Cartas: Docencia y CPEIP frente a la nueva Constitución

Las y los trabajadores del histórico Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas (CPEIP), adscritos a la Asociación Nacional de Funcionarios del Ministerio de Educación (ANDIME), reconocen en este documento su deuda con las profesoras y profesores del país, y reflexionan sobre los desafíos que, respecto de ellos y su desarrollo profesional, tenemos como sociedad. Más que defender la inclusión de contenidos específicos en una Nueva Constitución sobre estas materias, este documento tiene un carácter técnico y reflexivo, con que busca apoyar el trabajo de los convencionales constituyentes mediante la exposición sintética de evidencias y el levantamiento de alertas. Algunos de sus principales temas fueron abordados en un conversatorio con convencionales constituyentes, disponible aquí.

Al mes de julio de 2021, en un total de 15.247 establecimientos educacionales del país había 267.543 docentes en ejercicio. Estos profesionales se desagregan en el Cuadro 1. Un 75% son mujeres. Por una cuestión demográfica, es la profesión más numerosa del país, sin contar a los cerca de 50 mil docentes que se hallan en su formación inicial, ni a los profesores que no están ejerciendo, de quienes no tenemos datos fiables.

Bajo dependencias exclusivamente públicas, trabajan en el sistema 113.195 docentes de Básica y Media, y 9.255 educadoras y educadores de párvulos. Suman el 46% de la dotación nacional. En tanto, todas y todos los docentes de Chile concentran su horario mayoritariamente en la Enseñanza Básica, con un 53%, equivalente a 142.994 profesionales de la educación. Le siguen la Enseñanza Media Científico-Humanista para niños y jóvenes, con un 19%; Educación Parvularia, con un 9%; Enseñanza Media Técnico-Profesional, con un 7%, y la Educación Especial e Integración Escolar, con un 5%. Sólo 5.831 profesoras y profesores concentran su horario en Educación de Adultos, un 2%, y apenas 76 docentes a nivel nacional lo hacen en la Enseñanza Media Artística. Finalmente, otro 5% de la dotación nacional no está haciendo clases.

LA LEY DE “CARRERA DOCENTE”

La Ley Nº 20.903, de 2016, creó el Sistema de Desarrollo Profesional Docente (SDPD), compuesto de un Sistema de “Apoyo Formativo” y de otro de “Reconocimiento y Promoción”. La administración y ejecución de sus principales procesos fue encargada al Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas (CPEIP), institución del Estado que, no obstante su larga tradición, es un “departamento de asesoría técnica” de menor rango y autonomía que otras divisiones y departamentos de la Subsecretaría de Educación.

La idea a la base del SDPD, que deberá someterse a una evaluación internacional en 2022 según el artículo 19 W, es que, mediante el apoyo de una serie de programas, cursos, actividades de formación y becas gratuitas y voluntarias, los docentes del sistema puedan ir mejorando sus resultados en la Evaluación Docente y en la Evaluación de Conocimientos Específicos y Pedagógicos (ECEP). A mejores resultados en estas evaluaciones estandarizadas y a mayor acumulación de años de experiencia profesional, los docentes de aula pueden subir sus remuneraciones mediante el mecanismo de progresión en tramos que es conocido como “Carrera Docente” (Cuadro 2).

La mejora salarial para los docentes que alcanzan los tramos Experto I y II es muy significativa, pero ha impactado sólo a un 5% de la dotación nacional, quienes, además, tienen al menos 8 y 12 años de experiencia profesional, respectivamente, para haber obtenido este beneficio. El SDPD no contempla otras trayectorias de avance profesional u otras vías de reconocimiento que no sean salariales, y durante su implementación, la deserción durante los 5 primeros años de ejercicio profesional ha aumentado, mientras que las matrículas en carreras de pedagogía han disminuido progresivamente. En efecto, la Carrera Docente es percibida como un dispositivo con consecuencias puramente administrativas y pecuniarias. El incremento del tiempo no lectivo ha sido muy lento y no tenemos evidencias de su efectivo impacto en el sistema. No contamos con una Carrera Directiva. Respecto de cómo el SDPD ha impactado en la calidad de la enseñanza, no tenemos información, aunque la “aguja” de las evaluaciones estandarizadas nacionales no se ha movido, mientras aumenta la crítica de las comunidades escolares y de la academia acerca de su validez y confiabilidad metodológica, la discriminación entre escuelas y estudiantes por resultados y ranking, y sobre todo, respecto del agobio y la carga laboral innecesaria que efectivamente producen en los estudiantes, docentes y el sistema en general.

