La participación desigual y el desafío de la Constituyente

La desigualdad puede hacer que el debate constitucional termine alineado con los intereses de “minorías activas que gozan de tiempo, recursos y capacidad de incidir”, advierte el autor. Una tarea central para la Constituyente será, entonces, establecer dispositivos explicativos que traduzcan los debates para el gran público y reduzcan las brechas de dinero, tiempo y preparación.

El proceso constituyente requiere, como condición necesaria para tener éxito, un involucramiento ciudadano pro-activo pues de ello depende que las preocupaciones de las personas se plasmen en el diseño institucional futuro y los espacios de decisión vuelvan a tener legitimidad.

En anteriores columnas  (Fuentes y Delamaza 2020) hemos insistido en la necesidad de generar lo que hemos denominado una Convención Abierta a partir de la creación de instancias de participación incidentes. No obstante, es importante señalar que en una sociedad tan desigual como la chilena, la participación será un verdadero desafío por cuanto no todas las personas llegan a la mesa en igualdad de condiciones.

Incluso más, algunas personas ni siquiera alcanzarán a llegar a esa mesa.

Por lo mismo, la Convención Constituyente tendrá el doble desafío de establecer mecanismos de participación en su reglamento y, al mismo tiempo, deberá generar condiciones materiales para que la participación no se vea limitada por las enormes brechas sociales existentes.

En las siguientes líneas mencionaré algunas de las brechas más gravitantes:

Brecha socioeconómica y el tiempo. Una de las más evidentes brechas se asocia con el nivel socioeconómico de las personas y que provoca la primera y más fundamental distinción entre quienes pueden disponer de tiempo y recursos para participar y quienes no cuentan con aquello porque deben dedicar extensas jornadas para sobrevivir. El ideal democrático que todos y todas somos iguales en la plaza pública se estrella contra la realidad: algunos ciudadanos y ciudadanas simplemente no pueden darse el gusto de participar del foro público.

La encuesta de empleo del INE (mayo-julio 2019) mostraba que mientras el 34% de los encuestados trabajaba 45 horas, otro 20% lo había por más de esas 45 horas semanales, es decir, 9 horas diarias.

A ello debemos sumar los tiempos de traslado al trabajo, donde las brechas también son enormes. Un estudio del directorio de Transporte Metropolitano (Estudio DTP 2019) muestra que las personas en promedio gastan más de una hora y media en traslados desde y hacia el trabajo. Pero mientras, los sectores de altos ingresos dedican entre 30 o 40 minutos a esa actividad, en los sectores de bajos ingresos el traslado podría superar las dos horas.

¿Es posible generar espacios de participación efectiva cuando la ciudadanía no tiene tiempo para participar y, ni que decir, informarse sobre un proceso complejo como es escribir una Constitución? Las extensas jornadas laborales, los tiempos de traslado, la preocupación de atender los deberes escolares de los hijos, entre otros, son factores que inhibirán la participación de muchas personas. Se trata de una ciudadanía agotada o simplemente “alienada”, en términos de Marx.

Lo anterior tendrá un efecto considerable. Quienes dispongan de tiempo podrán documentarse, informarse, asistir a foros, participar de las deliberaciones territoriales, escuchar los debates de la Convención y organizar propuestas para la Constituyente. El resto muy probablemente verá pasar este proceso muy, pero muy desde lejos si es que no se alteran ciertas condiciones para la participación.

Brecha de información. Aunque escribir una Constitución muchas veces alude a sentidos comunes, se necesita cierta información básica para sentarse a deliberar. La información es poder, y por lo mismo, quienes tengan acceso a información sobre el modo en que se organizarán las discusiones en la Convención y lo que hace o no una Constitución, gozarán de una ventaja considerable. Muchas veces en el foro deliberativo observamos que quienes monopolizan la palabra son las personas que han podido acceder a la información esencial y aquello ya es un privilegio.

Brecha del conocimiento. Una cosa es contar con la información básica para tomar una decisión, pero una cuestión distinta es tener conocimientos sobre los efectos que podría generar esta decisión.

