El historial de abusos y violencia que vivieron en el Sename de Antofagasta los adolescentes presos por el estallido social

Esta es la historia de cuatro jóvenes recluidos en instalaciones del Sename de Antofagasta mientras se les investiga por delitos cometidos durante las protestas del estallido social. Tres de ellos tienen un historial de pasadas por programas del Sename, donde el Estado supuestamente debió brindarles protección y reinserción. Nada de eso sucedió. Hoy están acusados de delitos como robo con violencia, saqueo, incendio y lanzamiento de molotov. Mientras estuvieron internados a la espera del juicio, sufrieron golpizas por parte de otros internos, vejámenes sexuales, lesiones cortopunzantes y sobremedicación psiquiátrica, además de ideación suicida y lesiones autoinferidas. “El mismo niño que cuando tenía tres años te daba pena porque lloraba en una casa de acogida, luego se transforma en un adolescente infractor de ley y deja de darte pena, empieza a molestarte”, dice una de las especialistas que trabajan con estos menores.

Desde que tenía 11 años “J” ha vivido en las calles de distintas ciudades con algunos paréntesis en los que ha retornado a su casa materna. Y en los siete años que han transcurrido hasta hoy, cuando acaba de cumplir 18, ningún organismo –público o privado– ha logrado darle un escape al laberinto violento que ha sido su vida. La historia de “J” puede rastrearse al revisar los expedientes judiciales de las varias causas en las que aparece involucrado. Y esos documentos se escriben, procesan y publican sin que nadie parezca espantarse.

Ningún juez ni alcalde ni diputado puso el grito en el cielo al enterarse de que un niño de 11 años vivía en una carpa en la calle con adultos que lo mandaban a robar para ganarse el almuerzo. Las pruebas de que ese mismo niño consumía pasta base, cocaína y pastillas psicodélicas desde los 12 años pasaron por las manos de ministros y fiscales. Y no saltó ninguna alarma.

El espanto sí apareció el 26 de noviembre de 2019, cuando “J”, ya de 17 años, fue detenido saqueando un supermercado Santa Isabel en el centro de Antofagasta. Dos meses después volvió a caer preso, acusado de lanzar una bomba molotov a los carabineros en una protesta del estallido social. Los protocolos de la justicia sí se activaron el 10 de febrero de 2020, cuando “J” fue acusado por la Fiscalía como uno de los responsables de la quema de un vagón del Ferrocarril Antofagasta-Bolivia. Entonces se querellaron la intendencia y el Grupo Luksic, dueño del vagón. Las diligencias policiales sí avanzaron con premura y se cotejaron huellas dactilares, se revisaron cuadro a cuadro los videos grabados por un dron, se interrogó a testigos y los presuntos responsables fueron presentados ante un juzgado.

Pero cuando se emitió la orden de detención contra “J”, él ya estaba preso en un Centro de Internación Provisoria del Sename (CIP) por otra causa: entre el 30 de septiembre y el 14 de octubre de 2020 robó con violencia, junto a una amiga, tres automóviles que luego abandonaron en distintos puntos de la ciudad.

Centro de Internación Provisoria (CIP) y Centro de Régimen Cerrado (CRC) de Antofagasta.

“J” alcanzó a estar 286 días en el CIP de Antofagasta. Durante ese periodo bebió alcohol gel con Coca Cola para embriagarse, robó medicamentos psiquiátricos para evadirse, fue golpeado y hostigado por sus compañeros, le orinaron la cama, lo orinaron a él, lo despertaron con golpes de pene en la cara, lo quisieron obligar a practicarle sexo oral a otro adolescente, se cortó los brazos, se mordió los dedos hasta sangrar, intentó colgarse y se realizó cortes profundos en las muñecas y las piernas con pedazos de un tubo fluorescente. Terminó internado en el Hospital Regional con más de 20 puntos de sutura y, según un psiquiatra, en riesgo vital.

Desde que “J” llegó al CIP del Sename de Antofagasta, en octubre de 2020, los informes internos advirtieron de ideas suicidas, pero no se tomaron en serio. Recién a principios de agosto fue hospitalizado en Iquique en una unidad de salud mental para estabilizarlo.

