Cartas: El nuevo derecho a la Educación. Notas para el debate constitucional

Las consecuencias de la mercantilización educativa han estado al centro de las luchas que fueron abriendo la posibilidad histórica de una nueva Constitución. Por eso, un aspecto medular de la discusión sobre derechos fundamentales en la Convención será aquél relativo al derecho a la educación. Como Fundación NODO XXI hemos elaborado una serie de propuestas contenidas en el documento «Derecho a la Educación y Libertad de Enseñanza en la Nueva Constitución», en el que buscamos sintetizar posiciones hoy transversales en las fuerzas de cambio, y contribuir a ampliar el debate político en aquellos temas en los que aún no hay consenso.

La visión sobre la educación que proponemos se enmarca, a su vez, en una iniciativa amplia por constitucionalizar una perspectiva sobre los cuidados [ver más en «Los cuidados al centro de la Nueva Constitución»]. Creemos que en la nueva Constitución debe incorporarse un principio general de sostenibilidad de la vida digna, que reconozca y garantice el derecho humano universal e incondicionado a cuidar, a recibir cuidados y al autocuidado, como respuesta a las crisis globales que vivimos y viviremos.

La educación debe ser un espacio de bienestar al servicio de una vida digna. En ella no sólo se adquieren habilidades para la socialización y para el desarrollo de la personalidad, sino que se producen las más diversas formas de vida, se sintetizan prácticas sociales e ideas que decantan en determinadas formas de sociedad e individualidad. Por eso, todo establecimiento o institución educativa reconocida por el Estado debe ser, a su vez, una comunidad democrática de aprendizaje. Proponemos reconocer el derecho de las comunidades educativas, en todos sus niveles, para dirigir y gestionar los proyectos educativos que las cobijan, y para autorepresentarse ante el Estado y colaborar con él de forma autónoma. Además, creemos que el conocimiento creado por una comunidad cumple siempre una función social y, por tanto, es de utilidad pública, por lo que sin perjuicio de los derechos que los particulares puedan ejercer sobre él, siempre se podrá reclamar su uso justo por parte de la sociedad.

La fórmula que ofrecemos para consagrar el derecho a la educación, centrándonos en el aprendizaje y recogiendo experiencia constitucional comparada, es que todas las personas tienen «derecho a aprender». Asimismo, proponemos superar la libertad de enseñanza entendida como la facultad para abrir, organizar y mantener establecimientos – visión anclada a la libre iniciativa privada y defendida a ultranza por la derecha educativa – y proponemos el «derecho a enseñar», es decir, al derecho de todas las personas para establecer comunidades democráticas de aprendizaje autónomas, que podrán ser reconocidas por el Estado, integradas al Sistema Nacional de Educación Pública o colaborar con él, si cumplen con las normas legales que se les impongan. Asimismo, hablamos de «libertad de aprendizaje», concepto extraído de la Constitución colombiana y que corresponderá al derecho de toda persona a elegir libremente un proyecto educativo o un establecimiento educacional, con sujeción a la ley. Con esto se pretende radicar de forma definitiva la titularidad de estos derechos en quien aprende o en quien se educa, asumiendo que su ejercicio reconoce como límite la autonomía progresiva de sus titulares y permitiéndose así que padres, madres o cuidadores ejerzan este derecho cuando se trate de niños, niñas y niñes de corta edad.

Es importante destacar que nuestra propuesta no pretende terminar con la educación particular subvencionada. El Estado podrá financiar proyectos educativos privados que sean gratuitos, que no seleccionen o clasifiquen a sus estudiantes ni que persigan fines de lucro. Las iniciativas privadas podrán integrarse al Sistema Nacional de Educación Pública o podrán colaborar con él, según sus intereses, pudiendo obtener con ello distintos derechos y deberes. Lo que se pretende es fortalecer las capacidades estatales en materia educativa asumiendo que la educación es una función primordial del Estado y es a él a quien le corresponde asegurar a toda persona, sin distinción, la adecuada disponibilidad y el acceso gratuito a la educación formal, en todos los niveles y modalidades educativas y durante todas las etapas de su vida.

Un aspecto central de nuestra propuesta es que todos los planes y programas de estudio reconocidos oficialmente por el Estado deberán tener enfoque de género. La educación en sexualidad y afectividad será obligatoria e integral, articulando aspectos biológicos, psicológicos, sociales, afectivos y éticos. Será deber de todas las instituciones educativas adoptar medidas para prevenir, investigar, sancionar y erradicar el acoso sexual, la violencia y la discriminación de género, y proteger y reparar a las víctimas, promoviendo permanentemente relaciones igualitarias. Asimismo, todos los pueblos originarios de Chile tendrán derecho a la educación propia, como expresión de su derecho a la autodeterminación. El Estado tendrá la obligación de garantizar que todos los pueblos originarios de Chile puedan enseñar y aprender su lengua, saberes, cultura e identidad.

Es imprescindible reconocer también el derecho constitucional a la educación diferencial o especial. En nuestra propuesta las necesidades educativas especiales de la población son un objeto de atención preferente por parte del Estado, el que deberá proveer y garantizar ayudas y recursos adicionales a quien lo requiera.

El nuevo constitucionalismo latinoamericano ha sido consistente en reconocer la labor de trabajadoras y trabajadores de la educación en el sistema educativo. Creemos fundamental seguir esa senda, por lo que proponemos consagrar a nivel constitucional formación y actualización permanente para docentes y asistentes de la educación, estabilidad en el ejercicio de sus funciones y un régimen laboral digno que asegure niveles adecuados de vida, con estatutos laborales diferenciados para cada estamento, pero únicos y universales; negociación colectiva a nivel nacional, gremial y a nivel de establecimiento o institución educativa, además de participación efectiva en la elaboración de las bases curriculares nacionales.

A pesar de las reformas recientes, la realidad sigue hablando por sí sola: la educación pública está profundamente deteriorada y en crisis permanente (tal como lo pretendía la dictadura), mientras la educación privada sigue siendo mayoritaria, financiada por cuantiosos recursos estatales entregados vía voucher o mediante subsidios a políticas fracasadas como el CAE. La exclusión, el agobio y el endeudamiento son problemas estructurales todavía no resueltos y sobre los cuales las fuerzas de cambio, representadas de forma inédita en la Convención, tienen una enorme responsabilidad histórica: concretar decididamente los anhelos que abrieron la posibilidad de un nuevo Chile.