HACER EN CPEIP LO QUE PEDIMOS DE LOS DOCENTES

Exigimos de los docentes del sistema desempeños y actitudes que nosotros mismos no hemos logrado incorporar. Encarecemos en las profesoras y profesores del sistema el trabajo colaborativo, la retroalimentación, la reflexión, pero en CPEIP no implementamos estas prácticas. La crítica es vista como insubordinación o como ataque, y no como una actitud básica para cualquier mejora profesional y organizacional. Esto debe cambiar. La horizontalidad debe pasar de ser declarativa, a ser práctica. Esto sólo se da en el diálogo respetuoso entre pares.

Autocríticamente, pensamos que desde hace mucho tiempo el CPEIP no ha escuchado genuinamente a los docentes y que se ha distanciado de su realidad. No hemos atendido sus consultas y requerimientos con la claridad, respeto, diligencia y dignidad que ellas y ellos merecen, lo que se ha agudizado en el presente contexto de pandemia. No tenemos con ellos una comunicación expedita y cercana, que nos permita detectar oportunamente sus urgencias y necesidades, y que nos permita darles orientación oportuna respecto de las políticas educacionales. Los hemos hecho sentir agobiados en vez de valorados, y no nos hemos preocupado de sus aflicciones personales ni de fomentar su participación vinculante con las políticas públicas. El apoyo formativo se ha canalizado mediante la compra de servicios de formación, la inducción y la mentoría a principiantes tiene una muy baja cobertura y se gasta mucho más en la Evaluación Docente que en los procesos de formación continua a docentes, directivos y asistentes de la educación. Además, los datos que generan nuestros procesos no son fácilmente accesibles a cualquier ciudadano que quisiera revisarlos. Desconocemos el real impacto y costo fiscal de las Asistencias Técnicas Educativas (ATE), que operan sin vinculación con el CPEIP, y que durante 2020 implementaron 4.713 acciones en 2.353 escuelas, según datos nacionales de los Planes de Mejoramiento Educativo (PME).

Nuestro espacio privilegiado, en el piedemonte de Santiago, realzado a través de una publicación reciente sobre su patrimonio documental y arquitectónico, ha dejado de ser acogedor para profesoras y profesores, y ha perdido el valor reflexivo, formativo, académico, investigativo e innovador con que fue concebido, durante el Gobierno de Eduardo Frei Montalva. Ni siquiera el internado en que se hospedaron miles de docentes de todos los rincones de la República, e incluso a nivel Iberoamericano, está hoy apto para atenderlos.

Sin embargo, tenemos claro que una declaración culposa en estos temas por parte del CPEIP, a solas, no procede. Organizaciones autónomas del Estado, empresas privadas y entidades educacionales ministeriales, gremiales, académicas y de la sociedad civil, entre otros actores, deben hacer lo propio.

Respecto de las escuelas, no tenemos un nexo institucional con ellas, y hemos tenido allí una escasa presencialidad y articulación con otras instituciones que sí inciden significativamente en su quehacer, principalmente aquellas de un nivel local. Hemos abandonado por completo la experimentación pedagógica que explica la “E” de nuestro nombre. Desconocemos y dejamos sin apoyo a redes informales, pero potentes, que operan entre los establecimientos del país. Olvidamos el mandato fundacional de Juan Gómez Millas de “ayudar constantemente al maestro de las lejanas tierras repartidas en toda la República” y de “llegar a aquellos lugares a donde llega escasamente el libro, o la revista o la noticia clara”.

Como trabajadores del Estado tenemos voluntad e interés en cambiar esta situación, pero el marco institucional es adverso. La verdadera autonomía en el sector público se relaciona con instalar capacidades al interior de sus equipos, permitir su desarrollo y por dejar de externalizar sus tareas, mediante mecanismos transparentes de selección, promoción y reconocimiento que asociamos a la imprescindible modernización del Estado. Bajo la actual administración, el CPEIP ha disminuido su dotación en un 22,9% —de 166 a 128 personas entre 2018 y el presente—, contraviniendo el programa de fortalecimiento que contempló la Ley Nº 20.903. Se trata de nuestro mínimo histórico, incomparable con los 309 que teníamos en 1969, y con nuestro máximo, de 446 trabajadoras y trabajadores, registrados a la mañana del 11 de septiembre de 1973. Las profesoras y profesores del sistema se sorprenderán de saber que el equipo de Carrera Docente, eje central del SDPD, cuenta con apenas dos personas en nuestro Centro.

El equipo a cargo de los cálculos de remuneraciones de la Carrera Docente fue trasladado a la Unidad Nacional de Subvenciones, y quedamos sin especialistas en Compras y en Jurídica, lo que ha ralentizado considerablemente todos los procesos administrativos, incrementando nuestra dependencia del Nivel Central del Mineduc.

