CONOCE LO ÚLTIMO DE LA DISCUSIÓN CONSTITUCIONAL EN "LABOT CONSTITUYENTE":
🤖 En busca de un punto de equilibrio
25.02.2022
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CONOCE LO ÚLTIMO DE LA DISCUSIÓN CONSTITUCIONAL EN "LABOT CONSTITUYENTE":
25.02.2022
Cada semana el avance de la Convención Constitucional genera más información que es importante que sepas y a ratos este newsletter se me hace corto. Hoy trataré de explicarte de manera breve pero clara los hitos más relevantes, con la idea de que puedas formarte tu propia opinión sobre el trabajo constituyente, más allá de los titulares, columnas y cartas que han circulado en los últimos días.
Algo que me llamó la atención esta semana es el efecto que han tenido las votaciones del pleno en la redacción de las propuestas de normas constitucionales en las comisiones.
Me refiero a cómo las votaciones del pleno, en las que efectivamente se requiere 2/3 de los votos para avanzar, han forzado cambios importantes. Algunos dirán que era esperable un efecto moderador de este quórum supramayoritario, pero otra cosa es verlo en la práctica. Diría que lo que se ha visto estos días es la búsqueda de un punto de equilibrio entre las aspiraciones de algunos grupos y aquello que es capaz de concitar amplios consensos.
En mi newsletter anterior te alcancé a contar de las normas rechazadas en general del primer informe de la Comisión de Forma de Estado, las que aumentaron en la votación en particular que se realizó el viernes 18. Aunque se mantuvo la idea de que Chile será un Estado regional, se devolvió a comisión una serie de artículos sobre el nivel de autonomía que tendrían las regiones y también aquellos acerca de las Asambleas Legislativas Regionales, que tenían atribuciones como fijar contribuciones, tasas, beneficios tributarios o crear empresas públicas de carácter regional.
El mensaje del pleno fue que dichos artículos debían repensarse dentro de la Comisión de Forma de Estado, pero sirvió también como incentivo para que la Comisión de Sistema Político buscara acuerdos amplios en su propio informe para alcanzar los 2/3 que necesitará en el pleno. Es más, forzó que ambas comisiones se coordinaran para que sus articulados fueran coherentes entre sí. Quizás recordarás que ya en mi newsletter del 21 de enero te conté que las piezas del puzzle que estaban construyendo dichas comisiones difícilmente encajarían.
Tras las votaciones del pleno hubo una maratón de reuniones que culminó sólo segundos antes de la medianoche del lunes 21, fecha límite para la presentación de indicaciones al primer informe de Sistema Político. Una estrecha mayoría (13 de 25 convencionales) había aprobado a fines de enero un Poder Legislativo unicameral (llamado Congreso Plurinacional), lo que probablemente se rechazaría en el pleno. Por eso se abrió la puerta para avanzar hacia el bicameralismo. Tras reunirse con sus colegas de Forma de Estado, que demandaban mayor participación territorial en el trámite legislativo, los integrantes de colectivos de centro e izquierda de la Comisión de Sistema Político acordaron un paquete de indicaciones que crea una segunda cámara llamada Consejo Territorial.
Al final, para llegar a un acuerdo que logre los dos tercios, todos tuvieron que ceder (salvo la derecha, que no fue considerada en las negociaciones). Si bien esta propuesta bicameral asimétrica (las cámaras cumplen distintas funciones) termina con las pretensiones unicameralistas del ala izquierda de la comisión (Frente Amplio, Partido Comunista, Pueblo Constituyente, Coordinadora Plurinacional y Movimientos Sociales Constituyentes), atenúa de tal forma la segunda cámara que su rol revisor se reduce a una mínima expresión. De hecho, Marcos Barraza (PC) habla derechamente de un sistema unicameral corregido, aunque en la centroizquierda se insiste en que es bicameral.
Si se aprueba la propuesta, el Congreso Plurinacional tendrá carácter político, con representación más proporcional de la población, y será ahí donde comience y termine la tramitación de todas las iniciativas legales. Sólo pasarán al Consejo Territorial las llamadas “leyes de acuerdo regional”, que incluyen el presupuesto nacional, las que establezcan mecanismos de distribución fiscal o presupuestaria, las que involucren cambios a órganos o autoridades territoriales y las que alteren la distribución política o administrativa del país. Con todo, en caso de que el Consejo Territorial los rechace o modifique, los proyectos de ley volverán al Congreso Plurinacional. Si hay divergencias, se convocará a una comisión mixta. En última instancia, el Congreso Plurinacional podrá insistir en el proyecto original. Como se aprecia, las funciones y el poder del Consejo Territorial serán mínimos en comparación con el actual Senado.