Por ejemplo, uno puede tener la información de que en la Constituyente se discutirá sobre la obligatoriedad o voluntariedad del voto. Pero alguien que conozca el impacto del voto voluntario/obligatorio en otras latitudes, tendrá más oportunidad de incidir en lo que se resuelva. Lo mismo quien haya estudiado el efecto de aplicar sanciones (pecuniarias y no pecuniarias); o cómo varían las decisiones de los congresistas cuando actúan en un mundo de voto voluntario u obligatorio.

Esto muestra que no solo importa contar con información básica, sino que se requiere también debatir cuestiones normativas (del deber ser) y asuntos empíricos, que apuntan a las causas e impactos de las decisiones institucionales que se tomen.

El conocimiento histórico (científico y no tradicional) así como los estudios comparados adquieren vital relevancia: ¿se deben crear más o menos instituciones autónomas? ¿qué dice la experiencia comparada sobre aquello? ¿Cuánta flexibilidad se requiere en una norma? ¿Qué modelo de democracia favorece la cooperación entre los actores? ¿qué sistema de votación ayuda a legitimar un sistema político? ¿Qué modelos de autonomía de pueblos originarios favorecen la expresión de las diferencias?

Una cuestión importante y que la literatura ha documentado es que no necesariamente aquellas personas con mayor capital cultural y conocimiento van a dominar todo espacio de deliberación. Lo que los estudios han mostrado es que mucho depende del modo en que se estructure el diálogo y la deliberación, el nivel de información previo que se genere y las reglas que se definan para los espacios de interacción (Alice Siu 2017, Karpowitz & Chad, 2009). De este modo, sería muy recomendable establecer un primer ciclo de audiencias públicas donde los y las constituyentes se informen y se preparen para la confrontación de ideas, para luego tener un segundo momento deliberativo y resolutivo.

Brecha del acceso al poder. Otra importante diferencia se asocia con las opciones de los distintos grupos sociales de acceder al poder. Lo que observaremos en los próximos meses será una competencia de diferentes grupos sociales y políticos por hacer llegar sus propuestas a la Constituyente, a través de debates, informes, minutas, recomendaciones, etc.

La dificultad con esta circulación de ideas y propuestas es que tampoco es equitativa. Algunas organizaciones y personas tienen mayores oportunidades de acceder a quienes los representan por su cercanía ideológica, política o incluso por las trayectorias personales de los y las constituyentes.  En este sentido, es más probable que algunas ideas adquieran mayor fuerza en el foro público. Pero, tal como lo demostramos a propósito de la campaña de constituyentes, algunas personas y visiones ideológicas tienen mayores oportunidades de acceder a los medios de comunicación tradicionales, sesgando el modo en que ciertas ideas se visibilizan en la esfera pública. Debatimos más sobre ciertas ideas porque ellas aparecen más en algunos medios de comunicación de masas (Fuentes, 2021).

A nivel social es evidente que existen algunas organizaciones sociales que han logrado adquirir mayor visibilidad y cuentan con recursos humanos y capacidades de incidencia (el movimiento feminista, el movimiento medioambiental, etc.). A nivel gremial también existen ciertos grupos que tienen muchísimos más recursos para incidir en el debate público (gremios empresariales, por ejemplo). Lo mismo sucede respecto de las organizaciones que están en la capital vis a vis aquellas que se ubican en regiones, o respecto de comunidades epistémicas más o menos organizadas.

La Convención, por lo tanto, deberá estar consciente tanto de los diferenciales de poder como respecto del acceso que sin duda provocarán impactos relevantes en el debate constituyente. Habilitar un sistema de registro de audiencias públicas que permita evaluar a quiénes se invita a Comisiones ayudaría a monitorear y corregir eventuales sesgos por género, territorios, e intereses que se expresan en la Convención.

