Los avances en la tramitación de Dominga mientras la cláusula pactada en Islas Vírgenes Británicas estaba vigente

Para que los vendedores de Dominga, entre ellos los Piñera Morel, pudiesen cobrar la última cuota por su venta, entre el 10 de diciembre de 2010 y el 13 de diciembre de 2011 la zona del proyecto no podía ser declarada parque, reserva o recibir otro tipo de protección que impidiera la instalación de la mina y de su puerto. CIPER revisó los actos administrativos relacionados con Dominga que se ejecutaron en ese periodo, el que transcurrió íntegramente bajo el primer gobierno de Sebastián Piñera. Al menos identificamos tres. Uno de ellos era desfavorable para el proyecto: una solicitud de área marina protegida que puede afectar al puerto planificado para la mina, la que prácticamente no avanzó ese año (y que aún espera una resolución). Los otros dos, a favor de la iniciativa, sí se movieron: una solicitud de concesión marítima para instalar el puerto y una autorización para hacer sondajes.

La polémica cláusula del contrato de compraventa del proyecto minero Dominga que fue firmado en Islas Vírgenes Británicas, no admite interpretaciones: los vendedores -entre ellos los Piñera Morel- recibirían cerca de US$10 millones si entre el 10 de diciembre de 2010 y el 13 de diciembre de 2011 el área donde se pretende emplazar la faena no se convertía en parque, reserva u otro tipo de zona de exclusión que hiciera inviable la mina y su puerto. Los hijos del Presidente Sebastián Piñera tenían el control de un tercio del proyecto. Y finalmente se cumplieron las condiciones para que pudieran recibir los US$3,2 millones que les corresponderían, pues en el periodo pactado en la cláusula, que transcurrió íntegramente bajo el primer gobierno de su padre, no se adoptaron medidas tendientes a la protección ambiental del sector.

CIPER revisó las acciones relacionadas con Dominga que se tramitaron durante el periodo de tiempo señalado en el contrato y que requerían el pronunciamiento de entidades o funcionarios de gobierno. Al menos identificamos tres. De ellas, solo una era desfavorable para el negocio: una solicitud de Oceana y de académicos de la Universidad Católica del Norte (UCN) para proteger el borde costero, ingresada a mediados de 2010, que podía afectar la instalación del puerto para Dominga. Esta es la única de las tres acciones relacionadas con el proyecto que no tuvo avances significativos en el año cubierto por la cláusula. De acuerdo con la información proporcionada por la Secretaría Regional Ministerial de Medio Ambiente de Coquimbo, cuando se ingresó la solicitud, un primer análisis de la autoridad determinó desarrollar iniciativas para socializar el tema.

Las otras dos acciones, por el contrario, sí se movieron: una solicitud de concesión marítima para instalar el puerto y una autorización ambiental para hacer sondajes en el terreno de la mina.

Este es el mapa que presentó Oceana en su propuesta con el polígono a proteger bajo el AMCP-MU. Dentro de ese perímetro se encuentra la Bahía Totoralillo Norte de la comuna de La Higuera, lugar donde se emplazaría el puerto de Dominga.

En los registros de los trámites para resolver la concesión marítima portuaria no hay menciones a que, en paralelo, estaba en proceso la solicitud ingresada por Oceana y la UCN para proteger el borde costero. Tampoco se tuvo en cuenta un informe desfavorable al otorgamiento de la concesión suscrito por la autoridad naval en esta materia: la Dirección de Intereses Marítimos y Medio Ambiente Acuático (Dirinmar), dependiente de la Armada. Finalmente, se resolvió a favor de Dominga el 20 de diciembre de 2011, apenas siete días después de que se había completado el periodo señalado en el contrato.

