Transparencia en la Convención: piden que se conozca la trayectoria y los clientes de los integrantes de la Secretaría Técnica

La Secretaría Técnica de la Convención Constitucional será, por ley, el organismo asesor de los constituyentes. Los especialistas que la integren elaborarán informes en derecho y otros insumos técnicos cuyo enfoque puede ser clave para el rumbo de los debates. Expertos y constituyentes temen que terminen orientando la discusión según sus propios intereses. Por lo mismo, surgió una iniciativa para que el estándar de transparencia que se les aplique sea superior al que rige hoy para los funcionarios públicos: que se conozcan sus trayectorias laborales y los clientes que han tenido al menos en los últimos cinco años.

Los miembros de la Convención Constitucional están obligados a declarar su patrimonio y todas sus fuentes de ingresos, para que los ciudadanos puedan fiscalizar sus eventuales conflictos de interés. Pero nada se ha acordado hasta ahora sobre los intereses de los asesores que serán contratados por la misma Convención para apoyar la labor de los constituyentes. Podría darse el caso, por ejemplo, de un asesor que ha trabajado en los últimos diez años para una empresa de la gran minería y que, omitiendo ese dato, entregue informes a los convencionales en materias relacionadas con ese rubro.

La reforma que a fines de 2019 dio origen al proceso constituyente estableció que la convención contaría con una Secretaría Técnica en la que funcionaría un cuerpo de asesores cuya misión será asistir a los constituyentes, aportándoles insumos que faciliten los debates. Eventualmente, algunos de esos asesores podrían integrar el Comité de Armonización, la instancia que recogerá las conclusiones de las diversas comisiones de convencionales y que las integrará en un texto final para evitar contradicciones o prevenir vacíos. Por esa razón, diversos especialistas han alertado sobre la posibilidad de que estos asesores terminen pautando la convención y orientando sus conclusiones, por lo que resulta clave conocer sus intereses. Por eso, asegurar la idoneidad y probidad de estos asesores, evitando que representen un “cuoteo político”, es una tarea clave.

Hace un par de semanas, el constitucionalista y académico Pablo Contreras fue recibido en audiencia por la Comisión de Ética de la Convención. Allí propuso que los asesores que funcionen al alero de la Secretaría Técnica transparenten todas sus fuentes de ingresos, su recorrido laboral y los clientes para los que han trabajado en los últimos cinco años. También sugirió que, para evitar conflictos, estas asesorías sean proporcionadas por funcionarios de la Biblioteca del Congreso Nacional o, en el caso de que se opte por contratar a otros especialistas, que postulen a través de concursos  públicos de oposición de antecedentes.

-Si tenemos una discusión sobre los derechos sexuales y reproductivos, en el Derecho Constitucional comparado este es un tema polémico que puede tener distintos tipos de aproximaciones. Por lo tanto, la forma en que se sugieren ciertas cuestiones influye en cómo se presenta ese contenido- explica Pablo Contreras a CIPER. Esto puede ocurrir, dice, en muchos temas controversiales en los que los convencionales requieran información técnica.

Centros de estudios, expertos constitucionales y, por supuesto, los propios convencionales han realizado distintas propuestas sobre cómo podría ser el funcionamiento de la Secretaría Técnica, pero desde algunos sectores ya han manifestado preocupación ante qué tan estratégico podría ser su rol.

ELEVAR EL ESTÁNDAR

Ha pasado más de un mes desde que se instaló la Convención Constitucional y sus miembros avanzan en la consolidación de su reglamento, definiendo, entre otras cosas,  quiénes serán parte de la Secretaría Técnica. Las funciones de esta mesa aún no están del todo definidas, pues serán los mismos convencionales los encargados de describir y delimitar su labor, así como el nivel de influencia que podría tener sobre ciertas decisiones.

Lo único que está claro hasta ahora es que la reforma de diciembre de 2019 que puso en marcha el proceso constituyente estableció que la “Convención deberá constituir una Secretaría Técnica, la que será conformada por personas de comprobada idoneidad académica o profesional”. Después, la Ley de Presupuesto 2021 agregó que la contratación de sus integrantes debe cumplir con los criterios de “transparencia, probidad y pluralismo”.

-Mi impresión es que los integrantes de esta Secretaría Técnica, si no son funcionarios públicos que ya están en otra repartición, en principio debiesen ser personas que deben acceder al cargo a través de un concurso público, de oposición de antecedentes en donde luego de ello realicen una declaración de patrimonio e intereses. Al igual que los convencionales, deben estar sometidos a la Ley de Lobby para que hagan un registro de sus audiencias, viajes y donativos-, opina Pablo Contreras.

