🤖 Se asoma una nueva justicia y se complica la consulta indígena

Ya se cumplieron cinco meses de trabajo de la Convención Constitucional y los convencionales comienzan a presentar las primeras propuestas de norma. Esta semana ingresaron cinco, con temas tan diversos como el acceso a la reproducción asistida, el derecho humano al agua, el derecho a la vida, el derecho a participar en la vida cultural y una propuesta que incluye el capítulo 1 de la Constitución, en el que entre otras cosas se reconoce la existencia de distintos tipos de familia (puedes revisarla acá).

También se han recibido más de mil iniciativas populares de norma, o sea propuestas ciudadanas por las que cualquiera puede votar para intentar que sean debatidas en las CC (abajo te explico cómo).

¿Ya hay deliberación? 💬💬💬

Claro. La semana pasada te conté de las posturas sobre régimen político. Ahora fueron los integrantes de la Comisión de Sistemas de Justicia quienes tomaron posiciones, aunque de manera preliminar porque aún no es el momento de votar. Los coordinadores de esta comisión, Vanessa Hoppe (Movimientos Sociales) y Christian Viera (Frente Amplio) buscaban saber en qué temas ya hay acuerdos y cuáles requerirán más debate.

¿Hay acuerdos? 🤝

Creo que ya es posible prever que la estructura del sistema de justicia chileno sufrirá cambios importantes. En lo formal, todo indica que el capítulo del Poder Judicial de la Constitución pasará a llamarse Sistemas de Justicia o alguna denominación similar. En cuanto al fondo, un tema que generó consenso entre convencionales de todos los sectores fue el de separar la función jurisdiccional (impartir justicia) de la administración del sistema, incluyendo el nombramiento, calificación y control disciplinario de los jueces. Esto probablemente iría acompañado del fin de la carrera judicial.

Para implementar estos cambios se crearía una nueva institución –el nombre que más sonó fue el de Consejo de la Justicia– cuya conformación aún está en debate. Se propone que esté integrado por jueces elegidos por sus pares, funcionarios judiciales e incluso hay quienes piensan que es necesario incluir a la sociedad civil.

En esta misma línea de reforma judicial, también hay consenso en que deben desaparecer los abogados integrantes, sin que asome aún una propuesta para reemplazarlos. Otro tema que tiene bastante apoyo es el del pluralismo jurídico, que implica la creación de sistemas de justicia indígena diferentes para cada pueblo, donde el límite estaría marcado por el respeto a los derechos humanos y a la Constitución.

La eliminación de la justicia militar y el fortalecimiento de la justicia ambiental fueron mencionadas por varios convencionales. La paridad en la integración de las distintas instancias judiciales también tiene amplio apoyo, aunque se mencionó que esto no basta para eliminar los sesgos de género de los fallos.

¿Se vislumbran temas complejos? 🔴🟡

Por ahora veo más acuerdos que disensos, pero un punto que requerirá más debate y en el que de hecho se pidió invitar a más expertos es el del Tribunal Constitucional (TC). Eliminar o mantener esta institución es la mayor diferencia en esta comisión, aunque te diría que todo indica que le queda poca vida.

Me sorprendió el apoyo que tiene la idea de terminar con el control preventivo de constitucionalidad, que es la revisión que hoy hace el TC de las leyes aprobadas por el Congreso. Esta facultad ha sido muy polémica porque permite eliminar normas
–lo que en algunos casos atenta contra el espíritu de lo aprobado–, y por eso se dice que, en la práctica, el TC opera como tercera cámara. “El riesgo democrático es y ha sido demasiado alto”, reflexionó el convencional Viera. Muy recordado es cuando el TC le eliminó los “dientes” al Sernac (una ley que contó con amplio apoyo), al recortar sus facultades de fiscalización.

También hay consenso respecto a mantener el control represivo, esto es la inaplicabilidad por inconstitucionalidad de leyes en casos específicos. Sin embargo, hay diferencias respecto a quién debe ejercer esta función. Una mayoría se inclina por entregar la inaplicabilidad al Poder Judicial, pero este grupo se divide entre quienes creen que el rol lo debe ejercer la Corte Suprema y quienes prefieren un control difuso, que podría realizar cualquier tribunal. Los convencionales que apuestan por la supervivencia del TC mantendrían esta facultad en sus manos, pero aun así creen que la institución requiere una reforma.

¿Qué más pasó esta semana? 📆

El lunes la presidenta Elisa Loncon hizo pública una preocupación. “Está en riesgo la participación y consulta indígena, porque no tenemos los recursos para realizarla, porque no tenemos la colaboración del poder constituido para hacer la participación indígena”, advirtió. Sus palabras gatillaron la respuesta del subsecretario general de la Presidencia, Máximo Pavez, quien aseguró que no han recibido ninguna solicitud de recursos.

¿Quién dice la verdad? 🕵️‍♀️

Como siempre, la historia es más complicada. Originalmente la CC esperaba que el Ministerio de Desarrollo Social, del que depende la Conadi, prestara apoyo para financiar la consulta indígena, pero hace ya tres meses la ministra Karla Rubilar le notificó a la mesa que no contaban con presupuesto para la realización de este proceso.

