Caso SQM: ex senador Rossi inició acción judicial para pedir indemnización y alega que se “mancilló” su carrera

Fulvio Rossi comenzó el camino judicial para demandar al Estado y exigir compensaciones, luego de ser sobreseído en 2019. “La decisión es ejercer todas las acciones legales”, señala su abogado, porque a su juicio se hicieron imputaciones “falsas”. Agrega que, “de haber pago de indemnizaciones”, el dinero será donado. Los dardos apuntan al ex fiscal Pablo Gómez y, como primer paso, Rossi solicitó los correos de los persecutores del Ministerio Público que se relacionen con él. En todo caso, un año después del sobreseimiento del ex parlamentario, su principal asesora declaró al tribunal que él le pidió emitir y recolectar boletas pagadas por SQM.

A más de seis años de aparecer por primera vez en el Caso SQM, Fulvio Rossi tomó la ofensiva judicial contra el Ministerio Público. Luego de haber sido sobreseído definitivamente en mayo de 2019 por la Corte Suprema, y cuando comienza la preparación del juicio oral por el financiamiento político ilegal facilitado por la minera, el ex senador PS inició acciones prejudiciales para demandar al Estado porque, a su parecer, la fiscalía “mancilló” su vida política. Así lo expone un escrito ingresado el 2 de diciembre de 2020 ante el 19° Juzgado Civil de Santiago, en el que Rossi, a través de su abogado Ciro Colombara, dio el primer paso para exigir responsabilidades y compensaciones.

“Tenemos la decisión de ejercer acciones judiciales para que se sancione a los responsables y se tomen medidas para que esto no le vuelva a ocurrir a otras personas. Y además, habrá acciones indemnizatorias y que los culpables respondan con su patrimonio. Eso se va a donar”, afirmó Colombara en respuesta a las consultas de CIPER.

La acción judicial se presentó a pesar de que, un año después del sobreseimiento de Rossi, su principal asesora, Mariela Molina, admitió ante un tribunal que a petición del entonces senador ella emitió y recolectó boletas pagadas por SQM. Las boletas de Mariela Molina para SQM suman $47,7 millones.  En el proceso, además, la Fiscalía acreditó que otro asesor de Rossi, una pariente política del ex parlamentario y una empresa que prestó servicios a su campaña en 2009, también recibieron dinero de SQM. En total, los pagos de la minera a personas vinculadas al ex senador sumaron $92,4 millones. Todas estas boletas fueron rectificadas por SQM ante Impuestos Internos, pues la empresa no pudo probar que los pagos correspondían a trabajos reales.

Fulvio Rossi

Mientras Rossi estuvo bajo investigación, su asistente Mariela Molina siempre guardó silencio ante los fiscales. Pero después de que el ex parlamentario fue sobreseído, decidió declarar. Y esto fue lo que dijo ante la jueza Irene Rodríguez, del Octavo Juzgado de Garantía:

“Buenos días, vengo a declarar en esta causa en la cual estoy involucrada por la emisión de boletas. Trabajé con el señor Fulvio Rossi en la época de la campaña senatorial del año 2009. Me pidió él, previa conversación con el señor Patricio Contesse (entonces gerente de SQM), que yo emitiera boletas de honorarios a la empresa SQM y así también que gestionara una coordinación con terceras personas que también iban a realizar el mismo acto que yo. En ese minuto no me representé nada ilícito, nada raro, confié plenamente, así que hice la emisión de estas boletas”.

En esa audiencia pública, realizada el 17 de marzo de 2020, Mariela Molina también dijo que la glosa de las boletas se las señalaba Rossi y que, una vez recibido el dinero de SQM a través de vales vista, ella lo hacía efectivo y luego depositaba el monto “íntegro” en alguna de las cuentas bancarias del senador.

Tras su declaración, la asesora pudo optar a la suspensión condicional del procedimiento y salir sin condena de la investigación, previo pago de $4,3 millones (entonces canceló la mitad y el resto en 11 cuotas mensuales de $200 mil, culminando en marzo pasado).

LO QUE ESTÁ PIDIENDO ROSSI

Ocho meses después de la declaración efectuada por la asesora Mariela Molina, y sin tener en cuenta lo que ella dijo, el abogado Colombara presentó el escrito con el que Rossi inició el camino para exigir compensaciones:

“La impecable e importante labor (parlamentaria) realizada por el señor Rossi Ciocca se vio irremediablemente mancillada al ser objeto de una injustificada, arbitraria e, incluso, abusiva persecución penal por parte del Ministerio Público y de quien era entonces el Fiscal Regional de Valparaíso, el señor Pablo Gómez Niada, en el contexto del bullado caso SQM”, dice la medida prejudicial interpuesta.

Colombara advierte que llegará hasta el final con su acción civil. El abogado recuerda que en el fallo de la Corte Suprema que determinó el sobreseimiento, se señaló expresamente que no había dolo de parte de Rossi y que no se podía afirmar que hubiera tenido voluntad de facilitar boletas.

En su escrito el abogado solicita, como acción inicial, que el Ministerio Público entregue información detallada de las comunicaciones internas entre fiscales referidas a la participación del ex senador en el caso.

