Niños vulnerables sin abogados: la falla histórica que no solucionó el sistema que reemplazó al Sename

El plan para instalar Mejor Niñez en reemplazo del Sename no contempló solucionar la situación de unos 40 mil menores con medidas de protección decretadas por un tribunal, pero que no cuentan con abogados que los representen (lo que se conoce como curaduría ad litem). El problema fue derivado, sin aumentar recursos, a las corporaciones de asistencia judicial (CAJ), entidades que ya están colapsadas. El Ministerio de Justicia recién hace una semana ofició a Hacienda para aumentar los recursos de las CAJ en más de $10 mil millones. Mientras tanto, miles de niños, niñas y adolescentes, que supuestamente están bajo la protección del Estado, no cuentan con representación ante la justicia.

El paso de Sename a Mejor Niñez, concretado el pasado 1 de octubre, no se hizo cargo de un problema histórico que viven niños, niñas y adolescentes (NNA) en situación de vulnerabilidad: la falta de abogados especialistas que los representen en tribunales (lo que se denomina curaduría ad litem) cuando los menores cuentan con una medida de protección decretada por la justicia. Aunque el nuevo sistema Mejor Niñez se anunció y promulgó hace un año, en el largo periodo para su planificación e instalación al parecer nadie reparó en que los NNA quedarían nuevamente a la deriva en cuanto a representación legal. La labor fue derivada –sin mejorar presupuesto ni infraestructura– a las corporaciones de asistencia judicial (CAJ), que ya están colapsadas. El Ministerio de Justicia recién reparó en este vacío y hace apenas una semana ofició a Hacienda para que se aumenten los recursos destinados a las CAJ en $10 mil millones (vea ese oficio).

En julio pasado, el Poder Judicial informó que había 36.764 NNA sin un representante designado por un tribunal en casos donde ya hay medidas de protección. Hasta el momento no se ha sistematizado la información sobre la complejidad de cada una de estas miles de causas, lo que permitiría dimensionar cuántos de estos conflictos se podrían revisar sin llegar a la judicialización –que es lo que busca el nuevo sistema–; cuántos involucran vulneraciones graves, que impliquen medidas como separar al menor de su familia; cuántos son de mediana complejidad, como malos tratos psicológicos, y cuántos de baja complejidad, como ausentismo escolar sin justificación médica. Cuando un NNA no cuenta con abogado, es el juez el que debe velar por sus intereses, sin que alguien haga un contrapeso en las decisiones que eventualmente adopte el magistrado.

El nuevo sistema de protección fue informado como una gran política del actual gobierno hace casi un año, en diciembre de 2020, cuando tuvo su promulgación por parte del Presidente Sebastián Piñera. Ahora, a fines de 2021, comenzó su operación. Y hace solo algunos días, en medio de los reclamos del personal de las CAJ que se vieron totalmente sobrepasados por esta nueva carga laboral, se empezaron a hacer algunos movimientos para solucionar este problema nunca resuelto por el Sename.

El conflicto pasó directamente al Ministerio de Justicia, organismo que está a cargo de procurar que se cumpla el derecho de los NNA a contar con representación legal. Poco más de una semana atrás, el pasado 22 de noviembre, el ministro Hernán Larraín le envió un oficio al ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, solicitando un aumento presupuestario superior a los $10 mil millones para hacerle frente a este tema, pidiendo profesionales y recursos, a pesar de que Mejor Niñez ya lleva casi dos meses en operación. En el documento, Larraín admite que se trata de una necesidad histórica que no ha sido satisfecha:

“Se trata no solo de cubrir y abordar debidamente una necesidad histórica de representación jurídica insatisfecha, sino que también, preparar la futura implementación del Sistema de Garantías, que incide directamente en la situación proteccional de niños, niñas y adolescentes, quienes son sujetos preferentes de preocupación de este Gobierno, y merecen especial protección del Estado”, indica el oficio.

LOS 16 MIL NNA OLVIDADOS

Al día de hoy, existen dos entidades controladas por el Ministerio de Justicia que se hacen cargo de este tipo de representación jurídica. La primera son las corporaciones de asistencia judicial (CAJ) de todo el país. La segunda es el Programa Mi Abogado, unidad que forma parte de las mismas CAJ, pero que cuenta con presupuesto independiente y presta un servicio que incluye otras prestaciones (como la labor de asistentes sociales y psicólogos).