Aceptar la concesión se impuso por la unanimidad (29 votos a favor) de los miembros de la Comisión Regional de Uso de Borde Costero (CRUBC). Entre los votantes se contaban dos funcionarios de confianza del Presidente que estaban al tanto de que había una solicitud de protección para esa zona de la costa: el ahora diputado Sergio Gahona (UDI), quien entonces era intendente de Coquimbo, y Cristian Felmer, a esa fecha seremi de Medio Ambiente.

Consultado por CIPER, el máximo ejecutivo de los negocios de los Piñera Morel, Nicolás Noguera, señaló que no recuerda haber conocido en 2010 -cuando la familia del Presidente aún participaba en Dominga- la solicitud de área marina protegida. Además, sostuvo que todas las gestiones administrativas efectuadas en esas fechas fueron realizadas por Minería Activa S.A., en la que no participaban los Piñera Morel y que estaba constituida “por un grupo de gestores de proyectos mineros y especialistas en inversiones de capital privado”.

LOS TRÁMITES PARA EL PUERTO

La primera línea de tiempo sobre los trámites administrativos relacionados con Dominga fue publicada por The Clinic en 2017, cuando se puso en marcha una comisión investigadora parlamentaria que ya entonces analizó posibles conflictos de interés del Presidente Piñera. Entre otros puntos relevantes, el reportaje puso el acento en que la solicitud de concesión de borde costero para instalar un muelle fue ingresada en octubre de 2010 a la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, cuando los Piñera Morel aún eran los principales accionistas del proyecto Dominga y su padre llevaba seis meses a la cabeza del gobierno.

Ahora que se conoce el contrato firmado en las Islas Vírgenes Británicas –revelado por CIPER y LaBot dentro de la investigación Pandora Papers-, CIPER revisó en detalle los sucesos que marcaron los 12 meses cubiertos por la cláusula que complica a La Moneda. Apenas iniciado ese periodo, a mediados de diciembre de 2010, la Dirinmar se pronunció en contra de autorizar la concesión para instalar el muelle. Así quedó registrado en el archivo público de concesiones marítimas dependiente de la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas.

En ese registro online se exhiben seis informes emitidos por la Dirinmar, entre el 6 y el 21 de diciembre de 2010, relacionados con el requerimiento de Dominga. En el segundo de ellos, fechado el 17 de diciembre, se lee:

“Efectuando el análisis de los antecedentes presentados (…) y lo informado por las autoridades marítimas respectivas esta dirección técnica opina desfavorablemente a que se otorgue la concesión marítima considerando la opinión de la autoridad marítima local, en que manifiesta que el lugar requerido en concesión, es un lugar utilizado como fondeadero por los pescadores artesanales de Caleta Totoralillo Norte”.

A continuación, la Dirinmar incluyó un párrafo que resultó premonitorio: “Además, se debe tener presente que la población costera de la comuna de La Higuera, se encuentra altamente sensible ante la realización de proyectos que impliquen la intervención y cambio de la orografía de la zona, ante lo cual existe una alta probabilidad que se activen las organizaciones en defensa de la comuna y del medio ambiente”.

Sebastián Piñera

En un tercer documento, la Dirinmar recomendó que previo a adoptar la decisión, se pidiera la opinión de la Comisión Regional de Uso de Borde Costero (CRUBC), dependiente de la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas.

El 8 de noviembre de 2011, cuando aún estaba en curso el periodo pactado en la cláusula, la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas envió un oficio para solicitar la opinión de la CRUBC. Esa comisión finalmente sesionó el 20 de diciembre de 2011, solo siete días después de cumplido el plazo determinado en la cláusula, donde se aprobó por unanimidad la concesión, a pesar de la oposición inicial de la entidad técnica naval.

Esa reunión de la CRUBC fue encabezaba por el entonces intendente regional Sergio Gahona y la mayoría de los convocados eran dependientes del Ejecutivo.

De acuerdo con el acta pública de esa sesión, ni Gahona ni el seremi de Medio Ambiente de la época, Cristian Felmer -nombrado por Piñera un año antes-, mencionaron frente al resto de los funcionarios citados que ya estaba en trámite una solicitud ingresada por Oceana y académicos de la UCN para proteger una zona de borde costero que incluía el punto donde se pretendía emplazar el puerto de Dominga.