Todas las regiones tendrán la misma representación en el Consejo Territorial y sus integrantes, que durarán 4 años, serán elegidos dos años después de la elección presidencial. Los consejeros territoriales participarán también de las Asambleas Regionales. De hecho, los candidatos a Asambleas Regionales y al Consejo Territorial se elegirán de manera directa en una misma lista pero en votaciones separadas, cuyos detalles se fijarán por ley. La idea es que los consejeros tengan un vínculo concreto con sus regiones.
La propuesta contempla un Poder Ejecutivo liderado por una figura presidencial, que se elegirá en una dupla paritaria con una vicepresidencia, la que a su vez dirigirá las sesiones de la cámara territorial, aunque sólo con derecho a voz. También habrá un/a ministro/a de gobierno, de designación presidencial, cuyo rol será conducir y coordinar el trabajo legislativo.
La propuesta, que tiene casi un centenar de indicaciones, cuenta con una amplia mayoría de los integrantes de la Comisión de Sistema Político (y probablemente los 2/3 en el pleno). Sin embargo, en total hay 775 indicaciones, muchas de ellas presentadas por las mismas personas que firmaron la propuesta mayoritaria y que apuntan a modificar ciertos puntos.
Un bloque bicameralista, integrado por el Colectivo Socialista, Independientes No Neutrales y el Colectivo del Apruebo, busca sumar mayores atribuciones al Consejo Territorial, fortaleciendo su papel de segunda cámara. Entre otras cosas, le otorgan rol de jurado en las acusaciones constitucionales, la ratificación de algunos altos cargos del Estado, la decisión de declarar inhabilidad del Presidente/a y la participación en la tramitación de reformas constitucionales.
De aprobarse este grupo de propuestas, se podrían atenuar en algo los cuestionamientos que ha generado la idea de que el Consejo Territorial reemplace al Senado, aunque será difícil convencer a los principales críticos y eventuales afectados: senadores electos o en ejercicio.
Un detalle importante es que las indicaciones que crean el Consejo Territorial rebautizaron a las Asambleas Legislativas Regionales como simples Asambleas Regionales. En concordancia con esa modificación, un grupo mayoritario dentro de la Comisión de Forma de Estado (16 de 25 convencionales) presentó indicaciones a su propio informe que ya no señalan explícitamente que las asambleas pueden dictar leyes, sino que genéricamente se afirma que tienen “potestades normativas, resolutivas y fiscalizadoras”. En cuanto a sus atribuciones, se plantea que las Asambleas Regionales puedan proponer leyes ante el Consejo Territorial en materias de interés regional, así como solicitarle la transferencia de la potestad legislativa en asuntos de la región. Esto último busca que eventualmente, y de manera gradual, las asambleas adquieran atribuciones legislativas.
En cuanto a los estatutos regionales, que habían sido cuestionados porque parecían constituciones regionales, se propone una redacción que explicita que tienen menor jerarquía que la Constitución y las leyes. Además, se eliminan los estatutos municipales.
Al igual que la Comisión de Forma de Estado, la de Sistemas de Justicia tuvo algunas bajas sensibles en el pleno la semana pasada, con artículos que volvieron a comisión. En este caso, el miércoles 23 se votaron las nuevas indicaciones y el texto quedó listo para un segundo intento en el pleno, aunque con cambios menos radicales que los que se proponen respecto al Estado regional.
De manera general, se acogieron las principales críticas que recibió en el pleno, pero manteniendo el espíritu original del articulado. Por ejemplo, se insiste en que los sistemas jurídicos –el nacional y los indígenas– son independientes y coexisten en igualdad, pero se aclara que deben respetar los tratados e instrumentos internacionales de derechos humanos “de los que Chile es parte”. Se agrega también que la ley determinará mecanismos de coordinación, cooperación y resolución de conflictos de competencia entre los sistemas indígenas y entes estatales.
Otro de los puntos controversiales, que abría la puerta a que los jueces tuvieran plazo en sus funciones, fue removido ante las demandas de garantizar la independencia judicial.
Ahora queda ver si el pleno considera suficientes los cambios.
