El magro resultado de la ley de cuota de género: la democracia chilena sigue incompleta

Las elecciones parlamentarias de 2017 fueron las primeras que se realizaron bajo la ley de cuota de género. Pese a ello, indica la autora de esta columna de opinión, no se obtuvieron los resultados esperados y el Congreso Nacional siguió compuesto ampliamente por hombres: la política pública adoleció de “problemas de diseño” que redujeron su efectividad y provocaron que las mujeres fueran incluidas en algunas listas como “mera decoración”. ¿Cómo evitar que se repita la experiencia de 2017, de cara a las votaciones de este año? La respuesta la tienen los partidos, pues de ellos dependerá si cumplen con la cuota de género por competitividad o formalidad. Mientras eso ocurre, indica la autora, hay que pujar para que se “asegure la creación de normativas de paridad como piso y no como techo”.

A menos de una semana de que venza el plazo para inscribir las listas que competirán en la próxima elección parlamentaria, de consejeros regionales y presidenciales, estamos ante el riesgo de que Chile mantenga, por otros cuatro años más, una representación baja de mujeres en el Congreso Nacional.

Actualmente, pese a la aplicación de la ley de cuotas aprobada en 2015 en el marco de la reforma al sistema electoral binominal, Chile se encuentra en el lugar número 99 dentro del ranking que mide la presencia de mujeres en el Parlamento, de acuerdo con datos de la Inter-Parlamentary Union (2021), muy por debajo de países como México y Argentina, que ocupan el quinto y décimo octavo lugar, respectivamente.

A esta altura, ya son ampliamente conocidos los efectos de la cuota de género que se aprobó en el segundo gobierno de Michelle Bachelet, la cual, a pesar de haber sido anunciada con mucho ruido y alta expectativa, trajo consigo problemas de diseño que no quedaron resueltos para esta elección. Primero, hay que dejar en claro que podemos hablar de cuota pero no de paridad, ya que las listas de los partidos deben estar compuesta solo en un 40% por mujeres. Dicha medida, además, tiene carácter nacional y no se aplica por distrito, lo que implica una evidente válvula de escape para los partidos, ya que sólo cumplen la cuota en términos formales, poniendo mujeres incluso como mera decoración.

Una serie de trabajos de cientistas políticas (Arce, 2018 a y b; Le Foulon y Suárez-Cao, 2018) evidencia que los partidos no realizaron mayores esfuerzos por buscar mujeres competitivas, ni apoyar los procesos electorales de las mujeres, en las votaciones de 2017. Esto, a pesar de que la normativa incluyó incentivos económicos, pues cada partido puede recibir un monto de 500 UF por cada candidata electa.

Por otro lado, a las mujeres candidatas se les incrementa 0,01 UF por concepto de gasto electoral su devolución por voto obtenido. De cara a las elecciones de 2017, estos elementos hacían suponer que las mujeres tendrían lugares privilegiados en las listas, y algunas facilidades para ser electas. Sin embargo, de acuerdo con datos del Servicio Electoral (2018), la brecha de financiamiento entre hombres y mujeres fue de un 32%.

Asimismo, los problemas de reclutamiento fueron evidentes para aquella elección. Los partidos políticos no se prepararon para enfrentar el cambio de las reglas del juego y la situación los encontró por sorpresa. Las formas de reclutamiento político para dicha elección consistían en invitaciones para “acompañar” a tal o cual candidato en la contienda, desconociendo que las mujeres son sujetas políticas y que sí pueden competir por sí mismas (Arce y Fernández, 2017).

Tomando como base esta experiencia y los magros resultados, la Convención Constitucional no podía sino avanzar en una fórmula de paridad efectiva para que existiese el mismo número de hombres y mujeres, incluso en la incorporación de escaños reservados, y así se logró.

De un momento a otro, Chile pasó de ser vanguardia mundial en esta materia, ya que corrigió los problemas de centralismo, le quitó poder a los propios partidos para la nominación y demostró, mediante la apertura del sistema, que las mujeres incluso fueron más competitivas que los hombres: por concepto de paridad, se tuvo que corregir en 11 casos en favor de los hombres, y solo en cinco ocasiones se tuvo que incluir mujeres por este precepto (Arce-Riffo y Suárez-Cao, 2021). Todo lo anterior se logró, principalmente, gracias a la acción del movimiento feminista que en su conjunto logró presionar al Congreso e instalar en la agenda pública la norma de paridad, corriendo las iniciativas ingresadas para modificar la actual ley electoral.

¿QUÉ SE ESPERA DEL COMPORTAMIENTO DE LOS PARTIDOS?

Los resultados de la última elección no fueron auspiciosos para los partidos tradicionales, en particular para los de la ex Concertación, ya que anotaron poca presencia en la Convención Constitucional (como el PPD y la DC). Además, pese a tener conglomerados que se declaran feministas (como el PS y el PPD) sus resultados en materia de representación femenina fueron negativos: de los 25 convencionales que logró inscribir la ex Concertación, solo 4 son mujeres. Y de esas 4, sólo una es militante (socialista, en este caso) mientras las otras solo son adherentes (dos al PS y una al PRO).

La derecha, por su parte, consiguió 37 bancas, de las cuales un 40% están ocupadas por mujeres.

Dentro de las coaliciones, la que consiguió más candidatas electas fue Apruebo Dignidad (PC + FA): de 28 representantes, 19 son mujeres. Adicionalmente, consiguieron buenos números la Lista del Pueblo (14 mujeres de 23 representantes) y la lista de movimientos sociales (10 mujeres de 14 representantes) (Arce Riffo y Suárez-Cao, 2021).

Estudios realizados desde la línea del Feminismo Institucional, hay autoras como Meryl Kenny, Elin Bjarnegård y Tania Vèrge que plantean la necesidad de mirar internamente a los partidos y cómo los procesos de selección de candidaturas están marcados por prácticas culturales basadas en masculinidades hegemónicas. Esto último provoca una expulsión de las mujeres de los espacios de toma de decisiones, puesto que allí abundan redes masculinas que refuerzan los estereotipos de género. Esas redes, además, provocan que las prácticas políticas se centren precisamente en las agendas de los hombres, fijando horarios y temas de acuerdo con su conveniencia, generando “clubes de chicos viejos” que seleccionan candidaturas.

Las medidas de acción afirmativas, como las cuotas de género y por sobre todo la paridad, ayudan a corregir –en parte– los problemas que sufren las mujeres al interior de los partidos, generando dispositivos que permean la cultura patriarcal de los colectivos políticos (los que no tienen mucho de “género- neutrales”, ya que, como la mayoría de las instituciones, se guían por prácticas y comportamientos masculinos).

Desde nuestra perspectiva, solo quedan esperanzas en que la Convención Constitucional, y una eventual presidencia que represente a la centroizquierda, asegure la creación de normativas de paridad como piso y no como techo. De lo contrario, la democracia chilena seguirá incompleta.

NOTAS Y REFERENCIAS