Sobreproducción de elites: una explicación al 18/O desde la teoría demográfica estructural

Saber qué fuerzas sociales actuaron el 18/O es de gran relevancia hoy. Si no, ¿cómo sabemos que las políticas que se implementan evitan que esto ocurra de nuevo? Dos hipótesis han dominado el debate sobre este punto y la columna sostiene que estamos empantanados en ellas. Una sitúa el conflicto en la cabeza de los chilenos: estaríamos descontentos no por hechos objetivos sino por expectativas desmedidas que el crecimiento del país no logra satisfacer. La otra sitúa la explicación en la cabeza de la elite, en su poca conciencia de los privilegios que tiene y de cómo éstos, muchas veces inmerecidos, absorben demasiados recursos y hacen la vida del resto una constante peripecia. La columna ofrece una interpretación basada en la teoría demográfica estructural (Peter Turchin). Tras examinar la relación entre elites, población y Estado durante los últimos 60 años, los autores muestran que una constante en las épocas de mayor conflicto en Chile es la sobrepoblación de la elite lo que lleva a que su captura de recursos suba a costa de los recursos del promedio de la población, en una lógica de suma cero. Dado este escenario, los autores se preguntan: “¿cómo reconstruir un clima de convivencia democrático que permita volver a crecer, en un contexto caracterizado además por una matriz ambiental y de recursos naturales severamente desgastados?”. Aquí se exploran algunas vías.

Durante las últimas cuatro décadas la desigualdad socioeconómica ha estado en el centro del debate del modelo chileno. Históricamente, el malestar subjetivo precozmente diagnosticado por el PNUD y apropiado por los flagelantes de la Concertación a fines de los años 1990s, chocó con una narrativa complaciente centrada en los indicadores asociados al crecimiento, la reducción de la pobreza y la expansión de la educación y el consumo. Desde el 18 de octubre de 2019 dicho debate cobró nueva fuerza, en torno a la confrontación entre dos interpretaciones que se plantean como rivales.

Por un lado, quienes valoran positivamente las últimas décadas, subrayan la caída sostenida de la pobreza, la expansión de las oportunidades y del logro educativo, y el acceso cada vez más extendido de la ciudadanía a bienestar social, bienes de consumo y esparcimiento.

A favor de esta perspectiva está la evidencia comparada reportada por distintos organismos internacionales, entre ellos el proyecto Commitment to Equity, especializado en analizar la distribución del ingreso y que indica una caída del índice de Gini (uno de los indicadores más utilizados para medir la desigualdad de ingresos) para el caso de Chile. A su vez, la evidencia presentada por Claudio Sapelli respecto de la evolución de la desigualdad de ingresos entre distintas cohortes etarias, es consistente con una reducción progresiva del Gini en las nuevas generaciones de chilenos.

Desde esta perspectiva resulta difícil explicar el estallido de octubre de 2019. ¿Cómo justificar las protestas como corolario de una trayectoria que luce tan exitosa? ¿Cómo explicar que generaciones jóvenes, beneficiadas por una prosperidad sin precedentes, salgan a la calle “a romper todo”?  La denominada “trampa del ingreso medio” ofrece una eventual explicación: en la medida que las sociedades se desarrollan, las expectativas crecen más rápido que la capacidad material de la sociedad de satisfacerlas, generando un espiral de descontento subjetivo en un contexto de bienestar material sin precedentes en el país. De acuerdo con esta interpretación, el problema con Chile estaría en “la cabeza” de los descontentos, porque la desigualdad se termina politizando justo cuando dicha politización es menos justificada en términos objetivos.

Más allá de la desigualdad de ingresos, diversos estudios sugieren la prevalencia y persistencia de distintos tipos de desigualdad en la sociedad chilena. Por ejemplo, desigualdad de trato entre ciudadanos de distintos estratos sociales; desigualdades profundas en el acceso a derechos básicos de ciudadanía social como la salud, la justicia, la educación y las pensiones (véase por ejemplo el informe Desiguales del PNUD, así como los trabajos de Kathya Araujo).

