Nuevos documentos de la operación digitada por la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE) indican que al menos 17 líneas telefónicas fueron intervenidas. Hasta ahora se sabía de interceptaciones a cinco personas -cuatro ex militares que denunciaron corrupción en el Ejército y el periodista Mauricio Weibel-, pero los documentos revisados por CIPER muestran que también fueron espiados otros militares (activos y en retiro) y familiares de uniformados. CIPER contactó a la ciudadana boliviana cuyo nombre fue usado por el Ejército para intervenir ocho celulares bajo el argumento de que ella era una agente que recababa antecedentes estratégicos. Uno de esos teléfonos era de Weibel.
Hasta ahora en el Ejército no han dicho todo lo que saben. Desde hace dos años sus oficiales de inteligencia han prestado declaraciones ante el fiscal de Alta Complejidad Centro Norte, Jaime Retamal, por el espionaje telefónico al periodista Mauricio Weibel (colaborador de CIPER) y a cuatro ex uniformados que denunciaron corrupción castrense. El caso detonó en agosto de 2019, cuando La Tercera destapó la “Operación Topógrafo” e informó que las comunicaciones de estas cinco personas fueron interceptadas por el Ejército. Pero la cifra de ciudadanos espiados es mayor.
CIPER tuvo acceso a documentos de esa operación de inteligencia y pudo constatar que al menos 17 líneas telefónicas fueron intervenidas por la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE). Y en ninguna de las declaraciones prestadas por los jefes de esa unidad ante la Fiscalía se ha dicho una sola palabra sobre las otras personas sometidas a interceptación.
Hasta ahora se sabía que los espiados eran, además del periodista Weibel, los ex uniformados que denunciaron focos de corrupción Rafael Harvey, Juan Pablo Díaz, Carlos Farías Ramírez y Sergio Tudesca. Pero los documentos revisados por CIPER indican que también fueron intervenidos los teléfonos de otros funcionarios del Ejército (activos y en retiro) y de familiares de militares.
CIPER contactó a cuatro propietarios de esas otras líneas telefónicas, todas “pinchadas” por la DINE entre 2017 y 2018, y pudo chequear que entre ellos hay personas que han realizado denuncias internas en el Ejército no relacionadas con temas que deban ser revisados por el área de Inteligencia. Los cuatro negaron estar vinculados con la filtración de documentos militares reservados, que ha sido la explicación de los agentes de la DINE para justificar las interceptaciones.
Uno de los puntos que generó mayor controversia sobre la legalidad de los “pinchazos” es que la DINE pidió autorización al Poder Judicial para realizar las interceptaciones ocultando el nombre de los verdaderos propietarios de las líneas telefónicas. Así, por ejemplo, para intervenir el teléfono del periodista Mauricio Weibel, la DINE informó a la justicia que ese número pertenecía a una ciudadana boliviana que supuestamente recababa antecedentes estratégicos del Ejército.
Del total de documentos con que la DINE solicitó autorización judicial para las 17 intervenciones telefónicas, sólo uno contenía el nombre real del usuario de la línea interceptada. El resto de las identidades de las personas espiadas fueron ocultadas bajo tres nombres distintos: Carlos Andrés Farías Ramírez (ex teniente del Ejército) y dos ciudadanas bolivianas (cuyos nombres de pila son Ludith y Martha) apuntadas como agentes extranjeras. Todos los documentos llevan la firma del entonces jefe de la inteligencia militar, Schafik Nazal, y fueron autorizados por el ministro de la Corte de Apelaciones, Juan Antonio Poblete.
CIPER no encontró mayores antecedentes sobre Ludith y en el Departamento de Extranjería sospechan que podría estar viviendo en Chile sin residencia legal. Pero sobre Martha sí hay datos: es comerciante, ya declaró ante los fiscales y niega ser una agente. CIPER conversó con ella. No se explica por qué su nombre fue usado por la DINE para conseguir autorizaciones judiciales para espiar teléfonos de denunciantes de corrupción militar: “No sé, la verdad. Yo quería saber por qué manejaron mi nombre, eso no me lo explicaron en la Fiscalía y no me han dicho la verdad sobre lo que ha pasado”, dijo a CIPER.