El académico también planteó en la Comisión de Ética de la Convención que es necesario perfeccionar el tipo de información que se hará pública. A su juicio, no basta con el estándar que ahora  establece la ley. Bajo el formato actual, por ejemplo, sería suficiente que el asesor informe que en los últimos dos años ha desarrollado “labores de asesoría jurídica”. Contreras estima que debe especificarse el tipo de asesoría para la que fue contratado, quiénes fueron sus clientes y respecto de qué materias o negocios.

-Si yo digo que hice una asesoría jurídica, eso puede ser desde juicios de divorcio hasta evaluaciones de impacto ambiental de proyectos de inversión de la gran minería del cobre. O podría ser asesoramiento a empresas en causas penales y tributarias, sobre financiamiento irregular de la política- explica Contreras.

Para el académico “el problema es que un asesor puede poner abogado o puede poner profesor (en su declaración) y no dar cuenta realmente de cuál ha sido su actividad profesional y el tipo de relaciones que tiene. Y eso hace muy difícil que la ciudadanía o la prensa de investigación pueda hacer el control público de sus antecedentes”.

EL MODELO DEL CONGRESO NACIONAL

Al igual que con el reglamento, los convencionales han recibido diferentes propuestas y borradores con diversos enfoques sobre el rol que debe jugar la Secretaría Técnica. Pero hay un modelo que resuena más fuerte: que sean funcionarios de la Biblioteca del Congreso Nacional quienes se integren a esta secretaría para realizar la labor de asesores.

Para María José Oyarzún (Revolución Democrática, distrito 7), convencional que integra la Comisión de Presupuesto, el rol que cumple la Biblioteca del Congreso Nacional se podría replicar, sin la necesidad de que sean exactamente los mismos funcionarios, sino más bien que se aplique el mismo modelo. Las diferencias que propone la convencional apuntan más bien a la cantidad de personas que deberán conformar esa mesa. “Hay algunas discrepancias con que sean 25 personas. Hay algunos que consideran acotar un poco más el número de plazas. A propósito también de la situación en que se encuentra la convención y que cada convencional cuenta con sus propios asesores”, dice Oyarzún.

Algo similar piensa el también convencional Raúl Celis (RN, distrito 7), quien destaca como fundamental la ayuda que hasta ahora han recibido por parte de funcionarios de la Cámara y el Senado, quienes han colaborado en los aspectos técnicos durante la instalación de la Convención y luego como apoyo en los procedimiento y labores de la mesa directiva.

-En general, no soy amigo de estar inventando fórmulas para la Convención Constitucional, sino que prefiero adaptar proyectos o fórmulas probadas-, dice Celis.  El abogado cree que se debe recurrir a personal que tenga conocimiento y experiencia, y que para eso los órganos más cercanos son la Cámara de Diputados y el Senado.

“Creo que apoyarnos en funcionarios que vengan de esos organismos sería relevante, considerando especialmente los resultados que han tenido hasta ahora para el funcionamiento de las comisiones, del pleno y de los secretario ad hoc, por llamarlo de alguna forma. Ha sido sumamente importante y decisivo para que la Convención haya podido salir adelante durante este mes y en esta fase de instalación”, afirma Celis.

En la misma línea que su compañero de partido, Cristian Monckeberg (distrito 10) cree que se trata de un trabajo meramente técnico que hasta ahora han desempeñado con éxito los funcionarios de la Biblioteca del Congreso. “Son funcionarios de carrera que responden a instituciones de la República y que están prestando colaboración”, dice Monckeberg.

Una mirada más crítica tiene la convencional Alondra Carrillo (Coordinadora 8M, distrito 12), para quien la discusión respecto de la composición específica de la Secretaría Técnica está totalmente abierta. Sin embargo, Carrillo adelanta algunas definiciones: “Debe ser un órgano consultivo, con composición paritaria, con presencia plurinacional. La participación de funcionarias y funcionarios de la Biblioteca del Congreso, que tienen altos estándares de desempeño, que llevan un buen rato haciendo asesorías y robusteciendo la actividad parlamentaria es una muy buena posibilidad”.

Pero Carrillo cree que la Biblioteca del Congreso no es la única institución pública que podría asegurar los principios de idoneidad y transparencia: “La Secretaría Técnica tiene que ser también diversa en su composición, de modo que la diversidad también le permita profundizar los insumos con una pluralidad de miradas, con la perspectiva plurinacional, ojalá descentralizada y paritaria, tal como han sido las coordenadas de composición de todos los órganos de la Convención Constitucional hasta este momento”.