–El mismo niño que cuando tenía tres años te daba pena porque lloraba en una casa de acogida y toda la gente se pregunta “por qué”, ese mismo niño luego se transforma en un adolescente infractor de ley y deja de darte pena, empieza a molestarte (…) ¿Cómo lo vas a reinsertar en una sociedad que en realidad nunca lo ha incluido? No hay jóvenes que se reinserten, porque sistemáticamente han estado excluidos–, resume Daniela Leal, trabajadora social y magíster en Ciencias Políticas, quien desde hace más de una década trabaja y supervisa programas de protección y de responsabilidad penal adolescente de organismos colaboradores del Sename.

Lo que sucede, dice la especialista, es que se piden y privilegian castigos o sanciones para los adolescentes infractores sin que se aplique “una comprensión estructural del tema. Todo se centra en responsabilidades individuales: la responsabilidad es de los padres que le pegan cuando es niño y después la responsabilidad penal es del menor que infringe la ley. Y eso, entre otras cosas, se debe a que en Chile no tenemos una política integral de infancia y la división del Sename va a ratificar eso, porque vas a tener en el Ministerio de Desarrollo Social a niños que son vulnerados en sus derechos y que, después, de víctimas se transforman en victimarios en el Ministerio de Justicia. Es decir, divides en dos, institucional y administrativamente, al mismo individuo”.

NADIE SABE CUÁNTOS FUERON

El primer registro de “J” en el buscador del Poder Judicial está fechado el 2 de noviembre de 2018, cuando tenía 15 años. Ese día se fugó de la residencia para menores de la aldea infantil SOS de Antofagasta, donde estaba internado por una medida de protección, y los administrativos de ese organismo colaborador del Sename estamparon una denuncia por presunta desgracia. Nunca lo encontraron, pero a pesar de eso la denuncia se cerró nueve meses después. En el documento del Juzgado de Garantía se arguyeron dos razones para justificar la decisión: registraba atenciones médicas en el Hospital Regional y en publicaciones de Facebook señalaba que se encontraba bien.

CIPER indagó esta y otras historias de adolescentes imputados por delitos asociados al estallido social que pasaron por internación preventiva en el Sename de Antofagasta, y constató que todos ellos vivieron algún tipo de vulneración al interior del CIP ubicado al lado del Parque Juan López y al poniente de la población Óscar Bonilla, uno de los puntos de mayor movilización de la ciudad durante el estallido social, y donde viven varios de los jóvenes acusados.

No existe una cifra exacta de adolescentes imputados por las protestas que pasaron por centros del Sename a nivel nacional durante los últimos dos años, porque ninguna autoridad se ha dado el trabajo de contabilizarlos. Desde el Sename señalaron que no han hecho la sistematización de esos casos, pero que ese detalle lo tenía la Fiscalía.

En la Fiscalía indicaron que “nosotros esa cifra no la tenemos”. Agregaron que el último listado de presos por el estallido social lo dieron a conocer en mayo, y no han hecho un zoom en el grupo de adolescentes involucrados. Desde la Defensoría de la Niñez aseguraron que ellos no tienen ese conteo. Tampoco lo tiene el Instituto Nacional de Derechos Humanos.

Según la indagatoria de CIPER, solo en Antofagasta, al menos seis adolescentes imputados por delitos cometidos en las protestas estuvieron varios meses en internación provisoria en el CIP del Sename. Todas sus familias denuncian vulneraciones: golpizas, sobre medicación con medicamentos psiquiátricos e intentos de suicidio son algunos de los episodios que aparecen constatados en los mismos informes que el Sename ha enviado al Juzgado de Garantía de esa ciudad.

Rayado callejero a pocas cuadras de la ubicación del CIP/CRC del Sename de Antofagasta.

En la sede del CIP de Antofagasta no quisieron hablar con CIPER sobre estos casos, y sus funcionarios recibieron una orden expresa de no contestar nuestras preguntas. Desde la dirección de comunicaciones de Sename nacional enviaron la siguiente respuesta oficial:

“En todos los casos consultados se hicieron en su momento las denuncias al Ministerio Público para que se investiguen los hechos. En uno de los casos se abrió un sumario que aún está en curso. En los otros, al tratarse de situaciones de agresiones entre los imputados, no existen antecedentes que ameriten la apertura de un sumario contra alguno de los funcionarios. Este servicio no se puede referir a los detalles de cada caso, al estar en investigación por parte del Ministerio Público, ni a los tratamientos de salud de cada joven, debido a la Ley 20.584 (sobre derechos y deberes de los pacientes)”.

