Disputa por los fondos del litio: las zonas grises de la millonaria licitación del Instituto de Tecnologías Limpias

“Hay que ser muy rigurosos con los conflictos de interés”, respondió en una entrevista Pablo Terrazas (UDI), vicepresidente de CORFO, cuando se le consultó por la licitación del Instituto de Tecnologías Limpias. Un proyecto de US$193 millones en el que participaron las universidades más prestigiosas del país, que hoy enfrenta denuncias de conflictos de interés y cambios de reglas del juego a última hora, como una modificación clave que benefició al conglomerado ganador, Associated Universities Inc., mientras el proceso aún estaba en curso. Esa modificación fue propuesta por el mismo Terrazas, pese a que se había inhabilitado de participar en la licitación por conflictos de interés.

El 4 de enero de este año, el Consejo de CORFO adjudicó la licitación del Instituto de Tecnologías Limpias (ITL) al consorcio Associated Universities Inc (AUI), compuesto por cuatro universidades chilenas y dos extranjeras. Felipe Commentz, gerente general de la entidad estatal, estuvo a cargo de presidir la instancia, en reemplazo del vicepresidente Pablo Terrazas, quien se inhabilitó de participar en el proceso por conflictos de interés.

Commentz también encabezó la comisión encargada de evaluar las propuestas de los tres participantes en competencia por la licitación que, en un principio, comprometía US$193 millones. Sin embargo, Felipe Commentz no transparentó los vínculos que mantiene con algunos de los involucrados en los consorcios que postularon: durante al menos siete años formó parte del directorio de Econsult (ver documento),una sociedad que presta asesoría en inversiones, donde compartió asiento junto a Hernán Cheyre, director del Centro de Investigación y Empresa de la Universidad del Desarrollo (plantel parte de AUI), y José Ramón Valente, presidente de Fundación Chile, uno de los consorcios que participaron en la licitación.

Otro hecho clave que marcó la licitación ocurrió el 30 de octubre del 2020, a las 9:10 horas, en el octavo piso del edificio institucional de CORFO. Ese día se celebró una sesión extraordinaria del Consejo Directivo de la entidad que cambió el curso del inédito y millonario proyecto de la corporación para impulsar la investigación en energías sustentables y desarrollo tecnológico en la Región de Antofagasta. Los dos consorcios más fuertes en competencia eran Associated Universities Inc (AUI) y Alta Ley. En el primero participaron la Universidad de Atacama, Universidad del Desarrollo (UDD), Universidad San Sebastián (USS) y Universidad Autónoma; estas últimas tres casas de estudio están vinculadas históricamente a la derecha. En el segundo, estaban involucradas algunas de las universidades más importantes del país: Universidad Católica, Universidad de Chile, Universidad de Santiago, Universidad de Concepción, entre otras, en conjunto con empresas ligadas a la producción energética y minera.

“El Sr. Terrazas sugiere a los demás consejeros modificar la citada cláusula decimoquinta del Contrato para Proyecto en el Salar de Atacama”, se lee en el acta (ver documento) de esa sesión extraordinaria. La modificación propuesta por el vicepresidente de CORFO, Pablo Terrazas, alteraba drásticamente la licitación: se proponía restarle US$50 millones al monto original del proyecto (US$193 millones), para redestinarlos a iniciativas para producir hidrógeno verde a cargo de la cartera de Energía, encabezada por el biministro Juan Carlos Jobet, quien también estaba presente en ese consejo.

Este cambio coincidía con el monto incluido en la propuesta de AUI, quienes siete meses antes del consejo del 30 de octubre postularon a US$142 millones. Esta modificación tomó por sorpresa a los demás consorcios, quienes no consideraron este recorte en sus proyectos, ya que concursaron por la totalidad de los aportes de investigación y desarrollo implicados. Al no estar incluido dentro de las bases de la licitación, este cambio perjudicó a los competidores de AUI, pues las postulaciones estaban cerradas desde el 31 de marzo de 2020. A pesar de que se había inhabilitado de participar en el proceso por conflictos de interés, Pablo Terrazas fue quien sugirió esa modificación del contrato, siendo aceptada de forma unánime por el consejo.