Sí, el jueves 24 se votó en general el primer informe de la Comisión de Sistemas de Conocimiento, el que sufrió un duro golpe: 17 de sus 30 artículos fueron rechazados y volvieron a comisión. Este viernes se votarán en particular los 13 restantes, lo que significa que aún pueden sufrir cambios, volver a comisión o simplemente descartarse del texto constitucional.
El abanico temático era amplio: derecho a la comunicación, derechos culturales, derechos digitales y derecho a la neurodiversidad. Hubo cuestionamientos de distinto tipo. Algunos temas eran demasiado específicos (se intentó, por ejemplo, dar reconocimiento constitucional a los artistas callejeros), otros tenían errores de redacción gruesos y en ciertos casos había diferencias de fondo.
Los que tuvieron más éxito fueron aquellos que se asocian con el sobrenombre informal de esta comisión, que ha sido llamada “del futuro”. Se aprobó, por ejemplo, que toda persona tiene derecho al acceso universal a la conectividad digital y que es deber del Estado superar las brechas de acceso a la participación del espacio digital, así como a dispositivos e infraestructura. También deberá garantizar la neutralidad en la red. Otro tema innovador fue el reconocimiento del Estado a la neuro diversidad y a las personas neuro divergentes.
Las comunicaciones tuvieron poca suerte. Sólo se reconoció el derecho a réplica y la libertad de prensa, incluyendo el deber del Estado de velar por el pluralismo en los medios y la prohibición de la censura previa. El resto de los artículos se rechazaron en general porque su redacción tenía ambigüedades que podrían implicar la injerencia del Estado en los medios, aunque en algunos casos no está tan clara la razón, como por ejemplo aquel que buscaba garantizar la seguridad de los periodistas y sus fuentes.
Como te comenté en una edición anterior, la Comisión de Derechos Fundamentales también está tratando temas vinculados a la libertad de expresión. Hasta ahora la redacción propuesta no generaba controversias, pero esta semana hubo cambios polémicos.
Una de las indicaciones que causó más polémica, y llegará al pleno después de ser aprobada con 18 votos a favor y 15 en contra, es la inclusión del negacionismo: la prohibición por ley de la negación o justificación de las violaciones a los derechos humanos.
Durante la discusión se criticó que se trata de una norma ambigua y contradictoria con el principio de la libertad de expresión al implicar una censura previa sobre un tema.
La aprobación de la iniciativa también generó cuestionamientos más allá de la Convención. La directora de Human Rights Watch para América, Tamara Taraciuk, manifestó que la propuesta no se ajusta a los estándares del derecho internacional. El relator para la migración de la ONU desarrolló un argumento similar en Twitter (debes hacer click en la imagen para leer el hilo completo):
Propuesta de que Constitución de Chile sancione negacionismo no corresponde a estándares internacionales. Comité de DDHH ONU -órgano encargado de interpretación auténtica del Pacto I’ntl de D°s Civiles y Políticos- ha señalado que «las leyes que penalizan la expresión de
— Felipe González Morales (@UNSR_Migration) February 23, 2022
Esta semana se aprobó también que los medios sean responsables de asegurar la pluralidad de opiniones e informaciones. Según la norma, el Estado deberá adoptar medidas que contribuyan y aseguren esa pluralidad sin intervenir sobre dichos medios.
La comisión también debatió sobre los derechos sexuales y reproductivos. Con los votos en contra de la derecha y de Felipe Harboe (Colectivo del Apruebo) se concretó una norma que consagra el derecho a decidir de forma libre sobre el cuerpo, el ejercicio de la sexualidad, la reproducción, el placer y la anticoncepción. También se especifica que el Estado debe asegurar a las mujeres las condiciones para un embarazo, parto, maternidad voluntaria y protegida e interrupción del embarazo.
Este último punto fue el que generó más controversia. Algunos de los convencionales que se mostraron en contra de la iniciativa criticaron su ambigüedad al no hacer mención a un periodo de gestación explícito para practicar un aborto. En la votación se explicó que ese límite debería definirse a través de las leyes y que la norma sólo intenta consagrar la interrupción del embarazo como un derecho.
En relación a la misma materia, se aprobó un artículo que plantea que todas las personas tienen derecho a recibir una educación sexual integral, lo que debería concretarse con una política estatal única, de carácter laico e impartida desde la primera infancia.