El martes 20 de abril de este año, la Comisión de Control del Sistema de Inteligencia del Estado, de la Cámara de Diputados, convocó a una sesión especial luego de la publicación del reportaje de CIPER “El documento que muestra cómo el Ejército engañó a la Corte de Apelaciones para espiar al periodista Mauricio Weibel”. A la sesión fue invitado el ministro de la Corte de Apelaciones Juan Antonio Poblete, y los ex jefes de Inteligencia del Ejército, los generales Schafik Nazal y Guillermo Paiva.
En la sesión, Poblete señaló que no había sido engañado, lo que ratificó en su declaración ante los fiscales, sin entrar en detalles: “Todo lo que yo he hecho en mi vida lo he hecho verificando que sea lo más verídico posible, por lo tanto, a mí nadie me ha engañado en nada”, dijo, según el testimonio publicado en mayo por La Tercera. De acuerdo con esta declaración, el magistrado habría estado en conocimiento de que los documentos presentados por la DINE, y que él autorizó, contenían antecedentes falsos, pues presentaban los números telefónicos bajo la identidad de un propietario distinto al verdadero.
La Ley 19.974, que regula este tipo de interceptaciones, es taxativa respecto de que las resoluciones judiciales que autoricen estas intervenciones deben ser “fundadas” e incluir “la individualización de la o las personas a quienes se aplicará la medida”. Las razones por las que el ministro Poblete no habría cumplido con estos requerimientos podrían ser aclaradas por la investigación que lleva la Fiscalía.
El ex jefe de la DINE, Schafik Nazal, entregó más antecedentes en su declaración judicial, revelada por Radio Biobío. Dijo que la idea de utilizar los nombres de las ciudadanas bolivianas fue del propio ministro Poblete, para evitar que se filtrara la identidad del periodista Weibel, y que ambas mujeres eran indagadas en otra operación de contrainteligencia.
El ministro Juan Antonio Poblete. Crédito: Poder Judicial.
A pesar de las declaraciones del ministro Poblete y del ex director de la DINE, Schafik Nazal, en la comisión especial de los diputados surgió la duda respecto a si la decisión que tomó el magistrado se ajustó a lo que indica la ley. Según el acta de acuerdos de esa comisión, a la que tuvo acceso CIPER, los diputados que la integran decidieron oficiar al presidente de la Corte Suprema, Guillermo Silva, para que pueda aclarar las dudas respecto al procedimiento:
“A objeto, si lo tiene a bien, se sirva ordenar un estudio para reglamentar el procedimiento especial para las solicitudes, registro, proceso y resoluciones contempladas en el Título V de la ley 19.974, sobre el Sistema de Inteligencia del Estado y crea la Agencia Nacional de Inteligencia”, señala el acta que fue entregada a la Fiscalía por el presidente de la Comisión de Inteligencia, el diputado Osvaldo Urrutia (vea el acta).
La unidad de Comunicaciones del Poder Judicial informó a CIPER que en la Corte Suprema “efectivamente se recibió el oficio” y que “está en tramitación”.
A esta solicitud de los parlamentarios, se suma la indagatoria de la Fiscalía que investiga los posibles nexos del ministro Poblete con el Ejército. La situación del magistrado es compleja, en 2020 fue trasladado a la Corte de Apelaciones de Copiapó por su atraso en la redacción de fallos en Santiago (80 sentencias), y en la ciudad del norte fue sumariado por la misma razón. Cuando fue citado a declarar en ese sumario, no asistió, por lo que la Corte Suprema decidió suspenderlo durante dos meses de sus funciones. Según El Mercurio del 2 de septiembre pasado, hasta esa fecha Poblete no había respondido los oficios enviados por el presidente de la Suprema.
LOS TELÉFONOS PINCHADOS
La estrategia de cambiar las identidades de las personas investigadas por la DINE en los oficios enviados a la Corte de Apelaciones, comenzó con el nombre del ex teniente Carlos Farías Ramírez, quien era investigado por su rol como administrador del grupo de Facebook «Asesorías Administrativas FA’s», a través de la que daba asistencia legal a uniformados que quisieran denunciar irregularidades en instituciones castrenses.