Felmer confirmó a CIPER que durante 2011 participó en reuniones con representantes de Oceana para analizar su solicitud de protección. La dirigenta ambientalista de la zona, Rosa Rojas, señaló a CIPER que el 22 de marzo pidió una reunión con el entonces intendente Gahona y que en ese encuentro le presentó el proyecto de protección ambiental para el borde costero. Entonces, dijo la activista, no sabían que Dominga planeaba contar con un puerto en la zona, por lo que la propuesta solo buscaba evitar el emplazamiento del terminal marítimo del proyecto termoeléctrico Barrancones. Pero el área que se pretendía proteger resultó ser tan amplia que, sin planificarlo, abarcó el punto donde Dominga tenía presupuestado su muelle.

El director ejecutivo de Oceana en esas fechas, Alex Muñoz, también indicó a CIPER que Gahona estaba al tanto del proyecto para proteger esa zona de la costa. Muñoz recuerda la misma cita a la que asistió Rosa Rojas: “Esa reunión tuvo por objetivo presentarle los argumentos para rechazar Barrancones y para que se creara el área marina protegida. Los científicos en la foto expusieron los estudios que justifican esa propuesta”. Vea a continuación la imagen a la que hace referencia Muñoz:

Gahona señaló a CIPER que durante su gestión como intendente se reunió con todos los intervinientes y actuó “con estricto apego a las atribuciones” de su cargo.

El Presidente Piñera también habría estado al tanto del proyecto de protección ambiental. Así lo informó hace unos días un artículo de El Desconcierto que indica que en agosto de 2010, cuando sus hijos aún eran socios de Dominga, Oceana le envió al mandatario una carta en la que le presentaron la iniciativa.

Rosa Rojas, ex presidenta del Movimiento en Defensa del Medio Ambiente (Modema), recuerda que estuvo frente a Sebastián Piñera en Punta de Choros, cuando el mandatario fue a esa zona debido a que se había anunciado que ya no se construiría Barrancones. De hecho, el Presidente intervino, al margen de la institucionalidad, para abortar ese proyecto. En esa ocasión, cuenta la dirigenta, Modema hizo llegar a Piñera un disco que contenía la solicitud de protección para el borde costero preparada por Oceana y científicos de la UCN.

PROTECCIÓN PARA EL BORDE COSTERO

El 31 de julio de 2010, casi cinco meses antes de que comenzara el periodo cubierto por la cláusula, la ONG Oceana y académicos de la UCN, además de dirigentes locales, ingresaron a la Seremi de Medio Ambiente de Coquimbo la solicitud para crear una Área Marina Costera Protegida de Múltiples Usos (AMCP-MU). La zona a proteger abarcaba el borde costero desde Punta Pájaros, al norte de Caleta Chañaral de Aceituno (Atacama), hasta Punta Porotos, en el límite sur de la comuna La Higuera (Coquimbo).

Entonces, solo estaban tratando de bloquear el proyecto portuario de Barrancones, por el impacto que podía provocar en la biodiversidad de la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt. No sabían que el perímetro de la zona que pedían proteger afectaría también al muelle de Dominga. Pero no tardaron en enterarse.

Mientras estuvo en curso el periodo determinado por la cláusula del contrato registrado en Islas Vírgenes Británicas, la solicitud de área marítima protegida no avanzó. El entonces director de Oceana, Alex Muñoz –hoy director de NatGeo Pristine Seas para América Latina–, señaló que la petición no solo quedó estancada, sino que el seremi de Medio Ambiente de esa época, el ingeniero comercial Cristian Felmer, en más de una ocasión le solicitó achicar la zona a proteger.

