Mediante una carta abierta al director de el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), Hernán Brücher, la asociación de funcionarios de esa repartición manifestó su “preocupación” por la apertura de un Proceso de Participación Ciudadana (PAC) en la tramitación de evaluación del Proyecto Los Bronces Integrado, de Anglo American. La misiva detalla que “los equipos técnicos y jurídicos del SEA” trabajaban en un documento para determinar el rechazo el proyecto, mediante un Informe Consolidado de Evaluación (ICE). El pasado martes 4 de enero de 2022, se debía firmar y publicar ese ICE, señala la carta. Sin embargo, las autoridades del SEA decidieron no firmar ni publicar el documento y anunciaron el nuevo proceso de participación ciudadana cuando solo quedaban 10 días para cumplir el plazo de la evaluación, explica el escrito. La carta de la asociación compara lo sucedido con la tramitación del Proyecto Dominga.
“Inoportuna y cuestionable”. Así cataloga la Asociación Nacional de Funcionarios del Servicio de Evaluación Ambiental (ANFUSEA), la decisión adoptada por esa repartición pública -encabezada por Hernán Brücher-, de abrir un nuevo proceso de participación ciudadana en la tramitación del Proyecto Los Bronces Integrado, que busca ampliar las operaciones de la mina de Anglo American Sur S.A. ubicada en la Región Metropolitana. Según explica la misiva, la determinación se adoptó cuando solo quedaban diez días para que se cumpliera el plazo de ese proceso de evaluación y en circunstancias en que los funcionarios del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) finiquitaban los antecedentes para rechazar el proyecto. La determinación, afirma la carta, generaría una ampliación indebida del proceso que podría traspasar al nuevo gobierno la responsabilidad del pronunciamiento definitivo.
En la carta abierta dirigida a Hernán Brücher, la asociación -que agrupa a cerca de 240 funcionarios del SEA a nivel nacional- revela que equipos técnicos y jurídicos de ese servicio estaban por rechazar la aprobación del Proyecto Los Bronces Integrado a través de un Informe Consolidado de Evaluación (ICE) desfavorable.
Según el escrito, la Subsecretaría de Salud Pública del Ministerio de Salud señaló a través de un oficio, en respuesta a la última adenda del proyecto -una extraordinaria ingresada el 3 de noviembre pasado-, que el proyecto generaría un aumento significativo de partículas MP10, lo que provocaría un impacto potencialmente significativo en la calidad del aire y en la salud de la población expuesta. Al respecto, la carta de los funcionarios señala:
“El SEA, en relación al pronunciamiento de la Subsecretaría de Salud Pública, preparó y argumentó técnicamente un ICE con recomendación de rechazo, puesto que durante el proceso de evaluación que está finalizando, no es posible descartar que el proyecto no genera riesgo para la salud de la población. Los equipos técnicos y jurídicos del SEA trabajaron en esta perspectiva para elaborar el documento, que incluye un anexo de respuestas a las observaciones ciudadanas, de más de 7.000 páginas”.
Según los plazos que señala ANFUSEA, este documento debía ser firmado el 4 de enero del 2022, pero las autoridades no lo rubricaron ni lo publicaron. En cambio, anunciaron una Resolución Extraordinaria que decretó la apertura de una nueva etapa de participación ciudadana:
“Luego de un par de días sin que el funcionariado tuviera claridad de lo que ocurriría con el ICE, la autoridad determinó preparar la apertura de un proceso de participación ciudadana (PAC) de 30 días hábiles, a causa de modificaciones sustantivas al proyecto. El miércoles 12 de enero recién pasado, en el día legal 170 de la evaluación y a sólo 10 días de finalizar el plazo para la calificación del proyecto, se publicó en el expediente la Resolución respectiva”, dice la carta.
El Proyecto Los Bronces Integrado es una de las apuestas recientes más ambiciosas de Anglo American Sur S.A. Contempla una inversión de alrededor de US$3.200 millones, consiste en la expansión del rajo de la mina Los Bronces —ubicada a 65 kilómetros de Santiago—, la instalación de una mina subterránea bajo el límite del Santuario Natural Yerba Loca y el repotenciamiento del sistema de agua recirculada. En su página web, la empresa enfatiza que este proyecto es sustentable y “prioriza criterios socioambientales por sobre los técnicos-económicos”.
Hernán Brücher, director de el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) (Fuente: sea.gob.cl)
El proyecto lleva más de dos años buscando ser aprobado por el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), donde ya acumula tres Informes Consolidados de Aclaraciones, Rectificaciones y/o Ampliaciones (ICSARA) del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA).
Desde Anglo American Sur S.A. enviaron a CIPER su postura frente a la apertura de una consulta ciudadana donde expresan que acatarán la consulta.
“Estamos convencidos de que el proyecto Los Bronces Integrado contribuye de manera responsable al desarrollo sustentable de Chile, pues será un habilitador relevante de iniciativas en materia de carbono neutralidad, desarrollo de capacidades locales, innovación y uso de nuevas tecnologías, que sin duda van a ayudar a avanzar hacia el futuro que quiere el país y la ciudadanía.
