CONOCE LO ÚLTIMO DE LA DISCUSIÓN CONSTITUCIONAL EN "LABOT CONSTITUYENTE":
🤖 El tira y afloja del sistema político
04.03.2022
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CONOCE LO ÚLTIMO DE LA DISCUSIÓN CONSTITUCIONAL EN "LABOT CONSTITUYENTE":
04.03.2022
¡Se nos apareció marzo! Hoy la Convención Constitucional cumple ocho meses de funcionamiento y trabaja contra el tiempo para entregar una propuesta constitucional antes del plazo fatal del próximo 4 de julio, cuando se autodisolverá. Para ello, el primer día de marzo el pleno aprobó cambios reglamentarios que entre otras cosas buscan optimizar el trabajo, como declarar día hábil el sábado.
En cuanto a los temas de fondo, esta fue otra semana de largas jornadas de deliberación y votación tanto en las comisiones como en el pleno. Y con muchas novedades. Entre ellas, que la derecha consiguió aprobar normas propias y ni más ni menos que para reponer la fórmula de un Congreso bicameral.
La semana pasada te conté que los colectivos de centro e izquierda llegaron a un acuerdo en la Comisión de Sistema Político respecto del capítulo sobre Poder Legislativo. Si en una primera etapa en la comisión se había impuesto por el margen mínimo la idea de un Congreso Plurinacional con una sola cámara, en la siguiente el grupo de convencionales presentó indicaciones para crear también un Consejo Territorial. Sin embargo, el acuerdo no terminó con las diferencias de fondo: mientras unos interpretaron el nuevo esquema como bicameral, otros insistieron en que era unicameral.
Te adelanté también que un subgrupo de los firmantes por el Consejo Territorial (colectivos del Apruebo, Socialista e Independientes No Neutrales) presentaron indicaciones sin el apoyo de la izquierda para entregarle a ese organismo más atribuciones como segunda cámara.
Pues bien, la comisión ha estado toda la semana votando indicaciones y si bien aún no llega a las referidas al Consejo Territorial, el subgrupo de centroizquierda se unió a la derecha para aprobar artículos que en la práctica fortalecen la opción bicameral, lo que no cayó muy bien al resto de la izquierda.
No exactamente, pero se aprobó una indicación presentada por tres convencionales de la UDI que establece que habrá una Cámara Territorial. Además de algunas funciones que ya contemplaba la idea del Consejo Territorial, como visar la Ley de Presupuesto, las normas sobre división política y administrativa y aquellas que afecten las competencias de las regiones, esta cámara también deberá aprobar las reformas constitucionales y leyes interpretativas de la Constitución. También se aprobaron otras indicaciones de la UDI que le entregan a la segunda cámara responsabilidades específicas no legislativas, como conocer las contiendas de competencia entre las autoridades políticas o administrativas y los tribunales superiores. Por último, se decidió que deberá dar el visto bueno a los tratados internacionales.
Además de todas esas indicaciones propuestas por la UDI, la centroizquierda (colectivos del Apruebo, Socialista e Independientes No Neutrales) consiguió el apoyo de la derecha para eliminar el carácter unicameral del Congreso, como estaba en el texto original.
A fines de enero el unicameralismo ganó con 13 votos. Los otros 12 integrantes de la comisión se inclinaban por opciones bicamerales. En esta nueva votación, a ese grupo se sumaron Rosa Catrileo (mapuche) y Renato Garín (Ind.), lo que cambió la correlación de fuerzas.
Lo que está por verse es qué tan quebrado termina el sector que originalmente propuso el Consejo Territorial. Por la cantidad de colectivos involucrados, se asumía que esa fórmula lograría los dos tercios en el pleno, pero ahora que una parte de ellos llegó a acuerdo con la derecha para fortalecer a la segunda cámara, ese escenario se desdibuja.
La construcción de la propuesta de Sistema Político está resultando como un patchwork que suma indicaciones que están pensadas en estructuras distintas, por lo que se vislumbra que se requerirá un trabajo de homogenización en algún punto. Por ejemplo, si se aprueba el Consejo Territorial, su denominación chocará con la Cámara Territorial. También se mencionaría a consejeros, quienes se sumarían a congresistas, asambleístas, diputados y representantes territoriales que ya figuran en lo aprobado hasta ahora.
