Platas políticas de SQM: la evidencia que acumuló la Fiscalía contra los 34 imputados que zafaron del juicio

La Fiscalía no perseverará en la acusación contra 34 imputados en el Caso SQM, aunque acumuló evidencia que indica que al menos 31 participaron en operaciones para financiar actividades políticas con dinero aportado por la minera. La mayoría libró del juicio porque el SII no presentó denuncias ni querellas. Vea aquí las principales antecedentes obtenidos por el Ministerio Público contra los 34 que se salvaron del juicio, entre ellos el ex ministro Rodrigo Peñailillo (PPD), dos hijos del senador Jorge Pizarro (DC), el diputado Roberto León (DC), la hermana del ex senador Fulvio Rossi (ex PS) y un hijo del dirigente penquista Claudio Eguiluz (RN). Cuando la preparación del juicio por el caso SQM entra en su recta final, solo ocho personas siguen imputadas.

El 25 de junio, una semana antes que el ex ministro del interior Rodrigo Peñailillo (PPD) reapareciera en una entrevista con La Tercera anunciado su intención de convertirse en senador, el Ministerio Público comunicó al Octavo Juzgado de Garantía su decisión de no perseverar la investigación en su contra en el caso SQM. Peñailillo forma parte de una nómina de 34 personas que consiguieron salir indemnes del proceso, a pesar de la contundente evidencia que la Fiscalía acumuló para demostrar que al menos 31 de ellas participaron en operaciones destinadas a financiar actividades políticas con dineros ilegales. La mayoría libró del proceso penal debido a que el Servicio de Impuestos Internos (SII) decidió no presentar denuncias ni querellas, aunque fue informado de los antecedentes por los fiscales.

El ex ministro Peñailillo no solo emitió boletas que se pagaron con dinero aportado por SQM para financiar de manera ilegal la precampaña electoral de Bachelet, como lo demuestran las pruebas y testimonios recogidos por la Fiscalía, sino que también dejó una huella que marcó el destino de las investigaciones sobre platas políticas: él, junto al entonces ministro de Hacienda, Alberto Arenas (PS), encabezaron las presiones sobre la plana mayor del SII en 2015 para que ese servicio no siguiera colaborando con las indagatorias (vea el reportaje de CIPER “El detalle de las presiones de Peñailillo sobre el SII para impedir la investigación a SQM”). Fue precisamente la inacción del SII, entidad que dejó de presentar denuncias o querellas, la que seis años después hizo posible la salida de la causa del propio Peñailillo y de los otros 33 imputados.

Tras la salida de Arenas de la cartera de Hacienda, lo reemplazó el economista Rodrigo Valdés (PPD), quien puso a la cabeza del SII a Fernando Barraza, el que impuso la política de no interponer nuevas denuncias o querellas referidas a platas políticas, lo que terminó asfixiando las investigaciones.

Con la decisión de la Fiscalía de no perseverar contra estos 34 imputados, los últimos que saldrán del caso previo al inicio del juicio oral, la acción del Ministerio Público persiste solo contra ocho acusados, entre ellos el ex ministro de Economía Pablo Longueira (UDI) y el ex candidato presidencial Marco Enríquez Ominami (PRO). El siguiente capítulo del proceso está agendado para este miércoles 4 de agosto, jornada en que se retomará la audiencia de preparación de juicio.

A continuación, revise las principales evidencias y testimonios reunidos por la Fiscalía sobre las últimas personas que consiguieron zafar del proceso penal.

PPD: LOS G90 DE PEÑAILILLO, EL ASESOR DE GIRARDI Y LA DIRECTIVA DE TOHÁ

Aunque ya no sea imputado, Rodrigo Peñailillo todavía no puede decir que se libró completamente del caso SQM. El ex ministro y ahora aspirante a senador será citado en el juicio y la Fiscalía espera que testifique “acerca de su cargo como Ministro del Interior el año 2014 y de su relación con otros ministerios y la jefa de gabinete del Ministro de Hacienda, Andrea Palma, de las intervenciones por las acciones tomadas por el SII”.