“No debe tener control político, deben ser personas externas idóneas para efectos del trabajo que requiere esa mesa, que es apoyar en los aspectos técnicos de la elaboración de la redacción de la nueva Constitución”, define Carolina Videla (Partido Comunista, distrito 1). Para la convencional, el rol de la Secretaría Técnica se debe limitar a entregar documentación, sistematizar la información y traspasarla. “El tema político se va dar solo dentro de la discusión entre las y los constituyentes, no en otros espacios. Por lo tanto, creo que eso despeja con claridad cómo debe conformarse esa mesa”.

Entre las consideraciones que evalúan los convencionales para privilegiar el modelo de asesores provenientes de la Biblioteca del Congreso Nacional, se cuenta ahorrar tiempo y recursos, sin tener que recurrir a una selección que podría alargar el proceso.

“La solución técnicamente óptima, rápida y eficiente, es que sean funcionarios de la Biblioteca del Congreso Nacional, quienes usualmente hacen este tipo de informes y de investigación en derecho comparado”, dice el académico Pablo Contreras, quien además cree que estos funcionarios pueden asegurar el pluralismo de miradas, pues la biblioteca “tiene profesionales que no son sólo abogados o abogadas, sino también científicos, políticos o sociólogos, que le pueden dar el peso técnico a la Convención de forma rápida, sencilla, acostumbrados al tipo de trabajo legislativo”.

Para Contreras, en términos de legitimidad, recurrir a la Biblioteca del Congreso también sería una solución, pues “ahorra toda una serie de suspicacias sobre el reclutamiento, los procedimientos de selección y los antecedentes a la hora de contratar”.

En tanto, el Centro de Estudios Públicos (CEP) ha hecho notar que se debe tener en consideración el modelo de asesores de la Biblioteca del Congreso, pero más bien como una analogía y no necesariamente que sean estos mismos funcionarios quienes participen en la instancia convencional.

LOS LÍMITES DEL COMITÉ DE ARMONIZACIÓN

Otro punto que está en discusión en torno a la Secretaría Técnica es el rol que debería cumplir en el Comité de Armonización, pues podría influir en el resultado final del texto constitucional.

Matías Henríquez, investigador del Centro de Estudios Públicos (CEP), cree que la misión de este comité sería “colaborar, desde sus conocimientos específicos, en una revisión del futuro texto constitucional, en que no hayan contradicciones al momento de que entre en vigencia la Constitución o problemas de cómo aplica la norma o el artículo”.

Alondra Carrillo no concuerda con que la Secretaría Técnica cumpla además un rol  intermediario o de armonización, mucho menos de participación en la redacción de artículos del texto constitucional:

-Sería extremadamente preocupante si se llegara a instalar una secretaría con esas características, porque de facto la labor que se le ha encomendado a los y las convencionales electos por la ciudadanía terminaría desplazada por un órgano no electo-, dice la convencional feminista.

Si la secretaría asumiera un rol más protagónico, dice Alondra Carrillo, el debate de la Convención terminaría siendo un asunto más tecnocrático que político. Por lo mismo, la convencional cree que su rol debe ser de carácter consultivo, actuando solo como respuesta a solicitudes específicas de los convencionales.

En esa misma línea se ubica Javiera Ascencio, investigadora de Rumbo Colectivo, una fundación ligada a Revolución Democrática, quien apunta al rol de asesoría y entrega de elementos técnicos que debe cumplir la secretaría: “De ninguna manera debiera tener un rol preponderante en la discusión. Porque la discusión que importa es la de los convencionales y no la de los representantes de órganos técnicos, por mucha experiencia que puedan tener”.

El académico Pablo Contreras enfatiza en que hay bastante consenso en las propuestas de reglamento respecto de que el Comité de Armonización debiese ser conformado solo por convencionales. Contreras cita experiencias comparadas de comités de este tipo que no estaban integrados por representantes de la Asamblea o Convención, sino que por perfiles de funcionarios expertos, y cuyos resultados fueron  problemáticos.

-La comisión de armonización, como se le denomina en el Derecho Comparado, es una súper comisión. Va mirando la integralidad del proceso y el texto, y va proponiendo formas de resolver contradicciones, proponiendo una reacción alternativa. Entonces es una comisión que tiene mucho poder-, subraya Contreras.