Servel objetó $115 millones de gastos de campaña de Karina Oliva y su administrador electoral dice que hubo servicios que no se prestaron

En una resolución del 21 de diciembre pasado el Servel objetó $115 millones en boletas y facturas que Karina Oliva había presentado como gastos de su campaña. CIPER tuvo acceso al contenido de un extenso escrito de respuestas a observaciones presentado por el administrador de Oliva y al recurso de reposición que ingresó a fin de 2021. En estos se alude a “errores”, “inexperiencia» y acciones “sin dolo” para explicar las rectificaciones en la rendición de cuentas y que inicialmente había cifrado en $225 millones el reembolso solicitado. “Se habían cotizado 50 desayunos para 50 comunas, nunca un desayuno de $50 millones”, es parte de los descargos. Solo Oliva y su partido Comunes fueron cuestionados por “inconsistencias” en sus contabilidades entre los 26 candidatos y 13 partidos que participaron de esa elección. Para el caso de Comunes, este solicitó al Servel enmendar su resolución que cifraba en solo $31 millones su reembolso, y pidió autorizar $103 millones en total.

“El Servel podrá quizás hallar en estos hechos errores o imperfecciones, pero no hallará ni a defraudadores, ni a falsificadores de cuentas electorales, ni a abultadores de partidas o pagos (…) Sólo hallará a personas jóvenes comprometidas con un real acceso a todas y a todos a los espacios democráticos que Chile espera se consoliden”.

Con ese párrafo, Martín Miranda, administrador electoral de la excandidata a Gobernadora por la Región Metropolitana, Karina Oliva, comenzó sus descargos y explicaciones ante el Servicio electoral respecto de 32 observaciones efectuadas por el organismo a la cuenta general de ingresos y gastos electorales de segunda vuelta de la elección ocurrida el 13 de junio de 2021.

El Servel había solicitado antecedentes y precisiones sobre parte de los servicios incluidos en esa rendición. Y según el escrito, en las cuentas de Oliva se había cifrado un total de $312.300.236 como pendientes de pagos. Esto consiste en $225.605.982 contenidas en facturas o boletas por servicios reembolsables; más $86.694.254 correspondientes a un crédito con mandato que Oliva contrajo con el Banco Estado.

En su escrito, el administrador apunta a la falta de experiencia en la realización de las rendiciones e intenta rectificar su declaración inicial explicitando y admitiendo que algunos de esos servicios no fueron prestados para la campaña. Según detalla, se habrían ingresado por error documentos que no corresponderían a facturas sino a cotizaciones y, en otros casos, se adjuntaron facturas que ya habían sido pagadas y no eran susceptibles de reembolso.

El Servel, sin embargo, consideró que parte de sus respuestas no habían sido suficientes y tras señalar que se habían detectado “inconsistencias y omisiones graves”, precisó que una boleta y tres facturas, por un monto total de $115 millones contenidos en la declaración original, no tenían documentación de respaldo.

Karina Oliva Fuente: Partido Comunes

La resolución del Servel dice: “Respecto de la rendición de gastos electorales presentada por la candidatura de Karina Oliva Pérez, y luego de revisada y analizada su contabilidad electoral, respecto de las boletas y/o facturas pendientes de pago que ascienden a un monto de $225.605.982, se han detectado inconsistencias u omisiones graves en los gastos electorales rendidos”. Agrega que “esto asciende a un monto total de $115.355.000, consistentes en la no presentación de documentos tributarios que acreditaran dichos gastos” (lea la resolución completa).

Los gastos que objeta el Servel coinciden con las facturas y boletas que el administrador de Oliva señala como documentos ingresados por error.

Según la resolución emitida el 21 de diciembre de 2021, el Servel no solo cuestionó esos servicios, sino que también objetó la solicitud de reembolso en virtud de otro factor que, tal como le pasó a la mayoría de los candidatos a segunda vuelta (ver subtítulo), presentaron rendiciones con solicitud de reembolso en exceso respecto a la cantidad de votos obtenidos. Según la normativa vigente, el Servel reembolsa $143 por cada voto en segunda vuelta para gastos electorales pendientes, cifra distinta a los $1.148 que pagó por el mismo concepto en primera vuelta de esa elección.

A partir de eso, el organismo electoral calculó que Oliva tenía acceso a un reembolso máximo de $101.110.595, de estos, aprobó que se pagara el crédito que la excandidata posee con el Banco Estado por más de $86 millones. Y pese a cuestionar $115 millones sin respaldos de los $225 millones pendientes de pagos en la rendición de la militante de Comunes, solo rechazó $14.416.341 porque el monto restante queda fuera del límite y, en tal caso, el Servel solo posee facultades para imputarlo a gasto propio, es decir, para eximirlo de un posible reembolso y sumarlo la lista de boletas y facturas que Oliva deberá pagar de su bolsillo.