Peñailillo admitió ante la Fiscalía que había emitido boletas para AyN, la sociedad constituida por el recaudador de fondos de la campaña de Michelle Bachelet, Giorgio Martelli, que recibió aportes de SQM. «Efectivamente, cuando llegué en 2011, estuve en 2010 y 2011 estudiando en España, a fines de 2011 y principios de 2012, trabajé en una empresa de Giorgio Martelli en calidad profesional, como magister en análisis político«, dijo el entonces ministro PPD.

En la nómina de pagos de AyN figuraban estrechos colaboradores de Peñailillo –miembros del grupo G90 del PPD– que ahora también están en la nómina de los 34 excluidos del caso. Uno de ellos es Alex Matute, quien señaló públicamente que Peñailillo prestó asesorías confidenciales para su estudio jurídico Harold’s & Johns Business &Law. Su socio en ese bufete era Harold Correa, asesor y parte del círculo de confianza del ex ministro. A través de esta sociedad, Correa junto a Peñailillo tuvieron un rol en la recaudación de recursos para la pre campaña presidencial de Bachelet.

La firma de abogados que Correa y Matute facturó $32 millones a Empresas Copec y cerca de $120 millones a Compañía de Seguros del Sur (ambas del grupo Angelini). Asimismo, emitió 23 facturas a AyN, la empresa que Giorgio Martelli montó para triangular dineros desde SQM.

Tras el escándalo de las platas políticas, Peñailillo abandonó La Moneda y junto con él salieron todos los integrantes de la G90 que habían llegado al palacio: el jefe de asesores de Interior, Robinson Pérez; el encargado de estrategias de ese mismo ministerio, Flavio Candia, y el coordinador de actividades públicas de la cartera, Héctor Manuel Cucumides.

Rodrigo Peñailillo, ex ministro del Interior de Michelle Bachelet.

El caso SQM no tocó en el PPD solo a ese grupo de colaboradores del bacheletismo. También afectó a los círculos de otras figuras históricas de ese partido, como Guido Girardi y Carolina Tohá.

La trama que incendió al PPD fue así: Gustavo Silva, ex tesorero del partido, figuró en la causa a través de su responsabilidad como director de la Corporación Innovación y Democracia, entidad de facturó, a través de Chile Ambiente, $50 millones a SQM. Silva, un reconocido hombre ligado a la directiva de Carolina Tohá, ocupó un esquema de financiamiento diseñado por Luis Matte Lira –que incluía un contrato de aportes permanentes de la minera–, y  Chile Ambiente era de propiedad de Patricio Rodrigo, un conocido asesor del senador Guido Girardi.

La irrupción del PPD en el caso, terminó con la disminución de la influencia de Tohá, quien cerró una silenciosa gestión como alcaldesa de la comuna de Santiago.

Otro ex tesorero del PPD apareció también en el caso: Alejandro Bahamondes, quien ahora figura en la nómina de los 34 que zafaron del caso. Bahamondes ejercía como embajador en Paraguay cuando fue investigado porque su empresa Kybalion Consultores emitió dos facturas a la minera por $22 millones en 2012. Debió abandonar su cargo en Paraguay en agosto de 2015, cuando se conocieron estos antecedentes.

Luis Andrés Carracedo Aguayo, es otra persona ligada al PPD que figura en la lista de los 34. Él emitió una boleta por $5 millones a la minera. Junto a Juan Marco Moreno Rosales (PPD) trabajaron como abogados asesores del Ministerio Secretaría General de la Presidencia en el segundo gobierno de Michelle Bachelet y poseían la consultora Altercom Asociados. Esa empresa recibió pagos de SQM por $10 millones.

