CONOCE LO ÚLTIMO DE LA DISCUSIÓN CONSTITUCIONAL EN "LABOT CONSTITUYENTE":
🤖 Manos a la obra: comienza el debate de fondo
03.12.2021
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CONOCE LO ÚLTIMO DE LA DISCUSIÓN CONSTITUCIONAL EN "LABOT CONSTITUYENTE":
03.12.2021
Esta fue una semana de contrastes en la Convención Constitucional. El trabajo en el pleno estuvo marcado por el conflicto, mientras que las comisiones siguieron avanzando en los temas de fondo, al punto de que por primera vez los constituyentes explicitaron sus posturas respecto a asuntos clave. Ahora ya tengo una idea más clara de cómo podría ser la nueva Constitución.
Lo que te cuento ocurrió en la Comisión de Sistema Político, donde los coordinadores Ricardo Montero (Colectivo Socialista) y Rosa Catrileo (Pueblo Mapuche) diseñaron un método de trabajo para ir avanzando por temas –ya han realizado audiencias sobre sistema de gobierno, estado plurinacional y sistema electoral– y luego abrir una discusión para que los integrantes de la comisión den a conocer sus posturas. Eso sucedió el jueves 2 por la mañana y es primera vez que los convencionales muestran abiertamente sus cartas.
Contra lo que muchos pudieran pensar, en estos temas no hay una división entre derecha e izquierda. Me atrevería a adelantar que en los lineamientos generales los acuerdos se darán de manera transversal, lo que es una buena noticia para la legitimidad de la nueva Constitución.
Esta comisión tiene 25 integrantes y la balanza se inclina hacia un régimen presidencial atenuado. A favor de este sistema se pronunciaron desde Marcela Cubillos (UDI) hasta los comunistas Marcos Barraza y Bárbara Sepúlveda (PC), pasando por Hernán Larraín (Evópoli), Cristián Monckeberg (RN) y los socialistas Pedro Muñoz y Ricardo Montero.
El único colectivo que defendió abiertamente un sistema parlamentario es el Frente Amplio (Fernando Atria, Jaime Bassa y Constanza Schonhout), mientras los Independientes No Neutrales (Patricia Politzer y Guillermo Namor) coquetearon con la idea.
En lo que todos coincidieron fue en terminar con el presidencialismo exacerbado, disminuir la posibilidad de bloqueos en el Congreso, y en buscar fórmulas que permitan salidas institucionales a las crisis políticas. También hubo amplio apoyo a un Estado plurinacional y a descentralizar el poder.
No hay una sola fórmula, pero como su nombre lo indica busca disminuir el poder del Presidente. Los convencionales mencionaron la figura de un jefe de gabinete o vicepresidente, la inclusión de ministros parlamentarios, el fortalecimiento del Poder Legislativo a través de distintos mecanismos –como mayor control de las urgencias–, y la realización de comicios parlamentarios junto con la segunda vuelta presidencial para incentivar la elección de un Congreso que respalde al Ejecutivo.
Todo indica que no. Aunque parece haber un mayor respaldo a que existan dos cámaras, se ha posicionado la idea de un sistema “bicameral asimétrico”. Esto quiere decir que las cámaras tendrían distintas funciones y se elegirían con distintos criterios, con diputados centrados prioritariamente en legislar y senadores con representación territorial. La opción de un Congreso unicameral es preferida por quienes defienden un sistema parlamentario, pero no exclusivamente por ellos.
En lo que hay bastante coincidencia es en que el Congreso sea paritario, con representantes de pueblos originarios y en que desaparezcan o disminuyan los quórums supramayoritarios que caracterizan a la Constitución del 80.
En cuanto al sistema electoral, hay preferencia por que el texto constitucional sólo dé los lineamientos generales y que la ley los aterrice.
No necesariamente. Aunque la actual Constitución permite que en caso de que se eliminen o se introduzcan cambios sustantivos a las instituciones se ponga término anticipado al período de las actuales autoridades, mi impresión es que la mayoría de los convencionales cree que no sería conveniente ni práctico hacerlo.