Pablo Terrazas, vicepresidente Ejecutivo CORFO.

Desde el inicio de la licitación en 2018, una serie de procedimientos confusos ensombrecieron todo el proceso: modificaciones intempestivas a las bases de la licitación y a la cláusula de uno de los contratos entre CORFO y SQM Salar, que servía de base para el proceso, mientras este aún estaba en curso. Además de sospechas de eventuales conflictos de interés no declarados por parte de algunos miembros de la comisión encargada de evaluar las postulaciones. También, la comisión evaluadora desestimó una asesoría extranjera realizada por un equipo de expertos que calificó con un puntaje mayor la propuesta de Alta Ley. Sumado a todo esto, el proceso licitatorio nunca se sometió a la toma de razón por parte de la Contraloría General de la República.

Pablo Terrazas, por su parte, incumplió un acuerdo pactado con las comisiones de Energía y Minería y Desafíos del Futuro del Senado, que consistía en atender los cuestionamientos de transparencia planteados por los senadores antes de que resolviera la licitación. A pesar de adquirir ese compromiso, AUI fue declarado ganador del concurso antes de que Terrazas asistiera a las comisiones acordadas con los parlamentarios.

Estos antecedentes, así como otros hechos que marcaron la trama de la licitación del ITL, fueron denunciados por las universidades chilenas del Consejo de Rectores que conforman la propuesta de Alta Ley, en un recurso de protección acogido a trámite por la Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago el 4 de marzo y que aún está a la espera de su resolución. Además, un grupo de senadores de oposición, encabezados por el PPD Guido Girardi, también han sido críticos de cómo se gestó y llevó a cabo el concurso de CORFO: el 14 de enero se convocó a una sesión especial en la Cámara Alta para discutir la adjudicación del ITL y se presentó un proyecto de acuerdo para solicitar al Ejecutivo que deje sin efecto la licitación (ver documento).

En paralelo, se designó a una comisión investigadora en la Cámara de Diputados que comenzó a sesionar el 16 de agosto. Entre sus primeros citados se encontraba el candidato presidencial de Chile Vamos, Sebastián Sichel, exvicepresidente de CORFO, con quien inició el proceso de licitación del ITL. Sichel estaba citado para la sesión del lunes 30 de agosto, sin embargo, adujo que no tenía “antecedentes que aportar” y no asistió. Existe también un oficio en Contraloría presentado por los mismos senadores para declarar desierto el proceso. “Se está estudiando la posibilidad de presentar una acción penal por prevaricación”, sostiene uno de los abogados que representa a Alta Ley.

LA PROPUESTA PEOR EVALUADA

En mayo de 2014, durante la gestión del exvicepresidente Eduardo Bitrán, CORFO emprendió una ofensiva legal en contra de SQM Salar que duró cuatro años y constó de dos demandas presentadas ante la Cámara de Comercio de Santiago, ambas por irregularidades en los contratos que le permiten a la minera no metálica explotar los yacimientos de litio en el Salar de Atacama (vea reportaje en CIPER). “Estábamos convencidos de que habían ocurrido incumplimientos graves por parte de SQM que, de acuerdo con el Código Civil, eran suficientes para pedir el término anticipado de los contratos”, sostiene Bitrán.