LA AMISTAD DE SQM EN LA FAMILIA DC

El ex diputado Roberto León (DC) es señalado no solo como un cercano al ex gerente general de SQM, Patricio Contesse, sino como uno de las figuras políticas que mantenía directa comunicación con el controlador de la minera, Julio Ponce Lerou. Junto a al ex senador Fulvio Rossi (ex PS), León fue una las primeras figuras de la Nueva Mayoría que aparecieron en la causa cuando en el verano de 2015 reventó el caso SQM.

Ahora, la Fiscalía dejó fuera al ex diputado León porque el SII nunca se querelló en su contra, pero llevará a juicio a su hijo homónimo, para quien se piden 4 años de presidio menor como autor de delito tributario y una multa de $6,2 millones. Esto, por 63 boletas de $2,5 millones que se le pagaron mensualmente entre 2009 y 2014. La vicepresidenta de Desarrollo y Sustentabilidad de SQM, Pauline de Vidts, declaró: «Sé que el diputado León era conocido de Contesse. De hecho, en una oportunidad lo vi en la empresa SQM y me lo presentaron”.

León fue escuchado en la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados que indagó en 2013 el esquema de sociedades cascadas con el que Ponce Lerou mantenía el control de SQM. El entonces diputado no sólo intervino en esa comisión a pesar de que su hijo entonces era remunerado por SQM, sino que además envió un oficio al titular de la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), Fernando Coloma, requiriendo información sobre las operaciones de sociedades ligadas al Presidente Sebastián Piñera, esto dos meses después de que la SVS iniciara la investigación del caso Cascadas.

Una pista que la fiscalía no pudo indagar hasta el final, fue sobre las comunicaciones que León poseía con la casilla de correo grillop10@hotmail.com y que según declaraciones en la causa, era usada por Ponce Lerou. Según una cadena de correos a la que tuvo acceso CIPER, esa casilla se utilizó para entregar a León información para que el parlamentario interfiriera en la disputa entre SQM y Cosayach, la minera de Francisco Javier Errázuriz, por las aguas de Pampa del Tamarugal.

La nómina de los 34 también trajo buenas noticias a otro parlamentario DC: el senador Jorge Pizarro. Dos de sus tres hijos figuran en ella y quedaron fuera del juicio.  De los tres hermanos Pizarro Cristi, todos socios en Ventus Consulting, solo uno enfrentó a la justicia: Sebastián, periodista, quien el 20 de marzo de 2019 admitió en juicio simplificado que concertado con su padre había emitido 11 facturas a SQM por un total de $45 millones. Fue condenado a un año y dos meses de pena remitida, la que, según un certificado de Gendarmería, terminó de cumplir el 29 de junio pasado.

Ex diputado DC, Roberto León

La fiscalía acreditó que los dineros de SQM pasaban de las cuentas de Ventus a una de Benjamín Pizarro, el menor de los hermanos. En las mismas fechas de esas transferencias, y por las mismas cantidades, desde la cuenta de Benjamín se hacían depósitos a la cuenta del senador. El parlamentario dijo que se trataba de los pagos de un antiguo préstamo que hizo a su hijo. Antes de asumir los hechos, su hijo Sebastián dijo a la Fiscalía que los supuestos servicios prestados por Ventus a SQM habían sido asesorías verbales que no quedaron respaldadas en informes.

Además de los León y los Pizarro, otra familia ligada a la DC se vio envuelta en el caso SQM. Daniela Tudela García, quien ahora también aparece en la lista de los 34, es hija de uno de los lobistas que durante años ha estado asociado a la DC: Carlos Tudela Aroca. Ella formó parte de una empresa familiar que ha asesorado a diputados falangistas y que recibió pagos de SQM y de Inversiones Caburga (del grupo Said). El hermano de Daniela, Carlos Tudela García, también figura en la causa pero retirando de SQM un cheque por $6 millones destinado a Ventus Consulting.