El sumario al que se refiere la respuesta del Sename es contra un funcionario que habría pateado a otro de los adolescentes acusado de quemar el vagón de tren. Las denuncias al Ministerio Público son por golpizas y abusos sexuales cometidos entre pares. No hay sumarios por la negligencia que podría existir en los casos de intentos de suicidio de los jóvenes.

Existe una relación estrecha entre el estallido y el Sename. Una de las principales demandas sociales que aparecieron rayadas en las paredes de las ciudades durante las protestas fue el fin de ese servicio. Y según cifras oficiales, los jóvenes del Sename participaron activamente en las manifestaciones.

La Oficina de Protección de Derechos de Infancia y Adolescencia de Valparaíso concluyó que entre el 18 de octubre de 2019 y el 22 de octubre de 2020 en esa ciudad, 61 de los 105 menores de edad detenidos en las manifestaciones fueron niños y adolescentes que tenían algún vínculo con organismos del Sename (ver documento).

Y de acuerdo con las cifras de la Defensoría de la Niñez, que contó casos a nivel nacional de menores de edad que sufrieron vulneraciones por parte de agentes del Estado en el contexto de las protestas, hubo 602 denuncias entre el 18 de octubre de 2019 y el 22 de enero de 2020. De ellas, 349 correspondían a menores de edad que han sido atendidos por algún área del Sename, ya sea protección o justicia juvenil: el 58% del total (ver documento).

DESESPERANZA SEVERA

A las 22:35 del 9 de noviembre de 2020, “J” había intentado ahorcarse al interior de la casa 5 del CIP. Así aparece registrado en el libro de novedades de ese organismo: “Mientras joven es intervenido por suscrita y una técnico en enfermería, manifiesta intento autolítico, indicando su intención de ‘ponerse la corbata’”. Según ese registro lo que habría ocurrido es que “J” “habría tomado una polera llevándose a la zona de su cuello para comenzar a presionarla, momento en el cual compañero de dormitorio se despierta visualizando lo ocurrido y reaccionando rápidamente para asistirlo, instante en que el joven se desvanece y cae de la cama”. Esa vez el intento no pasó a mayores.

Dos días antes “J” había sufrido una golpiza por parte de tres de sus compañeros de casa, la que lo dejó con hematoma en un ojo  y hemorragia nasal. El 16 de noviembre el adolescente volvió a ser golpeado por un compañero. El 28 de noviembre se repitió la misma situación. Un informe del Sename fechado el 7 de diciembre, informó que “J” denunció que sus compañeros de casa lo hostigaban con “amenazas de golpes e insultos”. Y en el libro de novedades se registra que el 6 de diciembre uno de ellos le había orinado la cama y que además volvieron a golpearlo. Los antecedentes fueron enviados al Ministerio Público.

El 2 de enero de 2021 el hostigamiento continuó: “J” recibió una pateadura por parte de un joven mayor de edad que cumplía condena en el recinto. También denuncia que todos los de la casa 5 (donde estaba en ese momento) lo amenazaban. Los antecedentes nuevamente fueron enviados a la Fiscalía. El 21 de enero “J” volvió a ser agredido, esta vez otro adolescente lo hirió con un punzón, dejándole “varias heridas cortopunzantes en zona tórax, anterior, posterior y zona parietal, además de una contusión orbitaria”, reseña un informe del Sename. Esa noche “J” quedó en la unidad de salud como medida de resguardo. Se informó a la Fiscalía.

En la noche del 3 de febrero pasado, cuando funcionarios entregaban psicofármacos a algunos adolescentes, “J” se llevó una caja de medicamentos: se perdieron 10 sobres con pastillas que nunca aparecieron. El 5 de marzo “J” junto a un compañero sacaron del baño de un educador de trato directo una botella de alcohol gel y bebieron un poco, como si fuera un trago. En marzo y abril el adolescente participa en otras dos peleas con sus pares. En una de ellas él portaba un punzón. El 27 de abril pasado el joven fue sorprendido drogado, luego reconoció que tomó “pastillas de distintos colores y tipos”.