“La presente solicitud tiene por objetivo que el futuro demandado exhiba los documentos que se indicarán, los que obran en poder del Ministerio Público, que dicen relación con las actuaciones u omisiones dolosas o, a lo menos, culpables, en las que incurrió el órgano persecutor y sus fiscales adjuntos en el contexto de la investigación seguida en contra de nuestro representado”, señala el escrito. Y, a continuación, detalla los puntos relacionados con información sobre Rossi que se piden a la Fiscalía:

• Resoluciones administrativas de la causa dictadas por Gómez y su sucesora, Claudia Perivancich.
• Resoluciones que el Fiscal Nacional, Jorge Abbott, dictó en la causa.
• Todos los actos administrativos derivados del Consejo General de Fiscales.
• Todas las comunicaciones (correos electrónicos u otros) sostenidos entre Gómez, Perivancich, abogados asistentes y abogados asesores de la Fiscalía.
• Las comunicaciones de las mismas personas descritas en el punto anterior con Abbott.
• Los informes emitidos por la Unidad de Asesoría Jurídica de la Fiscalía Nacional.
• Los informes emitidos por la Unidad Especializada de Anticorrupción, dirigida por Marta Herrera.

En respuesta a esta solicitud, el 7 de enero pasado la Fiscalía –representada por el Consejo de Defensa del Estado– exhibió documentos. Pero, a juicio del abogado Colombara, se trató de contenidos parciales. Según explicó a CIPER, entre esos documentos había una carta de la Fiscalía Nacional en la que se informó la denegación de “gran parte” de la información requerida.

A través de una minuta, el abogado sostuvo que con esa carta se pretendió “justificar la obligación de publicidad que le compete mediante la entrega parcializada de antecedentes que no aportan ningún tipo de información nueva ni relevante que permitiese encauzar adecuadamente el recabado conocimiento de lo solicitado”.

La Fiscalía Nacional confirmó a CIPER el envío de esa carta y que en ella expuso las razones que, a juicio del Ministerio Público, sustentan la negativa de dar completo acceso a la información solicitada. Entre estas se señala que los correos solicitados poseen carácter de “reservados” y que las actas del Consejo de Fiscales corresponden a documentación “interna” y no constituyen actos administrativos o resoluciones oficiales. La carta argumenta que estos documentos se encontrarían protegidos por la causal de secreto o reserva establecida en el artículo 8°, inciso cuarto, de la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público.

En el Ministerio Público declinaron hacer comentarios respecto a la ofensiva judicial de Rossi, mientras que, contactado por CIPER, el ex fiscal Pablo Gómez también optó por no refirirse al tema.

El acceso a información solicitado por el abogado Colombara escaló hasta la Corte de Apelaciones de Santiago, luego de que Rossi interpusiera el 22 de enero último un reclamo de ilegalidad.

DESAFUERO Y SOBRESEIMIENTO

El nombre de Rossi aterrizó en la investigación sobre financiamiento ilegal de la política cuando los fiscales detectaran boletas emitidas a SQM por parte de Mariela Molina. Era febrero de 2015 y el ex senador, junto al ex diputado DC Roberto León, fueron los primeros políticos de centroizquierda que aparecían en las pesquisas, las que hasta ese momento tenían cercada a la UDI en el Caso Penta.

Con el correr de la investigación, aparecieron más boletas emitidas a SQM por otro asesor de Rossi: René Madariaga ($17,7 millones). También las de una pariente política del senador: Valentina Martínez ($22,2 millones). Y, por último, una factura de Imaginarium ($4,8 millones), empresa cuyo representante legal, Marco Quintanilla, era amigo de Rossi, militante del PS y que, según los registros del Servel, prestó servicios a la campaña del ex senador en 2009. Todos estos documentos fueron rectificados por SQM ante Impuestos Internos,  pues la minera consideró que no eran servicios necesarios para producir renta.

En la causa también se conocieron correos electrónicos entre el propio Rossi y el ex gerente de la minera, Patricio Contesse, cuyas comunicaciones daban cuenta de aportes a otros candidatos de la zona solicitados por el senador para la campaña municipal de 2012. Sin embargo, estos habían sido allegados a las cuentas de los candidatos a través del Servel, tal como permitía la ley vigente entonces.

En 2017, el fiscal regional que llevaba el caso, Pablo Gómez, se enfrentó a un problema inédito en la causa, luego de que, en dos ocasiones, solicitara la comparecencia del senador para formalizarlo por delitos tributarios. Pero Rossi simplemente no se presentó, porque su fuero parlamentario no lo obligaba mientras no hubiera una resolución judicial para suspender su inmunidad, cosa que Gómez no pidió inicialmente y, cuando al final lo hizo, fue rechazada.

La Fiscalía insistió al año siguiente una vez que, en las elecciones de 2017, el legislador perdió su escaño. Y el 20 de abril de 2018 concretó su formalización ante el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, pero por solo unas horas, puesto que en esa misma audiencia Rossi fue sobreseído, porque la justicia interpretó que solicitar aportes de campaña no configura un delito tributario. Pese a las sucesivas apelaciones de la Fiscalía, finalmente en 2019 el exsenador salió completamente del caso, tras un fallo definitivo de la Corte Suprema, el que además ratificó un precedente para las causas de financiamiento a la política.