Los problemas se están produciendo principalmente en las CAJ, tal como lo han reconocido funcionarios del Ministerio de Justica, así como el propio jefe de esa cartera, Hernán Larraín. Respecto del desempeño del Programa Mi Abogado, ha recibido elogios de la Defensoría de la Niñez.

El oficio enviado por el ministro Larraín a su colega de Hacienda dejó en evidencia otra arista que refleja la improvisación con que se abordó este tema en el traspaso de Sename a Mejor Niñez. Larraín informó que no se consideraron más de 16 mil causas que eran vistas por los directores regionales de Sename, las que ahora han debido ser asumidas por las CAJ de manera urgente, produciendo problemas en estas instituciones por falta de recursos: “(Las CAJ) se constituyen como la única oferta pública disponible de parte del Estado para hacer frente a este desafío, siendo esta una designación imposible de resistir desde la perspectiva judicial”, señala el oficio de Larraín.

A la Asociación de Funcionarios y Profesionales (Afunpro) de la CAJ metropolitana, le alarma esta situación. En conversación con CIPER, sus dirigentes indicaron que en este escenario lo que “existe es el ingreso de miles de causas nuevas para funcionarios que ya están saturados y sin ninguna inyección de recursos que permitan reforzar la tarea”. También hay preocupación de la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados, que advirtieron a CIPER que hasta el momento ha habido una “grave disminución de curadores ad litem”.

El reciente oficio enviado a Hacienda por el ministro de Justicia para pedir más recursos comienza anunciando que Mejor Niñez (entidad que depende del Ministerio de Desarrollo Social) no tiene la “facultad de representar judicialmente los derechos de niños, niñas y adolescentes”. Unos párrafos más abajo indica que en el traspaso del Sename al nuevo servicio no se habían considerado “16.752 causas judiciales tramitadas por el propio SENAME, a través de sus Direcciones Regionales, cuya información no fue provista oportunamente a la época de confeccionar y presentar el presupuesto exploratorio 2022”.

El ministro continuó describiendo que, ante la emergencia inminente, estas causas tuvieron que ser asumidas por las CAJ, para lo que se había dispuesto un equipo de 33 abogados durante el último trimestre de 2021. El traspaso de causas, según el oficio, “no ha estado exenta de dificultades, puesto que involucra levantamiento de información, atenciones en contextos adversos, contacto con tribunales, establecimiento de trabajo en redes, entre otros”.

Ya casi al final de este punto, se le indica al ministro Cerda que el Ministerio de Justicia no cuenta con presupuesto para garantizar la representación judicial de estos NNA en 2022, por lo que se requiere “del financiamiento necesario para mantener las contrataciones ya informadas (los 33 abogados) y así dar continuidad al servicio”.

UNOS 40 MIL NNA QUE NO SE VEN

Las primeras advertencias sobre el problema de la representación jurídica de NNA comenzó desde el inicio de Mejor Niñez, el 1 de octubre de este año. Las críticas principales quedaron a la vista en un reportaje realizado por el medio Contracarga.cl, en el que varios expertos e involucrados en el sistema se quejaron por la finalización de los Programas de Representación Jurídica (PRJ), entidades que recibían una subvención para apoyar al Sename en estas labores. Las causas que llevaban los PRJ pasaron al Programa Mi Abogado. Y Carlos Alvear Pareja, quien se desempeñó como comisionado para la infancia del Sename hasta 2018, dijo en ese minuto: “Mi Abogado es un programa que está diseñado para niños de las residencias y para evitar las largas extensiones de las internaciones, pero no están preparados para la cantidad de causas que les está llegando”.

Según el Ministerio de Justicia, el traspaso de los PRJ al Programa Mi Abogado implicó que se doblara el presupuesto y dotación de este último, además de ampliar su población objetivo. De atender únicamente a NNA en residencias, según el ministerio, se incorporó “a los niños en familias de acogidas y a grupos prioritarios como los NNA migrantes no acompañados o separados de sus familias”. En el presupuesto 2022 se consideró un aumento para este programa. Según confirmaron en Justicia, la aprobación alcanzó casi $23 mil millones para dar atención “a más de 17 mil niños que han sido vulnerados en sus derechos, para lo cual se han contratado más de 550 profesionales”.

Para la Defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, ha habido avances en materia de representación judicial de NNA. Dijo a CIPER que “prueba de ello es la creación del Programa Mi Abogado, pero evidentemente aquello no satisface las exigencias en términos de universalidad y accesibilidad que debe ser cubierto en este ámbito”.