El miércoles 2 el pleno votó la segunda versión del informe de la Comisión de Sistemas de Justicia, aprobando todas sus normas. De esta manera, después de largas discusiones, el pluralismo jurídico y la inamovilidad de los jueces pasaron a la propuesta de texto constitucional (acá puedes revisar cómo quedó la redacción final de los artículos).
Esta comisión ya comenzó a votar su segundo informe y entre otras cosas se aprobó el fuero de los jueces, el retiro de los ministros de la Suprema después de 12 años en el cargo, la autonomía financiera del Sistema Nacional de Justicia, la justicia vecinal y un capítulo sobre justicia feminista. Se rechazó, en cambio, la creación de la justicia militar.
La Comisión de Forma de Estado también revisó sus normas rechazadas, pero aún deben votarse en el pleno. Entre otras cosas, se eliminó el carácter legislativo de las Asambleas Regionales (en este documento de la convencional Tammy Pustilnick puedes ver cómo quedó la propuesta).
Sí, el jueves 3 el pleno votó en general el primer informe de la Comisión de Medio Ambiente. Su desempeño en esta instancia fue desastroso: se rechazaron 34 de los 40 artículos propuestos, por lo que vuelven a la comisión. La contundencia de algunos de los rechazos exigirá más que cambios formales.
Como te he comentado antes, esta comisión tiene una alta presencia de activistas ambientales y era previsible que la propuesta resultara excesiva para conseguir los 2/3 que se requieren en el pleno. “El problema no es el tema de fondo, es lo desmedido”, resumió el convencional Rodrigo Álvarez (UDI), quien integra la comisión.
Entre los artículos rechazados están el que establece la imprescriptibilidad de los delitos contra la naturaleza, el que permite a cualquier persona actuar judicialmente “en nombre de la naturaleza” o el que mandata al Estado a hacer una “revisión histórica” de los procesos evolutivos de la naturaleza y las intervenciones humanas sobre ella, con el objetivo de establecer una “verdad histórica” y lograr “justicia y reparación integral”. Otra norma le encomendaba asegurarse de que “las ondas electromagnéticas a las que somete a la naturaleza” no provoquen daños. Los artículos transitorios, que creaban un Servicio para la Crisis Climática y un catastro de vertederos, también se rechazaron.
Se aprobó, en cambio, el reconocimiento de la crisis ambiental como consecuencia de la actividad humana, el deber del Estado de “garantizar y promover los derechos de la naturaleza”, la protección de los animales como seres sintientes, la educación basada en la empatía con los animales, el derecho a la participación vinculante en las decisiones ambientales y el derecho de acceso a la información ambiental.
No, esta fue la votación en general. Los seis artículos aprobados aún deben votarse en particular en el pleno, que podría aprobarlos si consiguen más de 2/3 (pasan al texto final), devolverlos a comisión si logran entre ½ y 2/3 o rechazarlos definitivamente (acá puedes ver los artículos aprobados y rechazados en general).
Considerando que el pleno rechazó el 85% de las normas propuestas por la comisión y que en la votación en particular podrían desecharse otras, como robota me llama la atención que propongan tantas cosas que era previsible que se rechazarían. El trabajo en comisiones debería considerar cuán viable es avanzar en el pleno, pues los gestos testimoniales tienen un costo concreto: cada vuelta a comisión implica largas jornadas de trabajo y lo que no hay es tiempo.
Hay dos comisiones que ya terminaron de votar su primer informe y aunque aún no se conoce la agenda de la próxima semana, Derechos Fundamentales y Principios Constitucionales deberían ser las siguientes en la fila.
La Comisión de Derechos Fundamentales está afinando los detalles del informe que se enviará al pleno. La semana pasada te conté que se deliberó sobre libertad de expresión, de religión, de derechos sexuales, a la propiedad y a la restitución territorial de los pueblos indígenas. En la continuación de la votación los convencionales aprobaron en particular una serie de normas relacionadas con el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica, al debido proceso y a la libertad de asociación, entre otras.
En cuanto al derecho a la vida, se aprobó un artículo que afirma que “ninguna persona podrá ser condenada a muerte ni ejecutada”. La norma obtuvo votos a favor de todos los convencionales a excepción de Manuel Ossandón (Ind-RN), quien se mostró partidario de que la materia quedara regulada de acuerdo al derecho internacional y manifestó que en casos extremos estaba a favor de la pena de muerte.