Brecha territorial (urbano/rural, capital/regiones).  En sociedades segmentadas como la chilena la toma de decisiones está influida por la brecha de acceso que hay entre el mundo urbano y el rural; y entre la capital y las regiones. Aquí observamos el círculo de la desigualdad que se expresa en diferencias por ingreso, oferta y calidad educativa, y acceso a derechos sociales que es considerablemente marcada en el caso de Chile (PNUD 2018).

Brecha de conectividad digital. Una brecha muy significativa y asociada al gap territorial dice relación con la conectividad, que se ha hecho evidente en tiempos de pandemia. Los servicios se ven seriamente limitados en la medida en que se alejan de la Región Metropolitana y de los sectores con mayor ingreso. Lo anterior afectará de modo gravitante cualquier iniciativa de participación digital en el proceso constituyente a partir de consultas ciudadanas, formularios de internet para recibir propuestas o diálogos y deliberaciones en plataformas digitales. Debemos sumar a ello las diferencias por edad. Mientras las personas de menor edad presentan ya una casi natural adaptación a sistemas digitales, aquello no sucede con adultos mayores, por lo que el riesgo de exclusión se acrecienta en la medida en que se opta por una Convención Constituyente digital.

Brechas de género. Las brechas de género han sido muy documentadas en el último tiempo y aluden a las diferencias que se producen en la participación social y política de hombres/mujeres en el espacio público (RIMISP 2021).  A lo anterior se suma una cultura “masculinizada” de los foros donde las mujeres muchas veces enfrentan menores oportunidades de ser escuchadas. Por lo mismo, la participación de las mujeres en el debate constituyente no está necesariamente asegurada por la sola presencia de una Convención paritaria. El desafío ahora es permear el tejido social respecto de una igualdad sustantiva entre hombres y mujeres a la hora de participar.

Brechas por discapacidad. Las personas con discapacidad representan el 20% de la población, con poco más de 2,6 millones de habitantes. Tiende prevalecer en sectores socioeconómicos bajos, mujeres y mayores de 45 años y adultos mayores (II Estudio Nacional Discapacidad 2016).  Lo anterior implica otros desafíos de inclusión sobre el cual deberá hacerse cargo la Convención Constituyente.

Brechas étnicas. Otra de las brechas se asocia a la incorporación efectiva de los pueblos originarios en el proceso constituyente. Lo anterior implica generar condiciones institucionales que permitan la deliberación autónoma de los pueblos respecto de este importante proceso. Pero aquí, nuevamente nos encontramos con dificultades de accesibilidad e información que son vitales para una participación efectiva de dichos pueblos.

LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN

Las brechas descritas generan un serio problema en la representación de los intereses sociales en la Convención Constituyente. Se debe evitar que se convierta en una instancia donde participan solo minorías activas que gozan de tiempo, recursos, ideas y capacidades de incidir en el debate público. No se trata de prohibir que los grupos organizados participen de la deliberación, sino más bien generar condiciones de acceso para que se materialice una mayor diversificación de voces.

Existe una rica experiencia de dispositivos de participación que buscan, efectivamente, moderar el efecto de la desigualdad en el acceso a la deliberación pública y ciudadana. Por ejemplo, la Convención debiese no solo generar espacios para que la sociedad pueda hacer llegar propuestas (que muy probablemente vendrían de “los mismos de siempre” de la esfera social). También debería establecer dispositivos explicativos/formativos que orientarán las deliberaciones sobre temas atingentes a la Constitución. Informar, traducir, explicar, son verbos cruciales a la hora de permitir un debate social más informado.

Del mismo modo, la Convención tendrá que imaginar formas de salir del tradicional formato digital para acercarse a las comunidades que no disponen ni del tiempo ni de los recursos para conectarse virtualmente. Las radios comunitarias y locales podrían convertirse en un recurso muy interesante y oportuno para este propósito. Se requiere generar un efecto multiplicador de los debates constituyentes y aquello perfectamente podría hacerse también a través de las escuelas del país.

