al trabajo, entre otras. Asimismo, se han presentado iniciativas para reconocer las autonomías personales y soberanía sobre nuestros cuerpos y proyectos de vida tales como el derecho a la identidad, los derechos sexuales y reproductivos, la educación sexual integral, reconocimiento de todas las formas de familia, etc. Es fundamental que estos temas logren plasmarse tanto en la Constitución como en las políticas que imparta el nuevo gobierno y que no se transformen en meras declaraciones de principios ni instrumentalización de las políticas de género. Recordemos que, como decía  Simone de Beauvoir, «bastará una crisis política, económica o religiosa para que los derechos de las mujeres vuelvan a ser cuestionados» (ello se vio explícitamente ante la posible elección presidencial en diciembre pasado del candidato José Antonio Kast, de vínculo con movimientos transnacionales de ultraderecha y fundamentalistas). Las demandas planteadas desde los feminismos, por tanto, deben ir más allá de la elección de un gobierno determinado, y estar en la base de nuestra democracia.