CPEIP no ha generado cursos sobre el Estatuto Docente ni sobre la Política Nacional Docente. Lo ha hecho a propósito de la implementación de algunos decretos, pero ha descuidado la legislación educacional y los grandes marcos regulatorios, prefiriendo, en esto, las tácticas comunicacionales por sobre estrategias sólidas de formación continua que fortalezcan a las y los docentes respecto a sus derechos y obligaciones. Es sintomático que, en los últimos 3 años, no hallamos generado ni un solo reglamento, ni siquiera algunos que siguen pendientes para la Ley Nº 20.903. Sin embargo, aspiramos a una institucionalidad garante de los derechos de los docentes, asegurando que estos sean conocidos y respetados en los niveles e instancias que corresponda.

Queremos apoyar a las profesoras y profesores en los ámbitos técnico-pedagógico, emocional, tecnológico y administrativo, con la calidad y pertinencia que declara la ley. Para ello necesitamos escuchar de verdad a los docentes, efectuando un levantamiento permanente de sus urgencias y necesidades, de tal forma que las acciones formativas que impulsa el Estado sean pensadas con ellas y ellos, en atención a sus contextos reales de desempeño. Ni siquiera hemos puesto atención a las acciones de mejoramiento educativo que planifican nuestras escuelas, ni a las decisiones consultivas y resolutivas de los consejos de profesores.

Quienes más saben sobre el trabajo pedagógico se encuentran en las aulas, y no en los escritorios estatales. Las y los docentes deben tener la oportunidad de ser protagonistas de sus propias trayectorias formativas, a través de mecanismos de diálogo y participación colectivos. Las y los profesionales del CPEIP no somos quienes para “dar cátedra”. Debemos fomentar la autonomía docente, el trabajo en red, el trabajo territorial, el trabajo colaborativo, metodologías robustas y, principalmente, las iniciativas exitosas que surjan desde las propias comunidades escolares.

El CPEIP debe recobrar el liderazgo académico y pedagógico que tuvo en sus orígenes. Es una institución señera de más de 50 años, internacionalmente reconocida. Debe retomar un alto nivel académico, realizar proyectos de innovación, publicar investigaciones, desconcentrar y descentralizar su formación. Debe, por fin, asumir un compromiso ético y explícito con la educación pública.

ASPECTOS CRÍTICOS: ESTÁNDARES Y ESCASEZ DE DOCENTES

Queremos promover un proceso de evaluación docente que permita la mejora de la calidad de la enseñanza y del desarrollo profesional, y que no sea sólo un instrumento de categorización. Nuestros procesos evaluativos —desde sus especificaciones técnicas, rúbricas y análisis de resultados históricos—deben ser confrontados y tensionados con las prácticas pedagógicas reales.

En este sentido, hemos demorado excesivamente en ofrecer al sistema, por mandato de la Ley Nº 20.903, un nuevo Marco para la Buena Enseñanza (MBE) y Estándares para la Profesión Docente, sin que se haya transparentado qué personas u organizaciones han asesorado este proceso y con qué costos para el erario. Los estándares de desempeño docente debieron presentarse a la aprobación del Consejo Nacional de Educación (CNED) el 1 de abril de 2018, pero recién se presentaron el 13 de abril de 2020 bajo el nombre de “Instrumentos Referenciales de la Política Docente”. Dicha propuesta fue observada duramente por el CNED, y el 22 de enero de 2021, el Mineduc presentó al Consejo una nueva propuesta llamada “Estándares de la Profesión Docente”. El 31 de marzo de 2021, el CNED aprobó, con observaciones, el nuevo MBE, los Estándares Pedagógicos de Formación Inicial Docente (FID) y 8 de los Estándares Disciplinarios FID. Se rechazaron los estándares pedagógicos para la Educación Media Técnico Profesional, los estándares disciplinarios para la FID de Historia, Geografía y Ciencias Sociales de Educación Básica; Lenguaje y Comunicación de Educación Media; Música de Educación Básica y Media; Ciencias Naturales de Educación Básica; Biología de Educación Media; Química de Educación Media, y Física de Educación Media. No se presentaron estándares disciplinarios FID para Filosofía.