Es por eso que, en su lista de observaciones, el Servel partió consultando al administrador de Oliva cómo iba hacer para pagar el exceso o “deuda insoluta” con sus proveedores, ante lo cual Miranda señaló encontrarse gestionando acuerdos de pago.

BOLETAS Y FACTURAS CUESTIONADAS

La rendición de primera vuelta de Karina Oliva no fue ni observada ni rechazada por el Servicio Electoral. Según la resolución emitida el 8 de agosto de 2021, los $284.978.430 que ella rindió para reembolso, junto a un crédito con mandato por $125.903.828, fueron aprobados en esa resolución. Pero el 17 de noviembre de ese mismo año, las cosas cambiaron para la entonces candidata a senadora por la RM, a partir de la publicación de un reportaje de CIPER sobre la rendición de su primera campaña a gobernadora, hecho que coincide con la fiscalización de segunda vuelta que realizó el Servel. En la investigación se dio cuenta que siete militantes de su partido figuraban como proveedores de campaña con un total de servicios que sumaban $137 millones.

Tras ese escándalo, la entonces candidata a senadora afirmó que no solicitaría reembolsos de la campaña a segunda vuelta que había perdido frente al DC Claudio Orrego. Sin embargo, según los registros, en sus rendiciones ya habían sido cifrados en esa campaña más de $225 millones las facturas y boletas por cobrar.

Fue por eso que el 2 de diciembre de 2021 el Servel solicitó que su administrador respondiera observaciones a la rendición de segunda vuelta de gobernadores, respuestas  que llegaron el 17 de ese mismo mes.

El abogado penalista de Oliva, Juan Carlos Manríquez, señaló a CIPER que lo que hizo la administración de campaña de su defendida fue retractarse de que fueran más de $225 millones los fondos por pagar: “Hubo que rectificarlas y aclararlas porque tenía dos errores al menos, de carácter administrativo que se explican por varias razones que se habían incluido en una planilla Excel. Datos de proveedores y facturas sobre los cuales no se había recibido servicios ni se había pedido devoluciones”, afirma.

CIPER tuvo acceso a esos descargos que, en la mayoría de los casos, atribuye a “errores involuntarios” e “impericia” el haber acopiado facturas por servicios que no se prestaron y que, en algunos casos, fueron confundidas con cotizaciones de servicios.

“Por un error administrativo involuntario, se incluyó en la cuenta de ingresos y gastos un documento enunciado como boleta de honorarios N° 38, al respecto debo señalar que ese documento no existe y nunca fue emitido por Martin Miranda Sepúlveda, por tanto, no podría haberse enviado. En consecuencia, solicitamos a este Servicio Electoral, que de por desestimado este gasto”, señala en el documento haciendo referencia a un gasto rendido a nombre de Martín Miranda, de $10 millones por el trabajo de “Jefe de campaña y Administrador Electoral Karina Oliva Segunda Vuelta”.

Y luego agrega sobre otra factura de $5.355.000 por servicios audiovisuales de la sociedad Miscelánea Productora Audiovisual SpA, cuyo comprobante aparece en la rendición: “El documento fue entregado y emitido de manera errónea a la candidata Karina Oliva Pérez, pero no corresponde a un servicio prestado a nuestra candidatura, situación que provocó su registro involuntariamente”, dice.

En el caso de los servicios de “desayuno feminista” y “núcleos militantes” asociados a  las empresas Sport Managment Spa y Eventos y Publicidad Marcelo Riffo Saez E.I.R.L -ambas de propiedad de Marcelo Riffo-, cuyas rendiciones figuraban con cobros por $50 millones cada una, el administrador de Oliva señaló: “Por un error administrativo totalmente involuntario, se enunciaron montos que obraban en nuestro poder tan solo en calidad de cotizaciones”, dice. Agregando que dichas facturas no se emitieron finalmente: “Al consultar la plataforma del Servicio de Impuestos Internos, no existe tal documento como válidamente emitido, por lo tanto, obviamente resulta imposible haberlo acompañado a la Rendición de Cuentas. En consecuencia, solicitamos al Servicio Electoral, que de por desestimado este gasto, toda vez que, se trata de un documento inexistente”.

A esto, se suman otros errores como la boleta por $10 millones emitida por Luis Romero, encargado territorial del distrito 14 de la candidatura: “Por un error administrativo involuntario de quién emitió la boleta de honorarios indicó en la glosa que la prestación del servicio se encontraba por pagar, generando confusión al momento de la rendición de ingresos y gastos electorales, ingresándola en el formulario 107 de reembolso, sin embargo, el servicio fue pagado durante el periodo de la campaña”, señala el administrador en el documento.

Las respuestas de Oliva no solo fueron expuestas a partir de las observaciones del Servel. Ella y su partido (ver subtítulo más adelante), también interpusieron a través del administrador electoral, recursos de reposición ante las resoluciones del Servel otorgando más argumentos y retractándose de las cifras por pagar que, según la ley, podrían ser susceptibles de reembolsos.