Según esta perspectiva, aunque el desarrollo de Chile habría posibilitado expandir la cobertura de esos mínimos sociales, las brechas de calidad en las prestaciones a las que acceden los sectores medios y bajos distribuyen de modo muy desigual la “dignidad” entre ciudadanos pertenecientes a estratos socioeconómicos diferentes. El trabajo del sociólogo Manuel Canales, por ejemplo, ejemplifica los efectos de las brechas de calidad y las condiciones en que los hogares medios y bajos acceden a educación terciaria. Así, los jóvenes de hogares vulnerables se endeudan para acceder a educación terciaria de mala calidad relativa. Y aún si logran una buena educación, es probable que no accedan a puestos de trabajo acordes con su formación (con los que podrían repagar sus deudas), al topar con techos de cristal en una sociedad caracterizada aún por una estructura estamental en que la elite y sus redes reproducen el privilegio más allá del mérito individual de cada uno.

En este contexto, como lo han ejemplificado distintos estudios[1] sobre la percepción de las elites respecto a la realidad que viven otros sectores de la población, los más ricos ni siquiera parecen ser conscientes de su grado de privilegio. En cierto sentido, desde esta perspectiva, el problema fundamental de Chile está en “la cabeza” de una elite dirigente que no logra calibrar el tenor de sus privilegios, así como el papel que dichas desigualdades juegan en determinar la peripecia de sus conciudadanos.

La brecha entre ambas visiones es amplia. Y cada dato u evento, puede ser interpretado desde una u otra clave, con igual grado de plausibilidad. Consideremos un ejemplo reciente: la Encuesta Bicentenario 2020 de la PUC, verificó que en el último año aumentó significativamente la percepción de conflictividad entre ricos y pobres. También registra una caída dramática, de casi 30 por ciento, en la confianza en la meritocracia por parte de los sectores de ingresos medios; y niveles de frustración y descontento especialmente pronunciados entre jóvenes con estudios en la educación terciaria. Sino se trata de un “malestar subjetivo” ¿cómo entender que sean los jóvenes más educados y que han disfrutado los mejores años de Chile, aquellos que presenten mayores niveles de frustración?

No obstante, también es posible sostener que la creciente frustración con la meritocracia tiene relación con las promesas incumplidas del modelo. Quienes apostaron a la movilidad social mediante la educación, tienen hoy entre sus manos una promesa rota y una deuda que no pueden pagar.

El país parece hoy empantanado entre ambas interpretaciones. Mientras las métricas objetivas que usualmente estructuran el debate de la elite y los técnicos sugieren un relato; el descontento social cristaliza en torno a narrativas asociadas a las situaciones de “abuso” vividas por la población durante los últimos “30 años”. El debate entre una y otra interpretación puede parecer trivial, pero es muy relevante para entender el tipo de encrucijada en que se encuentra Chile. Si el primer tipo de lectura es el correcto, el problema fundamental del país es político. Para recuperar la legitimidad y cohesión social perdidas, se trata fundamentalmente de encontrar un “relato” o un “liderazgo” que logre volver a sincronizar las urgencias subjetivas con las posibilidades objetivas de la sociedad.

Si en cambio, el segundo tipo de lectura resulta más apropiado, el conflicto político actual respondería a causas estructurales. Y en ese sentido, los desafíos son de una magnitud mayor no solo para una elite social y política desconectada, sino también, para los liderazgos más avezados. En este último caso, el problema no es solamente el de encontrar liderazgos o instituciones adecuadas, sino principalmente poder comprender los fundamentos estructurales del conflicto social que estamos experimentando.