El 28 de octubre, el vicepresidente Jaime Bassa asistió a la Comisión Mixta de Presupuestos del Congreso, donde planteó su preocupación porque el presupuesto 2022 no incluía fondos ni para la consulta indígena ni para el proceso de participación ciudadana. La razón, explicó, era que aún no estaban constituidas las secretarías técnicas encargadas de organizar dichos procesos, por lo tanto no se sabía cuánto costarían. Por eso, solicitó que la glosa presupuestaria de la CC fuera flexible, de modo de incorporar dichos fondos cuando tuvieran claros los montos, “sin entrar nuevamente en negociaciones y polémicas con el gobierno”.

La directora de Presupuestos, Cristina Torres, respondió que las normas de flexibilidad presupuestaría permitían suplementar los fondos en caso de ser necesario, tal como se ha hecho este año. Lo que no dijo es que tal como preveía Bassa, eso requerirá de nuevas negociaciones con el gobierno, porque estamos hablando de montos altos: se estima que la consulta indígena costaría entre $2.000 y $5.000 millones. Para que dimensiones, el presupuesto total de la CC para 2022 es de $5.200 millones.

¿Ya se pidieron esos fondos? 💰

Aún no, porque el proceso se ha retrasado. Lo que sí pude averiguar es que se están buscando fórmulas para guardar los excedentes presupuestarios de este año, de modo de gastarlos el próximo en la consulta indígena, participación ciudadana o salidas a terreno de la CC. Aún no está claro cuánto dinero es exactamente, pero se habla de unos $800 millones en reasignaciones presupuestarias, mayoritariamente de asignaciones que no se gastarán. Ese monto sería transferido a una fundación sin fines de lucro que posteriormente ejecutaría el gasto, pero por ahora es solo una idea que está siendo analizada.

¿A qué se debe el retraso? 🕰️

Hace dos semanas te comenté que había una controversia en la Comisión de Derechos de los Pueblos Indígenas: la coordinación presentó un documento base sobre consulta indígena que fue aprobado en general y un grupo de convencionales presentó una indicación sustitutiva que no fue caratulada como tal, por lo que se consultó a la mesa de la CC si debía votarse o no. Este lunes la mesa determinó que sí debía votarse, tras lo cual la indicación se aprobó por 13 votos a favor, 9 en contra y 2 abstenciones. Para este viernes 10 se fijó una nueva sesión donde se votarán otras indicaciones que sean compatibles con el nuevo texto. Recién ahí la secretaría podrá empezar a planificar el proceso de consulta.

¿Quedó resuelta la controversia? 😠

Formalmente sí, pero persiste la molestia. Quienes apoyaban el texto base acusaron que les habían pasado máquina y que la nueva fórmula no garantiza que se cumplan las normas internacionales de consultas indígenas.

La versión aprobada busca que no se consulten normas previamente redactadas, sino que se presenten los temas y derechos como fichas, de manera más didáctica, y que se permita a las personas proponer y no sólo aprobar o rechazar, con la idea de lograr una participación más incidente.

Eso obligará a procesar las respuestas recibidas, lo que pone una dificultad adicional a un proceso que ya está atrasado. Si bien hay voluntad de que la consulta se realice –algo a lo que por lo demás obliga la normativa internacional y se estima necesario para la legitimidad del proceso constituyente–, el panorama se ve muy complicado.

¿Pasó algo más? 👁️

Sí. Como recordarás, convencionales de derecha presentaron un proyecto de acuerdo para comprometer que la nueva Constitución no acortará el periodo del nuevo gobierno y del Congreso recién electo. La semana pasada entrevisté a Jaime Bassa, quien cuestionó la propuesta, aunque se mostró partidario de no alterar los mandatos presidencial ni legislativo. Eso fue celebrado por sus colegas de derecha, quienes insistieron en que se debía aprobar el acuerdo.

El lunes 6, la presidenta Elisa Loncon emitió un oficio donde rechazaba citar al pleno para votar la proposición de la derecha. Rápidamente debió retirarlo, pues hubo reclamos respecto de que no le correspondía tomar esa decisión. Ese mismo día la mesa ampliada deliberó y votó la solicitud, determinando de todos modos que el proyecto de acuerdo no será llevado al pleno. La decisión no fue unánime: votaron en contra Rodrigo Álvarez (UDI) y Elisa Giustinianovich (Movimientos Sociales), aunque esta última no estaba de acuerdo con el contenido de la propuesta. Se abstuvo Lorena Céspedes (Independientes No Neutrales) y votaron a favor los otros seis integrantes de la mesa ampliada.

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📢¡Ya están publicadas las primeras iniciativas populares de norma! Entra a https://t.co/5UHu0XwluQ para conocer y apoyar tus iniciativas favoritas ingresadas por la ciudadanía y organizaciones.
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— Chile Convención (@convencioncl) December 9, 2021

Este jueves se publicaron las primeras 95 iniciativas populares de norma, de un total de cerca de 1.000 presentadas hasta ahora. Se trata de propuestas hechas por ciudadanos que no son parte de la Convención Constitucional y que si juntan 15 mil firmas deberán ser discutidas. Cada persona puede apoyar hasta 7 iniciativas. Si quieres revisar, respaldar o presentar una propuesta, ingresa acá.

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5. Plataforma Contexto: ¿Judicializar los derechos en la nueva Constitución?
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