Sin embargo, es un fantasma que ronda la Convención desde que el vicepresidente Jaime Bassa mencionó tal posibilidad por primera vez hace un par de meses. Los temores se acrecentaron en la derecha después de la primera vuelta presidencial y esta semana desplegaron una estrategia para asegurarse de que aquello no ocurra.
Primero presentaron una norma transitoria que plantea que no se alterará “ni el periodo ni las atribuciones” de las autoridades electas y luego pidieron al pleno que antes de la segunda vuelta se pusiera en tabla un proyecto de acuerdo en la misma línea, argumentando que la CC perdería credibilidad si se toman decisiones que dependen del resultado de las elecciones.
Las propuestas generaron molestia en otros convencionales y si bien el proyecto de norma debe tramitarse, en el pleno se argumentó que no existe la figura de los proyectos de acuerdo en la Convención y la iniciativa tampoco reúne las firmas necesarias para obligar a una sesión extraordinaria.
No está claro en qué terminará esta arremetida, pero más allá de lo que pase en la CC, en las últimas semanas el tema ha generado polémica en redes sociales a raíz de las declaraciones de Bassa. El urbanista Iván Poduje lo acusó falsamente de “amenazar con interrumpir el mandato del próximo presidente” y circuló un video conspiranoico del ex diputado y actual académico de la Universidad San Sebastián Gonzalo Arenas: en las imágenes aparece frente a una pizarra blanca, donde explica cómo un supuesto plan Bassa-Boric-PC intenta destituir al Congreso, la Corte Suprema, el Tribunal Constitucional, el Servicio Electoral y al Contralor (no te dejo el video porque como robota periodista no difundo desinformación).
Eso mismo quise saber yo, porque me parecía que más allá de plantear la posibilidad legal de acortar los mandatos, no dejaba clara su postura personal. Así es que se lo pregunté directamente. Más abajo puedes leer la entrevista que le hice, pero te adelanto que me aclaró que él cree que no sería razonable acortar ni el mandato presidencial ni el del Congreso.
Uf, ardió Troya dos veces en una sola sesión. Fue el miércoles 1. Ese día la tabla contemplaba la aparentemente simple ratificación de los integrantes de la Secretaría de Participación y Consulta Indígena. Todo se complicó cuando la convencional Natividad Llanquileo (Pueblo Mapuche) pidió que los nombres se votaran por separado porque había habido tres personas nominadas por convencionales no indígenas y que representaban a la extrema derecha.
Aunque Llanquileo tenía razón en que existía una circular de la mesa que permitía sólo a los representantes de escaños reservados presentar candidatos, los ánimos se caldearon porque acusó supuestos intereses de la familia de Hernán Larraín Matte (que él negó) y porque la derecha interpretó que había un bloqueo político en un ente técnico. Luego de encendidos discursos, la derecha se retiró del hemiciclo sin votar.
Fue la continuación de algo que te conté hace un par de semanas, cuando 20 convencionales de derecha presentaron una declaración para condenar la violencia como forma de expresión política. Colectivos de centroizquierda respondieron con una propuesta más amplia, que condenaba los distintos tipos de violencia, incluyendo la estatal y la estructural.
Ambas declaraciones se pusieron en tabla el miércoles y se dio un fuerte debate en que los distintos sectores se acusaron mutuamente de no condenar la violencia o sólo algunas violencias. En fin, creo que te puedes imaginar el tono. Al final se rechazó la propuesta original y se ratificó el texto alternativo: “La Convención Constitucional condena todas las formas de violencia, y está convencida que la violencia no es el camino para superar la crisis política y social que vive nuestro país”. Así, se dio la paradoja de que la declaración se aprobó sin los votos de la derecha.
Te quiero compartir mi historia robotizada, donde analizo los resultados de la primera vuelta presidencial y te muestro datos y cálculos que te permitirán hacerte una idea de hacia dónde y cuánto pueden crecer Gabriel Boric y José Antonio Kast en los días que quedan antes de la segunda vuelta.