Se solicitaba rescindir los contratos de Proyecto y Arrendamiento, acuerdos legales celebrados en 1993 entre CORFO y SQM Salar que estipulan las condiciones de concesión, explotación y comercialización del litio en el Salar de Atacama. Sin embargo, las exigencias de la corporación estatal no fueron admitidas en el arbitraje y ambas partes debieron sentarse a renegociar los contratos. Producto de esa negociación, el 17 de enero de 2018 se firmó un acuerdo de conciliación que estableció nuevas condiciones para que SQM Salar continuara con la concesión en el Salar de Atacama. Entre ellas, se mandató a la compañía a destinar de sus utilidades aportes anuales para uno o más institutos sin fines de lucro que “lleven a cabo actividades de investigación y desarrollo”, se lee en la cláusula decimoquinta del contrato de Proyecto (ver documento).

El monto total de los aportes para investigación y desarrollo se fijó en US$193 millones que SQM Salar efectuará desde el 2018 hasta el 2030, destinando anualmente recursos que van desde los US$9 millones hasta los US$17 millones. Desde CORFO, han asegurado que esta es la mayor inversión que se ha hecho en un proyecto de estas características en Latinoamérica. “El ITL tiene mucha trascendencia e impacto no sólo a escala económica, sino a escala global en términos medioambientales. Cuando traspasas la matriz energética del combustible fósil a otra matriz energética como al hidrógeno o energía eólica, vas aumentando tu carbono neutralidad”, explica Domingo Ruiz, doctor en química y miembro del consejo técnico que preparó la licitación del ITL.

Salar de Atacama.

Cuando se firmó el acuerdo de conciliación en enero de 2018, a Eduardo Bitrán le restaban sólo dos meses de su gestión al mando de CORFO, por lo que no pudo concretar la idea con que concibió el ITL: “Lo pensamos como una institución pública y que tuviera un balance de actores que protegiera el interés nacional. La idea era crear un gran centro tecnológico en el norte del país”, explica Bitrán. Pero con la llegada de Sebastián Sichel a la vicepresidencia de CORFO, en mayo de ese año, el rumbo del ITL tomó otra dirección y bajo su administración se resolvió que el instituto se sometería a un proceso de licitación.

El proceso contempló dos etapas. La primera comenzó en noviembre de 2018 y su objetivo era evaluar las capacidades de los potenciales participantes para la segunda y definitiva etapa del proceso (ver documento). En esta fase de la licitación, cuatro propuestas fueron declaradas admisibles: AUI, Alta Ley, Fundación Chile y Fundación Fraunhofer. Esta última institución más tarde se integró a la propuesta de Alta Ley, compuesta por distintas universidades públicas y privadas del país. Además, en esta etapa se entregó una bonificación del 5% para las propuestas mejor evaluadas que luego repercutiría en el puntaje definitivo de la segunda etapa. El único consorcio que no recibió bonificación fue AUI, la propuesta peor evaluada en esta primera fase (ver documento).

En algunas de las universidades chilenas que participan en Associated Universities Inc hay actuales y ex autoridades de gobierno. Sebastián Sichel, antecesor de Pablo Terrazas en la vicepresidencia de CORFO hasta junio de 2019, es desde el 2016 académico de la Universidad San Sebastián y fue director de la Escuela de Gobierno. Andrés Chadwick, exministro del Interior, fue director del Centro de Derecho Público en esa misma casa de estudios y se mantiene como académico ad honorem en la carrera de Derecho, según han informado desde la propia universidad. Mientras, Cristian Larroulet, hombre de confianza del Presidente, es uno de los fundadores de la Universidad del Desarrollo. Además de estas universidades, en la propuesta de AUI participan dos universidades extranjeras: Colorado School of Mines y Universidad de Utah.

JUEZ Y PARTE

La segunda etapa de la licitación comenzó en octubre de 2019. En esta fase los participantes enviaron sus propuestas definitivas para el desarrollo del ITL, con plazo hasta el 31 de marzo de 2020. La comisión encargada de evaluar a los participantes de la licitación sesionó sólo una vez, el 15 de octubre de 2020. En esa instancia, en una escala de 1 a 5, AUI fue evaluada con un 4,5 y Alta Ley consiguió un 4,4 (ver documento). La decisión final de la adjudicación de los aportes correspondía al Consejo Directivo de CORFO.

