Más asilo, menos opresión
04.10.2021
A la múltiple responsabilidad de autoridades —de Estado y locales—, burócratas, medios de comunicación y población general en torno a las reacciones de rechazo hacia la población migrante apunta esta columna. La situación de desamparo que determina la llegada de estas personas vuelve doblemente lamentables las imágenes vistas el pasado fin de semana en Iquique.
Atestiguamos en estas semanas una intensa cobertura de prensa a la situación de los/as migrantes en el norte de Chile. Con énfasis en el paso fronterizo Pisiga-Colchane, la ciudad de Iquique y el terminal de buses de Antofagasta, se ha puesto en agenda la pregunta sobre qué hacer con la migración irregular.
Hacemos dos llamados. Ante la crisis humanitaria debe haber respuestas a la altura, que faciliten la obtención de la condición de refugiado o de visados temporarios a la población que está ingresando al país, además de una coordinación interinstitucional para otorgar las condiciones mínimas de habitabilidad, con especial énfasis de cuidado sobre niños, niñas y adolescentes migrantes. En segundo lugar, las autoridades públicas y los medios de comunicación deben cuidar la reproducción de discursos o información sesgada que puede exacerbar las reacciones de xenofobia, racismo y otras manifestaciones de odio por parte de la población local[1]. Cuando José Miguel Carvajal, gobernador de Tarapacá, dice que «hay un millón y medio de venezolanos en las fronteras dispuestos a entrar a Chile», clamando por cooperación desde el gobierno central, su frase se convierte en un titular que influye en el estado de ánimo de la población, con consecuencias como las vistas durante el pasado fin de semana en Iquique.
Aunque los flujos de personas migrantes y sus características varían, a comienzos de 2021 también fue posible ver un aumento en la cobertura del tema en medios, coincidente con la reanudación de las expulsiones masivas ejecutadas por el gobierno. En ese momento el Instituto Nacional de Derechos Humanos, organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales ya habían emitido recomendaciones para abordar esta situación. Ante los oídos sordos del gobierno y sus discursos de criminalización de la migración, reproducidos por los medios masivos, el avance de los hechos ha sido aterrador.
El pasado viernes 24 de septiembre comenzó una jornada de desalojo de la Plaza Brasil en Iquique, lugar habitado hace varios meses por extranjeros/as que han ingresado a Chile por pasos no habilitados y que no cuentan con otros espacios para residir. La jornada se inició con imágenes de niños y niñas extranjeros —muchos, nacidos en ruta— despertando a las 7 de la mañana con sus pijamas y peluches rodeados de fuerzas de orden, y terminó con una retroexcavadora levantando las pertenencias de quienes habitaban allí. Al día siguiente, y como punto cúlmine de los acontecimientos, se desarrolló en la ciudad una marcha anti inmigración que concluyó con la quema de carpas y pertenencias de migrantes en situación de calle, principalmente venezolanos/as. La imagen icónica de esa jornada es la de un manifestante vestido con la camiseta de la selección de fútbol de Chile arrojando al fuego un coche para bebés. ¿Será transversal la condena a esta violencia, incluso entre sectores reaccionarios y de ultraderecha que en otros momentos se han manifestado contra los migrantes?
Este punto no debió ser el desenlace. La ocupación de la Plaza Brasil de Iquique comenzó entre fines del 2020 e inicios de este año. Desde entonces ha habido distintas intervenciones institucionales, de gobiernos locales y regionales, que han efectuado catastros y caracterización de la población, entrega de alimentos, facilitación de alojamientos temporales por parte de la sociedad civil, y otros intentos por mejorar lo que sucede. Lamentablemente, y a pesar de la gravedad del fenómeno y los antecedentes existentes, no se han implementado estrategias adecuadas para solucionarlo. No está en discusión que la ocupación de un espacio público con fines de habitación pueda ser molesto para la comunidad cercana, pero sí ha de tenerse en consideración que las condiciones en que se está ocupando ese espacio son de precariedad e insatisfacción de derechos básicos, tales como la alimentación adecuada, la salud o la educación.
Recordemos que la Ley de Migraciones promulgada en mayo del presente año incluye entre algunos de sus principios de protección la primacía del interés superior del niño, niña o adolescente (Artículo 4), la integración e inclusión de la población extranjera (Artículo 6) y, especialmente, en su artículo 9 señala: «No criminalización. La migración irregular no es constitutiva de delito». Sin embargo, autoridades de gobierno han indicado que las expulsiones colectivas volverán a materializarse, argumentando que cuando se ejecutan se produce una baja en los ingresos por paso no habilitado.
La migración segura, ordenada y regular también forma parte de los principios de protección consagrados en la Ley de Migraciones (Art. 7), y ha sido un lineamiento de la gobernanza internacional de las migraciones en las últimas dos décadas. Pero, ¿de qué hablamos cuando repetimos este mantra? Debemos poner atención a las doce muertes de migrantes ocurridas en lo que va del 2021 en el cruce Pisiga-Colchane, o a las redes de tráfico de personas identificadas en la zona, que dan cuenta de la poca seguridad que existe en estas rutas migratorias, desplazadas hacia terrenos hostiles. Adicionalmente, la migración ordenada y regular se ha visto dificultada por la disminución del otorgamiento de visados, especialmente a solicitantes de refugio, y la denuncia que han hecho distintas comunidades migrantes sobre rechazos arbitrarios (sumado al escaso tiempo que se otorga para subsanar dichas solicitudes de visa; tan solo cinco días).
Existen antecedentes, experiencia y capacidad técnica suficientes como para elaborar planes intersectoriales que permitan resolver la precaria situación en que se encuentra la población migrante. Resulta urgente la instauración de un proceso de regularización migratoria permanente que permita la incorporación sociolaboral de las personas y el acceso expedito a servicios básicos. Las políticas migratorias deben ser por la razón y no por la fuerza.