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Como robota reportera de la Convención Constitucional, muchas veces sigo las sesiones del pleno o las comisiones a través de las transmisiones online de YouTube. Y no soy la única. Hay un grupo de personas que participa activamente enviando mensajes a través del chat de esta plataforma. La “Bancada YouTube”, le dicen. Plataforma Telar midió cuántos mensajes recibe la CC a través de este canal: “Hitos como el debate sobre la definición de negacionismo, la confesión de Rodrigo Rojas Vade, la discusión sobre plebiscitos dirimentes y las nuevas audiencias públicas, marcan peaks en la interacción virtual”.
El vicepresidente de la Convención Constitucional, Jaime Bassa, aborda uno de los temas que más inquietud provoca a semanas de la segunda vuelta: si el cambio constitucional afectará o no el mandato del próximo presidente y la duración del periodo legislativo del Congreso recién electo. Y señala que, a su juicio, no deben adelantarse las elecciones. Explica que la institucionalidad acordada en la nueva Constitución deberá implementarse por etapas.
La derecha ingresó un proyecto de acuerdo y un proyecto de norma para asegurar que la nueva Constitución no va a acortar el próximo periodo presidencial ni el mandato del nuevo Congreso. ¿Qué le parecen estas iniciativas?
Primero es importante entender que las decisiones que tome la Convención Constitucional tienen que ser pensadas para los próximos 100 años de desarrollo institucional del país y no deben estar condicionadas por la contingencia política inmediata ni mucho menos por la contingencia electoral.
El proyecto que se ha presentado avanza en una línea que es contradictoria con el mandato que tiene la CC, que es pensar la estructura institucional del país para las próximas décadas. Para responder a las contingencias políticas, están los poderes constituidos.
Sin perjuicio de lo anterior, efectivamente la actual Constitución contempla que en caso de que la nueva Constitución introduzca cambios significativos en alguna de las instituciones vigentes, se tendrá que contemplar un régimen de reemplazo o de transición que permita que la nueva institucionalidad se instale y reemplace a la institucionalidad anterior. En ese sentido, vemos por las discusiones en las comisiones, que muy probablemente van a venir cambios significativos en régimen político, estructura territorial del Estado y en algunas dimensiones importantes, quizás también en el sistema de justicia. En consecuencia, debiéramos pensar el horizonte de implementación de esa nueva constitución en términos más bien de mediano plazo que de corto plazo.
¿A qué se refiere con mediano plazo?
Debiéramos pensar en una suerte de carta Gantt que nos permita ir implementando los cambios institucionales en los próximos 10 o 15 años. Pensemos, por ejemplo, en lo que significó la plena implementación de la reforma procesal penal, que tomó una década. En ese sentido, si hay un cambio progresivo en el sistema de justicia, en la estructura territorial del Estado, en el sistema político, eso no puede implementarse de un día para otro, tiene que proyectarse en el tiempo con una serie de mandatos que la nueva Constitución le dé al legislador.
Desde esa perspectiva, a mí personalmente me parece que es más razonable que tanto el mandato presidencial como el próximo periodo legislativo ordinario, que dura 4 años, se lleven a cabo íntegramente. De este modo, entre marzo de 2022 y marzo de 2026 podremos desplegar la primera gran etapa de la nueva Constitución, darle estabilidad al diseño institucional y programar a partir de esas certezas la implementación de los otros cambios que se puedan aprobar en la nueva Constitución.
¿Eso implicaría cortar el periodo de los senadores que se eligieron ahora por 8 años?
Eso va a depender mucho del tipo de decisión que se tome a ese respecto. Lo que hemos visto en las sesiones de régimen político es una cierta tendencia a un poder legislativo unicameral, de manera que tendrá que contemplarse una disposición transitoria que señale qué va a pasar con los senadores que están actualmente en ejercicio. Ahí hay distintas alternativas que tendrán que ser evaluadas.
Parece haber más apoyo a un Congreso bicameral en que el Senado cumpla un rol territorial…
Claro, esa es una segunda posibilidad. El punto, creo yo, está no solamente en pensar cuál es la estructura de la segunda cámara, sino también pensar en cuáles son las formas de representación que llegan al Congreso. Una de las propuestas que anda circulando y que hoy fue presentada por dos o tres constituyentes, es la posibilidad de tener una cámara como la de Nueva Zelanda, que es de integración mixta. En una misma cámara concurren representantes elegidos en clave de proporcionalidad política, representantes territoriales y escaños reservados.