Fue uno de los temas que generó una gran cantidad de intervenciones durante la votación de la comisión. El artículo aprobado dice que todas las personas naturales y jurídicas tienen el derecho de propiedad con la excepción de “los que la naturaleza ha hecho comunes a todas las personas y aquellos que la Constitución o la ley declare inapropiables». Uno de los cambios respecto al artículo aprobado en general fue la exclusión de una frase donde se especificaba que los bienes incorporales (ahorros, depósitos, etc) sólo estarían amparados por el derecho de propiedad cuando lo determinara expresamente la ley. Aunque algunos convencionales presentaron indicaciones para que se mencionara explícitamente que los bienes protegidos eran tanto los materiales como los incorporales, la norma finalmente acordada sólo menciona que el derecho es para todo tipo de bienes.
En relación a la expropiación, se aprobó que nadie puede ser privado de su propiedad a menos que una ley lo autorice por una causa de utilidad pública o interés declarado por el legislador. A la iniciativa original, que también plantea que la ley determinará el monto del pago y su forma, se agregó que los pagos por bien expropiado se realizarán antes del acto de toma de posesión del bien. Además, se podrá reclamar ante tribunales.
Otro artículo que avanzó se relaciona con el reconocimiento del despojo, desposesión y restitución territorial de pueblos y naciones indígenas. La norma indica que los pueblos originarios tienen derecho a la recuperación y reclamación de tierras y territorios que han ocupado tradicionalmente y que se encuentren en manos de terceros o del Fisco. Se determinó que es deber del Estado adoptar medidas de no repetición y generar los mecanismos para restituir las tierras y territorios, incluyendo la expropiación.
Es difícil que se vote la próxima semana, porque a la comisión aún le quedan cientos de indicaciones que votar. La que ya despachó su informe y podría pasar a pleno es la Comisión de Medio Ambiente, Derechos de la Naturaleza, Bienes Naturales Comunes y Modelo Económico. Aunque este primer informe no contiene algunos de los temas más polémicos, como la nacionalización de la minería, sí incluye asuntos que tendrán un debate difícil en el pleno. Como te he comentado antes, esa comisión está compuesta por muchos activistas ambientales e ideológicamente se ubica más a la izquierda que el resto.
Lo primero que debes saber es que esta comisión busca escribir una Eco-Constitución. El texto sobre el que trabajaron esta semana era muy amplio y detallado, por lo que hubo consenso entre sus integrantes para eliminar y condensar decenas de artículos. Incluso la derecha, que es minoría en todas las votaciones relevantes, valoró que hubiera mayor síntesis y cierta moderación en el contenido.
El informe que se enviará al pleno establece que el Estado reconoce que hay una crisis climática generada por los seres humanos y crea un servicio especial para enfrentarla. También consagra los derechos de la naturaleza y establece los llamados “bienes comunes naturales”, que no son susceptibles de apropiación, son intransferibles e incomerciables, aunque el Estado puede autorizar su uso. Incluyen el agua en todas sus formas, playas, altamar, mar territorial, fondo marino, borde costero, subsuelo, humedales, aire, viento, atmósfera, radiación solar, cielo, espacio, campos geotérmicos y la alta montaña. Esta enumeración exhaustiva preocupa a la derecha, por el efecto que podría generar en algunas industrias, como la minería.
Uno de los artículos que ha sido criticado por el sector privado es el que establece un estatuto especial para los pueblos indígenas, quienes deberán otorgar su consentimiento expreso para el uso de los bienes comunes naturales o de cualquier proyecto que impacte sus territorios.
Otros aspectos que han generado preocupación son la imprescriptibilidad de los delitos ambientales y la exigencia de hacer consultas comunales vinculantes cada vez que se evalúe un proyecto con eventual impacto en el medio ambiente o la salud de las personas.
El artículo que prohibía la exhibición de animales silvestres fue rechazado luego de una campaña de recolección de firmas.
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La empresa de análisis de datos Unholster aplicó la técnica nominate score para determinar la posición ideológica de cada convencional a partir de sus votaciones en el pleno la semana del 15 de febrero, cuando comenzó la deliberación de las normas que alcanzaron mayoría simple en las comisiones temáticas. Se trata de un algoritmo que permite calcular las posiciones ideológicas de los convencionales con puntajes entre el -1 y 1, donde el -1 marca el extremo izquierdo y el 1 el derecho. De acuerdo con ese análisis, en la votación de normas los convencionales que se alinean más a la izquierda son Alvin Saldaña y Bastián Labbé (ambos del colectivo Movimientos Sociales Constituyentes), mientras que en el extremo derecho se ubican Rocío Cantuarias y Constanza Hube (ambas UDI). En este link puedes ver más detalles del análisis, filtrar por colectivo y sacar tus propias conclusiones.
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