El factor tiempo es muy significativo. Dado que las personas disponen de poco tiempo para avocarse a este tipo de deber cívico, se podrían imaginar la realización de foros temáticos nacionales donde se convoca a cabildos territoriales autoconvocados en todo el país y en un solo día. Estas jornadas nacionales requerirían de una metodología para que la ciudadanía debata y genere propuestas concretas en temas atingentes a sus intereses (derechos sociales, formas de gobierno, etc.). La concentración de estas actividades en un solo día y a nivel nacional, ayudaría a producir “momentos” de participación ciudadana que seguramente estimularían la conversación.

La Convención requerirá generar retroalimentaciones con la ciudadanía. Uno de los grandes inconvenientes de experiencias pasadas se relaciona precisamente con la ausencia de mecanismos de retroalimentación entre quienes lideran los procesos de participación y la ciudadanía. ¿Dónde se discutirán mis propuestas? ¿Cuánto de nuestras ideas quedarán plasmadas en la Constitución?

La Convención perfectamente podría generar una metodología de trabajo que permita (a) organizar un sistema de recolección de propuestas que emanen de la ciudadanía, (b) sistematizar las iniciativas, jerarquizándolas, (c) contrastar las propuestas con las discusiones y deliberaciones que tendrá la Convención, y (d) retroalimentar a las propias comunidades sobre los resultados, entregando los fundamentos de por qué se optó por una u otra alternativa.

Un asunto adicional se refiere a la cantidad de instancias de deliberación. Al respecto, se sugiere dosificar adecuadamente las instancias de participación pues es probable que si se generan instancias repetidas en el tiempo se genere una saturación que termina reduciendo el interés por participar y elitizando este tipo de dinámicas al activarse “los mismos de siempre”.

Una de las cuestiones que ha aparecido con mucha fuerza en las últimas semanas es la posibilidad de realizar plebiscitos ciudadanos vinculantes durante el proceso constituyente. Al respecto convendría clarificar que existen dos tipos de iniciativas:

• Iniciativas populares constituyentes. Una opción es estimular que “desde abajo” sea la ciudadanía la que recolecte un número firmas en torno a una iniciativa y si alcanza el patrocinio de firmas suficiente (¿500 mil firmas?, ¿600 mil?), la Convención esté obligada a debatir sobre ese asunto. La ventaja que tiene este instrumento es que dinamiza el activismo social y la coordinación de los actores sociales.
• Plebiscitos constituyentes. Una segunda opción es que “desde arriba” sea la Convención la que convoque a un plebiscito para resolver un tema donde no se encuentra acuerdo o no ha sido discutido. Este modelo es más elitista dado que serían los propios constituyentes quienes definirían la pregunta a consultar, la modalidad de consulta y el momento que se haría. La mayor dificultad de este tipo de iniciativas es que resulta muy difícil sintetizar en opciones polares (Si/No, apruebo/rechazo), temas complejos que muchas veces presentan muchos matices por lo que precisamente requieren de la deliberación que se da en el espacio de la Convención. Otra cuestión no menor se asocia con los quórums de aprobación para este tipo de iniciativas. En un mundo de voto voluntario, resultaría particularmente problemático someter decisiones altamente trascedentes y que fueran aprobadas por sectores ínfimos de la población, aquellos que concurren a votar. Limitar los plebiscitos a discrepancias verdaderamente esenciales y, eventualmente, incorporarlos en el plebiscito de salida podría ser una opción a considerar en el trabajo de la Convención.

La participación es deseable, aconsejable y necesaria. Sin embargo, la Convención Constituyente deberá hacerse cargo que en Chile tales expresiones sociales reproducen condiciones de desigualdad. Se requerirá entonces abrir espacios de deliberación y, simultáneamente, velar por reducir al máximo posible las brechas que inhiben una deliberación efectiva.

Este artículo es parte del proyecto CIPER/Académico, una iniciativa de CIPER que busca ser un puente entre la academia y el debate público, cumpliendo con uno de los objetivos fundacionales que inspiran a nuestro medio.

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