El consejo que comanda la corporación está compuesto por ocho integrantes. Entre quienes se abstuvieron de participar estaba el actual ministro de Economía, Lucas Palacios, quien se inhabilitó por haber sido parte de la Universidad del Desarrollo. También se inhabilitó el vicepresidente de CORFO, Pablo Terrazas, por pertenecer a los directorios de Fundación Chile y Alta Ley, siendo reemplazado por Felipe Commentz, gerente general de la entidad estatal (ver documento). Este último fue quien encabezó la comisión evaluadora encargada de calificar las propuestas. Es decir, jugó un doble rol en el proceso: asignó el puntaje de cada una de las propuestas y luego concurrió con su voto al consejo de CORFO que debía adjudicar la licitación.

Commentz no es un extraño dentro del andamiaje interno de CORFO. En abril del 2010, él y Hernán Cheyre presentaron su renuncia al directorio de Econsult (ver documento), pues este último fue designado por Sebastián Piñera como vicepresidente de CORFO (ver documento). En el cargo, nombró a Commentz como jefe de gabinete, puesto en el que permaneció hasta 2014 (ver documento).

Otra relación cercana que forjó en Econsult fue con José Ramón Valente, presidente de Fundación Chile. Durante el segundo periodo de Piñera, Valente fue designado como ministro de Economía, puesto en el que nombró a Commentz jefe de la División de Empresas de Menor tamaño de dicha cartera (ver documento).

Al ser consultado por estos vínculos, Commentz señala que su participación dentro del proceso se apegó a la ley en todo momento. “Haber trabajado en una empresa o en un órgano estatal con personas que ahora formaron parte de alguna de las personas jurídicas participantes, no constituye ninguna de las hipótesis de inhabilidad”, subraya Commentz (ver documento).

Michel Figueroa, director de Estudios de Chile Transparente, explica que estos vínculos no son considerados en la ley como conflictos de interés, al ser relaciones laborales inexistentes en el presente. “Hay cosas que están aceptadas legalmente, aunque todos consideremos que están mal”, distingue Figueroa.

La comisión evaluadora fue conformada por cinco funcionarios de CORFO y otros ministerios (ver documento). De estos solo Fernando Hentzschel, gerente de capacidades tecnológicas de la corporación, posee estudios en materias de sostenibilidad o energías renovables. En las bases de la licitación se estableció que la comisión evaluadora podía ser asesorada por expertos de materias energéticas y minería sustentable (ver documento). Es por esa razón que la comisión se contactó con tres asesores internacionales: Gabriel Barthelemy, Ernesto Marinero y Diego Martínez. Todos ellos calificaron a la propuesta de Alta Ley con un puntaje mayor en desmedro de AUI (ver documento).

Los criterios de evaluación consignados en las bases de licitación se dividían en cinco ítems, dentro de los cuales se encontraba el de “Participantes”. Según se detalla en la resolución Nº1005 de CORFO, la nota máxima en este ítem se asignaría a “aquellas propuestas que presenten una pluralidad de participantes con capacidades pertinentes a las tres áreas de desarrollo (energía solar, minería sustentable, materiales avanzados de litio y otros minerales) y equilibradamente representativas tanto del sector académico como de la cadena de valor de los sectores industriales y/o tecnológico”.

Este ítem fue uno de los puntos donde la evaluación de los asesores internacionales difiere con la realizada por la comisión evaluadora. Los expertos extranjeros calificaron con 5 puntos a Alta Ley y con 3,67 al proyecto de AUI, en consideración de que esta última propuesta no contaba con participación de empresas mineras y que “las entidades académicas son limitadas no sólo en su número sino también en su capacidad”, se lee en la evaluación de los asesores internacionales. Por lo tanto, se le asignó un puntaje menor en vista de esas deficiencias. En los ítems restantes, también se calificó con un puntaje mayor a Alta Ley, calificando su propuesta con un 4,77; mientras que la propuesta de AUI recibió un 4,40 (vea las calificaciones aquí).  