“Una vez que entró a la seremi Cristian Felmer, tuvimos varias reuniones para discutir la creación de esta área protegida”, sostuvo Muñoz. “En un momento, él me dijo que estaba complicada su aprobación y me planteó achicar la zona a proteger, quitando la zona sur, que es justamente donde estaría emplazado el proyecto minero y portuario Dominga, para facilitar la creación del área protegida”, añadió.

Felmer, en tanto, quien estuvo en su cargo hasta el final del gobierno de Piñera y volvió en 2018 -pero debió renunciar tras enfrentar en 2019 un proceso de destitución por acusaciones de acoso laboral y sexual-, explicó que se hicieron gestiones respecto de este requerimiento, por lo que, a su juicio, no estuvo estancado:

“Había una idea principal de hacer una zona protegida, pero lo que no teníamos claro eran los límites del polígono a proteger. Oceana tenía uno bastante amplio, lo que hacía un poco complejo porque, al tener dos regiones, había planes de manejo mucho más extensos. ¿Quién financiaba ese plan de manejo? Entonces, a lo que llegamos con Oceana en su momento era achicar ese polígono, porque era un piloto. En esa época no existían muchos AMCP-MU con experiencias positivas. Entonces, era colocar un polígono donde existiera la mayor biodiversidad para tener una marcha blanca”, afirmó Felmer.

El representante de Oceana que se entendía con Felmer, Alex Muñoz, desmintió que hayan llegado a un acuerdo con el seremi para achicar el polígono.

Felmer sostuvo que la propuesta de Oceana carecía de elementos necesarios para avanzar y que él se dedicó a rellenar esos vacíos: “Para poder avanzar tienes que conversar con las personas de los sectores costeros, todos los habitantes, porque esto efectivamente le va a significar externalidades positivas y negativas. Y explicar a las comunidades de qué se trata”.

El ex funcionario agregó que se hicieron estudios y reuniones con comunidades. Según sus cálculos, decretar una zona protegida demora de dos a tres años. Sin embargo, al finalizar su periodo después de casi cuatro años, la AMCP-MU tampoco vio la luz. Y no la ha visto hasta hoy.

Alex Muñoz aseguró que las gestiones de Felmer para reducir el área de protección continuaron incluso después de 2011. Una vez conocido el proyecto Dominga, dijo, el seremi lo citó a una reunión con el gerente de Andes Iron, la sociedad propietaria de las pertenencias mineras.

“Una vez me citó a una reunión con el gerente general de Andes Iron, Iván Garrido, y otros tres gerentes de la empresa, para acercar posiciones, en oficinas de la Seremi de Medio Ambiente de Coquimbo. Yo le exigí que no se entendiera que había una negociación de ninguna naturaleza. Fui a la reunión y tuvimos un intercambio durísimo, donde les plantee con vehemencia por qué no se debía ejecutar el proyecto Dominga en La Higuera. Me negué terminantemente a cualquier cambio en la propuesta de Área Marina Protegida que ya había sido validada por científicos de Oceana, de la UCN y de comunidades locales”.

Al ser consultado por CIPER, Felmer niega que él haya convocado la reunión. “Lo que se hizo fue a petición del mismo Oceana que tenía dudas del proyecto y se juntó a los participantes a conversar. El diálogo yo creo que siempre ha sido fundamental”, dijo, y agregó que él nunca solicitó la reunión y que tampoco supo de la cláusula que había existido en la compraventa de Dominga.

Muñoz niega tajantemente que Oceana haya pedido ese encuentro. De hecho, dijo a CIPER: “A mi juicio, fue un intento de Felmer para que el área marítima protegida propuesta no entorpeciera al proyecto Dominga”.