Sin pretender saldar el debate y con el objetivo de aportar un elemento adicional a la comprensión de la encrucijada, en el resto de esta columna presentamos un modelo teórico (la teoría demográfica estructural) y una estimación de sus parámetros para Chile. Nuestros resultados, que están basados en el trabajo de tesis doctoral de Manuel Muñoz Rodríguez sugieren, sin mucha ambigüedad, que el país y su modelo de desarrollo enfrentan límites estructurales (Muñoz 2021).

LA TEORÍA ESTRUCTURAL DEMOGRÁFICA

La teoría demográfica estructural (Jack Goldstone 1991, Peter Turchin 2003, 2016) intenta entender las causas de los conflictos sociales que derivan en transformaciones profundas y usualmente violentas. Lo hace a través de un modelo simple que divide a las sociedades (agrarias y postindustriales) en tres estamentos:

la elite, entendida como aquella pequeña fracción de la población que controla el poder económico y político;

la población o fuerza laboral;

y el estado, es decir, el aparato administrativo, cuyo objetivo consiste en mantener la estabilidad del sistema completo.

El diagrama 1 presenta el esquema propuesto por Turchin para graficar la interacción entre los tres componentes y la inestabilidad política.

Diagrama 1

Elaborado a partir de Turchin (2016)

Diversos estudios históricos en los últimos años han revelado como diferentes tipos de sociedades pasan son susceptibles a ciclos periódicos de inestabilidad política y social (colapso estatal, rebeliones, guerras civiles, revoluciones). Dichos ciclos están generalmente asociados a períodos de tensión entre la elite y la población, y a tendencias de largo plazo donde la elite es capaz de capturar y acumular riqueza a costa del bienestar de la población (Goldstone 1991, Turchin 2016).

Dicha posibilidad no solo se produce en regímenes autocráticos o sociedades agrarias tradicionales, sino también en sociedades modernas y con regímenes democráticos (Turchin 2016, Ortman et al. 2017). Por ejemplo, Turchin aplicó este modelo a la realidad contemporánea de EE.UU. y su análisis ha ganado creciente notoriedad, en parte porque para algunos logró anticipar la era Trump.

Una manera simple de revisar esta hipótesis es calcular un índice de inestabilidad política y social. Esto se puede hacer hace considerando la interacción entre las variables que describen a la elite, la población y el estado.

Según la teoría demográfica estructural el indicador de inestabilidad política captura la interacción entre la acumulación de presión sobre los recursos que se apropian la élite y la población. El estado, el tercer componente del modelo, usa su capacidad fiscal (en términos económicos) y su legitimidad política, para modular la tensión entre élite y población.

La presión sobre los recursos, que nos habla del nivel de expectativas insatisfechas en la sociedad, está definida por la razón entre el número de personas que componen la elite y la población; y por cuánto del crecimiento económico captura cada grupo (rentas relativas per cápita percibidas).

A su vez, la capacidad del estado para hacer frente a la tensión entre elites y población depende de su disponibilidad de recursos netos, así como del nivel de confianza que inspire (legitimidad). Es decir, en la medida que aumenta la insatisfacción social y la desafección con las instituciones estatales, existe una mayor probabilidad de que pequeñas perturbaciones detonen grandes eventos de inestabilidad social (Turchin, 2016; Goldstone, 2018).

TURCHIN EN CHILE

Al aplicar este modelo al caso chileno, haciendo foco en los últimos 60 años, se observa como los elementos asociados a la inestabilidad social y política oscilan siguiendo ciclos claros. También se observan cambios relevantes en la relación entre estado, elite y población y en su interacción. Por ejemplo, al reconstruir el indicador de tensión política desde la segunda mitad del siglo 20 hasta 2020, muestra como principal macrotendencia tres períodos de acumulación y aumento de tensión: 1970-1973, 1983-1987 y 2011-2020.

Dichos períodos coinciden con una mayor frecuencia de inestabilidad política y conflicto en la sociedad chilena (Figura 1, panel B). El indicador de tensión política, graficado en el Panel B de la Figura 1 resulta del producto de los tres componentes base del modelo: población, elite y estado, y predice con buena capacidad los eventos de inestabilidad observados.