Entre los documentos de la investigación, CIPER comprobó que la DINE asoció el nombre de Farías a nueve teléfonos distintos, pero, según la información enviada por Entel a la Fiscalía, sólo uno era del ex teniente. La documentación entregada por Entel confirma que el número de Carlos Farías fue interceptado entre el 20 de marzo de 2017 y el 14 de enero de 2018.
El 17 de marzo de 2017, el ministro Poblete autorizó una solicitud de la DINE, contenida en el oficio secreto 2417/9, para interceptar cinco teléfonos. En ese documento, el Ejército señala que tras una serie de tareas de contrainteligencia había identificado la filtración de documentos de carácter reservado por parte del ex teniente Carlos Farías, los cuales habían sido publicados en redes sociales «utilizando diferentes teléfonos móviles» del ex uniformado. Pero, la verdad es que sólo uno de esos números correspondía a Farías, entre los cuatro teléfonos restantes se encontraba un celular del ex capitán Rafael Harvey y otro de una civil que es familiar de un uniformado.
Bajo la identidad de la ciudadana boliviana Ludith aparecen cuatro números distintos. El Ejército argumentó que la mujer podía ser una agente extranjera, como quedó en evidencia en el oficio secreto 2417/21 de la DINE, en el que se señala que “se ha comprobado” que Ludith se comunica con distintas personas por un número de teléfono en Chile, pero que su «participación en actividades de inteligencia aún no es posible confirmar o descartar«. Por lo mismo, la DINE pidió prorrogar estas interceptaciones.
CIPER se contactó con la usuaria del único número intervenido bajo el nombre de Ludith que se encuentra activo, el que figura en el oficio de la DINE 2417/20. Se trata de una ciudadana chilena que dijo no conocer a nadie con el nombre de Ludith. Este teléfono también figura en otros documentos bajo el nombre de Martha, la otra ciudadana boliviana sindicada por la DINE como agente extranjera (ver el oficio de la DINE 2417/24).
En el caso de Martha son ocho los teléfonos que aparecen asociados a su nombre, ninguno de ellos ha sido propiedad de la ciudadana boliviana, según consta en las respuestas enviadas a la Fiscalía por las compañías Entel y WOM, el 18 y 23 de diciembre de 2020. Entre los números intervenidos bajo el nombre de Martha figura uno de propiedad del ex capitán Harvey, otro del periodista Mauricio Weibel y un número propiedad del ex teniente Carlos Farías Ramírez. En las respuestas de las compañías telefónicas a la Fiscalía también aparece que uno de estos celulares pertenece a una civil. Contactada por CIPER, ella pidió mantener su nombre bajo reserva, pero confirmó que es cónyuge de un ex militar relacionado con un caso de corrupción interna.
LOS MONITORES
Entre los documentos analizados por CIPER figura el nombre de Claudio Oyarzún Ithurralde como “responsable técnico” de las escuchas telefónicas encargadas por la DINE entre 2017 y 2018. Oyarzún fue denunciado por el periodista Javier Rebolledo en octubre de 2019 como uno de los efectivos que disparó en medio de una manifestación en el Paseo Bulnes, durante el estallido social.
Un ex asesor jurídico de la DINE durante esa época, explicó a CIPER que Oyarzún era el jefe de la unidad, pero que “bajo su mando tenía personal técnico también, que entre otras funciones, tenían a cargo las intervenciones. Ellos precisamente eran los que proponían los números y personas objetivos al jefe. Una vez aprobados, me los comunicaban a mí para que confeccionara los oficios para la firma del Director y posterior tramitación”.
Marcelo Ekdahl, ex asesor del director de la DINE, declaró ante la Fiscalía el 7 de mayo de 2021. En su testimonio explicó que cumplió distintas funciones en la inteligencia militar, pero que en 2014 se retiró voluntariamente y que después asumió como asesor jurídico del director de Inteligencia, cargo que ocupó hasta 2020. Al momento de declarar, dijo que se desempeñaba como asesor del director de la Agencia de Cooperación Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Respecto a las intervenciones de la Operación Topógrafo y la decisión de ocultar los nombres reales de las personas que serían intervenidas, Ekdahl Giordani explicó a la Fiscalía que entre las solicitudes enviadas a la Corte de Apelaciones “se registró el nombre de una persona extranjera y los números telefónicos de los involucrados en esta causa. Lo anterior, de acuerdo con lo dispuesto por el mismo ministro Poblete”. Explicó que se usó esa fórmula porque existía “temor que se filtrara la información en el proceso de registro de estas resoluciones en el Poder Judicial”.