La última familia DC que entró en la causa es la de Miguel Salazar Beltrán, ex jefe de gabinete de Eduardo Frei Ruiz Tagle, y quien está en la nómina de los 34. Su hija, Magdalena Salazar, constituyó en 2011 una empresa junto a la ex esposa de Carlos Tudela, María Yalena: Centro de Estudios Legislativos, Asesorías y Consultorías S.A. (Celac), que recibió $35 millones de SQM y que asesoraba a diputados del partido. Magdalena Salazar declaró ante la Fiscalía que siempre tuvo “la sospecha de que los dineros iban al diputado Roberto León”. Miguel Salazar Beltrán fue durante años asesor de León. El mismo Salazar Beltrán aparece recibiendo $6,7 millones desde SQM.

La última figura vinculada a la DC que aparece en la lista de imputados sobre los que la Fiscalía no perseverará es Verónica Baeza, ex asesora de Clara Bensán, la contadora DC que trabajó en las finanzas de la campaña presidencial de Eduardo Frei. Bensán fue condenada a 100 días de pena remitida por emitir facturas y boletas falsas a petición de Giorgio Martelli para la campaña presidencial de 2009. Ella recibió de Verónica Baeza cuatro boletas que sirvieron para justificar pagos hechos por una sociedad de Bensán con los que se triangulaban platas de SQM.

LA UDI MÁS ALLÁ DE PENTA

Constanza del Pilar Farías Prieto es cónyuge del actual presidente de la UDI, Javier Macaya, y quedó fuera del juicio. Ella hizo una boleta por $5 millones para SQM en 2012, cuando Macaya estaba en su primer periodo como diputado. El parlamentario señaló entonces que los servicios fueron prestados: «Es una exitosa abogado que ha trabajado durante más de 10 años (…) Esta boleta corresponde a servicios efectivamente prestados conformes y en definitiva se enmarca dentro de lo que ella hace«, puntualizó. El SII no presentó querella en su contra.

En las filas de la UDI quién sí enfrentó a la justicia y se anotó con la primera condena en el caso Penta, fue el ex senador Jovino Novoa. Uno de sus socios e íntimo amigo, Roberto Guerrero del Río, está ahora en la nómina de los 34 que salvaron del juicio. Guerrero figuraba en la causa por 13 facturas de su sociedad de abogados pagadas por SQM. “Mis servicios se prestaron directamente y de manera personal al señor Contesse”, dijo en su declaración ante la fiscalía. Según expresó en ese mismo testimonio, sus honorarios ascendían a $10 millones mensuales.

Otro histórico de la UDI, el ex ministro de Economía Pablo Longueira, enfrentará el juicio oral acusado de cohecho, pues se le acusa de recibir instrucciones desde SQM para incidir en el Congreso en el proyecto de Royalty Minero. Pero dos de las personas que hicieron boletas pagadas por la minera a petición de la entonces jefa de gabinete de Longueira, Carmen Luz Valdivielso -también acusada en el juicio-, lograron salvarse del juicio: el hermano de la cuñada de Valdivielso, Mauricio Palacios, y el ex concejal de RN por San Joaquín, Patricio Lazcano.

La cuñada de Valdivielso confesó haber emitido boletas para BCI y Cencosud a petición de la ex sesora de Longueira, con el objetivo, de “que éste las distribuyera principalmente entre candidatos jóvenes«. Su hermano emitió solo una boleta a SQM por casi $6 millones. Lazcano en tanto, recibió más de $12 millones de SQM.

Sede del partido Unión Demócrata Independiente (UDI)

Toloza y Compañía Limitada es una sociedad creada por Víctor Hugo Toloza Zapata y Pablo Antonio Toloza Fernández. La empresa facturó $2,5 millones a SQM. Toloza Fernández figuraba entonces como militante UDI e intendente de Antofagasta en el primer gobierno de Sebastián Piñera. Víctor Hugo Toloza, en tanto, fue funcionario del Servicio Electoral al menos entre 2006 y 2013 y a partir de ahora, la fiscalía lo dejó fuera de la investigación.

