SII identificó tres nuevas fórmulas para burlar el pago de impuestos tras analizar investigaciones similares a Pandora Papers

Desde 2015 CIPER ha participado en investigaciones colaborativas internacionales similares a Pandora Papers que han analizado millones de documentos filtrados sobre sociedades en paraísos fiscales. Los datos revelados por Panama Papers (2016) y Paradise Papers (2017) fueron revisados por el Servicio de Impuestos Internos, que realizó auditorías y recuperó millonarios montos que habían dejado de pagarse gracias al secretismo que ofrecen las sociedades offshore. Pero no solo eso, también identificó tres nuevos esquemas para evitar el pago de impuestos, los que se agregaron al catálogo de advertencia a los contribuyentes.

El 5 de octubre pasado, dos días después de que se difundiera a nivel mundial la investigación periodística Pandora Papers, el Servicio de Impuestos Internos (SII) informó que, gracias a los datos revelados por anteriores trabajos similares de la prensa, como los Panamá Papers (de 2016) y los Paradise Papers (de 2017), pudo auditar 36 operaciones realizadas por chilenos en paraísos fiscales y revisar un total de 201 inversionistas que operaban en territorios de ese tipo. Aunque la ley que protege los datos de los contribuyentes impide saber quiénes fueron investigados, esto demuestra que este tipo de trabajos periodísticos no solo provocan impacto en las audiencias, sino que constituyen una ayuda concreta para recuperar los tributos evadidos.

De hecho, el SII confirmó a CIPER que luego de analizar los datos de Panama Papers y Paradise Papers, además de la investigación denominada Bahamas Leaks (de 2015), detectó tres nuevos esquemas para burlar el pago de impuestos. De esta forma, el servicio actualizó su catálogo de esquemas tributarios que encubren incumplimientos y que sirve para advertir a los contribuyentes. En 2021, el SII incorporó a ese catálogo estas nuevas fórmulas que se basan, principalmente, en movimientos de dinero entre empresas locales y sus filiales extranjeras que se presentan como préstamos o créditos.

En 2019, tres años después de la divulgación de los Panamá Papers, el Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación (ICIJ), quien coordinó esa investigación a nivel global, señaló que se lograron recuperar US$1,2 billones en distintos países gracias a los documentos que se filtraron.

Según cifras consignadas por el Fondo Monetario Internacional, los gobiernos pierden globalmente hasta US$600.000 millones cada año por las acciones elusivas que operan desde sociedades en paraísos fiscales. Según estimaciones del ex director del SII, Michel Jorratt, la evasión fiscal en Chile alcanzó en 2017 al 7,6% del PIB, unos US$21.500 millones anuales. Parte de ese monto se explica por las planificaciones tributarias de chilenos que operan con sociedades en jurisdicciones consideradas como paraísos fiscales.

El capítulo chileno de los Pandora Papers fue investigado por CIPER y LaBot. Antes de esa investigación, CIPER había formado parte de otras tres colaboraciones periodísticas internacionales, todas coordinadas por el Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación (ICIJ). Estos trabajos difundieron información inédita sobre movimientos offshore de empresas y empresarios chilenos. Y hasta antes de esas publicaciones, el SII no tenía acceso a esa información.

Fueron las bases de datos con los documentos revelados por esas investigaciones periodísticas, las que permitieron a Impuestos Internos detectar estos nuevos esquemas o “figuras elusivas”. Estas fórmulas, según explicaron en el SII consisten en:

• La remesa de utilidades encubiertas, mediante la cesión de un crédito de una empresa relacionada en el extranjero.
• El depósito de una empresa multinacional en un banco extranjero, el cual, a su vez, efectúa un préstamo a una filial chilena del mismo grupo de la multinacional.
• Un préstamo otorgado por una sociedad anónima abierta a un accionista domiciliado en el extranjero.

En el Catálogo de Esquemas Tributarios 2021 estas planificaciones tributarias están señaladas explícitamente como posibles diseños elusivos.

“En línea con el foco eminentemente preventivo de la Norma General Antielusión, la publicación de este catálogo permite que los contribuyentes conozcan con anterioridad las posibles revisiones de sus operaciones por parte del SII”, agregó la entidad.

Este tipo de esquemas fueron mencionados por dirigentes de las asociaciones de fiscalizadores (AFIICH) y de funcionarios (ANEIICH) del SII en la comisión que revisa la acusación constitucional en contra del Presidente Sebastián Piñera, celebrada este miércoles en la Cámara de Diputados. A la misma instancia está invitado el director de la institución, Fernando Barraza.

Dicha acusación fue promovida por un grupo de parlamentarios luego de que CIPER y LaBot publicaran que las familias Piñera Morel y Délano sellaron la compraventa de Minera Dominga en las Islas Vírgenes Británicas (BVI), un paraíso fiscal (vea aquí el reportaje publicado por CIPER). La publicación de ese reportaje también generó que la Fiscalía abriera de oficio una causa penal para escrutar si en esa operación se cometieron delitos tributarios, cohecho y soborno.

La revelación se enmarcó dentro de los Pandora Papers, otra colaboración internacional coordinada por el ICIJ que, en su capítulo chileno, ha revelado desconocidos movimientos offshore de las familias Piñera Morel, Délano Méndez, Luksic, Cueto Plaza y Errázuriz Ovalle, de figuras como Leonardo Farkas o compañías como la AFP PlanVital (vea aquí el especial con esos reportajes). A la luz de estos antecedentes, el SII informó que también analizará los documentos revelados por los Pandora Papers para “asegurar el cumplimiento de la Ley Tributaria”.