Los estándares disciplinarios FID de Educación Parvularia merecen un párrafo aparte, pues mediante una carta abierta de 12 de agosto de 2021, 14 académicas/os expertas/os de 11 universidades del país que asesoraron a la correspondiente Subsecretaría, presentaron una carta para denunciar “la manipulación y abolición de los Estándares Disciplinares científica y participativamente formulados”. Esta denuncia fue refrendada mediante una carta del día siguiente, remitida por la Facultad de Educación de la Universidad de Los Andes, que suscribió un convenio de colaboración con el Mineduc relacionado con la elaboración de estándares. En ella solicitan retirar “del documento final a enviarse al CNED el nombre de nuestra institución y los nombres de todas aquellas personas de la Universidad de Los Andes que participaron en el proyecto”. Las provinciales de ANDIME de la Subsecretaría de Educación Parvularia y de CPEIP han adherido íntegramente a la preocupación y desazón que expresan estas cartas mediante una declaración pública de 20 de agosto de 2021, que denuncia, en la propuesta actual, la introducción de sesgos formativos y una orientación escolarizante, indebida para el nivel.

Consideramos que la elaboración de los estándares, en general, no ha sido suficientemente amplia, dialogada y participativa, ni con la comunidad, ni al interior del propio CPEIP. La necesidad legal de fijarlos surgió con el Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad (SAC) de la Educación Parvularia, Básica y Media, creado por la Ley 20.529 de 2011, durante la primera administración de Sebastián Piñera, con el objetivo de validar los mecanismos de evaluación de los docentes. Este sistema está desarticulado del ejercicio de la profesión y su mejora, fomentando la estandarización, la exacerbada rendición de cuentas, el desempeño individual aislado y fragmentado, y el agobio contra el que se reclama con justicia. Creemos que Chile se ha pronunciado claramente en rechazo de este paradigma, más ideológico que técnico, que está asfixiando al sistema educacional en Chile, inhibiendo la autonomía y perjudicando la profesionalización docente. Necesitamos modificar este modelo coercitivo, confiando más en las comunidades educativas, para que puedan desarrollar una enseñanza pertinente a la enorme variedad de contextos educacionales que tiene nuestro país.

Otro aspecto crítico es que Chile necesita que la formación inicial de las y los docentes no sea regulada por el mercado de las instituciones de educación superior. El Estado debe asegurar la provisión de docentes idóneos y comprometidos según territorio, nivel y especialidad. Cuando creíamos que los problemas de cobertura en el sistema estaban superados, y que sólo debíamos enfocarnos en la mejora de la calidad, advertimos que en los próximos años enfrentaremos una crítica escasez de docentes en función de los estudiantes que deben ser atendidos; de un curriculum que, forzosamente, deberá adaptarse a las condiciones de un mundo cambiante, y de un país que clama por desconcentración y descentralización. Se proyectan déficits de docentes en todos los niveles, especialmente en Enseñanza Básica y en Ciencias, y en las zonas más aisladas y vulnerables. Sin embargo, es difícil trabajar con estos datos, pues Chile no cuenta con un registro único nacional de títulos y grados, que permita llevar el control sobre los profesionales disponibles y la oferta académica al respecto. Hay una estructura completa que debe repensarse, y en esto se requieren distinciones territoriales que den cuenta de la enorme diversidad de Chile, su geografía y su gente. Se ha derrochado dinero en campañas publicitarias para atraer y retener estudiantes de pedagogía, pero si la Carrera Docente no es realmente atractiva y socialmente respetada, la escasez de docentes idóneos sólo empeorará.

En virtud de todo lo expuesto, las y los trabajadores del CPEIP adscritos a ANDIME, coincidimos en que el Estado chileno debe velar —más allá de la implementación del SDPD, o del sistema que lo mejore o que lo reemplace—por los derechos, el bienestar y el desarrollo profesional de nuestros docentes, directivos y asistentes de la educación, quienes son la piedra angular de todo sistema educativo. Internamente, no tenemos acuerdo sobre si esto debe efectuarse a partir de una agencia o institución autónoma o de un CPEIP fortalecido en la orgánica ministerial, pero sí coincidimos en la convicción unánime de que un país como Chile sólo conseguirá el desarrollo sobre la base de otra Educación.

Hoy, las y los docentes son responsables de su avance en el desarrollo profesional. Creemos, sin embargo, que una necesidad tan sentida no puede ser dejada a la iniciativa individual. La sociedad chilena, en su conjunto y con toda su diversidad, debe asegurarse del mejoramiento integral y sostenido de las condiciones de quienes están a cargo de la educación formal de nuestros niños, niñas, niñes y adolescentes.

Firman a nombre de las trabajadoras y trabajadores de ANDIME-CPEIP,

Soledad Román Araya, Presidenta

Tomás Neira Iturrieta, Tesorero

Rodrigo Torres Cañete, Secretario