La lista gremialista también la integran Rosa María Quezada, recepcionista de la UDI, cuya hija, Paula Labra Quezada, figuraba con boletas por $6 millones a SQM. También Silvana Lorena Vega Pinto, asesora parlamentaria de dos exdiputados del partido, José Antonio Kast y Felipe Ward: ella emitió una boleta a SQM por $2 millones.

También salió del juicio Ximena Carbacho, socia de Asesorías IMBC junto a su marido, Jorge Maximiliano Bussenius. Él fue administrador electoral de la campaña a senadora de Ena von Baer en 2013. Durante ese año, IMBC facturó $35 millones a SQM: Sobre esos pagos, Ximena Carbacho señaló: “La verdad es que no tengo idea. La empresa la maneja mi marido y yo solamente realizo retiros. Mayormente no le pregunté, no mencionó si los servicios se habían prestado o no”.

Gabriel Esteban Jiménez Celsi es otro de los imputados que evitó el juicio. Él figuraba como  emisor de boletas ligado a la Universidad del Desarrollo. Trabajó en la Subsecretaría de Economía del primer gobierno de Sebastián Piñera, como asesor legislativo del subsecretario Tomás Flores, economista vinculado a Joaquín Lavín. Emitió una boleta a SQM por $5 millones.

BOLETEROS DE MEO

Del grupo de boleteros vinculado a Marco Enríquez Ominami, la fiscalía no perseveró en contra de Carol Andrea Cuellar y Evangelina Spano, ambas proveedoras de la campaña de ME-O pero cuyas remuneraciones fueron pagadas por Cristian Warner Comunicaciones, Publicidad y Marketing, empresa de uno de los más estrechos colaboradores del ex candidato presidencial. Esa empresa, a su vez, facturaba a SQM y otras compañías. Asimismo, Luis Navarrete -también desligado ahora de la causa- es parte del listado de emisores de boletas pagadas por Cono Sur Research, otra empresa de Warner que recibió recursos de la constructora brasileña OAS (investigada por corrupción) y Cencosud Retail, entre otras.

PS: LA HERMANA DE ROSSI

Después de un largo periodo de mantener su derecho a guardar silencio ante la Fiscalía, la principal asesora de Fulvio Rossi, Mariela Molina, reconoció que las boletas que emitió a SQM eran falsas. Pero lo dijo una vez que el ex senador PS ya había salido del caso sin condena. Irina Rossi, hermana del ex parlamentario, es la dueña de la cuenta bancaria por la cual pasaron parte de esos pagos que SQM realizaba a asesores del ex senador. Según pudo acreditar la fiscalía, desde esa cuenta finalmente se hicieron transferencias a la de su hermano, aunque también hubo depósitos en efectivo que Molina efectuó directamente en cuentas de Fulvio Rossi. En $94 millones cifró la fiscalía las facturaciones a SQM ligadas a Rossi.

A pesar de las evidencias reunidas por la fiscalía, la Corte Suprema frenó en 2019 la investigación al acoger un amparo interpuesto por la defensa de Rossi y dictaminar que el ex parlamentario no había intentado cometer delitos tributarios al gestionar pagos desde SQM. Su hermana también salió del juicio: está en la lista de los 34.

Asimismo, con solo una boleta de $1 millón, Claudia García Furche, prima hermana del ex ministro de Agricultura, Carlos Furche (PS), tampoco fue objeto de querella del SII y quedó fuera del proceso.

Alfredo Rodríguez Arranz, en tanto, es otro imputado asociado a figuras del PS que se salvó del juicio. Él fue representante legal de Sur Profesionales Consultores, sociedad que emitió cuatro facturas  a SQM en 2013 por un total de $ 20 millones. “La relación surge a principios de mayo del año 2013, cuando el señor Rodrigo Egaña me llamó para conversar conmigo y nos reunimos en mi oficina y él me dijo que Soquimich le había solicitado un estudio de seguimiento del Convenio 169. Rodrigo Egaña es un especialista en el tema. No sé qué relación tiene Rodrigo Egaña con Soquimich”, sostuvo Rodríguez ante los fiscales.