PRIMER ESQUEMA

El primero de los esquemas elusivos detectados gracias a las investigaciones periodísticas sobre paraísos fiscales, consiste en la “remesa de utilidades encubiertas, mediante la cesión de un crédito de una empresa relacionada en el extranjero”. ¿Cómo se ejecuta un movimiento como este y qué implicancias legales podría tener? Impuestos Internos lo explica con la siguiente gráfica:

Fuente: Servicio de Impuestos Internos (la sigla IDPC corresponde al Impuesto de Primera Categoría).

Para saber si una operación de este tipo no cumple con la ley, el SII debe fiscalizar “el origen, naturaleza, cuantía del crédito y el plan de pagos, para comprobar si una vez que ‘A’ adquiere la calidad de acreedor, recibe pagos desde el extranjero, ya sea por concepto de intereses o capital”. De la misma manera, debería trazar los flujos de dinero que se utilizaron “para pagar el precio de la cesión del crédito”, a objeto de determinar o descartar si fueron originados por utilidades producidas en Chile “que no han cumplido totalmente su tributación”.

SEGUNDO ESQUEMA

Para que se configure el segundo esquema de incumplimiento, se necesita la participación de tres actores: una empresa multinacional, una filial chilena de esa compañía y un banco extranjero.

En este contexto, la elusión de impuestos ocurriría cuando la multinacional deposita parte de su capital en un banco fuera del país, el que, a su vez, efectúa un préstamo a la filial chilena de la firma original.

Si ocurre esto, indica el SII, se corre el riesgo de que “la multinacional se beneficie de manera indirecta de la tasa de impuesto del 4% sobre el interés del préstamo que fue otorgado formalmente por un banco internacional a la filial chilena”.

Fuente: Servicio de Impuestos Internos.

Si se identifica una operación como esa, la autoridad tributaria debería “evaluar las razones económicas o jurídicas” que motivaron el depósito que realizó la empresa multinacional en un banco extranjero, e investigar si acaso ese monto es similar al que éste otorgó en calidad de préstamo a la filial chilena.

TERCER ESQUEMA

El tercer diseño que el SII tiene bajo la mira requiere que una sociedad anónima abierta efectúe un préstamo a uno de sus accionistas domiciliado en el extranjero.

En esta estructura, dice la institución, el accionista que se rige por las normas tributarias de otro país podría recibir “flujos (de dinero) sin sujetarse a los impuestos que gravan el delito, remesa o distribución de utilidades tributables”.

Fuente: Servicio de Impuestos Internos.

Si se detecta un caso como este, el SII podría “evaluar la aplicación de la Norma General Antielusiva si se verifica que mediante la celebración de los contratos (…) se busca encubrir el retiro, remesa o distribución de utilidades tributables”.

LOS CHILENOS EN LAS FILTRACIONES

En Chile la ley resguarda las identidades de las personas que son objeto de fiscalizaciones del SII. Solo es posible que se conozcan si los fiscalizados apelan ante los Tribunales Tributarios y Aduaneros (TTA), cuyas sentencias son públicas. En el SII señalaron que en los casos de auditorías realizadas luego de las revelaciones periodísticas no hubo apelaciones ante esos tribunales, porque las observaciones se resolvieron dentro de las mismas auditorías.

Fuentes que conocen de planificaciones tributarias y operaciones en paraísos fiscales, dijeron a CIPER que los empresarios saben que apelar ante los TTA significa exponerse al riesgo de que sus identidades se hagan públicas, y la sanción social y el cuidado de su reputación es algo que les importa. Por lo que, ante este tipo de auditorías, prefieren pagar las multas.

Las decenas de reportajes publicados por CIPER en el marco de los Bahamas Leaks, los Panamá Papers y Paradise Papers, permitieron identificar algunos de los chilenos cuyas operaciones fueron auscultadas por el SII, aunque eso no significa que hayan sido sancionados.

En los Bahamas Leaks, por ejemplo, aparecieron las sociedades ligadas al dictador Augusto Pinochet que se utilizaron en sus operaciones en el Banco Riggs. En Panamá Papers figuraron empresarios como Hernán Büchi; los protagonistas del Caso Chispas (José Yuraszeck y otros); el ex dueño de El Mercurio, Agustín Edwards; el empresario del agua Isidoro Quiroga;  los controladores de Ripley; Alfredo Ovalle (ex presidente de la CPC) y el futbolista Iván Zamorano, entre varios nombres más.

En el caso de los Paradise Papers, aparecieron la filial chilena de la minera Glencore, la que envió un “préstamo” por US$534 millones a una sociedad alojada en Bermudas, y que ejemplifica uno de los esquemas elusivos que el SII añadió a su catálogo. También figuran los negocios con sociedades relacionadas de Alsacia Express, que entonces era la mayor operadora del Transantiago, y que montó una estructura societaria offshore en Bermudas para gestionar su negocio en Chile. Las operaciones en Chile de Walmart (dueña de los supermercados Líder) para mover dinero a Panamá también formaron parte de esos reportajes.

En estas investigaciones, CIPER detectó tres objetivos principales que buscan los chilenos que han constituido sociedades offshore, y que podrían presentar problemas con las normas reguladas por el SII: planificación de herencias y sucesiones que podrían burlar el pago de impuestos, retiros de utilidades bajo la figura de préstamos y deudas por cobrar, y estructuras para ocultar la identidad del beneficiario final de sociedades o fundaciones offshore.