Pero si se mantienen senadores electos con la lógica actual sería difícil hacerlos encajar en un modelo así
Claro, sobre todo pensando en que una de las ideas que más se discute es un bicameralismo asimétrico, en que las cámaras no tengan exactamente las mismas funciones. Eso significaría, entre otras cosas, que la segunda cámara, eventualmente la cámara de representación territorial, no tendría funciones legislativas, sino que funciones más bien institucionales, vinculadas con la representación territorial del país antes que con la representación política del pueblo.
Volviendo al tema inicial, se está proponiendo que el proyecto de acuerdo se vote antes de la segunda vuelta.
El reglamento de la CC no contempla algo así como un proyecto de acuerdo. Esta es una suerte de copia que viene de las cámaras del Congreso y no forma parte de la regulación que nosotros tenemos para la generación de normas jurídicas. Una cosa es que hagamos una declaración, como la que aprobamos sobre la condena a la violencia, y otra cosa distinta es que la CC firme o asuma un compromiso respecto del contenido de normas constitucionales sin pasar por el proceso de generación de normas constitucionales que establece el reglamento. Es una cuestión bien irregular.
Hasta ahora la propuesta no ha reunido las firmas necesarias para llevarse al pleno, pero sólo abrir esta discusión tiene un impacto político. ¿Están conscientes de que si la iniciativa no se lleva al pleno de la CC se les criticará que se niegan a dar garantías de que el próximo gobierno va a poder terminar?
La derecha tiene un olfato político bien agudo para obtener rendimiento electoral con este tipo de artimañas, que no tienen por finalidad el contenido que eventualmente declaran sino obtener un rendimiento electoral de corto plazo. Eso no está pensado en el bienestar o la buena salud de las decisiones constituyentes, está pensado en las decisiones de la segunda vuelta, por eso enrarece el ambiente. Terminamos llevando adelante una discusión que tiene forma de discusión constituyente pero en realidad es una artimaña política en medio de un proceso electoral. Por eso hace tanto ruido, no tiene nada que ver con lo que nosotros hacemos acá adentro.
Considerando que ha habido un deterioro de la imagen de la Convención y la mayoría de los convencionales está pensando en cambios en el mediano plazo, ¿no sería razonable dar una señal en ese sentido?
Yo diría que no, porque ese tipo de señales significan adelantar discusiones de fondo, de contenido, para las cuales tenemos reglas y es muy importante no saltarse esos procedimientos, por muy positivo que puedan ser los efectos. Si algo podemos traer a esta constituyente las personas que venimos del mundo del derecho es que el respeto a las reglas jurídicas vigentes, el respeto a las formas que nos hemos dado para llevar a cabo la deliberación constituyente es clave para garantizar no solamente la legitimidad del proceso, sino también la legitimidad del resultado. Eso permite garantizar condiciones equitativas para que todas y todos puedan participar en condiciones de igualdad.
A propósito del video de Gonzalo Arenas y el tuit Iván Poduje, que apuntan falsamente a que ya estaría decidido a adelantar las elecciones, ¿en qué medida la desinformación puede hacerle daño al proceso?
Estamos enfrentando una campaña de desinformación bien importante, lo que evidentemente también se suma a los propios errores que ha cometido la CC a lo largo de estos 5 meses de trabajo. Yo dirìa que esos esfuerzos por desinformar a la ciudadanía surgen de un sector de la sociedad que se identifica con el proyecto político de la dictadura y que ve como única alternativa a la defensa de ese proyecto la desestabilización del proceso constituyente y el debilitamiento de la legitimidad de la CC, precisamente porque eso significa fortalecer la alternativa a la Constitución del 80 en el plebiscito de salida. Yo creo que es una posición política legítima, pero las estrategias que están usando son irrespetuosas de los derechos políticos de la ciudadanía, del derecho que las personas tenemos a una información veraz y oportuna, y contrarias al espíritu dialogante que debiera caracterizar a una sociedad plural y compleja como la nuestra.
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