En la Figura 1 (panel A), se muestra la evolución de cada uno de los componentes de la teoría demográfica estructural entre 1958 y 2019, a partir de la estimación de indicadores de la razón (variable demográfica/rentas relativas per cápita) para cada grupo (elite y población) y para el estado.

En el caso de la población, el componente demográfico está constituido por el tamaño (número) relativo de la población urbana y el número relativo de población joven (entre 20-29 años)[2], mientras que su disponibilidad de recursos per cápita se estima a partir de la mediana de los ingresos relativos (ingresos/PIB per cápita).[3] En el caso de la élite, tanto su tamaño relativo como su renta per cápita percibida es estimada a partir de datos extraídos de información censal.[4]

Para ambos grupos, el aumento en el valor de su indicador refleja una mayor tasa de crecimiento del componente demográfico (número de personas en el grupo) en relación con su disponibilidad de recursos (apropiación de renta per cápita). Un aumento de tensión (valores altos en el índice del grupo) está dado por un escenario de presión sobre los recursos (más población para igual o menor renta relativa).

En estos contextos, se produce un desacople entre las expectativas de los diferentes individuos y su capacidad de satisfacerlas, dando lugar a una más alta probabilidad de observar conflictos.

El indicador de tensión del estado se estima a partir de un índice compuesto por el producto de dos componentes, uno económico (indicador de tensión fiscal)[5] y otro de confianza (indicador de riesgo país).[6] La probabilidad de observar conflictos es mayor cuando el estado pierde capacidad de mediación, a raíz de un debilitamiento de su capacidad fiscal y/o de su legitimidad.

Figura 1:

Dinámica de la inestabilidad política en Chile (1958-2019) y la acumulación de tensión predicha por la hipótesis demográfica estructural. Panel A. Dinámica de las variables estructurales: Acumulación de tensión en el estado “SFD” (azul), Potencial de movilización poblacional “MMP” (verde) y Potencial de conflictividad intra-élite “EMP” (rojo). Mayores valores en los índices implican un aumento en la probabilidad de conflicto político. Panel B. Índice de inestabilidad política en Chile (rojo) construido a partir de recopilación bibliográfica en fuentes secundarias y dinámica de inestabilidad predicha por el modelo (verde) (PSI= SFD* MMP*EMP). Todas las variables fueron normalizadas entre valores de 1-2 para poder ser graficadas en la misma escala.

Los tres momentos de mayor conflicto sociopolítico durante el período de referencia, presentan configuraciones divergentes. El incremento en la tensión política en el período 1970-1973 se asocia a un incremento de tensión pronunciado en los tres componentes de la hipótesis demográfica estructural (Figura 1, panel A). Este fenómeno de acumulación de tensión está asociado principalmente a un aumento pronunciado del tamaño relativo de las élites (sobreproducción de élite), una caída del ingreso relativo de la masa laboral (producto de una inflación que alcanzó los 3 dígitos) y un aumento del déficit fiscal (con el mercado de capitales prácticamente cerrado durante el gobierno de Salvador Allende).

El siguiente episodio de incremento en la tensión política (1983-1987) coincide con el momento de mayor instabilidad durante la dictadura. En este caso, los dos componentes que experimentaron un aumento de tensión fueron el estado y la población (Figura 1, panel A). En ese período aumentaron significativamente el déficit fiscal y la deuda pública (Chile pasó a ser el país con mayor deuda externa de la región) y se produjo además una caída marcada en el ingreso relativo de la fuerza laboral. Ese período se inicia con las protestas de 1983 y culmina con la transición a la democracia. Durante ese período, no se registra un aumento de tensión al interior de la elite (EMP), elemento que podría contribuir a explicar la continuidad de la dictadura durante la década de los 1980s.