En cuanto a la inclusión de los nombres de las ciudadanas bolivianas Martha y Ludith, el mayor en retiro aseguró que “hasta donde yo sé, ambas personas existen, que también fueron blanco de inteligencia”, además descartó “absolutamente” que estas personas hayan sido intervenidas por hechos de corrupción en el Ejército.
Y aunque Ekdahl aparece en los oficios de las compañías de telecomunicaciones a la Fiscalía como “responsable” de las interceptaciones, él aclaró ante la Fiscalía que su rol no era ese.
EXPERTOS DIVIDIDOS ACERCA DE LAS FORMALIDADES DE LA AUTORIZACIÓN
El cambio de los nombres de las personas cuyos teléfonos iban a ser “pinchados” en los oficios que la DINE envió a la Corte de Apelaciones ha generado debate entre expertos en las normas de inteligencia.
El Capítulo V, artículo 28, de la Ley N°19.974 (que regula el sistema de inteligencia) señala que “la resolución judicial que autorice o deniegue la utilización de los procedimientos a que se refiere el artículo 24 (interceptaciones) deberá dictarse sin audiencia ni intervención del afectado ni de terceros, y será fundada”.
Y agrega que “la resolución que autorice el empleo de los mencionados procedimientos deberá incluir la especificación de los medios que se emplearán, la individualización de la o las personas a quienes se aplicará la medida y el plazo por el cual se decreta, que no podrá ser superior a noventa días, prorrogable por una sola vez hasta por igual período”.
Daniel Soto -abogado, consultor corporativo, especialista en derechos humanos y políticas de seguridad- señala que “es legítimo y aceptable que los servicios de inteligencia puedan emplear procedimientos especiales para obtener información que limiten o restrinjan los derechos fundamentales de las personas, en la medida que estas diligencias cumplan con los estándares internacionales de derechos humanos”.
Pero, como la ley establece que la autorización debe ser otorgada a través de una resolución judicial fundada que individualice a las personas que serán interceptadas, Soto se refiere a las autorizaciones emitidas por el ministro Poblete que incluyeron nombres falsos: “En estricto rigor la ley no faculta para que se pueda disponer de una diligencia de intervención o interceptación de comunicaciones, intrusión telefónica o de sistemas y redes informáticas, escuchas o grabaciones telemáticas, sin identificar exactamente a la persona a quien se va a dirigir”.
Una visión distinta tiene el ex director de la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), Gonzalo Yuseff, quien señala que el ministro Poblete “puede” autorizar la interceptación de comunicaciones y visar un documento sabiendo que éste contiene información falsa, ya que “jurídicamente es el que tiene la facultad de autorizar las interceptaciones”.
“La ley no da cuenta de qué tan fundada tienen que ser las solicitudes, a diferencia de las interceptaciones que se piden en materia procesal penal. En materia de la Ley de Inteligencia (…) se puede suponer que se entreguen más antecedentes en el momento, también puede haber una comunicación verbal, eso no lo impide la norma tal y como está redactada. Entonces si sabía, sabía. Ahora, quién pondera eso es justamente ese ministro, que es designado por la Corte para que se cumplan las finalidades de la ley”, agrega Yuseff.
La misma línea sigue Pedro Anguita, ex jefe de la división jurídica de la ANI y académico de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad de Los Andes, quien señala que “si uno va a la Ley de Inteligencia, entrega pocos detalles acerca de la forma. Siempre hay un principio de buena fe en todas las actuaciones de cualquier autoridad del Estado. Si hay una rama de las Fuerzas Armadas que recurre a un ministro de la Corte y le señala un número telefónico y da los argumentos para que sea autorizada esta interceptación, la verdad es que la ley no arroja mayores detalles”.
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