Los gerentes de Andes Iron también concurrieron en calidad de invitados, según la información proporcionada por esa empresa a CIPER. La compañía aseguró que la cita tuvo lugar en 2014, posterior a la vigencia de la cláusula pactada en Islas Vírgenes Británicas:

“Fuimos invitados, posteriormente, a una reunión en la Seremi de Medio Ambiente, el año 2014, luego de que ya habíamos ingresado el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto Dominga, a la cual también fue invitado el entonces director de Oceana, Sr. Alex Muñoz. La Seremi estaba interesada en escuchar visiones de distintos actores respecto a potenciales medidas de protección en la zona costera de La Higuera. Entendemos que también se escuchó la opinión de otros múltiples actores sociales, como fueron los gremios de los pesqueros industriales, de los pesqueros artesanales y operadores turísticos, entre otros”, señaló la empresa.

En la Seremi de Medio Ambiente de Coquimbo, en tanto, explicaron a CIPER que lo primero que se hizo en la tramitación del AMCP-MU fue pedirle a Oceana que socializara la propuesta con las comunidades:

“Del primer análisis realizado por el Ministerio de Medio Ambiente, entre otros aspectos, se indicó la necesidad de llevar a cabo un proceso de socialización y validación de la iniciativa con las comunidades locales de la zona propuesta. Oceana desarrolló un proceso en tal sentido, y reingresó en mayo de 2013 la iniciativa a la Secretaría Regional Ministerial de Medio Ambiente”, afirmó la Seremi en una respuesta por escrito.

Acorde a la definición del Ministerio de Medio Ambiente, las Áreas Marinas Costeras Protegidas de Múltiple Uso (AMCP-MU) corresponden “al espacio que incluye porciones de agua y fondo marino, rocas, playas, terrenos de playas fiscales, flora y fauna, recursos históricos y culturales que la ley u otros medios eficientes colocan en reserva para proteger todo o parte del medio así delimitado”.

Carlos Gaymer, académico de la UCN, quien ha sido parte de las propuestas de protección del borde costero en esta zona, señaló a CIPER que “por definición las AMCP-MU permiten actividades, pero que no afecten los objetos de conservación (lo que se busca proteger). Si la actividad lo afecta, no es compatible. Un puerto, o cualquier actividad productiva de gran envergadura, sí afecta los objetos de conservación”.

La apreciación de Andes Iron es diferente. A su juicio, la propuesta de Oceana no impediría el desarrollo de su proyecto, “ya que no afectaba a la zona donde se realizaría la actividad minera y tampoco implicaba la exclusión de la construcción de un puerto en la comuna de La Higuera”.

El delfín nariz de botella es una de las especies que habita en la costa de la zona donde Dominga planea operar. Créditos: Oceana

AUTORIZACIÓN PARA SONDAJES

Dominga, a través de Andes Iron Limitada, ingresó al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para que se le autorizara a hacer sondajes y estudiar el mineral. La DIA se presentó el 28 de febrero de 2011 y se aprobó el 14 de julio del mismo año. Ambas fechas dentro del periodo cubierto por la cláusula del contrato firmado en Islas Vírgenes Británicas.

Andes Iron obtuvo la resolución de calificación ambiental favorable para realizar cerca de 300 sondajes en el sector donde se planea instalar la faena minera. La inversión, cercana a US$ 30 millones, tuvo como objetivo explorar el sector para “minimizar las incertidumbres geológicas”.

Así, al final del año 2011, el proyecto Dominga no solo contaba con el beneplácito de la institucionalidad regional para su puerto, sino que también logró pasar su primer examen ambiental, con la venia de distintos organismos dependientes del Ejecutivo, para hacer sondajes. Todo esto, mientras la solicitud de Oceana ni siquiera conseguía una fecha tentativa para llegar al Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, paso crucial para la aprobación de una zona protegida. De hecho, hasta hoy, diez años después, no ha logrado escalar hasta esa fase.

Recién el 5 de octubre de este año, dos días después de la publicación del reportaje sobre Dominga que forma parte de Pandora Papers, el actual gobierno anunció que llevará al Consejo de Ministros para la Sustentabilidad la propuesta de protección del borde costero, abarcando casi los mismos límites del polígono que contenía la solicitud original de 2010.