La configuración observada en el momento en que se produce el estallido del 18-O difiere de aquellas observadas en las dos instancias anteriores. En 2019 el incremento en el conflicto sociopolítico parece estar más asociado a la interacción entre la elite y la población, en ausencia de un aumento de la tensión en el componente estatal. En la Figura 2 hacemos foco en esa relación, analizando la evolución de los ingresos relativos de la población y el tamaño relativo de la elite.

El ingreso relativo (mediana del ingreso/PIB per cápita) de la población indica cuánto del crecimiento económico es apropiado por la fuerza laboral. Si observamos el período de mayor expansión económica del país, entre 1990 y 2010, la mediana de ingresos relativos de la fuerza laboral se reduce un 56 por ciento (de 0.69 a 0.39). Si bien esta tendencia se produce junto a una disminución acelerada de la pobreza desde 1990, a medida que el PBI crece gracias a un dinamismo económico sin precedentes, la porción apropiada por la elite crece más rápido que la apropiada por la población; reduciendo así el tamaño relativo de la renta de la población e incrementando el tamaño relativo de la elite (Figura 2).

Figura 2:

Dinámica anti fásica de la élite y la fuerza laboral (1958-2019). Panel A. Dinámica de los ingresos relativos “w” (verde) y tamaño relativo de las élites (rojo).  Todas las variables fueron normalizadas entre valores de 1-2 para poder ser graficadas en la misma escala. Paneles B y C. Relación entre tamaño relativo de la élite (e) e ingresos relativos de la población (w). Test Chow para evaluar punto de quiebre en la dinámica de w.

La tendencia observada se asocia a dos fenómenos especialmente relevantes:

1) el crecimiento de las grandes fortunas

y 2) el mayor tamaño relativo de la elite (sobreproducción de elite, siguiendo la noción de Peter Turchin). Si bien, la tensión entre los ingresos máximos (elite) y promedio (población) no debe necesariamente generar una dinámica de suma cero (lo que supone que si una aumenta la otra disminuye), la dinámica chilena de las últimas décadas refleja este tipo de relación (Figura 2, paneles B y C). Observada en términos históricos, la dinámica del ingreso relativo de la población (línea azul) y el tamaño relativo de la elite (línea roja) en los últimos 60 años presenta cuatro momentos diferenciados.

Primero, a partir de los 1960s y hasta mediados de los 1970s se observa una caída constante de los valores de los ingresos relativos de la población y un incremento acelerado del tamaño relativo de la élite.

Segundo, en la década de los 1980s se observa una caída acelerada en el tamaño relativo de la élite, mientras que el ingreso relativo de la población, más allá de un comportamiento irregular, tiende permanecer relativamente constante.

Tercero, a mediados de los 1990s, con la expansión de los mercados internacionales y la utilización de los tratados de libre comercio como estrategia de reinserción internacional, se inicia un nuevo proceso de incremento en el tamaño relativo de la élite y una fuerte disminución de los valores de los ingresos relativos de la población.

Finalmente, desde finales de la década de los 2000s hasta 2019 observamos un crecimiento de las élites. Dicho crecimiento de la élite es más acelerado que la disponibilidad de recursos per cápita.  Esta tendencia es comparable a la que observamos durante al menos una década antes del golpe de Estado de 1973. En ese sentido, los momentos de mayor conflictividad social se producen en Chile como corolario de un período de sobreproducción de élites.

Como argumentamos arriba, la presión sobre el estado es también clave para entender las dinámicas de inestabilidad que nos interesa analizar. Al analizar los datos respecto al indicador de presión sobre el estado para el último período, es posible observar una situación relativamente favorable: no se verifican en la actualidad las mismas condiciones de tensión fiscal y crisis económica que estaban presentes durante las dos crisis anteriores (el período de la UP y el golpe de estado) y la larga transición a la democracia que se inicia con la ola de protestas de 1983.