Además de las 16.752 causas heredadas de los directores regionales del Sename, están los más de 36 mil NNA con medidas de protección decretadas por la justicia que no tienen un abogado como curador ad litem. En entrevista con CIPER, el Ministerio de Justicia indicó que solo se enteraron de esta cifra a partir del trabajo realizado por una mesa interinstitucional constituida en mayo pasado, encabezada por el ministro de la Corte Suprema, Mario Carroza. En coordinación con las cortes de apelaciones del país, lograron consolidar esta cifra de decenas de miles de NNA sin abogado.

Para hacer frente a esta situación, Hernán Larraín solicitó $10 mil millones a Hacienda. Desde la Dirección de Presupuestos señalan extraoficialmente que esta petición todavía debe revisarse, pues se envió después del proceso presupuestario. En su oficio a Hacienda, el ministro Larraín argumentó que “se ha previsto por parte de esta Cartera la implementación de una línea de acción diferenciada y con dedicación exclusiva al ámbito de las curadurías al interior de las Corporaciones de Asistencia Judicial, que haga frente y brinde patrocinio a todos aquellos procesos en los que no existe un curador ad litem designado, y que se encuentre fuera de los supuestos establecidos para designar al Programa Mi Abogado, garantizando de un modo efectivo la representación jurídica necesaria de niños y jóvenes que actualmente son parte de acciones judiciales pendientes y que siguen esperando indefinidamente por la provisión de defensa en juicio”.

CIPER consultó al Ministerio de Justicia por qué en la planificación del paso de Sename a Mejor Niñez no se había considerado la situación de los miles de NNA sin representación jurídica. Desde el ministerio indicaron que solo se percataron del volumen del problema cuando la mesa encabezada por el ministro Carroza arrojó, en mayo pasado, que se trataba de casi 40 mil menores. “Una vez conocido por este Ministerio, se dispuso el trabajo interno y con las instituciones pertinentes, para efectuar el levantamiento de necesidades, y proyección de los elementos que permitan abordar, en el breve plazo, esta deuda del Estado con los niños, niñas y adolescentes”, afirmó la respuesta enviada a CIPER desde la cartera.

LA CARGA QUE SE PODRÍA VENIR EN EL FUTURO

El traspaso de Sename a Mejor Niñez también implica la desaparición, hacia 2026, de las Oficina de Protección de Derechos de Infancia (OPD), el principal agente a nivel comunal en el trabajo de la infancia. Dentro de sus labores, las OPD realizan curadurías ad litem. En la actualidad, según el informe del Poder Judicial, poseen más de 16 mil representaciones de este tipo.

La ley que instaló Mejor Niñez indica que las OPD se reemplazarán por las Oficinas Locales de la Niñez (OLN), que no tienen la facultad de ser representantes ante la justicia. CIPER conversó con ocho coordinadores de OPD de distintas regiones. Sus preocupaciones apuntan a que el cese de las OPD dejará con más carga a las CAJ. Además, señalan que las OPD, al funcionar a nivel comunal, tiene un contacto más directo con la realidad y las urgencias que vive el menor, lo que se podría dificultar con los cambios.

Verónica Vymazal, jueza de familia y vicepresidenta de la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados, advirtió que al no contar las OLN “con la figura legal del abogado del niño, no contar con una institución especializada en defensa de niños, niñas y adolescentes, con capacidad, especialidad, y apoyo de equipo técnico y profesional adecuado (…) nos vemos obligados a recurrir a Corporaciones de Asistencia Judicial para que asuman esta representación”.

–Esto vendrá a aumentar el colapso y listas de espera de las Corporaciones de Asistencia Judicial, las que tampoco cuentan con las capacitaciones adecuadas para asumir estos cargos –agregó.

Consultado el Ministerio de Justicia, indicó que por la urgente demanda de curadurías ad litem planteó un proyecto de ley para “crear un Servicio Nacional de Acceso a la Justicia”. La iniciativa, en trámite en la Cámara de Diputadas y Diputados, “permitiría contar con la institucionalidad necesaria para desarrollar e implementar una política pública que dé una respuesta concreta y unificada a esta creciente necesidad”.

En tanto, desde Mejor Niñez indicaron que las OPD seguirán funcionando durante el plazo que se necesita para instalar las Oficinas Locales de la Niñez. “Es preciso señalar que la Ley 21.302 (que crea a Mejor Niñez), expresamente establece en sus disposiciones transitorias que las OPD se continúan ejecutando conforme a las orientaciones técnicas vigentes y por tanto, mantienen la posibilidad de ejercer curadurías”.