En cambio, la comisión evaluadora de la licitación designada por CORFO le otorgó un mayor puntaje a AUI, obviando algunas de las deficiencias constatadas por la asesoría internacional (ver documento). Por ejemplo, en el ítem “Participantes” la comisión calificó con la nota máxima la propuesta de AUI, a pesar de que no contaran con empresas mineras ni entidades académicas con trayectoria, tal como se señala en el informe de los expertos internacionales, asesoría encargada por la misma comisión evaluadora de la licitación.

US$ 50 MILLONES MENOS

Pasados 15 días de que la comisión evaluadora asignara un mayor puntaje a AUI en desmedro de Alta Ley, el 30 de octubre sesionó de manera extraordinaria el Consejo Directivo de CORFO, donde se modificó la cláusula que servía de base para la licitación. El consejo tenía por objetivo efectuar actualizaciones al contrato de Proyecto suscrito en 2018 entre SQM Salar y el organismo estatal. Además, se buscaba “ampliar las actividades que podrán ser financiadas con los aportes de investigación y desarrollo”, según consta en el acta (ver documento). Aportes que en ese momento se estaban licitando para el ITL. En esa instancia estuvieron presentes Lucas Palacios, ministro de Economía; Antonio Walker, ministro de Agricultura; Juan Carlos Jobet, ministro de Energía; Pablo Terrazas y Felipe Commentz, entre otras autoridades.

Jobet asistió a esa instancia porque dentro de las actividades que se buscaba financiar con los aportes avaluados en US$193 millones comprometidos por SQM Salar estaba impulsar proyectos orientados a desarrollar la industria del hidrógeno verde, a cargo de la cartera de Energía. “Chile cuenta con un gigante potencial en materia de hidrógeno verde, pudiendo llegar a producir 70 veces la energía que se consume en el país”, argumentó Jobet en su exposición. Luego, Terrazas sugirió la modificación a la cláusula decimoquinta del contrato de Proyecto y agregó que “se obligará a aportar, en la forma que lo establezca CORFO, hasta un máximo de US$50 millones” a consorcios que lleven a cabo investigación e innovación en hidrógeno verde y sus derivados. Para la licitación del ITL, que aún estaba en curso, los aportes originales se rebajaron a US$143 millones.

Minutos después, Carolina Torrealba, subsecretaria de Ciencias y quien también participó en ese consejo, lanzó una pregunta: “¿Los cambios propuestos implicarán desechar la licitación del Instituto de Tecnologías Limpias que se encuentra en curso?”. A su vez, el ministro Palacios consultó si acaso “pudiese existir alguna entidad desfavorecida con las modificaciones propuestas”. Jobet respondió que, a pesar de la modificación, los aportes seguían destinados a investigación y desarrollo, mientras que Terrazas agregó que la adjudicación del ITL sería presentada en una próxima sesión del consejo. Pero aún faltaba más de dos meses para la adjudicación.

En la reunión no se mencionó que AUI, el consorcio ganador, fue el único de los participantes que postuló a US$142 millones en marzo del 2020 (ver documento), cuando se cerraron las postulaciones definitivas al concurso. Los otros participantes, Alta Ley y Fundación Chile, postularon a la totalidad de los aportes, es decir, a US$193 millones. Felipe Commentz conocía en detalle cada una de las propuestas porque las había evaluado 15 días antes.

Consultado para este reportaje, Pablo Terrazas señala que la modificación “no tuvo efecto alguno en la convocatoria para la conformación del ITL, pues el primero de esos actos (modificación del contrato), no tuvo efecto retroactivo” y que no implicó una ventaja para ninguno de los participantes dado que “el Consejo de CORFO ha tenido la facultad para determinar el monto definitivo del aporte”. Respecto a su participación en esa instancia, Terrazas sostiene que “no me encontraba inhabilitado para participar en la decisión de la modificación del Contrato para Proyecto en el Salar de Atacama, pues no concurría ninguna de las causales que me obligara a no intervenir y abstenerme” (ver documento).