No obstante, dada su construcción, nuestro indicador para el componente estatal subestima un elemento relevante en la teoría demográfica estructural según consta en el Esquema 1: la legitimidad de las instituciones estatales y políticas. Con el propósito de construir un indicador que diera cuenta de las dinámicas de conflicto en el largo plazo, recurrimos solamente a estimadores disponibles que nos permitieran abarcar todo el período 1960-2020. Sin embargo, el análisis complementario de Muñoz (2020) para el período 1990-2020, en base a datos de la Encuesta CEP, sugiere un proceso pautado por un incremento de los problemas de legitimidad del estado y la institucionalidad política. Allí se observa una caída sostenida de la identificación con los partidos políticos y con las principales tendencias ideológicas (eje derecha-izquierda); así como un proceso de deterioro sostenido de la confianza en las principales instituciones políticas y del estado.

En definitiva, luego de un proceso de crecimiento económico sin precedentes en el país, observamos un incremento marcado en la tensión e inestabilidad política asociado a un proceso de sobreproducción de elites y de caída relativa del ingreso de la población general; los que también se asocian a un deterioro marcado de la legitimidad de la institucionalidad política y estatal. ¿Qué implicancias sugiere nuestra aplicación de la teoría demográfica estructural al caso de Chile, respecto a las dos interpretaciones sobre la situación del país y sus causas esbozadas al inicio de esta nota?

LOS PROBLEMAS ESTRUCTURALES DEL MODELO

Hemos analizado a la sociedad chilena como un sistema dinámico que involucra la interacción entre elites, población y estado. La teoría demográfica estructural nos permite explorar la manera en que variables demográficas, económicas, sociales y políticas interactúan a nivel sistémico, y como la dinámica de dicha interacción se asocia a la prevalencia de ciclos de cooperación y conflicto social observados en el país.

En términos de expansión y crecimiento económico, el éxito del modelo chileno ha sido rotundo, incrementando el PIB per cápita entre 1990 y 2020 por un factor de 7, con incrementos relacionados en diferentes actividades económicas que incluyen la salmonicultura, el sector forestal, la expansión agrícola para la exportación de frutas y la minería. Sin embargo, es importante interpretar esta expansión económica a través de la dinámica de los tres componentes del modelo, analizando su impacto relativo en los tres factores clave de la teoría demográfica-estructural.

¿Cuál es la relación entre el crecimiento relativo de la elite y el modelo de crecimiento económico observado en Chile? ¿Cómo esta relación determina la disminución del ingreso relativo, o sea la precarización de los trabajadores y su menor participación en el crecimiento? ¿En qué medida, el crecimiento de la elite también frustra expectativas y genera conflicto intra-elite?

En base a la dinámica observada es posible plantear la siguiente explicación estilizada para el conflicto que finalmente estalla el 18 de octubre de 2019, estructurada aquí en torno a ocho elementos complementarios:

1. Chile asiste, desde mediados de los años 1980s, a un proceso de impresionante expansión económica. Dicho proceso se ancla en la explotación de recursos primarios; así como la expansión progresiva de mercados de consumo y financieros que se benefician de la apertura económica del país.
2. Si bien el crecimiento económico permite consolidar un récord también extraordinario en términos de la reducción de la pobreza y el aumento del bienestar material en toda la población, también se asocia a un crecimiento relativo en el tamaño de la elite. En otras palabras, el modelo de crecimiento genera empleos de baja productividad y de baja calidad en términos salariales y de bienestar relativo, generando una dinámica de traspaso de energía (recursos) hacia la élite más acelerada que hacia la población.
3. Con el progresivo enlentecimiento económico se genera un proceso de mayor competencia en una elite ampliada, por un número de puestos y de recursos que comienzan a estancarse y a volverse relativamente más escasos. Una proporción de quienes apostaron a la educación encuentran retornos menores a los esperados; al tiempo que deben afrontar altos niveles de endeudamiento privado.
4. En un contexto de mayor competencia y conflicto inter-elite, comienzan a revelarse “techos de cristal” asociados a redes de privilegio controladas por la elite tradicional, cuyos miembros poseen fuerte raigambre y vínculos directos con el empresariado y el liderazgo político. La inversión educativa de los nuevos aspirantes a elite no renta porque el modelo no produce suficientes puestos de alta productividad y salario.
5. Simultáneamente, comienzan a publicitarse una larga lista de instancias que reflejan la colusión entre empresas, sistema político, e instituciones estatales encargadas de la regulación de la actividad económica. Los escándalos de corrupción, si bien estridentes, terminan en procesos judiciales que refuerzan la noción de “abuso” y la colusión entre las vertientes política, empresarial, y tecnocrática de la elite tradicional.
6. Aunque limitado en su capacidad de acomodar a los aspirantes a elite (generaciones jóvenes que apostaron a la movilidad social por medio de la inversión educativa), el crecimiento económico también ambienta un proceso en que la renta relativa de la elite aumenta en relación con la de la sociedad en su conjunto. Mientras los salarios promedio caen en términos relativos, la elite se expande en tamaño y captura una fracción mayor del crecimiento económico. No obstante, a nivel individual su renta relativa disminuye (más competencia intra-elite), induciendo una mayor presión sobre los salarios relativos de la población.
7. Mientras las generaciones jóvenes, y los jóvenes educados y frustrados comienzan a politizar las promesas incumplidas del modelo, la brecha creciente entre el bienestar relativo de la elite y de la sociedad genera espacio para la expansión del descontento entre generaciones y entre una coalición difusa de aspirantes a elite y la población. Las demandas por mínimos sociales garantizados en términos de salud, educación, pensiones, sustentabilidad medioambiental, etc., proveen un marco, también difuso y no siempre articulado para la cristalización y articulación política del malestar.
8. La ilegitimidad del sistema institucional y la creciente fragmentación del sistema político (propiciada por dinámicas de competencia crecientemente disruptivas, dada la necesidad de quienes aspiran al liderazgo político de diferenciarse del “establishment”) reducen la capacidad del estado y del sistema político de mediar y canalizar el conflicto social, aún en ausencia de problemas de déficit fiscal (como los que caracterizaron el período 1970-1973). Y lo hacen, precisamente, cuando más se requiere de dicha capacidad de mediación.

LAS POSIBLES SOLUCIONES

Dada la trayectoria aquí reseñada, ¿qué caminos posibles quedan abiertos para recomponer la cooperación y un mínimo de cohesión social? ¿Cómo reconstruir un clima de convivencia democrático que permita volver a crecer, en un contexto pautado además por una matriz ambiental y de recursos naturales severamente desgastados?

El proceso constituyente en ciernes es un elemento necesario, pero no es suficiente. Del análisis de la teoría demográfica estructural y los cambios observados en elite, estado y población en Chile, pueden emerger algunos elementos de guía. En este sentido es necesario entender la relación entre la sobreproducción de elites, y su efecto negativo sobre el bienestar relativo de la fuerza laboral.

Esos dos factores subyacen a las dinámicas recientes del conflicto sociopolítico en Chile, en tanto la participación relativa de la población en la apropiación de las rentas del crecimiento ha declinado progresivamente en las últimas décadas. Entonces, la clave parece estar en lograr negociar los parámetros de un modelo que permita crecer y distribuir los frutos del crecimiento según criterios de equidad y sustentabilidad que el agotado “modelo chileno” no pudo sostener.

Solo en base a la renegociación de los parámetros del modelo económico será posible sentar las bases para una legitimación gradual de los acuerdos políticos que emerjan del debate constitucional. El camino es difícil y tentativo, pero es el único que promete, más allá de su precariedad, poder forjar un compromiso entre los dos grupos entre los que hoy se registra mayor tensión: la elite y la sociedad en su conjunto.

NOTAS Y REFERENCIAS

Este artículo es parte del proyecto CIPER/Académico, una iniciativa de CIPER que busca ser un puente entre la academia y el debate público, cumpliendo con uno de los objetivos fundacionales que inspiran a nuestro medio.

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