“Se habían cotizado 50 desayunos para 50 comunas, nunca 1 desayuno de $50.000.000 como se armó la mofa y la impúdica falsedad mediática”, se lee en el escrito. “Reitero que no se pidió reembolso, porque no tomamos el servicio y por eso no tenemos la factura. Si es un error provino de nuestra premura e inexperiencia, pero nunca hemos pedido su reembolso y así lo explicamos en las más de 200 páginas que ingresamos al servicio el 17 de diciembre de 2021. Lo mismo pasa con la hoja N° 8 línea 2 por $5.355.000”, dice.

Pese a que el administrador electoral y el abogado de Oliva señalan que no se pidió reembolso, el Servel desmiente tajante esa afirmación y confirma a CIPER que su solicitud de reembolso sí estuvo contenida en formularios oficiales.

«La presentación de ingresos y gastos electorales por parte del Administrador Electoral de la candidatura da cuenta de la solicitud de reembolso, según lo señalado en los formularios dispuestos para dicha solicitud. La presentación de boletas y facturas pendientes de pago, es una de las condiciones estipuladas en la ley para optar al reembolso de gastos electorales», fue lo que respondió el organismo a CIPER.

El administrador Miranda también alude en sus descargos a su propia remuneración cifrada en sus rendiciones por $10 millones y enfatizando en el escrito que estas no fueron solicitadas para reembolso: “En verdad no se tratan estas partidas de gastos electorales rendidos, dado que esos servicios no se prestaron, y no se pide reembolso, al ser ingresados por error de digitalización en las planillas excel borrador del comando por nuestros colaboradores en medio de la vorágine de la campaña y de su administración, sumado a nuestra nula experiencia previa en la materia y en una campaña de la envergadura que fue adquiriendo esta”, expresa.  Y puntualiza: “$10.000.000 se refiere a una supuesta boleta mía que nunca emití y por ende no podía ser acompañada como documento tributario, y esa fue mi voluntad, no cobrar más por mi trabajo el que principalmente hice por vocación y afinidad política, pero a pesar de mi orden se incluyó en un borrador que luego fue subido por una de nuestras colaboradoras sin percatarnos, por ende es un registro erróneo, que asumo, y pido disculpas, pero no he pedido reembolso por esa partida dado lo ya dicho”.

Desde el Servel señalan que las reposiciones de Oliva y Comunes se encuentran en análisis. Desde el Ministerio Público, en tanto, explican que la investigación en curso abierta de oficio por el delito de fraude a subvenciones en contra de la excandidata, cuenta con una denuncia de parte del Servel por irregularidades en la rendición de gastos de la primera y segunda vuelta, pero no todavía con una querella.

LA RENDICIÓN DE COMUNES

Solo la rendición de una candidatura a segunda vuelta de gobernadores fue aprobada sin observaciones: la de la excandidata UDI en la región del Biobío, Flor Weisse, quien solicitó $7.408.740 y fue autorizada sin observaciones. Pero del resto, 25 candidatos, todos fueron aprobados con observaciones y a todos les fueron desestimadas solicitudes de reembolsos pero ninguna por razones de inconsistencias graves.

Según el total de las resoluciones emitidas por  el Servel para esa segunda vuelta electoral y a las que CIPER tuvo acceso, la mayoría de los candidatos se excedió en el límite de pago y vieron reducidos los montos de sus aprobaciones (ver tabla).

Y para el caso de los partidos pasa algo similar: solamente el Partido Comunes es observado por inconsistencias en su rendición, porque de los 13 partidos, aparte de Comunes, cuatro fueron rechazados por “omisión grave” tras no haber presentado rendición (Partido Radical, Ciudadanos, Evópoli y Revolución Democrática); mientras que los ocho siguientes fueron aprobados, en algunos casos, con observaciones.

En la resolución que el Servel emitió por Comunes, el organismo cuestiona la factura número 1690 emitida por Asesorías e Inversiones VVS SpA, que corresponde a la empresa de estudios electorales y encuestas, Criteria, cuyo monto asciende a $72.657.516. Según señala, sus observaciones dicen relación “con la detección de inconsistencias u omisiones en los gastos electorales rendidos en Formulario 88, hoja N°2 línea 6”, agregando que no hubo “acreditación de dichos gastos mediante documentos tributarios válidos que den respuesta a lo observado”.

Comunes se defendió de esta aseveración y en su reposición señala: “Al respecto, debo señalar que dicho documento es una Factura válidamente emitida como se puede desprender de la página del Servicio de Impuestos Internos, la que se adjunta a este Recurso, y corresponde a servicios efectivamente prestados a COMUNES. Asimismo, en nuestra presentación de respuestas a las observaciones, esta prestación incluye un informe de más de 70 páginas, con el contenido de los servicios realizados, esta factura N° 1690”, afirma, agregando que dicha factura se pagaría vía crédito bancario.

El administrador Martín Miranda solicita en el escrito que se enmiende la resolución citada y que en vez de la autorización de reembolso por $31.270.710 se apruebe el monto de $103.928.226.