Y agrega: “Creemos que hemos presentado un muy buen proyecto, que ha cumplido con los requerimientos normativos y de las autoridades en su proceso de evaluación y ha dado respuesta a todas las consultas y observaciones planteadas en las instancias regladas y voluntarias, a través de sus tres adendas. Esto ha sido verificado mediante oficios favorables de 28 de las 30 autoridades relevantes, que ya se han pronunciado sobre la iniciativa. Estamos disponibles para resolver todas las consultas de la comunidad sobre el proyecto y abordar los temas que son importantes para nuestros vecinos”.
Según información que todavía no es pública, Anglo American habría ingresado un recursos de reposición frente a la consulta.
CIPER consultó al académico de la Universidad de Chile y director ejecutivo de la ONG FIMA, Ezio Costa, quien afirma que, a su juicio, el proyecto debiera ser rechazado:
-La apertura de esta PAC y los pronunciamientos de Salud dejan en evidencia que el proyecto debería rechazarse. Resulta extraño, además, que se abra un nuevo procedimiento de participación en este momento. Han existido problemas en torno a falta de información esencial que vienen de antes. Hubo una solicitud de apertura de participación entre la primera y la segunda adenda que no tuvo respuesta. Luego vino la segunda adenda, la tercera adenda ¿Y recién ahora abren un proceso de participación, cuando no hay más posibilidades de continuar el procedimiento? No pareciera que tenga por fin efectivamente recibir observaciones ciudadanas, ni tampoco resolver el problema de información esencial.
Desde Anglo American afirman que darán cumplimiento a la solicitud de una nueva PAC “con el fin de atender las consultas que los ciudadanos puedan tener sobre la materia”, pero señalan que “la compañía ha hecho presente su posición mediante un Recurso de Reposición en el sistema de Evaluación Ambiental, planteando su discrepancia con los argumentos esgrimidos para la adopción de esta medida y apoyándola en el estándar que las autoridades competentes han determinado durante el proceso”.
COMPARACIÓN CON DOMINGA
En su carta, ANFUSEA emplaza a Brücher a responder sus consultas respecto de por qué se adoptaron decisiones que generan dudas entre los especialistas que laboran en el SEA. Y las exponen:
“La situación descrita en el marco de la evaluación de este proyecto genera las siguientes dudas, que le hacemos presente a Ud. como autoridad del Servicio:
- ¿Cuál es el sentido de abrir un nuevo proceso de PAC, en el contexto que el proyecto en evaluación llega al término de su evaluación con impactos significativos a la salud de la población y sin medidas que se hagan cargo?
- ¿Por qué se optó por extender y dilatar, de manera irregular e innecesaria, una calificación cuyo resultado no puede ser otro que el rechazo?
- ¿Se espera que, con estas medidas, la calificación de este proyecto se resuelva en el marco del próximo gobierno, con otras autoridades del Servicio?
- Tenemos entendido que el ‘Proyecto Los Bronces Integrado’ es uno de los proyectos que tiene un seguimiento especial por parte de la Oficina de Gestión de Proyectos Sustentables (GPS), dependiente del Ministerio de Economía. ¿Tiene algo que ver la decisión tomada con este vínculo, el cual ya hemos cuestionado desde ANFUSEA?
- ¿Con la apertura de un nuevo proceso de PAC la autoridad prevé alguna instancia de evaluación adicional y distinta a las establecidas normativamente? ¿Qué tratamiento tendrán las observaciones ciudadanas recibidas?
- ¿Se prevé el envío de las observaciones ciudadanas al titular y con esto, la introducción de información adicional del proyecto con el nuevo proceso de PAC, que le permitan al titular subsanar la situación señalada por la Subsecretaría de Salud Pública?”.
La dura carta emitida por ANFUSEA termina con cuestionamientos a la probidad con la que se ha manejado la evaluación de este proyecto y hace una comparación de esta tramitación con otra iniciativa cuestionada: Dominga, el proyecto minero cuya venta entre las familias Piñera y Délano está siendo investigado por la Fiscalía (vea el reportaje escrito por CIPER y La Bot “Pandora Papers: Familias Piñera y Délano sellaron millonaria compraventa de Minera Dominga en Islas Vírgenes Británicas”).
“En mérito de la probidad y otros deberes del funcionariado, nos preocupa la situación en la que actualmente está la evaluación del ‘Proyecto Los Bronces Integrado’, que es producto de decisiones que se imponen por mera jerarquía por parte de autoridades que son permeables a la influencia política gubernamental, como ya lo hemos señalado en nuestro comunicado del año pasado sobre el Proyecto Dominga”, se lee en la carta.
Y agrega: “Al respecto, vemos con preocupación que en este caso confluyen elementos similares que motivaron nuestro comunicado en aquel entonces. Lamentamos profundamente que, por decisiones de este tipo, nuestro Servicio y sus trabajadores/as se vean expuestos públicamente frente a situaciones que desmedran la credibilidad, transparencia y confianza que debe proyectar el SEA como institución a cargo de la evaluación de los impactos ambientales en Chile”.