El 24 de junio y el 3 de julio “J” sufrió convulsiones, se cayó y se golpeó la cabeza. El 28 de junio, los demás jóvenes lo expulsaron de la casa 2 y fue trasladado a la casa 4. El 9 de julio el panorama se complicó: “J” se realizó cortes en el muslo derecho. A las 08:30 del 10 de julio se quemó la rodilla con un cigarrillo y a las 20:00 se hizo cortes superficiales en la muñeca izquierda.

Cuadro que hizo uno de los adolescentes de esta historia durante su estadía en el Sename y que hoy su madre tiene instalado en el living de su casa

El 11 de julio, a las 20:15, “J” se amarra un cordón en el cuello y en el CIP se activa protocolo por riesgo de suicidio. En ese momento el joven comienza a convulsionar y vomita. A las 21:40 fue trasladado al Hospital de Antofagasta, donde quedó con resguardo de Gendarmería a la espera de que lo atienda un psiquiatra. Luego de estos hechos es cambiado a la casa 3, qué es lo que él venía pidiendo.

En ese momento su cóctel de medicamentos incluía ácido valproico 500 mg cada 12 horas, además de sertralina, zolpidem y clonazepam. El 13 de julio el psiquiatra del CIP aumentó la medicación y le sumó quetiapina 100 mg. Un día después, durante la entrega de las pastillas, “J” se presentó con hálito alcohólico. Luego reconoció que bebió alcohol gel con Coca Cola junto a sus compañeros. Nuevamente el alcohol gel lo habían sacado de la oficina de un educador de trato directo.

El 15 y 16 de julio “J” se mordió las manos hasta hacerlas sangrar. El 24 de julio rompió un tubo fluorescente del baño y se realizó cortes profundos en la muñeca izquierda y el muslo derecho. Lo curaron con 20 puntos de sutura. El 27 de julio uno de sus compañeros contó que en el último tiempo “J” había enfrentado vulneraciones gravísimas por parte de sus compañeros: lo orinaron en la ducha, lo quisieron obligar a practicar sexo oral y lo despertaban con golpes de pene en la cara. Ninguno de esos episodios fue detectado por el personal del CIP del Sename. Para entonces “J” ya estaba internado en el hospital.

El 29 de julio el psiquiatra del CIP emitió un informe demoledor, en el que solicita su traslado a un servicio de urgencia por encontrarse en “riesgo vital”: “Persiste en autoagresiones, cortes en extremidades y mordeduras en las manos. Desesperanza severa, ideación suicida y amenaza de ahorcamiento”.

ZOPICLONA, SERTRALINA, CLONAZEPAM

“R” es otro de los adolescentes que pasaron por el CIP del Sename acusado de delitos durante las protestas. Antes de eso, el 21 de noviembre de 2019, cuando tenía 14 años, recibió tres perdigones en su cuerpo disparados por Carabineros: uno en la ingle, otro en la cara y el tercero en el ojo derecho. Según la certificación médica del Hospital Regional sufrió un “trauma ocular severo”.

Hay dos versiones sobre ese episodio: la familia dice que ese día estaban en su casa cuando una bomba lacrimógena cayó en el techo, por lo que todos salieron escapando del gas y se encontraron con un carabinero que le disparó a “R”. Mientras, Carabineros acusa que el adolescente estaba participando de un ataque a una subcomisaría cuando fue herido.

El caso sigue pendiente de revisión en la justicia, a pesar de que la Fiscalía tiene el listado de funcionarios que ese día dispararon escopetas. Hay otra causa más reciente que involucra a “R” y por la que fue condenado: durante la marcha de conmemoración del Día de la Mujer, el 8 de marzo último, participó en la quema de las puertas de la catedral de Antofagasta. Luego de ser detenido estuvo más de 90 días en el CIP del Sename. La condena fue de 3 años en libertad asistida especial. En medio de esa investigación, el 11 de abril pasado, su madre falleció mientras esperaba un trasplante de corazón.