El 23 de diciembre, Juan Carlos Jobet asistió en su calidad de biministro a una de las sesiones de la Comisión de Energía y Minería del Senado. El tema en la tabla era el proyecto de ley de protección de glaciares, pero antes de abordar esa discusión, los senadores Guido Girardi (PPD) y Yasna Provoste (DC) le expresaron al biministro su preocupación sobre la licitación del ITL, en vista de que la fecha de adjudicación se acercaba. Jobet contestó que “ni Energía ni Minería son miembros del Consejo Directivo de CORFO, que es la instancia que resuelve esto. (…) No he estado involucrado directamente en el proceso porque no es atribución de mis ministerios”. En la casi hora y media que duró la sesión, el biministro Jobet no transparentó que participó en el Consejo CORFO que redestinó US$50 millones de la licitación del ITL hacia proyectos de hidrógeno verde, a cargo de su cartera.

El 20 de abril de este año, se publicó la resolución exenta Nº 399 que aprueba una convocatoria por parte de CORFO y el Ministerio de Energía para financiar iniciativas de hidrógeno verde. En la resolución se detalla que el monto disponible corresponde a los US$50 millones que se reasignaron en el consejo CORFO del 30 de octubre (ver documento).

Los autores de este reportaje se contactaron con el biministro Jobet, pero hasta el cierre de este artículo no se obtuvo respuesta.

UNA SITUACIÓN INCÓMODA

CORFO fijó el 24 de diciembre como la fecha en que darían a conocer el resultado de la adjudicación, anunciando al consorcio ganador en plena víspera de Navidad. Ante las inquietudes por la transparencia del proceso, las comisiones de Minería y Desafíos del Futuro de la Cámara Alta solicitaron a Terrazas posponer la publicación de los resultados hasta después de que éste resolviera las dudas de los senadores ante la Comisión de Futuro.

Para tranquilidad de los senadores, el vicepresidente de CORFO aceptó la petición y acordó asistir telemáticamente a la siguiente sesión de la comisión fijada para el 4 de enero. Durante la mañana de ese mismo día, a pesar del compromiso pactado, AUI fue reconocido de manera unánime por el Consejo de CORFO como el ganador de la licitación.

Commentz fue el encargado de exponer los resultados de la comisión evaluadora y proponer a AUI como ganador. Además, en la reunión los participantes acordaron suscribir un Memorándum de Entendimiento (MoU), un acuerdo que ordena a AUI solventar la ausencia de universidades pertenecientes a la Macrozona Norte dentro de su propuesta, ausencia que no afectó su calificación por la comisión evaluadora (ver documento). Finalmente, CORFO emitió un comunicado oficial anunciando su decisión, incluyendo a universidades estadounidenses que no forman parte de AUI dentro de la composición del consorcio ganador.

—Estamos en una situación bastante incómoda —advirtió el senador Alejandro Guillier. La sesión de la Comisión Desafíos del Futuro, donde Pablo Terrazas respondería a los cuestionamientos comenzó a las 16:00 del 4 de enero. Antes de comenzar la videoconferencia, nadie a excepción de Guillier estaba al tanto de que pocas horas atrás CORFO había ratificado oficialmente a AUI como consorcio ganador tras dos años del inicio de la licitación. El senador Girardi, presidente de la comisión, ante el anuncio de Guillier, expresó su estupor: “Sería gravísimo, porque violaría todos los códigos de transparencia”.

(*) Los autores de este reportaje son alumnos de la Escuela de Periodismo de la UDP, quienes lo realizaron para el curso “Periodismo de Investigación” dictado por el profesor Javier Ortega.