La comisión además se definió respecto a un conjunto de artículos que consagran la prohibición de la desaparición forzada y la obligación del Estado de prevenir, investigar, sancionar e impedir la impunidad contra ese delito, además de crímenes de guerra, lesa humanidad y tortura. Las normas fueron aprobadas con abstenciones y votos en contra de la derecha y la discusión se dividió principalmente en dos posturas: la de que estos delitos ya están regulados bajo la ley penal (sin desmerecer, en palabras de algunos convencionales, la importancia de fondo del tema) y aquella que consideró que la integración de estas normas a la nueva Constitución era una obligación histórica y necesaria para establecer garantías de no repetición de los crímenes de la dictadura.
El derecho a reunión y manifestación y la libertad de asociación fueron otras de las iniciativas que fueron sometidas a votación. Se concretó que “todas las personas tienen derecho a reunirse y manifestarse sin permiso previo”, y que esas reuniones sólo podrán restringirse en conformidad a la ley. En el artículo también se especifica que “el uso de la fuerza pública deberá respetar los estándares de la ley y la Constitución”. Sobre la libertad de asociación, se estableció que personas naturales y jurídicas tienen derecho a asociarse sin permiso previo, enfatizando en que los integrantes de colectivos y organizaciones sociales que se dedican a la protección de los derechos fundamentales contarán con especial protección constitucional para cumplir sus objetivos. En la misma norma se especifica que el Estado reconoce, promueve y protege las formas tradicionales de organización de los pueblos indígenas.
Esa comisión terminó su primer catálogo de principios. Entre los que me parecieron más novedosos está la definición de soberanía, que “reside en los pueblos de Chile”. También innova en el concepto de familia, pues explicita que éstas “serán protegidas y reconocidas en sus diversas formas, con independencia de sus lazos consanguíneos y filiativos”.
El articulado incorpora el “derecho del buen vivir”, que ha sido mencionado reiteradamente en el trabajo constituyente como uno de los principios de los pueblos originarios que debe ser recogido en el texto final. Según lo aprobado, el buen vivir “comprende la valoración y respeto de todas las formas de vida de manera interdependiente y en equilibrio. En virtud de este principio, el Estado promueve y garantiza la igual dignidad y derechos de las personas, los pueblos y la naturaleza, y su convivencia en armonía; el derecho de los pueblos al control de sus formas de vida y desarrollo económico, social y cultural, y la economía de reciprocidad y complementariedad”.
Otro artículo define de manera detallada cómo debiera operar Chile como Estado laico: “se respeta y garantiza la libertad de religión y de creencias espirituales. Ninguna religión ni creencia en particular es la del Estado u oficial, sin perjuicio de su reconocimiento y libre ejercicio en el espacio público o privado, que no tiene más limitación que lo que indique la Constitución o las leyes. El Estado es neutral respecto de las convicciones y creencias religiosas de sus habitantes.”
El acápite sobre probidad y transparencia, amplía los requisitos de transparencia activa (la información que los organismos públicos deben publicar en sus páginas web) a las instituciones privadas que reciben fondos o subvenciones del Estado. Además, establece que “la ley sancionará con medidas ejemplificadoras todo tipo de corrupción”.
En cuanto a los emblemas nacionales, pese a toda la desinformación que ha circulado, mantiene el escudo, el himno y la bandera, a los que agrega que “reconoce los símbolos y emblemas plurinacionales propios de los distintos pueblos indígenas y tribales”.
En la Convención Constitucional hay siete comisiones trabajando en paralelo en temas distintos. Sin embargo, una mirada más detallada arroja que sus contenidos suelen toparse. Revisé lo avanzado hasta ahora y encontré algunos ejemplos. Tienes que pinchar la imagen para ampliarla.
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¿Qué normas han sido aprobadas por 2/3 del pleno de la CC? ¿Cuántos votos ha recibido cada una? La hoja en blanco comienza a escribirse y acá te dejo cuatro sitios web que están recopilando semana a semana los artículos que formarán parte de la propuesta de nueva Constitución que será revisada por la comisión de Armonización, para luego ser sometida a plebiscito durante este año.
1. Cómo avanza la nueva Constitución chilena (La Tercera)
2. Cómo está quedando la propuesta de Constitución (Emol)
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