Al igual que todos los adolescentes que pasaron por el Sename por estar imputados en causas relacionadas con el estallido social, “R” fue medicado con psicofármacos durante ese periodo. Ese es un reclamo recurrente de los familiares. “Mi hijo llegaba a babear cuando hacíamos video llamadas, estaba muy atontado”, dijo a CIPER una de las madres de los jóvenes.

CIPER tuvo acceso a las recetas psiquiátricas de los adolescentes que estuvieron internados en el CIP de Antofagasta. “J”, el joven que fue imputado por lanzar una molotov, saquear un supermercado, atacar el ferrocarril y robar autos y que ahora está en una unidad de salud mental en Iquique, recibía al día la siguiente dosis: quetiapina de 100 mg, sertralina de 100 mg, zolpidem, clonazepam y ácido valproico. Estos medicamentos son estabilizadores del ánimo, antiepilépticos, hipnóticos, inductores del sueño, ansiolíticos y sedantes.

Otro de los jóvenes que estuvo internado en el CIP acusados de quemar el vagón del tren es “A”, quien desarrolló una depresión profunda mientras cumplía con su internación provisoria. Este adolescente, de actuales 18 años, es uno de los pocos que pasó por el CIP que estaba con sus estudios al día, cursando cuarto medio, que no consumía drogas y que no tenía antecedentes penales. El diagnóstico del psiquiatra fue categórico tres meses después de que ingresara a la internación, tal como aparece en un informe revisado por CIPER:

“Ingresa a programa de tratamiento porque su estado de salud mental se fue deteriorando producto de los efectos de la prisionización (…) al ingresar al centro presenta discurso de autocuidado físico y mental. Pero en el último periodo estaría considerando autolesionarse, conductas parasuicidas originadas por angustia por el daño y sufrimiento y preocupación a nivel familiar”.

Entonces, el psiquiatra elevó la dosis del tratamiento diario con psicofármacos. Si en principio le recetaron fluoxetina 20 mg y eszopiclona 3 mg por día, del tercer mes en adelante tomó: sertralina de 50 mg, clonazepam 2 mg, y zolpidem 10 mg ¿El diagnóstico clínico? Trastorno adaptativo mixto y episodio ansioso depresivo.

Otro joven de 16 años es “C”. Él consumía todos los días quetiapina 100 mg., sertralina 50 mg, y zopiclona 10 mg. Los registros internos del Sename dan cuenta de varias peleas a golpes que tuvo con sus compañeros de casa. En diciembre de 2020 la defensa de “C” solicitó un permiso especial para que pudiera pasar las noches de Navidad y Año Nuevo junto a su familia, pero el 11 de ese mes el tribunal lo rechazó. Unos días después “C” intentó ahorcarse y fue trasladado al Hospital de Antofagasta.

Allí lo visitó el sacerdote Felipe Berríos (miembro del directorio de CIPER): “Cuando entré a la pieza tenían a este cabro esposado y amarrado con unas cadenas a la cama. Había dos gendarmes afuera de la pieza y otros dos adentro. Él joven se puso a llorar y no podía secarse las lágrimas porque tenía sus manos amarradas. Él también sufrió varias golpizas al interior del centro del Sename”.

Luego de ese episodio, el 23 de diciembre la Corte de Apelaciones modificó la medida cautelar de internación provisoria y “C” salió del CIP para cumplir arresto domiciliario nocturno. Su madre relata que la familia había decidido no celebrar la Navidad. Pero al mediodía del 24 el retorno de su hijo los motivó a improvisar la cena de Noche Buena.

Abogados, defensores públicos y funcionarios del Sename dijeron a CIPER que los intentos de suicidio son habituales al interior del CIP de Antofagasta. “Los cabros le dicen ‘salir a darse una vuelta’”, comentó un abogado, evidenciando lo normalizada que está esa situación en el sistema.

Karina Ibarra es abogada defensora particular de varios de los adolescentes que han estado en el CIP de Antofagasta por delitos asociados a las protestas. Según ella, las vulneraciones contra los jóvenes que se producen al interior del Sename obedecen a una falta total de capacidad para resguardarlos, pero también a un uso abusivo de la prisión preventiva que han hecho la Fiscalía y los tribunales en estas causas:

–Hace rato que los jueces establecieron un criterio que es poco discutido: si tiene pena de crimen, de inmediato establecen prisión preventiva. También existe responsabilidad jurídica de los fiscales, porque muchos de esos delitos por los que acusan después terminar recalificándose. Y las personas que han estado en internación preventiva han salido después con las penas cumplidas. Hay otros que han salido con penas en libertad, la gran mayoría.