Egaña, ingeniero comercial y militante PS, entonces ejercía como presidente de Alta Dirección Pública. Había sido subsecretario de la Secretaría General de la Presidencia en el gobierno de Ricardo Lagos.  Pese a que un grupo de militantes PS solicitó su expulsión del partido en 2015 a raíz de los pagos de SQM, al final del segundo gobierno de Michelle Bachelet encabezó el proceso de desmunicipalización en el Mineduc.

DOS VÍNCULOS RN

Claudio Eguiluz, dirigente de RN en Biobío y ex vicepresidente de la directiva nacional de ese partido que presidió Carlos Larraín, tenía una amistad de años con el ex gerente de SQM, Patricio Contesse. Eguiluz fue condenado en 2018 a 800 días de pena remitida, además del pago de $2,8 millones. Pero su hijo, Joaquín Eguiluz, finalmente fue desvinculado del juicio. Él formó parte de la trama que generó pagos de SQM por casi $500 millones, a través de boletas y facturas, ligados al dirigente penquista de RN.

Entre las personas vinculadas a figuras de RN aparece también el abogado Carlos Eugenio Castro Castro, contra quien la Fiscalía decidió no perseverar. Trabajó en el estudio jurídico PDD & Cía., del actual presidente del CDE, Juan Antonio Peribonio, y también como abogado del Ministerio del Interior. Emitió seis boletas por $31 millones pagadas por SQM.

EL PRI Y LOS INFORMES PLAGIADOS

Eduardo Salas, ex secretario general del PRI, reconoció que recibió pagos de SQM y explicó que se trataba de asesorías por su profesión de abogado. Aunque parte de los informes con los que Salas intentó acreditar esos trabajos fueron plagiados de información que circula públicamente –según constató CIPER en 2017–, el SII no presentó querella en su contra por los $74 millones con que SQM pagó las 21 boletas que emitió.

UN COMPUTADOR A LA BASURA

En la nómina de los 34 que no enfrentarán juicio, hay tres personas que no tienen vínculos políticos conocidos. Uno de ellos es Bernardo Heiremans, socio de Consultores de Administración Asociados, la que emitió 42 facturas entre 2008 y 2012 las que fueron pagadas por SQM SA con un total de $447 millones. El SII se querelló contra la empresa, pero no contra Heiremans, quien declaró lo siguiente: “Desconozco de qué tratan los servicios, me imagino que lo que indica la factura, ya que la letra con que están escritas corresponde a mi padre”, dijo. Y agregó: “El computador que utilizaba mi padre lo botamos cuando falleció”.

Luis Alfonso Letelier Urcelay también salió del caso sin querella en su contra, aunque emitió una factura a SQM por $5 millones. En 2013 se desempeñaba como juez titular del Segundo Juzgado de Policía Local de Recoleta. Su vinculación política no fue nítida en la investigación.

Otra figura sin vínculos políticos es Luis Enrique Saldías, representante legal de Inversiones Enjoy Limitada, quien declaró ante el SII lo siguiente: “A finales del año 2009, Patricio Contesse se contactó conmigo para solicitarme muy confidencialmente si podía a través de alguna de mis empresas comprar derechos de agua con el objetivo de que posteriormente traspasarlos a SQM”. Según su relato, a través de Roberto Guzmán Lyon –asesor directo de Julio Ponce y señalado como creador del sistema de cascadas– gestionó pagos para realizar esos traspasos encubiertos a través de 35 facturas por un total de $458 millones. Otra empresa de Saldías, Dasco Tedcnologías, emitió seis facturas por un total de $16 millones.

El SII se querelló en 2016 contra Luis Enrique Saldías y su socio e hijo Diego Saldías Cofré. La Fiscalía condenó al padre y a Guzmán Lyon, pero decidió no perseverar contra Diego Saldías.