FALTA DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA

En el CIP de Antofagasta los adolescentes reciben la atención periódica de un psiquiatra, aunque las recetas de psicofármacos también les son suministradas por un facultativo que no tiene esa especialidad, un médico cirujano. Desde el Sename señalaron que no hay ninguna irregularidad en esa práctica. Consultado el Minsal, afirmó esa versión:

“Desde el año 2017 la División de Atención Primaria de la Subsecretaría de Redes Asistenciales ha desarrollado un trabajo conjunto con el Sename para que todos los niños, niñas y adolescentes estén inscritos en la Atención Primaria de Salud (APS)… Si alguno presenta un trastorno o problemática de salud mental, puede recibir tratamiento en este nivel, y en caso de que esa problemática/trastorno sea de una complejidad mayor, se deriva al nivel de especialidad según flujos y protocolos vigentes. Es importante precisar que en la APS los equipos son multidisciplinarios y acompañan a las personas y sus familias a lo largo del curso de vida, y que por lo mismo no hay especialidades” (vea aquí la respuesta completa del Ministerio de Salud).

Barco que hizo uno de los adolescentes de esta historia durante su estadía en el Sename y que hoy su madre tiene instalado en el living de su casa

Para el doctor en psiquiatría de la Charité Universitätsmedizin de Alemania, y académico de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, Adrián Mundt, no hay problema en que cualquier médico pueda recetar los fármacos, pero en estos casos no  es lo óptimo: “Sería ideal que hubiera especialistas, que fueran psiquiatras infanto-juveniles. Faltan esos especialistas en el país y por el momento no hay mecanismos para atraerlos al sistema público y al Sename. Han aumentado los recursos, pero estos psiquiatras ganan muchísimo dinero en el sector privado. Se mantienen poco en el sistema público. Hay una brecha de psiquiatras infanto-juveniles, se concentran en la zona oriente metropolitana”.

Mundt,  junto a otros especialistas, trabajaron una investigación que presenta un diagnóstico dramático sobre el estado de la salud mental y el acceso a atención especializada de los niños y adolescentes a cargo del Sename: en el área de protección el 45,3% de los menores presenta riesgo de suicidio, el 40% dependencia de drogas y el 69,1% carga con algún tipo de trastorno mental. La brecha asistencial es de un 88,9%. La investigación se hizo con personal de la atención primaria de salud de Quillota que ha trabajado con niños y adolescentes del Sename, y propone que el desarrollo de la telepsiquiatría podría ayudar (vea aquí esa investigación).

FUTURO INCIERTO

Hoy “J” continúa internado en una unidad de salud mental en Iquique esperando estabilizarse. Su abogada, Karina Ibarra, denuncia que hace pocos días sufrió una golpiza por parte de gendarmes. Señala que le pusieron una almohada sobre su cabeza y le propinaron “lumazos”. No se sabe qué va a pasar con él. Aún le restan más de tres años de condena en régimen cerrado por los autos robados y dos en régimen semicerrado. Luego deberá enfrentar la acusación de la Fiscalía por su eventual responsabilidad en la quema del vagón.

“J” tiene 18 años y no ha terminado la enseñanza básica. En 2010 repitió el segundo básico. En 2014 reprobó el cuarto y en 2016 desertó del sistema escolar mientras cursaba el quinto. Cuando sea dado de alta de la unidad de salud mental de Iquique, podría ser trasladado a cumplir el resto de su condena a la sección juvenil de una cárcel común.

“A” y “C” se preparan para enfrentar el juicio por el vagón incendiado. “A” logró sacar el cuarto medio con mención en contabilidad y podría ingresar a la educación superior. “C” está cursando el segundo medio apoyado por su familia. “R” aún vive el duelo por la muerte de su madre en abril de este año. Trabaja junto a sus abuelos en el mercado de Antofagasta mientras cumple su condena por la quema de la puerta de la catedral y se trata –en el Hospital Regional– las consecuencias del trauma ocular provocado por el perdigón de Carabineros.